CPI: [CHEQUEO DE DATOS] Jenniffer González sobre corrupción: “Voy a hacer capacitación a todos los funcionarios que tengan interés en los recursos públicos”

5 octubre, 2024 9:31 am by

Veredicto: Engañoso

Por Valeria Santos Dávila | Centro de Periodismo Investigativo

Durante el turno de preguntas sobre el tema de corrupción en el debate de los candidatos a la gobernación de Puerto Rico transmitido el miércoles por Wapa TV, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, expresó que bajo su plan de Gobierno los funcionarios públicos deberán tomar cursos obligatorios con miras a combatir la corrupción.

La candidata por el Partido Nuevo Progresista (PNP) sostuvo que, similar a lo ya establecido en Estados Unidos, implementará un sistema de adiestramientos obligatorios anticorrupción para los funcionarios públicos del país.

“La realidad es que yo he tenido la experiencia en la capital federal, la tengo a nivel local. En Washington obligan a los funcionarios, en este caso a los miembros del Congreso, a tomar cursos cada rato, cada seis meses, sobre distintas áreas. Y es lo que voy a hacer en capacitación a todos los funcionarios que tengan interés en los recursos públicos”, dijo la comisionada.

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) ya exige el cumplimiento de adiestramientos a todo servidor público de la Rama Ejecutiva. El Artículo 3.3 de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico establece que: “Todo servidor público de la Rama Ejecutiva tiene que tomar cada dos años un mínimo de 20 horas de adiestramientos en materia de ética”.

Los cursos de la Oficina de Ética también incluyen otros temas relacionados al servicio público y la empatía con los ciudadanos.

El servidor que se niegue a cumplir con la cantidad de horas requeridas de talleres puede ser sancionado por la OEG.

La OEG implementó además el Centro para el Desarrollo del Pensamiento Ético, el cual busca “intensificar la política pública de prevención a través de la educación”. Como parte de los objetivos, el organismo debe: “proveer los adiestramientos que promuevan una adecuada formación académica y práctica sobre los valores, la ética gubernamental y la administración de los recursos públicos a los servidores públicos”.

Al cuestionar a González sobre si esta propuesta que hizo es necesaria, dado que la OEG ya establece ciertas capacitaciones y requisitos de educación continua, la comisionada residente dijo que: “Mientras los servidores públicos de la Rama Ejecutiva tienen la obligación bienal de 20 horas de educación continua, estas horas se cumplen con capacitación dentro de una gama de temas que incluyen violencia doméstica, suicidio, derechos civiles, etcétera. Además, muchos cursos son virtuales. Bajo nuestra propuesta, requeriremos que un número mínimo de 10 horas sean en la modalidad presencial y en cursos que tengan que ver con el manejo de fondos públicos, buen gobierno y sana administración”.

La candidata novoprogresista indicó al CPI luego del debate que su propuesta trae como novedad añadir a los empleados legislativos. “Nuestra propuesta requeriría que tanto los legisladores como los servidores públicos de la Rama Legislativa estén obligados a la capacitación continua sobre estos temas”, añadió en declaraciones escritas.

Los miembros de la Asamblea Legislativa, por ser funcionarios electos, ya tienen también el requisito de tomar un adiestramiento de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) sobre sana administración pública y principios de contabilidad gubernamental. El Código Electoral de Puerto Rico dispone que todo candidato electo antes de su juramentación tome dicho curso de una duración mínima de seis horas, una vez por cuatrienio.

Mientras las expresiones de la Comisionada Residente sugieren como novedosa una iniciativa anticorrupción que ya existe, la página digital con el plan de Gobierno del PNP, en lugar de establecer que obligará a todo servidor público a tomar adiestramientos anticorrupción, indica que González fortalecerá las “capacitaciones obligatorias de carácter continuo” a los funcionarios, pero no se detalla cómo gestionará tal fortalecimiento.

Ante el conglomerado de leyes y estrategias de política pública que explícitamente exigen la toma de talleres anticorrupción por parte de funcionarios públicos, las declaraciones de la comisionada residente, Jenniffer González, son engañosas, pues intenta hacer ver como una propuesta innovadora el que los servidores públicos tomen cursos anticorrupción cuando ya existen leyes que exigen esto para la mayoría de los empleados del Gobierno.

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CPI: Registro Electrónico de Electores “eRE” entorpece proceso y desalienta registro de nuevos votantes

10 septiembre, 2024 12:35 pm by

Por Tatiana Díaz Ramos y José Encarnación Martínez | Centro de Periodismo Investigativo

A dos semanas de que cierren las inscripciones para votar en las elecciones generales del 5 de noviembre, se han registrado menos de la mitad de nuevos electores al compararse con el pasado ciclo electoral, pese a que en esta ocasión la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) tiene una plataforma digital pagada con más de $3.7 millones en fondos públicos que se supone facilite el trámite.

Una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) encontró que la nueva plataforma, que comenzó en octubre de 2023 y fue bautizada como el Registro Electrónico de Electores o eRE, lo que ha hecho es entorpecer el proceso y desalentar el registro de algunos que desean votar por primera vez.

La plataforma no es práctica, rechaza documentos requeridos, limita la cantidad de transacciones de cada ciudadano, y en muchos casos, no completa de manera efectiva el registro, obligando a los solicitantes a duplicar los procesos de manera presencial o a perder la oportunidad de votar si salen del País, como es el caso de los universitarios que estudian en el exterior.

Para las elecciones de 2020, se registraron 121,358 nuevos electores, mientras que a 18 días del cierre (3 de septiembre de 2024) del registro electoral, la CEE dijo que 58,943 nuevos electores se habían inscrito para votar en los próximos comicios. De estos, solo 18.6% (11,054) personas se inscribieron por medio del eRE.

Al cierre de esta edición, el número de nuevos electores según la CEE aumentó a 62,426, luego de un esfuerzo de artistas, “influencers” y jóvenes en general que mantuvieron una exhortación intensiva en las redes sociales para sacar la tarjeta. No se especificó cuántas de esas inscripciones de la pasada semana se lograron a través de eRE.

Para el catedrático del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, Luis Cámara Fuertes, “Puerto Rico lleva una tendencia bastante larga de baja participación electoral, desde finales de los 80. Esa reducción se acelera desde el 2000, y la caída es catastrófica desde 2016. Cuando uno mira el 2020, basado en edad para votar, votó un 49%. Menos de la mitad de los electores”.

Cámara Fuertes describió como “arcaico” el sistema de inscripción de la CEE. “El registro cierra en septiembre, mientras que en Estados Unidos es a 30 días de las elecciones. Incluso muchos estados cierran hasta el día antes. Otra cosa, en EE. UU., en todas las oficinas de Gobierno puedes inscribirte”, dijo.

Francisco Rodríguez tiene 19 años y estaba interesado en sacar su tarjeta electoral. Lo trató a través de eRE. Pero luego de varios intentos, dejó de tratar, pues nunca pudo someter con éxito los documentos requeridos.

“Traté de enviar todo, pero se me hacía imposible”, aseguró el joven. Explicó que, al momento de subir los archivos, la plataforma lo devolvía a la página principal o simplemente no podía presionar ningún botón del portal.

“Entonces, para ir a las oficinas [JIP] es complicado porque yo estudio y trabajo. Cuando no estoy en la universidad, estoy en el trabajo”, dijo. “También he visto que el tiempo de espera para hacer todo en persona es bien largo. Por eso no he seguido intentando”, añadió el joven.

Asimismo, Ariana Sosa, quien es estudiante universitaria en Estados Unidos, junto a su hermana, intentaron el registro en línea para participar por primera vez en unas elecciones. Ariana no pudo completarlo en la web. Su hermana lo logró en un segundo intento.

“Queríamos inscribirnos en línea porque estudiamos fuera de Puerto Rico y, según me dijeron, era más fácil así. Nos llevó aproximadamente dos horas y media intentar responder todas las preguntas en línea. El sitio web fallaba”, contó la joven de 20 años.

“Cuando llegamos a la parte de los documentos, tuvimos que poner el certificado de nacimiento, el pasaporte, la licencia de conducir y una foto. Tenía que refrescar la página e intentar enviar documento por documento, y eso fue lo que nos tomó tiempo. Finalmente, completamos todo el proceso”, dijo.

Pero al día siguiente, por medio del correo electrónico, la CEE le notificó que rechazó su solicitud y que tenía que presentar un “certificado de nacimiento válido”, aun cuando el documento sometido cumplía con todos los requisitos, y demostrar su ciudadanía estadounidense.

