Editorial

Si escuchamos de primera intención al ingeniero José Ortíz, quien propone la eliminación del fatídico «ajuste por combustible» en las facturas de luz, podríamos creer que el referido funcionario trae consigo una maleta de buenas intenciones para aliviar la seria situación económica que aqueja a muchas familias. Incluso, ahora se habla de una rebaja de un 10 por ciento en el costo de la energía a partir de diciembre, pero todos sabemos que ese reajuste es una tomadura de pelo a los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica.

Tal  rebaja es tan solo una gota de agua en medio  de aumentos que en algunos casos alcanzan el 3oo por ciento en la facturación  mensual. Sabido es, que Ortíz, director ejecutivo de la AAA y ahora nombrado a la Junta de Gobierno de la AEE, es un funcionario brillante que sabe nadar en aguas rojas, verdes o azules. El jura que no se debe a los bonistas de ambas corporaciones públicas, pero tampoco su prioridad es el Pueblo de Puerto Rico.

Bajo la dirección del ingeniero José Ortíz, en la isla se paga la tarifa más abusiva por el uso de un sistema de alcantarillado putrefacto, tapado y obsoleto. En cuanto al costo  del agua potable, el consumidor no recibe calidad a cambio de precio. Por eso muchas familias tienen que incurrir en gastos adicionales adquiriendo agua de compañias privadas.

No duden amables lectores, que la estrategia del ingeniero Ortíz para eliminar el ajuste de combustible en la factura de luz, sea el mismo truco utilizado en la AAA  con  los notorios «bloques de facturación». Sencillamente, estaríamos hablando del mismo dulce con diferente palito. No más abusos con los consumidores, fuera ya el ajuste de combustible….y sin nuevos trucos.

     Como si se tratara de una despedida de año, cuando los diferentes medios de comunicación comienzan el conteo anunciando que faltan tantos segundos para recibir el año que está por comenzar, así lució el feo espectáculo de algunos mantenedores de programas indicando que solo faltaban equis número de muertes violentas para alcanzar la fatídica cifra de mil asesinatos en lo que va del 2011. Es tal el grado de morbosidad, que en algunos noticieros le preguntaron al Superintendente de la Policía, general Emilio Díaz Colón, sobre varias muertes sospechosas  no incluidas en las estadísticas de la Uniformada.

Desafortunadamente la cifra histórica de homicidios ya sobrepasa los mil cinco casos, por lo que no dudamos que algunos sensacionalistas inicien otro conteo para ver si  la criminalidad rebasa el doble muertes  de los últimos 10 años.

Si alguien tenía algún asomo de duda, no le sorprenda si afirmamos que hay un sector de nuestra sociedad al que no le preocupa la ola delictiva que azota a la isla desde hace varias décadas. Ver jóvenes caer abatidos a tiros en calles y carreteras parece no conmover a muchos puertorriqueños. Incluso, examinen las fotos recientes de muertes violentas que aparecen en los diferentes canales de televisión  y observen a mujeres con niños en los brazos, mientras los «averigua’os» sonrien  a la cámaras.

Hasta ese punto hemos llegado en la otrora isla de la compasión y el amor al prójimo. Esa es la misma gente a quienes  las autoridades piden cooperación para esclarecer un crimen y responden a coro «que no han visto nada».

Mientras el gobierno ya no sabe a que mecanismos recurrir para enfrentar la ola de asesinatos que sigue afectando a Puerto Rico, ahora surge la idea de establecer en todos los barrios y urbanizaciones de la isla la llamada «policía de la comunidad». Si lo miramos desde un punto de vista objetivo, no hay problema alguno con buscar nuevas alternativas para ver  si algo sirve para que no siga aumentando la cifra de muertes violentas en los cuatro puntos cardinales de la otrora «isla del encanto».

El concepto del policía de la comunidad está vigente hace muchos años en el estado de la Florida, donde agentes adscritos a los diferentes condados tienen la responsabilidad de mantener cotrol en sus respectivos vecindarios. Para ello, el estado  les otorga un incentivo económico aparte del salario regular y se le permite mantener el auto-patrulla a sus disposición las 24 horas.

Además, el policía de la comunidad puede requerirle identificación a cualquier extraño que sorprenda en su vecindario y recibe la cooperación de todos los residentes que lo mantienen al tanto de quienes son las personas bienvenidas al sector. Por otro lado, el funcionario mantiene al día los números telefónicos de todos los vecinos y en caso de emergencia él está preparado para acudir de inmediato a un llamado al 9-1-1.

A diferencia de nuestra isla donde los policías alegan que ellos no intervienen en sus vecindarios para no buscarse problemas con nadie, el caso policía de la comunidad es un amigo protector respetado y considerado por toda la gente. Si bien la ubicación de agentes en todas la comunidades no va a solucionar el grave problema de la criminalidad en Puerto Rico, se trata de un método novedoso que vale la pena experimentar. Un crimen o mil asesinatos no tienen razón de ocurrir en un país donde nos jactamos de ser tolerantes y civilizados. Unión de  pueblo y   Policía sería la combinación adecuada para detener este río de sangre.

¿ Hasta cuando va usted a seguir tolerando que el funcionario Israel Cruz Santiago, conocido en el ambiente de la farándula como «Ray Cruz», siga poniendo en descrédito el buen nombre y el prestigio de la Corporación para la Difusión Pública de Puerto Rico, organismo que tiene la responsabilidad ministerial de presentar la mejor cara de nuestra isla ante el mundo?

Aparte de mantener una constante andanada de dimes y diretes con el productor Angel «Junior»  Torrealba, el señor Cruz Santiago no hace otra cosa que mantenerse activo en los diferentes programas de chismes, que lógicamente, dependen de ese tipo de polémicas para elevar sus números de audiencia.

Aquí seríamos incapaces de afirmar que la limitada preparación académica del señor Cruz Santiago es la causante de que el funcionario no tenga la capacidad y el tacto que se exige para resolver asuntos que son de rutina para personas con mayor preparación administrativa. Aunque instrucción no es sinónimo de educación, siempre hay un lugar para todo aquel que dice llamarse profesional.

En el caso de Ray Cruz, no se trata de nada personal. Es que, sencillamente, este señor carece de los conocimientos, preparación académica en asuntos de radio y televisión pública y de un atributo que no se estudia en ninguna institución: saber respetar los derechos del prójimo.

Señor gobernador don Luis Fortuño Bursed, si al final usted y la junta de directores de la Corporación para la Difusión Pública, optan por permitir que el señor Cruz Santiago, continúe en el cargo de presidente de  esa corporación pública, pues santo y bueno. A lo mejor usted está viendo en él, algo que nosotros no vemos: la lealtad del funcionario a su gobierno y al partido que usted dirige.

Amigos lectores, ¿ cuándo fue la más reciente ocasión en que ustedes vieron a la Policía llevando a cabo rondas preventivas en sus vecindarios?  Aparte de eso, ¿ saben ustedes quien es el oficial policiaco que está a cargo de su distrito y en que oportunidad ese oficial visitó sus comunidades o sectores para reunirse con el liderato cívico local?

Si la contestación a estas interrogantes es positiva, entonces agradeceremos a ustedes que identifiquen a los mencionados uniformados de alto rango para tributarles el reconocimiento público que bien merecen. Por lo menos, en nuestra comunidad, la Policía estatal ha dejado todo el trabajo en manos de los policias municipales que tratan de hacer lo que pueden con los recursos a su disposición

Obviamente, no podemos culpar a los uniformados por la falta de supervision en todos los distritos y regiones de la isla. Si su jefe inmediato ni siquiera dispone de un plan para luchar contra la criminalidad que se encuentra fuera de control, que otra cosa podemos esperar. Hacer bloqueos y expedir boletos de tránsito no puede ser la única y prioritaria tarea de los comandantes de regiones cuyo apego al escritorio y a las oficinas con aire acondicionado es lo único que resume su compromiso con la ciudadanía.

