MAYAGÜEZ: Contrario a la representación que hizo durante el “reencuentro con la prensa” que convocó este pasado martes, en el que dijo desconocer las maniobras financieras que se hicieron desde la corporación municipal Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI), el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, en su capacidad de presidente de la Junta de Directores de esa entidad, figura como firmante en resoluciones corporativas en las que se le da la autoridad al ahora acusado federal Alejandro Riera para que abra en España una “sociedad limitada” con el nombre de Mayagüez Economic Development Ibérica y emita bonos ascendentes a 500 millones de euros.
La evidencia documental obra en poder de LA CALLE Digital y se publica en esta noticia.
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En la primera resolución corporativa, fechada el 26 de julio de 2018, Rodríguez consignó con su firma en su capacidad de alcalde de Mayagüez y al mismo tiempo como presidente de la Junta de MEDI, que Alejandro Riera Fernández, entonces director ejecutivo de la corporación, estaba autorizado para en nombre de la entidad “comparezca en aquellos documentos que sean necesarios, incluyendo pero sin que ello constituya una limitación, para avalar, garantizar totalmente, sin limitación ni excepción las obligaciones que en base al artículo 404.1, D de la Ley de Sociedades de Capital del Reino de España, va a suscribir ante Notario Público en el Reino de España, MAYAGÜEZ ECONOMIC DEVELOPMENT IBÉRICA, SOCIEDAD LIMITADA…”.
Ese mismo día, el alcalde Rodríguez firmó otra resolución corporativa en la que autorizaba a Riera Fernández a emitir “un bono por importe de QUINIENTOS MILLONES DE EUROS (500,000,000 €) sin limitación ni excepción las obligaciones que en base del artículo 404. 1, D de la Ley de Sociedades de Capital del Reino de España…”.
En ambos documentos está la firma del alcalde Rodríguez y del secretario de la Junta de MEDI, Alfred Kenneth Soto.
A preguntas de LA CALLE Digital, durante el “reencuentro con la prensa”, el alcalde Rodríguez negó tener conocimiento de resoluciones corporativas firmadas por Soto, diciendo que no tenía conocimiento de actos ejecutados por Riera y que le exigiría a Soto poner “bajo juramento” lo relacionado con las resoluciones.
Una fuente de LA CALLE Digital aseguró que en la Junta de MEDI “no se movía un papel sin el conocimiento y la autorización del alcalde”.
En otro documento titulado “Certificado de Resolución Corporativa Mayagüez Economic Development, Inc.”, Soto juramentó ante el licenciado José Clemente González Ortiz, el 29 de junio de 2018, que en una reunión de la Junta de MEDI efectuada el 4 de septiembre de 2015, se resolvió nombrar a Riera Fernández como director ejecutivo de MEDI, con la facultad de representar a la corporación “en todos los actos oficiales, firmas de documentos y en los bancos en donde esta Corporación tenga cuentas o determine abrirlas”.
El affidavit tiene el número 9669.
El documento en el que se certifica lo acordado por la Junta de MEDI también destaca que Riera tendría “plena autoridad y facultad para ejecutar, contratar, enajenar, hipotecar, adquirir, permutar, arrendar, ceder y cualquier acto que envuelva titularidad y/o posesión de los bienes muebles e inmuebles corporativos”.
En poder de LA CALLE Digital también obra el affidavit 9662 en el que Soto certifica que, en la reunión de la Junta, que tuvo lugar el 19 de junio de 2018 se autorizó el traspaso del Hospital San Antonio de Mayagüez por valor de $17 millones 190 mil, a MEDI; y se autorizó a Riera a comparecer y firmar los documentos y las escrituras en representación de MEDI.
En su “reencuentro con la prensa”, el alcalde Rodríguez negó tener conocimiento de esto, a pesar de ser el presidente de la Junta de MEDI.
Pacto de Silencio
El 29 de enero de 2015, la Junta de Directores de MEDI acordó firmar un “Acuerdo de Confidencialidad” que incluía todos los asuntos tratados en sus reuniones en lo concerniente con “procesos, negociaciones, trámites y toda gestión económica, comercial, pública o de cualquier índole en que esté envuelta (sic) la Corporación (MEDI)”.
En el documento, cuyas firmas las encabezan las del alcalde Rodríguez y la del vicealcalde Heriberto Acevedo, se apercibe a los firmantes sobre las consecuencias civiles y penales a las que se enfrentan de violar el pacto.