“Cuando revisé mi cuenta, justo en la parte superior, decía que tenía que comunicarme directamente con la Comisión [Estatal de Elecciones]. Me quedé en shock porque ya habíamos presentado las cosas: el certificado y el pasaporte, que ahí se veía que yo era ciudadana americana”, recordó.

A la semana siguiente, aún sin completar el proceso, Ariana tomó la iniciativa de ir personalmente a gestionar su caso. “Me explicaron que desde el domingo no tenían luz. Me atendieron en el lobby. Llevé todos los documentos por si acaso, y pude registrarme, pero tuve que ir hasta allá”. Le tomó alrededor de una hora.

A su hermana también le rechazaron la solicitud por la misma razón, por el certificado de nacimiento, según la comunicación vía correo electrónico. Cuando Ariana preguntó al personal de la CEE por qué rechazaron las solicitudes, “ellos no sabían y dijeron que iban a investigar. Preguntaron si tenía número electoral, a lo que respondí que no sabía. Cuando verifico el correo de confirmación de cuando me rechazaron, me habían dado un número electoral. Pero cuando ellos revisaron el sistema, no existía”.

Según el director de la Oficina de Sistema de Información y Procesamiento Electrónico (OSIPE) de la Comisión, Eduardo Nieves Cartagena, cuando se realiza una nueva inscripción “el número será provisional desde el inicio. Ese número se separa para esa persona, y si es rechazada, ese número no se vuelve a utilizar, se pierde”.

Estuvieron así una semana más, sin conocer detalles y en espera para completar el registro de su hermana.

“Cuando por fin nos dan una explicación sobre el problema de los certificados, me dicen que tenemos que presentar un certificado de nacimiento que sea posterior al 2010. Pero cuando revisamos el PDF que sometimos, el documento es del año 2013. No sabemos por qué lo rechazaron. Entonces, mi hermana ya está en Estados Unidos, y si tiene que ir físicamente a la Comisión, no tendrá tiempo, porque ya empezó a estudiar y esto es hasta el 21 de septiembre”, detalló Ariana.

El CPI cotejó los documentos, y en efecto, el sello es de julio de 2013.

A ella le dieron su tarjeta electoral. Al día siguiente de su visita a la CEE, solicitó el voto ausente en línea para irse a su universidad en Estados Unidos. Y nuevamente la plataforma digital falló.

“Entré a mi cuenta para solicitar ese voto ausente y hay dos opciones: dice si estás registrado o no. Seleccioné que estaba inscrita y puse toda mi información, todos mis datos: mi nombre, apellido, el nombre de mi mamá, mi número de seguro social, mi número de licencia, etcétera. Cuando intenté someter, no me dejó”. Según Ariana, la página web se paralizaba. Si presionaba el botón de continuar varias veces seguidas, la obligaba iniciar sesión una y otra vez.

“Así que estuve en ese loop [círculo] durante mucho tiempo. No volví a iniciar sesión en el sitio web porque simplemente no me lo permitía. Me informaron [personal de la CEE] que depende si, por ejemplo, tu mamá tiene un segundo nombre y lo escribieron mal, es posible que el sistema no lo reconozca. Pero eso no fue mi culpa, fue culpa de ellos”, aseguró.

Ariana pudo completar su solicitud de voto ausente. Su hermana, que ya inició estudios en Estados Unidos, pudo inscribirse en línea días después recibiendo asistencia desde Puerto Rico, pero aún espera por la aprobación del voto ausente.

Registro electrónico limita cantidad de transacciones

La Secretaría de la CEE es la unidad que sabe la cantidad de transacciones rechazadas en el Registro Electrónico de Electores, explicó el director de OSIPE, Eduardo Nieves Cartagena. El eRE permite un máximo de tres transacciones al mes por elector, explicó el funcionario, y una unidad de control de calidad establece el protocolo para rechazar cualquier solicitud.

La agencia informó que en agosto la unidad de control de calidad revisó 6,796 transacciones de las que 1,803 fueron rechazadas. De acuerdo con el Protocolo de Control de Calidad de Transacciones Electorales, las solicitudes son rechazadas cuando las pruebas de identidad son ilegibles, si los datos provistos no concuerdan con estas pruebas, si la prueba de identidad y ciudadanía no coinciden en el lugar de nacimiento, entre otros.

“Su solicitud de inscripción en el Registro Electoral ha sido rechazada por la Comisión Estatal de Elecciones por las siguientes razones: R”, lee la primera parte de la notificación enviada por la CEE a otro elector que trataba de registrarse, solo con una letra, en lugar de la razón específica del rechazo. “Usted puede acceder a su cuenta eRE para realizar una nueva solicitud de inscripción o comunicarse con nosotros al XXX-XXX-XXXX para orientación y ayuda en el proceso de inscripción”, continúa. Ni el número de teléfono ponía.

Este caso no es aislado, validó el CPI con otros jóvenes que han intentado inscribirse.

Nieves Cartagena justificó que “algunos operadores es posible que hayan olvidado pegar la información más allá de seleccionarla [del Protocolo de Control de Calidad de Transacciones Electorales]. Por eso en algunos casos sale una letra, en lugar de la razón del rechazo”.

Otras personas han denunciado que luego de someter documentos personales, incluyendo tarjetas de Global Entry y facturas de agua y luz, el sistema les pide más información.

“Recibí un email cuando completé el proceso, pero no tengo estatus”, escribió una internauta en la web, solicitando ayuda con el proceso. Global Entry se refiere a la identificación que obtienen los viajeros bajo un programa de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Por otro lado, Nieves Cartagena reconoció que, “el elemento que más nos han traído a la atención ha sido el de subir la foto de la faz del elector. Desde el inicio del proyecto nosotros fuimos afinando la rigurosidad con la que se acepta la foto al punto que ese mecanismo de validación de la foto está lo más laxo posible, donde meramente lo que hace es verificar el posicionamiento de los ojos”. De paso, recomendó que la foto al potencial elector sea tomada por otra persona, con un fondo claro, encuadrando a nivel del torso.

Según el Protocolo de Control de Calidad de Transacciones Electorales las fotos son rechazadas si no coinciden con la prueba de identidad o no están tomadas sobre fondo claro y sólido.

“Lo más seguro es ir a una JIP, que seguir tratando con eRE”

Ante las trabas que presenta el Registro Electrónico de Electores, sumado a la reducción de Juntas de Inscripción Permanente de 78 que existían en 2020 a 16 establecimientos y 26 Juntas Temporeras que existen ahora, organizaciones sin fines de lucro como La Tejedora y Somos Más han ocupado el espacio abandonado por la CEE para motivar las inscripciones de los más jóvenes o la reactivación de electores.

La Tejedora es una organización que se dedica a “conectar a líderes jóvenes que trabajan hacia la autodeterminación, descolonización y justicia climática en Puerto Rico” que desde el verano presentó la campaña #prendetuvoto para motivar la inscripción de electores.

Por su parte, la entidad Somos Más persigue “la participación ciudadana en asuntos políticos más allá del derecho al sufragio y la protesta, en donde buscamos soluciones concretas a problemas sociales y políticos mediante la radicación de proyectos de ley”. Desde las elecciones de 2020, impulsa la participación en los comicios “para fortalecer la democracia”.

Kari Claudio Betancourt, quien dirige La Tejedora, dijo que, según su experiencia en los pasados meses, “el Sistema eRE es difícil y complicado de utilizar. Tienes que tener documentos en un formato específico. Si no tienes toda la información te hace empezar otra vez. Lo más seguro es ir a una JIP [Junta de Inscripción Permanente], que seguir tratando con eRE”.

Pero los electores que han ido a completar sus trámites de manera presencial tampoco están exentos de problemas. Aún con la puesta en función de eRE para, en teoría, agilizar los procesos, son largas las filas, existen problemas de infraestructura, en algunos lugares solo hay una computadora disponible, el servicio de internet es inestable, así como el servicio de energía eléctrica.

Claudio Betancourt opinó que la CEE debe hacer más para alcanzar a los jóvenes en sus espacios de ocio, por ejemplo, durante los fines de semana, así como retomar las visitas a las escuelas.

Sobre el Registro Electrónico, el director ejecutivo de Somos Más, Johnny Rullán Schmidt, también denunció dificultades para cargar facturas de luz o agua, requisito para probar domicilio.

El “eRE no especifica qué páginas [de la factura] hay que cargar; debe ser la primera y la tercera. Entonces le impugnan el trámite [al potencial elector]. Los jóvenes de 18 a 21 que aún viven con los padres, si las facturas no están a su nombre, existe la opción para indicar que la factura no está a su nombre en la plataforma, pero no explican eso, y terminan acudiendo a la JIP”, detalló.

