LAS MARÍAS: Una opinión parcialmente adversa sobre las operaciones fiscales del Municipio de Las Marías, fue emitida por la Contraloría de Puerto Rico, relacionadas con la compra de bienes, la adquisición de servicios, la construcción de obras y mejoras permanentes y el pago de una demanda por discrimen político, entre otras.

El informe M-18-14 revela que contrario a la Constitución de Puerto Rico y la Ley de Municipios Autónomos, el exalcalde José Javier Rodríguez López (PPD) pagó una demanda por discrimen político a un empleado municipal, por la cantidad $70 mil.

“El utilizar criterios políticos en la toma de decisiones causó que Las Marías no recibiera ningún beneficio por dicho desembolso”, reza el comunicado.

El informe cubre desde el 1 de julio de 2013 al 8 de enero de 2017.

La auditoría de siete hallazgos señala que el Municipio no obtuvo las cotizaciones de al menos tres proveedores para la construcción e instalación de siete hitos, tampoco obtuvo el endoso del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para cinco de ellos; ni consiguió el permiso de construcción para dos proyectos. “Estas situaciones son contrarias al Reglamento para la Administración Municipal e impidió que el Municipio tuviese alternativas para seleccionar las mejores ofertas, entre otras”, añade.

“Nuestros auditores identificaron que de julio de 2015 a diciembre de 2016, el Municipio no había preparado las conciliaciones bancarias, y las conciliaciones a junio de 2015 reflejaban diferencias de hasta $564,899 sin ser corregidas por los directores de Finanzas. Además, el Municipio otorgó contratos por $603,617 sin obligar los créditos presupuestarios y mantenía fondos por $44,802 en siete cuentas bancarias que a diciembre de 2016 permanecían inactivas. Situaciones similares se habían comentado en el Informe de Auditoría M-15-23”, se reveló.

Mientras tanto, del 2013 al 2015 no se realizaron los inventarios anuales físicos de la propiedad y unos 16 vehículos inservibles permanecían abandonados y cubiertos de vegetación sin realizar los procedimientos para su disposición.

El Informe comenta que en junio de 2015 el exalcalde Rodríguez pagó una multa por $4 mil a la Oficina de Ética Gubernamental, tras aceptar que intervino en el nombramiento de dos parientes, y al 31 de diciembre de 2016 no había recobrado $66,292 correspondientes a los informes M-13-03 y M-15-23.

Además, el Municipio tiene una demanda civil de $5.5 millones pendiente de resolución por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico.