AGUADILLA: Como parte de la campaña de orientación que lleva a cabo la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones y el Comité Interagencial creado para esos fines, esta semana se efectuó un diálogo con magistrados de la Región Judicial del Oeste, para darles a conocer el grave problema del hurto de cobre y otros metales, situación que afecta adversamente la economía de la isla. Lo que comenzó con esporádicos casos de hurto, en la actualidad se ha tornado alarmante ya que organizaciones criminales se dedican a saquear residencias, edificios de gobierno y otras estructuras para robar el cobre y todo aquello que podrían representarles grandes ingresos.
La licenciada Sandra Torres, Presidenta de la JRT y personal del Comité Interagencial conversaron con los jueces sobre los alcances de la Ley 105, que impone penas mucho más rigurosas, incluyendo, hasta años de cárcel a quienes resulten convictos. La isla es actualmente un importante exportador de cobre y de otros metales, lo que resulta atractivo para los individuos que se dedican a negociar sin verificar la procedencia.
Aunque la Policía interviene continuamente en centros de acopio y depósitos clandestinos dedicados al almacenamiento de cobre, aluminio y bronce eso no desalienta a las organizaciones criminales que se dedican a hurtar dichos materiales. Sin que esto conlleve una intromisión en el criterio decisional de nuestros jueces, la orientación de la JRT tiene el propósito de alertarlos sobre la gravedad del problema.
Si bien las autoridades le tienen la mira puesta a una barcaza que viaja hasta la isla para llevarse grandes cantidades de cobre reciclado hacia otras islas del Caribe, la misma no ha sido intervenida ya que sus ocupantes solo reciben los metales libres de cualquier marca que los identifique. Esa práctica hace difícil establecer la procedencia del cobre.