A la comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lillian Aponte, le preocupa que, al cerrar el registro el próximo 21 de septiembre, existan “miles de transacciones pendientes de aprobar. Ese elector tiene derecho a participar en las elecciones, y tiene que subsanarse, porque demostró su intención de participar”.

La Comisión tendrá una semana más “para que internamente podamos validar todo tipo de transacciones, aprobarlas, y asignarle un precinto y unidad al elector”, aseguró Nieves Cartagena.

Aponte criticó que solo 12 Juntas de Inscripción operan los sábados hasta la una de la tarde. “Nos opusimos al cierre de Juntas porque no había un plan de cómo impacta ese cierre y el eRE no estaba en función. Se supone que saliera en 2022, y no fue hasta diciembre de 2023. No se pudieron ni hacer pruebas de la plataforma”, denunció.

Para el comisionado electoral del Proyecto Dignidad, Juan M. Frontera, “el problema ha sido que en la Comisión se están implementado varios sistemas a la vez sin haberlos probado. El eRE se implementó este año, entonces es con eJavaa para voto adelantado. También está el e-poll book. Las pruebas fueron las primarias para todos los sistemas tecnológicos a la vez”.

Más de $7 millones invertidos en publicidad

Influmedia LLC es una compañía registrada en 2018 para “uso de influencers para promocionar marcas o negocios”, según se desprende de la página del Departamento de Estado. Desde diciembre de 2023 a julio de 2024 la CEE le ha otorgado a esta agencia $7,549,620 en contratos. Influmedia tiene como agente residente y presidente a Rubén J. Rodríguez Cid.

La CEE le otorgó un contrato en diciembre de 2023 para desarrollar las campañas de información y orientación “relacionadas con los procesos de educación sobre los nuevos proyectos tecnológicos a ser utilizados en los procesos eleccionarios”. Luego de dos enmiendas, en las que se incluyó publicitar la participación en las “primarias presidenciales” y el “voto por teléfono”, el contrato alcanzó la suma de $2,274,620, de los que $1,119,188 se reservaron para la campaña sobre el sistema eRE.

Una de las pautas publicitarias para promover el uso del eRE lo describe como “el poder” en las manos del elector, y como un sistema “fácil, seguro y confiable”.

La Comisión otorgó otro contrato a la compañía en julio, y un mes después fue enmendado, para un total de $5,275,000 en dos fases: una “de las campañas de beneficios del Sistema eRE, todas las modalidades del voto adelantado” y otra de “inscripción, reactivación, transferencias, eJavaa, exhortación al voto, cómo votar, voto ausente y máquinas de escrutinio electrónico”.

Otra de las pautas desarrolladas por Influmedia explica los requisitos para inscribirse por primera vez por medio de eRE, mencionando una lista de opciones para probar la identidad.

Sin embargo, la información que ofrece es incompleta porque, por ejemplo, no especifica que el sistema requiere que se suban identificaciones válidas, así como una foto de perfil, con ciertos requisitos.

Durante las vistas de presupuesto este verano, la presidenta alterna de la CEE, Jessica Padilla Rivera, solicitó una partida de $5,500,000 para anuncios y pautas que ha coordinado la agencia Influmedia. Rullán Schmidt llamó la atención sobre el contraste de que, aunque la organización que dirige, Somos Más, no tiene presupuesto para invertir en campañas como lo tiene la CEE, le parece que han sido más efectivos en el esfuerzo.

“Estamos presentes en medios, haciendo videos apelando a la juventud. El contenido de la Comisión tiene bajo engagement [reacciones de la audiencia], no hay buena asesoría de contenido que apele a los jóvenes. Entendemos que se han quedado cortos”.

Una búsqueda rápida en la cuenta de Instagram de Somos Más refleja sobre 122,000 reproducciones de un vídeo explicativo para inscribir nuevos electores a través de eRE publicado el 27 de agosto.

Otro vídeo publicado hace una semana, en el que un grupo de jóvenes acuerda ir a una junta de inscripción, obtuvo casi 16 mil reproducciones. El pasado 5 de septiembre, la organización exhorta en un vídeo a “inspirar a otros a inscribirse” y tuvo casi 45 mil reproducciones.

En cambio, la cuenta de la CEE en esta red social contiene más publicaciones de fotos que de vídeos. Aquellos relacionados a las maneras de inscribirse o de las transacciones que se pueden hacer en eRE lograron entre 1,800 a 3,500 reproducciones.

El fenómeno de TikTok también es protagonista, principalmente a través de los electores que fluctúan entre los 18 y 25 años. Una búsqueda rápida con la frase “Sácala, dale úsala”, en referencia a la tarjeta electoral, identifica decenas de videos, algunos con más de 265,000 reproducciones. A pesar de este fenómeno mediático, la CEE no tiene cuenta de TikTok para atraer ese grupo demográfico con sus campañas publicitarias a través de las redes.

Influmedia tiene un total de 14 contratos desde el 2020 con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario, la Compañía de Turismo, además de la CEE.

El CPI solicitó a la CEE la propuesta de servicios sometida por Influmedia para obtener estos contratos, las facturas que han sometido y la lista de campañas aprobadas. Al cierre de esta historia, la agencia solicitó una prórroga para entregar el 17 de septiembre la información pedida desde el 20 de agosto.

Prohíben y suspenden iniciativas electorales en la UPR

El Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se quedó sin servicio de energía eléctrica el mismo día que iniciaba un ejercicio de inscripción y en el Recinto de Humacao (UPRH) estudiantes y profesores denunciaron la suspensión de una iniciativa para promover el derecho al voto.

La presidenta del Consejo General de Estudiantes de UPRH, Adriana Piñero, dijo al CPI que a pesar de que este año la administración del recinto canceló la iniciativa relacionada a los procesos electorales, “el año pasado uno de nuestros estudiantes logró que la CEE hiciera una iniciativa para inscribir estudiantes en el recinto”. Mencionó que lograron tener dos mesas de la CEE para las inscripciones.

Piñero añadió que “no se ha podido realizar un esfuerzo como el del año pasado, a pesar de que ha habido intentos. Un profesor de la Facultad de Ciencias Sociales intentó hacer una actividad educativa sobre estos temas y la importancia del proceso electoral, pero la administración del recinto prohibió que eso se hiciera. No sabemos por qué, pero fue cancelado”, sentenció.

El director del Departamento de Ciencias Sociales de UPRH, Luis Rafael Rodríguez, explicó que la actividad, encabezada por la organización sin fines de lucro Proyecto 85, fue aprobada por su departamento y también por el Decanato de Asuntos Académicos. Sin embargo, indicó que el Decanato de Administración no aprobó la celebración de la iniciativa.

“Se trataba de una actividad educativa, para promover el derecho al voto, nada de política [partidista]. En principio, esta iniciativa de uno de los colegas profesores de la Facultad era para dos grupos de Ciencias Sociales, y se tomó la decisión de abrir la puerta para todos los estudiantes interesados, por la importancia que tienen estos temas”, explicó el profesor de Economía.

Aunque no pudo precisar cuáles fueron las razones del Decanato de Administración para tomar su decisión, Rodríguez considera que se perdió una oportunidad importante, reconociendo la coyuntura. Indicó que han iniciado diálogos para realizar una actividad de inscripción en el campus, replicando el ejercicio celebrado en otros recintos del Sistema UPR con la CEE. Luego de la entrevista con el CPI, el CGE de UPRH anunció que el jueves, 12 de septiembre, se realizarán inscripciones electorales en el recinto.

En el Recinto de Río Piedras se llevó a cabo una actividad el semestre pasado donde se inscribieron sobre 600 personas, al tiempo que 1,300 participaron para resolver otros trámites electorales, una muestra de que “sí hay respuesta de los estudiantes y la comunidad”, destacó la presidenta interina del Consejo General de Estudiantes, Fabiola Del Valle.

En esta ocasión, organizaron un evento con la CEE desde el 3 hasta el 5 de septiembre, pero el personal de las Juntas de Inscripción no fue puntual. Aunque se les citó a las 8:00 de la mañana, llegaron con media hora de retraso y no comenzaron labores hasta las 9:00 a.m. el primer día. Además, una impresora dejó de funcionar.

“En un aparte más temprano con la prensa dije lo que estaba pasando, y ‘mágicamente’, comenzaron a funcionar todas las máquinas sin ningún problema”, contó la estudiante universitaria.

Aunque las organizaciones estudiantiles coordinadoras del evento solicitaron al menos cinco funcionarios para los trámites de los electores, solo llegaron tres.

“La primera estudiante llegó aquí a las 6:30 de la mañana y se fue a las 9:10. Hay estudiantes que se han tenido que ir porque tienen clases y no pueden esperar tanto tiempo”, advirtió Del Valle.

