Edgardo Arlequín, alcalde de Guayanilla (Suministrada).
SAN JUAN: El secretario del Departamento de Justicia (DJ), César Miranda, anunció lunes que emitió un referido para que el alcalde popular de Guayanilla, Edgardo Arlequín Vélez, sea investigado por la Oficina sobre el Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) por posiblemente haber cometido el delito de acoso sexual contra una de sus empleadas, además de haber violado la Ley de Ética Gubernamental.
En un comunicado de prensa se informó que la investigación inició luego que la perjudicada, Lumari Torres Pérez, decidiera querellarse contra el incumbente municipal en la División de Delitos Sexuales de Ponce, el pasado 18 de julio.
Según se desprende de la investigación, en junio del año 2013 Arlequín Vélez dirigió “palabras impropias, con alto contenido sexual y no deseadas contra la mujer relacionadas a un tatuaje. En ese momento el alcalde pretendió mantener en contra de su voluntad a Torres Pérez en su oficina, al cerrar la puerta con seguro”.
Asimismo, la empleada municipal indicó que en ocasiones posteriores el alcalde continuó con su conducta impropia al hacer comentarios de índole sexual, inclusive en la presencia de sus hijos.
Como resultado de estos hechos, compañeros de trabajo de la dama han indicado bajo juramento que desde los incidentes esta se ha tornado triste, nerviosa y con falta de concentración.
Tras verse afectada en su aspecto laboral y emocional, Torres Pérez ha recibido tratamiento privado y en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE).
A base de la evidencia documental y testifical existente, la investigación concluyó que Edgardo Arlequín Vélez pudo haber violado el Artículo 135 del Código Penal, correspondiente al delito de acoso sexual. A su vez, pudo haber incurrido en violación al Artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental, que tipifica como delito grave con pena fija de cuatro años de cárcel el que un servidor público use los deberes y facultades de su cargo para obtener, directa o indirectamente, para él o para persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley.
La investigación fue realizada por el fiscal Edwin Ortiz Rivera de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor de Justicia.
