PONCE: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del Municipio de Ponce relacionadas con las compras y los desembolsos. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos pero no generalizados.

El Informe revela favoritismo por parte de la compradora del Municipio hacia un proveedor en particular. Del 2009 al 2012 se realizaron 524 órdenes de compra por $517,107 a favor de un proveedor de muebles y enseres electrodomésticos para el hogar.

Nuestros auditores detectaron en las cotizaciones de siete proveedores que no fueron favorecidos, se les había escrito con tinta de otro color en el documento original, las siglas COD (“Cash on Delivery”) en frases como: Se exige pago COD, Cash Pago COD o Requiere Pago COD.

Un perito examinador de documentos del Instituto de Ciencias Forenses concluyó que la compradora fue la autora de las cotizaciones examinadas.

Esta situación se refirió a la Secretaria de Justicia y a la Directora Ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental el 18 de mayo.

Al respecto se pudo haber configurado los delitos de intervención indebida en las operaciones gubernamentales y perjurio tipificados en la Ley 149-2004 del Código Penal de Puerto Rico, según enmendado y en la Ley 1-2012 de la Ley de Ética Gubernamental.

La auditoría de un hallazgo señala que las cotizaciones eran suministradas por los mismos ciudadanos que acudían a solicitar ayuda al Departamento de Servicios al Ciudadano. Los técnicos que recibían a los ciudadanos indicaron que las cotizaciones recibidas no tenían las siglas añadidas de COD y los proveedores entrevistados indicaron que no escribieron las siglas, ya que siempre estuvieron dispuestos a ofrecerle crédito al Municipio.

Contrario a la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos, las cotizaciones presentadas por los proveedores, no contenían el nombre, título ni la firma del funcionario o empleado que recibió, aceptó y adjudicó las mismas. Además, la compradora realizaba funciones conflictivas como firmar las requisiciones de compras, evaluar las cotizaciones, adjudicar las compras y, recibir y entregar los cheques de pago.

El informe cubre el periodo del 12 de enero de 2009 al 30 de junio de 2014, y es el sexto y último informe de las auditorías realizadas al Municipio de Ponce.

Mientras tanto, en un comunicado de prensa, la alcaldesa María Eloísa “Mayita” Meléndez Altieri reaccionó al informe, asegurando que su administración “es una de transparencia y aquel que incumpla será responsable y deberá afrontar las consecuencias de sus actos”.

En el parte, la incumbente municipal dijo que desde que tuvo conocimiento del asunto, “el Municipio Autónomo de Ponce tomó las medidas correctivas correspondientes, incluyendo, entre otras, la suspensión sumaria de la empleada señalada el pasado 14 de agosto. Asimismo, confirmó que previamente cursó comunicación escrita al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental expresando la disponibilidad del municipio para cooperar en el proceso de investigación que le fuera referido por el Contralor”.

Como cuestión de hecho, la reacción de la alcaldesa ponceña se produjo antes que la publicación del informe por la Contraloría.