Pese a la extensa fila, los fallos de las impresoras y la escasez de personal de la CEE, para el estudiante de primer año de la UPRRP, José Carlos Santiago Ortiz, “el proceso fue rápido y sencillo. Tomó un poco el asunto de la foto y que imprimieran [la tarjeta], pero fue fácil”. El proceso para obtener la identificación electoral le tomó cerca de dos horas.

Santiago Ortiz reconoció que su motivación para participar de la actividad, “fue mi mamá y ella me dio todo lo necesario [respecto a documentos] para inscribirme”.

La CEE informó que durante el evento de tres días en el recinto riopedrense se inscribieron para votar 944 universitarios.

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CPI: A su suerte las personas sin hogar ante el calor extremo

27 agosto, 2024 10:12 am by

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla | Centro de Periodismo Investigativo

Día a día, Mayibel Castro Santiago busca cómo protegerse del calor extremo desde que se levanta hasta que se va a dormir. No es una tarea fácil, su pequeña cama está a la intemperie y durante el día deambula por la caliente zona urbana de Ponce, municipio que el mes pasado registró índices de calor de hasta 115 grados Fahrenheit. 

La mujer de 36 años descansa cerca de la entrada de lo que fue una farmacia que cerró en la zona urbana en Ponce, cuya estructura está abandonada desde hace dos años. Hace un año forma parte de una comunidad compuesta por otras personas sin hogar, a los que considera su familia.

Mayibel es una de las 2,096 personas sin hogar en Puerto Rico, uno de los grupos demográficos más afectados por las históricas olas de calor que azotan al País desde el año pasado por causa del cambio climático y el calentamiento global. Las personas sin hogar son una de las poblaciones más vulnerables a las temperaturas extremas, ha dicho la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, según los entrevistados para esta investigación, son el segmento poblacional más ignorado por las autoridades gubernamentales.

No existe un plan aprobado, ni fondos asignados para lidiar con el problema, pese a que hay cuatro agencias del Gobierno de Puerto Rico mayormente responsables de proteger a esta población — el Departamento de la Familia, el Departamento de Salud, el Departamento de la Vivienda y el Concilio Multisectorial en Apoyo a la Población Sin Hogar adscrito a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) —, reveló una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI). El Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC) — creado por el Gobierno — propuso medidas para ayudar a las poblaciones vulnerables, incluyendo a las personas sin hogar a enfrentar el calor extremo desde septiembre de 2023, pero ninguna se ha puesto en vigor.

Lo único que hay en proceso es un plan para atender el sinhogarismo que ASSMCA comenzó a hacer desde enero 2023, no terminó, y encomendó en abril de 2024 a la compañía estadounidense de contabilidad y consultoría en desastres Horne, LLP a un costo de $120,804 entre los dos contratos. Los contratos otorgados para la tarea no precisan cuándo se terminará el plan, pero el segundo contrato tiene vigencia hasta diciembre de 2024, antes de que inicie el cambio de administración.

Mientras tanto, las personas sin hogar como Mayibel quedan desamparadas a la merced del calor extremo. En su caso, está el agravante de que su pueblo de residencia, Ponce, es el segundo municipio con mayor cantidad de personas sin hogar en el País, según el Conteo de Personas Sin Hogar en Puerto Rico de 2024.

Además de su cama, sus pertenencias están al aire libre, donde el sol azota sin piedad. Cuenta que se las ingenia para protegerse del sol y también de la lluvia. Usa un plástico que la tapa a ella y a su cama cuando llueve. A unos pasos de su área para dormir, está su silla de playa, debajo de un árbol donde Mayibel se resguarda del calor.

Mientras cuenta su historia, la mujer intenta que su perro Thunder salude, pero el animal no quiere salir de abajo de la cama donde se escondía del sol inclemente.

El calor está sofocante. El termómetro, que a las 7:00 a.m. leyó 82 grados Fahrenheit en el casco urbano de Ponce, ya marca los 102 grados Fahrenheit después del mediodía. Hay vigente una advertencia de calor del Servicio Nacional de Meteorología (SNM). Castro Santiago no deja de secar su rostro con un paño blanco.

Desde el 1 de enero al 20 de agosto de 2024, en Puerto Rico se han emitido 30 advertencias de calor excesivo y 80 avisos de calor. Mientras que para el mismo periodo el año pasado se emitieron 34 advertencias de calor excesivo y 77 avisos de calor.

“Mayormente cuando está bien caluroso, tratamos de buscar un lugar donde la sombra y el viento sople a nuestro favor. Como nos encontramos en una farmacia, pues el área del servicarro”, dice Mayibel. La temperatura en esa área es más baja por la dirección en la que sopla el viento y la sombra que regalan los árboles.

Las olas de calor pueden provocar la exacerbación de enfermedades crónicas y provocar condiciones de salud relacionadas a las altas temperaturas, como el agotamiento por calor, golpe de calor o calambres. El calor extremo, incluso, puede causar la muerte. Entre las poblaciones más vulnerables a sufrir los efectos del calor extremo, según la OMS, figuran las personas sin hogar, mujeres embarazadas, infantes y niños, trabajadores que laboran al aire libre y los adultos mayores.

El estrés por calor le arrebata la vida a más personas mundialmente cada día que cualquier otra causa de muerte relacionada al clima, y muchas de estas muertes ocurren en exteriores, dice la OMS.

El doctor Pablo Méndez Lázaro, catedrático asociado del Departamento de Salud Ambiental en la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y estudioso del tema, sostuvo que en Puerto Rico las muertes por calor están subestimadas porque se contabilizan solo causas directas, como el golpe de calor, cuando en realidad el calor extremo provoca mortalidad por otras condiciones como las cardiovasculares.

“Al final la causa de muerte es porque tenía un problema cardiovascular, claro, pero ese problema cardiovascular se vio exacerbado por las condiciones climáticas”, explicó.

“El episodio de calor lo que hace es que lleva tu sistema y tu organismo al límite. Y si ya tú tienes alguna condición de salud preexistente, esa condición de salud se va a ver exacerbada hasta tal punto que, lamentablemente, te puede llevar a fallecer”, agregó.

Este año, Mayibel ha sentido los efectos del calor al punto que su tía tuvo que llamar a un servicio de ambulancias para que la socorriera uno de esos días de temperatura extrema, aseguró.

“Me tuve que recostar porque me sentía bien mal, y era que tenía la presión, la tenía demasiado débil, y era tanta la calor (sic). Por más que bebía líquido [no sentía mejoría], eso era algo insoportable”, expresó.

El doctor Andrés Calvo Díaz, médico internista, indicó que el calor extremo puede causar hipotensión o baja presión arterial por la deshidratación. Además, puede aumentar el pulso, lo que puede provocar arritmia.

“La calor (sic) hace que nos cansemos demasiado e incluso que no podamos dormir”, puntualizó Mayibel.

Las necesidades en la población sin hogar en Ponce se recrudecen debido al calor, aseguró Brenda Pérez Acevedo, coordinadora del Proyecto Sistema Coordinado de Entrada de la Coalición de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar, una organización sin fines de lucro que gestiona proyectos de vivienda y servicios para personas sin hogar.

“Tú puedes caminar por las calles, no hay árboles, pasas por el paseo Atocha [en el casco urbano de Ponce] y las localidades están cerradas”, sostuvo Pérez Acevedo.

Casi dos años trabajando un plan que aún no está listo

El calor extremo ya comenzó a tener efectos sobre la salud de las personas sin hogar de distintos puntos de la Isla, dijeron al CPI organizaciones que trabajan con esta población.

Las personas sin hogar, además de enfrentar el discrimen, lo que muchas veces les afecta en la búsqueda de un lugar donde tomar agua o resguardarse ante el calor, son susceptibles a deshidratación y a la exacerbación de enfermedades, según el doctor Calvo Díaz y la doctora Wanda Pacheco, quien dirige la Clínica Alternativa Integrada de la Coalición de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar.

A pesar de que las personas sin hogar son una de las poblaciones más vulnerables ante el calor extremo, Puerto Rico no tiene un protocolo o plan dirigido para evitar o mitigar el impacto de las altas temperaturas en su salud y bienestar, incluso cuando se espera que las mismas continúen aumentando ante los efectos del cambio climático, encontró el CPI.

Según la ley 130 de 2007, el Concilio Multisectorial en Apoyo a la Población Sin Hogar tiene el deber ministerial de atender las distintas situaciones por las que las personas sin hogar atraviesan diariamente, pero en los más de ocho años que lleva adscrito a la ASSMCA no ha producido ningún protocolo para proteger a las personas sin hogar, según Belinda Hill, directora ejecutiva de Solo por Hoy, Inc., organización que atiende el sinhogarismo en Puerto Rico.

El Concilio ni siquiera ha concluido un plan para atender el sinhogarismo, que lleva desde el 2023 trabajando. Luego de múltiples reuniones con organizaciones sin fines de lucro, en abril de este año, el Concilio contrató a Horne LLP, una compañía estadounidense de contabilidad que, a partir del huracán Katrina, que afectó particularmente Louisiana, diversificó sus servicios para entrar en la industria de la asistencia posdesastre. Según su propuesta de servicios para hacer el plan, su experiencia se basa en asistir a personas cuyas viviendas se afectaron debido a desastres, pero no especifica pericia en trabajar con poblaciones que, por diversas razones, están en las calles sin un techo. De hecho, las organizaciones que en Puerto Rico trabajan con estas poblaciones consultadas por el CPI no le reconocen ese expertise.

Desde 2018, las compañías Horne LLP y Horne Federal LLC, de los mismos dueños, han generado un total de $341.6 millones en contratos con distintas agencias del Gobierno de Puerto Rico. Horne LLP es el administrador de los fondos federales para la recuperación de desastres, conocidos como CDBG-DR, asignados al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico.

Carmen Bonet, administradora de la ASSMCA, y Pedro Dedós, director ejecutivo del Concilio, no estuvieron disponibles para entrevista con el CPI para contestar preguntas sobre el borrador del Plan, las razones para la contratación de Horne para esta tarea, y las medidas específicas que están implementando, si alguna, para proteger a la población de personas sin hogar de los efectos del cambio climático, en particular del calor. En su lugar, Bonet envió declaraciones escritas en las que confirma que existe un borrador que está ante la consideración de los miembros del Concilio, pero no da detalles sobre su contenido ni detalles sobre las medidas que han tomado hasta el presente.

“[En el Plan] nos enfocamos en promover política pública, así como coordinar y colaborar con organizaciones, agencias y municipios que ofrecen servicios directos a la población sin hogar, incluyendo en situaciones críticas como las olas de calor”, sostuvo.

Sobre las medidas, Bonet indicó de manera general que han repartido agua y orientado “a las personas sin hogar” sobre dónde pueden conseguir refugio, alimentos o duchas en albergues de organizaciones sin fines de lucro.

Por su parte, el secretario de la Vivienda, William Rodríguez, indicó que su agencia reparte vales de vivienda para esta población a través del programa federal Rental Assistance Program, Continuum of Care PR- 502. No precisó cuántas personas sin hogar han obtenido un hogar bajo este programa. También, dijo que han entregado empaques con artículos de primera necesidad ante una ola de calor a sus participantes sin hogar.

El Departamento de Salud (DS) tampoco cuenta con un protocolo dirigido a esta población. Su portavoz, Lisdián Acevedo, indicó que la agencia no brinda servicios a las personas sin hogar y ningún funcionario de esa agencia estuvo disponible para hablar del tema.

Algunas medidas que pudieran ser de beneficio en medio de las olas de calor, como los centros de enfriamiento, y que fueron incluidas en el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia que presentó el CEACC ante la Legislatura en septiembre de 2023, están muy lejos de concretarse, ya que el mismo no fue evaluado en la pasada sesión legislativa y el presidente del Senado, José Luis Dalmau, relegó esa responsabilidad a los legisladores que sean electos en noviembre próximo.

En vista de las altas temperaturas, en varias ciudades de Estados Unidos se usan como centros de enfriamiento espacios públicos ya existentes como bibliotecas, centros comunitarios y estaciones de policía. Los centros de enfriamiento son instalaciones públicas con aire acondicionado donde las personas y familias pueden ir para aliviar los efectos del calor extremo.

El gobernador Pedro Pierluisi dijo por escrito que el DS “vigila de cerca este asunto y, de resultar en una emergencia, podría establecer recomendaciones para atajarlo”. Agregó que esta misma agencia realizó una evaluación de la viabilidad de las propuestas del Comité “para poder implementar acciones concretas de salud pública y atender la población ante la ola de calor”, pero no especificó cuáles ni cuándo se hará.

El impacto en la salud

Francisco Rodríguez, presidente ejecutivo de la Coalición de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar, aseguró que el calor extremo está afectando la salud de la población a la que atienden, sobre todo en los adultos mayores y las personas con situaciones de salud física o mental. Contó que han tenido que llamar a emergencias médicas para llevarlos al hospital porque están deshidratados, se sienten mareados o muy débiles.

“Eso está pasando por toda la Isla”, aseguró.

Por su parte, Josué Maysonet Colón, director ejecutivo de La Fondita de Jesús, aseguró que el año pasado recibieron participantes mareados y con síntomas de golpe de calor, por lo que este año han trabajado con los participantes en la prevención y dándoles hidratación, evitando así emergencias.

Mayor impacto a la salud por el uso de sustancias y el calor 

Por su parte, la doctora Wanda Pacheco, quien dirige la Clínica Alternativa Integrada de la Coalición de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar, aseguró que entre las consecuencias del calor extremo en esta población están la deshidratación y el empeoramiento de las úlceras, especialmente durante el verano.

Agregó que otras situaciones de salud se pueden exacerbar, como los catarros, que pueden complicarse y terminar en neumonía por la misma deshidratación. 

“No importa su estado de salud, esta situación de calor es peligrosa para una persona que está o tomando medicamentos de salud mental o tomando medicamentos de uso de sustancias o también por el uso de sustancias. El calor exacerba la situación”, mencionó Rodríguez. Aunque no todas las personas sin hogar utilizan sustancias, las que sí las usan tienen un mayor riesgo de complicaciones a su salud.

El doctor Andrés Calvo, médico internista y especialista en medicina de adicciones, sostuvo que el uso de sustancias, incluyendo el alcohol, la nicotina, el cannabis, la cocaína y los opioides, pone a la persona en riesgo de complicaciones médicas, entre ellas la deshidratación. Agregó que el metabolismo de la persona puede acelerarse provocando que consuma más calorías de las que ingiere a través de los alimentos, lo que hace que el cuerpo tenga más estrés y consuma más energía.

“Personas que están sin hogar o que están sin techo, sin las facilidades necesarias, muchas veces tienen menor ingesta de comida y de hidratación y de agua, que es algo básico, y, pues se exponen a esos efectos directos de las sustancias a mayor riesgo”, al incrementar el calor, expresó.

Como consecuencia pueden sufrir un heatstroke o un golpe de calor, agregó.

Asimismo, Rodríguez dijo, además, que hay estudios que evidencian cómo el calor afecta el estado de ánimo y agrava condiciones como la depresión y la ansiedad. Según la Asociación Americana de Psicología, las temperaturas elevadas pueden provocar aumento del estrés y ansiedad, irritabilidad y comportamientos agresivos, entre otros efectos.

El senador José Vargas Vidot, presidente de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, y experto en el manejo de esta población, dijo que el efecto del calor en las personas que usan sustancias “es el doble”.

“Hay una deshidratación típica de la mayoría de las sustancias. Por ejemplo, la benzodiacepina y los opioides hacen que se reseque la mucosa. La persona necesita más agua y tener mejor temperatura que cualquier otra persona, porque típicamente es un efecto natural secundario adverso de este tipo de medicamentos. Encima, la persona no tiene acceso a volumen hídrico, o sea a agua”, dijo.

Perfil de las personas sin hogar en Puerto Rico

El presidente de la Coalición de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar dijo que para el 2008, cuando su organización comenzó a trabajar una base de datos sobre las personas sin hogar en Puerto Rico, el 60% de la población era usuaria de drogas. Pero eso ha cambiado, dijo.  

Indicó que la mayoría de las personas que viven en las calles es por asuntos económicos, como la pérdida de empleo o desahucios. Esto se ha visto, sobre todo, en los pasados 10 años.

Según el más reciente Conteo de Personas Sin Hogar en Puerto Rico 2024, se estima que hay 2,096 personas sin hogar en la Isla. A pesar de que hubo una leve reducción al comparar los números del 2022, aumentó la cantidad de personas que están viviendo en las calles por primera vez, con un 55.4% de las personas entrevistadas. Las razones mayores de estar en la calle por primera vez son consumo de drogas (41.9%), problemas familiares (34.3%), problemas financieros (16.9%), desempleo (15.9%) y problemas de salud mental (14.1%).

No hay plan para las personas sin hogar

El presidente ejecutivo de la Coalición de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar aseguró que el Estado no ha tomado este asunto con la seriedad que amerita.

