Tras señalar que implementar dicha ley conlleva una serie de ajustes de carácter técnico para hacerla viable a todas las partes afectadas, la Presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, señora Sandra Torres, aclaró el jueves las razones que han mediado para no tener al día el reglamento relacionado a la nueva legislación que regula la venta de celulares prepagados en Puerto Rico.
La medida de la autoría del representante novoprogresista Gary Rodríguez, demanda de compañías y empresas que se dedican a la venta de aparatos telefónicos mediante prepago, a llevar un registro constante de la identidad, dirección y otros datos importantes de la persona que adquiere el equipo, así como el número que se le asigna a la unidad.
Durante entrevista en WAPA-Radio, la señora Torres indicó que se está trabajando en el reglamento que menciona el legislador Rodríguez, pero reiteró que se trata de un trámite que conlleva trabajo a fin de armonizar la posición de todos los interesados. Hasta donde se sabe, no todos los establecimientos que venden celulares prepagados le asignan números a los mismos para realizar llamadas, lo que hace que el trámite se complique.
Por otro lado, La Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones no tiene jurisdicción sobre todos los comercios de la isla, lo que hace difícil intervenir con los mismos para que cumplan la ley al pie de la letra. La funcionaria se refirió a empresas que son fiscalizadas por DACO, Hacienda y otras agencias del gobierno.
A pesar de que el representante Rodríguez, entiende que la Junta debe acelerar los procedimientos para dar a conocer el reglamento que acompaña a la ley, la presidenta Torres, dijo comprender el interés del legislador, pero enfatizó en la obligación de preparar un documento que no provoque polémicas innecesarias.
El registro insular para regular la venta de celulares que se adquieren mediante prepago, tiene como propósito saber a quien se le asigna determinado número telefónico y donde se puede localizar a dicha persona. Sin embargo, todavía no hay un mecanismo para rastrear a las personas que compran esos equipos fuera de la isla y con números para hacer llamadas desde otros estados.
