MAYAGÜEZ: Para el 25 de agosto quedó pospuesta la vista preliminar contra el suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez Rodríguez, y la gerente de Finanzas del Municipio, Yahaira Valentín Andrades.
El caso estaba citado para hoy viernes a las 11:00 de la mañana en la sala 304, que preside el juez Héctor L. López Sánchez, en el Centro Judicial de la Sultana del Oeste.
Mientras la representación del Fiscal Especial Independiente estará sometiendo una moción ante el Tribunal Supremo para que devuelva el caso al Centro Judicial de San Juan, los abogados de Rodríguez y Valentín presentaron sendas mociones para que se desestime el caso.
Ambos enfrentan cargos por conspiración y malversación de fondos públicos, luego de que el pasado 1 de junio la juez Iraida Rodríguez Castro encontrara causa probable para arresto en la vista de Regla 6 que tuvo lugar en el Tribunal de San Juan.
Posteriormente, se determinó que el proceso contra Rodríguez y Valentín se efectuaría en Mayagüez.
Actualmente está en vigor una suspensión sumaria de Rodríguez que, según la práctica, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) requiere que se tomen las medidas cautelares necesarias para evitar que el alcalde suspendido pueda tener acceso a instalaciones municipales; así como intervenir en asuntos municipales, por sí mismo o por medio de terceros.
De la investigación original del Departamento de Justicia surgió que, entre los años 2012 y 2015, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico asignó, mediante resolución conjunta, la partida de $9.8 millones de fondos públicos estrictamente para renovar y mejorar el Centro de Trauma de Mayagüez.
Sin embargo, el alcalde y la gerente de Finanzas municipal autorizaron el uso de dichos fondos para realizar transacciones de inversión fuera de la isla. Dicha actuación, contraria a la ley y al mandato legislativo, provocó la pérdida de fondos públicos.
Además, la investigación demuestra que transfirieron propiedades inmuebles de dominio público a MEDI con el propósito deliberado de que dicha corporación municipal las utilizara como garantía de préstamos hipotecarios, colocando en riesgo el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez y el Hospital San Antonio.
Esto, a su vez, ha provocado gastos innecesarios de fondos públicos para tratar de recuperar las propiedades en peligro de ser ejecutadas por acreedores. El uso de las propiedades municipales para fines no autorizados y contrarios a la ley pudo constituir malversación de fondos públicos e incumplimiento del deber de asegurar una sana administración y el manejo correcto de las operaciones del Municipio.