“No hay un plan que nos permita trabajar con esto de alguna manera. Así que las organizaciones, lo que estamos haciendo, es cada una haciendo lo que puede con los recursos que tiene”, sostuvo Rodríguez.

Agregó que la situación para las personas sin hogar se complica por los códigos de orden público, “donde no los quieren en lugares públicos tampoco” y “los castigan” por estar en dichos lugares. “Así es que no tienen donde estar, pero no pueden estar en el lugar público. Entonces, esto es palo si boga y palo si no boga”.

Según Rodríguez, la Coalición logró el año pasado la aprobación de una propuesta que le fue sometida al Departamento de la Vivienda, bajo el programa de fondos CDBG-DR, para hacer un plan de resiliencia comunitaria para las personas sin hogar. “Nos encontramos trabajando con ese tema, incluyendo obviamente el tema del calor, ante cómo prepararse y cómo cambiar el escenario y sobre todo el estigma en momentos de desastre”.

El director de La Fondita de Jesús coincidió con Rodríguez en que no existe un plan por parte del Gobierno que ayude a mitigar los efectos del calor en las personas sin hogar ni en otras poblaciones vulnerables, como lo son los adultos mayores que están en cama.

“No estamos solamente hablando de la ola de calor, sino que simultáneamente el sistema eléctrico no está funcionando. La mayoría de las comunidades vulnerabilizadas ahora trabajan con sistema de bombeo, o sea que, si no hay luz, no hay agua, y, entonces, a la misma vez el calor extremo. Es como que todo ese tornado se mezcla”, expresó Maysonet Colón.

“En una persona que no cuenta con los recursos y ya tiene una vulnerabilidad en el sentido de salud, en el sentido económico, todos estos factores terminan, poco a poco, desgastando al ser humano hasta que lamentablemente muere”, agregó.

El director de La Fondita dijo que desde abril de este año se han triplicado los requerimientos de servicios de salud que ofrecen a las comunidades por medio de una unidad móvil que tienen.

Además, observó que desde el año pasado hay un aumento significativo en el uso de las instalaciones de La Fondita. Agregó que, desde abril de este año, el uso de los servicios básicos allí se duplicó, lo que incluye el uso de las duchas, la búsqueda de agua y productos de higiene. Además, las personas sin hogar que antes se iban luego de recibir los servicios, ahora están pernoctando en una sala común que tienen en el patio.

“Específicamente con el asunto del calor, [las personas sin hogar] se quedan más tiempo debajo de los abanicos, hidratándose, participando en las diferentes actividades. Usan más lo que vienen siendo las duchas”, sostuvo Maysonet Colón.

Méndez Lázaro aseguró que hace falta el protocolo para atender los efectos del calor en las personas sin hogar. “Estamos siendo reactivos, no proactivos”.

La única propuesta formal se ha hecho en Puerto Rico para atender este asunto la hizo el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático. El grupo de científicos propone, dentro del plan que sometió a la Legislatura, el establecimiento de al menos un centro de enfriamiento por municipio.

El doctor Rafael Méndez Tejeda, climatólogo y miembro del CEACC, dijo que en primer lugar se debe mejorar el sistema eléctrico del País “para poder brindarle a la gente espacio en donde pudiesen mitigar el calor”. Además, explicó que se podrían usar rociadores de agua, como los que se utilizan en Europa y en parques de atracciones en Florida.

Mencionó, además, que los municipios pudiesen establecer lugares frescos en donde las personas puedan ir en las horas pico del calor.

“Tendríamos que mejorar el sistema energético para que la gente pueda usar el aire acondicionado y, si no tiene la posibilidad de un aire acondicionado, pueda ir a un centro comercial. Pero si la Autoridad de Energía [Eléctrica] o LUMA, nos dice: no pueden encender los aires acondicionados porque se consume mucha energía, pues también tenemos un grave problema”, advirtió.

“Las personas vulnerables, evidentemente, como siempre, son las más afectadas”, lamentó el climatólogo.

¿Qué se espera para los próximos meses?

Se espera que los meses de agosto y septiembre sean aún más calientes, según coincidieron los expertos Ernesto Morales, coordinador de Avisos del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, y Méndez Tejeda, catedrático de la Universidad de Puerto Rico.

Según Méndez Tejeda, podría haber muchos días con índices de calor de hasta 110 grados Fahrenheit.

“La razón de esto es que, si el agua que nos rodea no se enfría, no vamos a obtener una diferencia significativa”, explicó Morales.

Agregó que lo que ayuda a enfriar el océano son los huracanes, ya que al pasar un ciclón “empuja el agua caliente y sale agua más fría del fondo, lo que se conoce como afloramiento”.

“El problema es que hemos estado por tanto tiempo con estas aguas calientes que ya la profundidad de las aguas calientes ha crecido tanto que, por ejemplo, cuando pasó Beryl, no vimos ningún rastro de agua fría detrás de las áreas del afloramiento. Lo que quiere decir que no solamente el agua superficial está caliente, sino también las aguas profundas están calientes. Esto es muy preocupante porque no solamente nos afecta nuestras temperaturas, sino también afecta la vida marina”, dijo Morales.

Por otra parte, el agua caliente en el océano intensifica los huracanes, por lo que se proyecta que esta temporada de huracanes será hiperactiva, sostuvo.

“Los ciclones tropicales se alimentan y se intensifican a base de agua caliente. Lo que se necesita para que un sistema se intensifique o se organice son 80 grados o más. Y estamos hablando de que entre África y Puerto Rico las temperaturas están de 82 a 84 grados”, dijo.

“En las partes más llanitas, como La Parguera, [en Lajas] podemos ver que las temperaturas están en los 90 [grados Fahrenheit] o más, por tanto la energía está ahí. Si tenemos la energía en eso, pues podría estar afectando la intensificación de estos sistemas, a medida que pasan por nuestras aguas locales”, advirtió.

Luego del paso de la tormenta Ernesto, Puerto Rico experimentó días de mucho calor, como había pronosticado el SNM.

Por su parte, Méndez Tejeda aseguró que otro problema que influye en el calor extremo es el polvo del Sahara.

“El polvo del Sahara tiende a disminuir la precipitación. Y tiende a disminuir la precipitación, al igual que El Niño, pues hay más calor, las tormentas se forman menos, porque cuando se introduce el polvo del Sahara, éste absorbe la humedad”, explicó el climatólogo.

Mencionó que este polvo puede irritar los ojos y la piel y generar problemas respiratorios. Los expertos médicos sostienen que las personas que están mucho tiempo al aire libre — como las personas sin hogar — son las más afectadas y recomiendan estar en espacios cerrados cuando está presente esta condición climatológica.

Mientras tanto, Mayibel sigue luchando entre las botellas de agua que le obsequian para sobrevivir a la intemperie en los meses más calurosos del año.

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CPI: Salud se niega a hacer una lista de pacientes vulnerables durante apagones

20 agosto, 2024 10:06 am by

Por Eliván Martínez Mercado | Centro de Periodismo Investigativo

LUMA, la empresa privatizadora del sistema de energía, urgió a que los pacientes conectados a aparatos eléctricos se registraran en una lista, cuando era inminente que la tormenta Ernesto causaría un nuevo apagón en Puerto Rico. “En este momento tenemos tres mil personas registradas con equipo de preservación de vida y eso es muy poquito”, dijo Juan Saca, presidente de la compañía, en una conferencia de prensa el 12 de agosto.

Alegó que LUMA les daría prioridad para devolverles la luz.

Aunque evadió responder si el Gobierno le había compartido información sobre esos pacientes vulnerables, aseguró que sólo tenía los datos de la lista que estaba levantando en ese momento durante la emergencia.

Siete años después del huracán María, que causó casi 3,000 muertes principalmente por falta de acceso a la electricidad, Puerto Rico carece de un sistema integrado de información que identifique quiénes son y dónde están las personas con necesidades especiales, como los electrodependientes, con el fin de socorrerlos antes, durante y después de los desastres. El Departamento de Salud (DS) ha optado por evitarse el trabajo de crear esa lista en vez de intentar hacerla para salvar vidas.

“En su momento deberíamos tener una única base de datos. Así que esa tiene que ser la meta”, reconoció el gobernador Pedro Pierluisi en la conferencia de prensa antes de que la tormenta Ernesto llegara. El CPI le había pedido una reacción ante el hecho de que LUMA hiciera un llamado a sus clientes vulnerables a marcar el 848-888-5862 para registrarse. Los municipios, el gobierno federal, el Departamento de Salud y organizaciones sin fines de lucro también han hecho esfuerzos por separado y descoordinados para crear la lista de personas que dependen de equipos eléctricos para vivir.