Qué tiempos aquellos, cuando el comandante a cargo de la entonces Area Policiaca de Mayagüez, ustedes lo veían en la iglesia, eventos deportivos, actividades escolares, reuniones de padres y en cuanta fiesta se organizaba en los  vecindarios.  Ahora, los señones de barras y estrellas no tienen tiempo ni para escuchar los problemas de sus propios compañeros de la Fuerza. No le echen la culpa al guardia si no vigila su vecindario, descarguen sus quejas y coraje con los altos oficiales que se han transformado en los «nuevos reyecitos» de la sociedad puertorriqueña.

Desde épocas remotas y cuando los políticos solo dependían de los mitines en las esquinas para poder costear sus campañas a puestos electivos, han existido los llamados comités de recaudación de fondos y los grupos de simpatizantes que hacen rifas, venden bizcochos y hasta frien bacalaos y alcapurrias para generar dinero. En tiempos de antaño los candidatos a puestos electivos no podían soñar con los grandes contribuyentes del presente que invierten «hasta la camisa» para lograr la victoria de sus protegidos.

 No hay nada malo ni ilegal que un alcalde o legislador dependa de un comité de amigos para levantar recursos muy necesarios para acceder a medios tan costosos como los diarios impresos, la televisión y más recientemente los sistemas de cable.  Si esos llamados comités obran fuera de  horas laborables y sin afectar su agenda de trabajo regular, nada tiene de pecaminoso vender boletos para un bingo, el sorteo de un plasma, donas azucaradas y un auto de último modelo, que por lo regular, pocos conocen quien se lo gana.

Ahora, resulta preocupante que en determinado municipio de la isla, un funcionario haya sido sorprendido-y grabado-mientras «aconsejaba» a sus compañeros de labores a adquirir boletos para un bingo y otros eventos, a cambio de no poner en peligro la evaluación de tareas, y por ende, el puesto de trabajo.  Eso es ilegal a todas luces y no debe quedar como un chisme de barrio. Compete a las autoridades correspondientes iniciar la pesquisa de rigor, aparte de citar al primer ejecutivo municipal para que ofrezca su versión sobre el asunto.

 Claro que no hay nada de malo que un funcionario público gestione de forma lícita recursos para pagar la campaña eleccionaria que se avecina. Lo insólito es que alguien trate de lograr ayuda económica bajo amenaza o coacción.

      Por más que se le quiera dar vueltas al asunto para  tratar de justificar una decisión equivocada  e  irresponsable, nadie puede relevar de su cuota de culpa a los oficiales de Corrección que no hicieron el máximo para intentar salvarle la vida a los ocho reclusos que sucumbieron ahogados en el interior del vehiculo donde eran llevados a la cárcel de distrito de Arecibo.  Hallarse en prisión por determinado delito, eso no convierte a un ser humano en un objeto sin importancia ni su vida tiene menos valor que la de  aquellos que tienen el deber ministerial de custodiarlo.

     A nadie puede convencer la excusa de que los sumariados no fueran liberados rápidamente de las esposas y cadenas que los mantenían bajo control, por el hecho de una posible fuga. Si ese es el argumento para haberlos llevado a la muerte, muy triste es el concepto que se tiene en nuestras agencias de seguridad pública sobre el derecho a la vida.

    Entendemos que este caso que ha conmovido a la opinión pública puertorriqueña y trascendido a nivel internacional debe ser investigado exhaustivamente por las autoridades federales. Eso, por la pureza y transparencia de los procedimientos.

        Revista LA CALLE Digital, envía condolencias a todos los familiares de las victimas de una tragedia que pudo haberse evitado; o en su defecto, haber hecho todo lo humanamente posible para que el  resultado no fuera tan alarmante.  También felicitaciones a los vecinos rescatistas quienes  a riesgo de la seguridad personal lograron salvar a dos de los reclusos y a los 2 oficiales de Corrección. No existen excusas para que alguna gente intente justificar lo sucedido.