CAPITOLIO: El portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, anunció el miércoles la radicación del Proyecto del Senado 687, medida dirigida a proteger a los clientes de las compañías de telecomunicaciones que operan en Puerto Rico para que tengan la facultad de cancelar los contratos de servicios acordados con aquéllas sin penalidades en casos en que el servicio resulte interrumpido por 21 días consecutivos o más.
“La catástrofe ocasionada por el huracán María demostró la incapacidad de las compañías de telecomunicaciones para funcionar ininterrumpidamente en tiempos de crisis. Miles de personas y comerciantes quedaron incomunicadas. Mientras algunas compañías han logrado levantar sus operaciones, otras no. No obstante, muchos ciudadanos y pequeños y medianos comerciantes continúan afectados por los problemas de incomunicación, al verse maniatados por contratos suscritos con compañías cuyas redes permanecen total o parcialmente inhabilitadas. Es necesario, por tanto, posibilitar la oportunidad de que todo consumidor fluya entre compañías, sin exponerse a penalidades o a malograr su historial crediticio. Habida cuenta de que en muchos sectores del país estas empresas continúan incumpliendo con la provisión de servicios al día de hoy. Esta ley provee a los consumidores que así los deseen una protección a su favor ante el incumplimiento de servicio de las empresas de teléfonos celulares”, indicó Dalmau en un comunicado de prensa.
Dalmau Ramírez explicó que las moratorias parciales que han ofrecido estas empresas son a discreción de las compañías y bajo sus condiciones. La realidad legal es que el consumidor continúa maniatado a un contrato leonino y nada evita que eventualmente reciba extensiones contractuales no deseadas o facturas con cargos por parte las compañías.
“Las empresas de telefonía celular, Internet y sistema de cable han incumplido y tienen que asumir su responsabilidad ante el consumidor. El consumidor puertorriqueño necesita defensas legales ante los contratos abusivos que esas compañías de telecomunicaciones”, concluyó.