Estos pacientes no pueden contar con LUMA para su seguridad durante un desastre, porque su categoría “no se considera una prioridad de restauración”, según su Plan de Respuesta a Emergencias. Ese plan contradice las declaraciones de su presidente Juan Saca y de su portavoz Hugo Sorrentini, quienes afirmaron por separado que los electrodependientes iban a recibir prioridad luego de que la empresa atienda áreas críticas como las líneas de transmisión que estabilizan el sistema eléctrico y los hospitales.

En Puerto Rico, a pesar de la falta de un registro nacional, la Ley 152 del 19 de julio de 1998 permite a los pacientes recibir subsidios por consumo de energía con equipos necesarios para conservar la vida. Un informe de LUMA indica que unas 2,799 personas están acreditadas para recibirlo. Esto apenas representa el 6% de los pacientes identificados por emPOWER Program, una herramienta del gobierno federal que ofrece datos de los electrodependientes, y por el registro de infantes, niños y adolescentes del DS.

La base de datos nacional se pudo haber creado a partir del 2021, si el Senado hubiera aprobado el proyecto de ley P del S 281, que buscaba crear el registro de pacientes de diálisis y con necesidades especiales, con el fin de crear un plan que garantice su sobrevivencia.

Pero el secretario de Salud, Carlos Mellado, dijo durante las vistas públicas que esa responsabilidad debía recaer en los municipios. Los electrodependientes no solo son vulnerables durante los desastres naturales, sino siempre, dado el frágil sistema eléctrico de Puerto Rico, donde se va la luz con frecuencia sin que haya una tormenta.

Alexis Torres, secretario del Departamento de Seguridad Pública, también le sacó el cuerpo a que su agencia hiciera la lista, al sostener en las vistas públicas que ese trabajo debía recaer en los municipios y en el Departamento de Salud. El desacuerdo entre la Rama Ejecutiva estaba claro.

Nelson Torres Yordán, el entonces director ejecutivo de la Asociación de Alcaldes, que agrupa a mandatarios del Partido Popular Democrático (PPD), devolvió el balón a Mellado: “Esto es una facultad inherente al Departamento de Salud”, expresó. Y la Federación de Alcaldes, que reúne a los jefes de ayuntamientos del Partido Nuevo Progresista (PNP), añadió que el registro no debía ser impuesto a los municipios. Como los municipios y las agencias de salud y seguridad evadieron la responsabilidad, se colgó la legislación.

“Esto es un asunto de luchas y desacuerdos entre agencias estatales y de los municipios”, dijo Ralph Rivera, principal investigador del Centro de Preparación en Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas, en respuesta al fracaso del proyecto de ley. “Si tuviéramos ese registro, en teoría no hubiera que improvisar después del desastre”.

La medida bipartita, de los senadores Gregorio Matías (PNP) y Gretchen Hau (PPD), buscaba que el Gobierno estuviera listo para no tener que solicitar esos datos a nadie durante una emergencia: precisamente evitar la posición en que estaba LUMA, haciendo una lista de pacientes vulnerables a veinticuatro horas de que llegara la tormenta Ernesto.

El tras bastidores de estas decisiones tomadas al interior del DS, que pueden significar la vida o la muerte para las personas, es ahora público, ya que el CPI accedió a miles de emails, informes y otros documentos tras una demanda de acceso a la información, presentada en diciembre de 2023. Estas comunicaciones demuestran que en la agencia hay un cuadro peligroso de desinformación, negligencia y falta de continuidad de las iniciativas necesarias para socorrer a los más vulnerables. Otros documentos sobre este mismo asunto se obtuvieron tras una petición de información al gobierno federal por medio del Freedom of Information Act (FOIA).

Apagón significa peligro

Flaquito, medio encorvado y de 21 años, Carlos Manuel Cruz le sonríe a su mamá, a la enfermera y al visitante. No ve, no habla, pero siente. Dibujó en el aire un sol imaginario con la mano derecha, y luego imitó los sonidos del galope de un caballo y del croar de un sapo. El síndrome de Klinefelter, condición genética que solo afecta a los hombres, había frenado el desarrollo de su cuerpo. Padece ceguera y dificultades para comprender qué sucede a su alrededor. Durante la primera semana de junio, estaba ajeno a que, en su casa, en el barrio Pasto de Coamo, se había interrumpido la electricidad. La explosión de un transformador de la red eléctrica que administra LUMA provocó un apagón en Coamo, Santa Isabel y Aibonito. Una semana después del paso de la tormenta Ernesto, su vecindario aún estaba a oscuras.

Cuando se va la luz, para los padres de Carlitos se activa una alerta de peligro. Tienen que “correr a prender una planta eléctrica o buscar gasolina”, explicó su madre, Lizzie Santiago. A Carlitos la epilepsia le provoca convulsiones y le baja la oxigenación, y tiene que recibir terapias con el concentrador de oxígeno, un aparato que depende de electricidad.

Mientras el Gobierno aún no ha creado el registro global de estos pacientes, el gobierno federal tiene disponible desde 2013 la base de datos emPOWER, que identifica a más de 44,000 electrodependientes en Puerto Rico. Esta lista es limitada: solo incluye a beneficiarios del programa de Medicare, que están conectados a alimentadores, camas de posiciones y máquinas de diálisis, entre otros equipos.

Durante las vistas públicas por el proyecto de ley que buscaba crear el registro de pacientes de diálisis y con necesidades especiales, el Secretario de Salud indicó que esa información ya la tenía emPOWER. Eran declaraciones engañosas.

Los documentos obtenidos tras la demanda del CPI confirman que el DS ha dado un uso muy limitado a esos datos y que ha incurrido en un patrón de errores con esa herramienta. El Secretario no dijo a los legisladores que su agencia obvió usar los datos de emPOWER durante el peor desastre natural en la historia moderna de Puerto Rico, la dupla de huracanes Irma y María. Y tampoco informó que, aunque solicitó al gobierno federal los datos de los pacientes identificados tras los terremotos de 2020, no los compartió con los funcionarios de primera respuesta municipales que estaban necesitados de información sobre quiénes eran y dónde estaban los electrodependientes. El problema se repitió en 2022 luego del huracán Fiona, que causó un apagón general.

El programa emPOWER publica datos agregados (sin identificar información personal de los pacientes), para que el gobierno pueda hacer planes de preparación y respuesta. Cuando hay una emergencia, entonces sí ofrece la información personal, para que los gobiernos estatales y municipales puedan identificar, localizar y rescatar a estas personas vulnerables. Desde antes del huracán María, el Departamento de Salud ha tenido oportunidades para adiestrarse sobre cómo funciona esa herramienta, según documentan los emails.

El exsecretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, aseguró a Notiséis 360, en septiembre de 2019, que esa información no estaba disponible para el huracán María.

Según Rodríguez Mercado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos federal (HHS) “no se lo dejaba usar a los territorios y a algunos estados. Y por lo que pasó en María lo están dejando usar”.

La agencia federal desmintió tajantemente esas expresiones. “Esas declaraciones son incorrectas”, dijo un portavoz de HHS al CPI, y aseguró que los datos con identificadores individuales de los pacientes sí estaban disponibles.

Mellado y Shirley Esquilín, directora de la Oficina de Preparación y Coordinación en Respuesta de Salud Pública, no aceptaron peticiones de entrevista del CPI. La agencia aseguró por escrito que emPOWER solo le provee las direcciones de los pacientes dependientes de electricidad. Pero HHS envió otras declaraciones que desmienten esa aseveración: “los datos identificados, incluyendo nombres, direcciones y tipos de equipo que usan [los pacientes], han estado disponible para oficiales de estados y territorios desde 2013, para actividades de salvar vidas, en respuesta a los desastres, incluyendo huracanes”.

Para que Salud pueda compartir la información de pacientes particulares con los funcionarios de primera respuesta, estos deben firmar un acuerdo federal de intercambio de información y recibir un entrenamiento sobre la ley HIPAA, que protege la privacidad de los pacientes.

“No sé cuál es ese celo de Salud en guardar los datos, si no puede hacer nada solo. Si se pone a guardar los datos, entonces no está haciendo salud pública”, dijo al CPIMariola Rivera, una neumóloga pediátrica que ha sido vocal en la red social Twitter (X)sobre la importancia de usar esa información para atender a los electrodependientes.

“No es una cosa difícil hacer un curso de HIPAA. Te toma una mañana. Bien fácil. Salud tiene que aprender a delegar. ¿Por qué crear tanto problema y tanto obstáculo cuando puede ser algo tan sencillo? Es impresionante que llevemos tantos años peleando por una cosa tan sencilla”, añadió Rivera.

