La secretaria del DRNA, Carmen Guerrero, le pidió al gobernador Alejandro García Padilla que no firme el proyecto que privatiza la zona marítimo-terrestre en La Parguera (Fotomontaje LA CALLE Digital).
LA PARGUERA: La secretaria de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Carmen R. Guerrero Pérez, expresó que a pesar de que la agencia considera necesario que se encaminen soluciones para la controversia de las casas y muelles ilegales que sitúan en el agua y terrenos de dominio público de La Parguera, recomendará al gobernador Alejandro García Padilla que no firme el proyecto que privatizaría esa zona porque es inconstitucional.
La titular explicó que “el proyecto del Senado 1621, aprobado en la Cámara de Representantes durante los últimos días de la sesión, es incompatible con la Constitución de Puerto Rico y la naturaleza de los bienes de dominio público marítimo terrestre que pertenecen a todo el Pueblo de Puerto Rico”.
Dijo que la legislatura no consultó al Departamento de Justicia sobre este proyecto ni les pidió comparecer a vistas públicas a pesar de que es la agencia que representa los bienes y los derechos del pueblo.
La planificadora indicó en un comunicado de prensa que este proyecto de ley atiende de forma exclusiva las residencias privadas de La Parguera, pero tendrá implicaciones en la posible privatización de los bienes de dominio público marítimo terrestres en las playas y las costas de todo Puerto Rico.
Durante las vistas legislativas, el DRNA se opuso a que solo se privilegie a propietarios de La Parguera, sino que recomendó que se apruebe una nueva Ley de Costas que nos permita trabajar de forma uniforme, consistente y balanceada con todas las ocupaciones legales e ilegales en la zona marítimo-terrestre en Puerto Rico.
“Este asunto debe atenderse de forma integral y responsable y no con unas pequeñas enmiendas a la Ley orgánica del departamento. Las implicaciones de este proyecto de ley son serias y debieron ser atendidas con mayor tiempo y profundidad del provisto durante esta sesión legislativa. Mientras en diversos países del planeta establecen retiros de la costa por los riesgos del cambio climático, el aumento en el nivel del mar y la erosión costera, con este proyecto de ley estaríamos legalizando lo ilegal encima de nuestras playas y costas”, manifestó la titular.
“Tanto el DRNA como el Plan Ambiental del gobernador Alejandro García Padilla han recomendado en los pasados años que se desarrolle una nueva Ley de Costas para Puerto Rico. Esta nueva Ley de Costas debe dar una directriz clara al DRNA sobre cómo atender todos los tipos de ocupaciones en la zona marítimo terrestre de cara al futuro y unirnos a los esfuerzos internacionales para proteger a la ciudadanía de riesgos costeros, al aumento del nivel del mar y la erosión costera”, señaló Guerrero Pérez.
Recordó que en nuestro ordenamiento jurídico no se puede impedir el derecho al libre acceso de nuestras costas y playas, las cuales además del gran valor natural y ecológico que albergan, son uno de los más grandes atractivos turísticos de nuestra Isla, permitir que los dueños de casas ocupen los bienes de dominio público es atentar contra ese derecho.