“A ciegas” las sin fines de lucro durante las emergencias

Dos importantes organizaciones sin fines de lucro, la Cruz Roja Americana y la Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP), fueron a La Fortaleza el 5 de agosto de 2022, a recomendar precisamente lo que el Gobierno había rechazado un año antes: una lista sobre los pacientes con necesidades especiales.

Aunque una portavoz del Departamento de Salud indicó al CPI que desconoce de la recomendación de la Cruz Roja, la directora ejecutiva de esa organización de respuesta a desastres, Lee Feliciano, confirmó que le hicieron la recomendación en la reunión de La Fortaleza de ese 5 de agosto, hace dos años, ante funcionarios del DS y del NMEAD. Les pidieron una mejor estrategia de preparación y respuesta a los desastres. De uno de los emails obtenidos se desprende que al encuentro asistió Nivia Gerena, enlace de las poblaciones con necesidades funcionales y de acceso en el DS, Abner Torres, director del Área de Planificación del NMEAD, y Ciení Rodríguez, secretaria del Departamento de la Familia, entre otros.

El registro, según Feliciano, “no se puede empezar a hacer en medio del desastre”. Debe estar actualizado constantemente y alimentarse con bases de datos gubernamentales, privadas y de organizaciones sin fines de lucro, lo que se puede hacer en cumplimiento con la ley HIPAA, dijo. “Debe ser una herramienta para nosotros, organizaciones sin fines de lucro y organizaciones como los departamentos de emergencia de los municipios, para ayudar a preparar mejor a esas familias cuando viene ese desastre. Sin la información es muy difícil hacerlo. Porque estamos actuando después del desastre y no antes”, añadió.

La Cruz Roja, al igual que el Gobierno, orienta a la población sobre la importancia de que cada individuo asuma responsabilidad por sí mismo y por su familia. “Esa educación a nivel general, que es mucho de lo que vemos, de preparación familiar y de cómo hacer la mochila de emergencias, está bien y es necesaria”, dijo al CPI Lee Feliciano. “Sin embargo hay unas poblaciones vulnerables que necesitan educación particularmente diseñada para ellos y ellas, como la comunidad de sordos y las personas encamadas. Y los cuidadores, que es gente que se agota. Hay que ver cómo ayudamos a esos cuidadores a estar mejor preparados para un desastre”, sostuvo. “Hubo personas de la comunidad sorda que se enteraron tarde de que venía el huracán María y de cuán potente era”.

José Acarón, director de AARP en Puerto Rico, manifestó su frustración cuando el CPI le preguntó por las listas. Su organización se había aliado al Departamento de Salud en 2015, dos años antes del huracán María, para colaborar en la creación del Registro de Poblaciones con Necesidades Funcionales y de Acceso. Los pacientes se inscribían de forma voluntaria, llamando a la línea de servicios gubernamentales 3-1-1.

La fallecida artista dominicopuertorriqueña Sandra Zaiter, quien quedó cuadrapléjica tras un trágico accidente en el mar en 1975, fue el rostro público de esa campaña. En 2016, con el cambio de gobierno, el DS abandonó la iniciativa, dijo Acarón.

“La única forma de atender esto es que haya voluntad desde arriba hacia abajo, desde el Gobierno de Puerto Rico, el federal, hasta los municipios. Y que sean las organizaciones sin fines de lucro las que ejecuten el plan. Pero están ciegas”, advirtió Acarón.

Salud le indicó al CPI que no administra este registro, sino que pertenece a Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1, adscrita al Departamento de Estado. “Según se nos ha informado, el Registro no se encuentra activo hace unos siete años aproximadamente. Es importante mencionar que ese registro no sustituía la responsabilidad y preparación individual. Cada residente debe desarrollar su propio plan de emergencias para su seguridad y la de su familia en caso de una emergencia”, dijo la portavoz de Salud.

Salud indicó que cuenta con el Registro de Niños Jóvenes Dependientes de Tecnología, creado después de los huracanes Irma y María en el 2017, que recoge datos de 299 menores de edad.

En su ponencia para el Proyecto del Senado 281, Mellado sostuvo que la actualización de los datos no podría hacerla su agencia porque no contaba con el recurso humano. La alegada necesidad de empleados contrasta con un patrón de uso de fondos públicos para contratar servicios profesionales de empresas de tecnología en esa agencia, con posibles cobros inflados y duplicidad de servicios, que poco han mejorado el rendimiento o datos disponibles en el DS, según una investigación del CPI.

En sus respuestas escritas al CPI, Salud sostuvo que ha desarrollado una visualización más amigable (“user friendly”) de los datos de emPower por municipio y por zona, sin identificar a los pacientes, además de un resumen general de datos agregados de esa plataforma que se actualiza mensualmente, para suministrar a las alcaldías.

Seis días después de que el CPI le enviara las preguntas al DS, el 7 de agosto de 2024, el Secretario de Salud emitió una orden que obliga a las aseguradoras a reportar mensualmente a cuántos pacientes conectados a equipos médicos le dan cubierta. Esa orden administrativa, sin embargo, no obliga a que, cuando haya una emergencia, las aseguradoras suministren a Salud los nombres, las direcciones y las condiciones de salud de los pacientes para poder identificarlos y socorrerlos antes y durante los desastres.

El registro global funciona en otros países

Una noche de diciembre de 2015, en la Provincia de Buenos Aires, Mauro Stefanizzi despertó al escuchar unos ruidos guturales. Fue hasta el cuarto de Joaquín, su hijo de un año que padecía patologías pulmonares crónicas, y se percató de que el concentrador de oxígeno no estaba funcionando. Había ocurrido un apagón. Stefanizzi cobró conciencia de que las interrupciones en el servicio eléctrico podían matar a su hijo, contó al CPI. Además, había aumentado el costo de la electricidad y a Stefanizzi se le hacía difícil pagarla. Comenzó a hacer activismo y a aparecer en medios de comunicación, se le unieron familias y nació la Asociación Argentina de Electrodependientes (AADED). Una de sus tareas fue abogar por que el Estado aprobara la ley 27.351, que estableció un registro de pacientes y garantizó que tengan electricidad de forma permanente, aunque los beneficios comenzaron a afectarse con la llegada del presidente Javier Milei, según denuncia la AADED.

Los pacientes se inscriben en una lista del Ministerio de Salud argentino, que la actualiza cada mes y la comparte con el Ministerio de Energía, que a su vez envía los datos a los gobiernos provinciales. Estos costean la totalidad de la electricidad de los pacientes, explicó Stefanizzi. “Al Estado argentino le cuesta menos pagar la luz al paciente en su casa que tenerlo en un hospital en terapia intensiva. Como parte de la ley, no se le puede cortar la luz”, añadió. El Gobierno argentino parte de la premisa de que, si las empresas eléctricas no pueden controlar los apagones, entonces son responsables de costear los equipos de resguardo, como baterías, para que los electrodependientes puedan conectar sus aparatos. “La empresa monitorea las casas por conexión remota y, si las baterías se están quedando sin carga, va a reemplazarlas y manda un generador eléctrico”.

Colombia y Chile también cuentan con registros de electrodependientes

El 18 de junio de 2024, en una conferencia de prensa celebrada en respuesta a losapagones continuos y masivos de ese mes, el doctor Carlos Díaz Vélez, presidente delColegio de Médicos y Cirujanos, sostuvo que las interrupciones del servicio eléctricoagravan la crisis salubrista de Puerto Rico. Estos retrasan los tratamientos, las cirugíasy las pruebas de laboratorio de la población en general, y sobrecargan los hospitalespor causa de los electrodependientes que llegan por no tener energía en sus casas.

Los galenos recomendaron a Pierluisi un plan para que la crisis energética no afecte más la salud pública, lo que incluye crear un censo sobre los dependientes de electricidad.

Comentarios a emartinez@periodismoinvestigativo.com

Esta investigación es posible en parte con el apoyo de Hispanic Federation y The Fund for Investigative Journalism.

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A ciegas el restablecimiento de la energía eléctrica en Puerto Rico durante las emergencias

16 agosto, 2024 5:36 pm by

Por Wilma Maldonado, Luis Joel Méndez González, Damaris Suárez y Omaya Sosa Pascual / Centro de Periodismo Investigativo

Casi la mitad de los municipios de Puerto Rico tuvieron a todos sus barrios simultáneamente sin electricidad durante o después del paso de la tormenta Ernesto, que apenas tocó la Isla, sino que se trasladó entre 35 a 40 millas al norte de San Juan.

De los municipios que han estado a oscuras, varios son del área oeste o suroeste, que fue la región donde menos se sintieron los vientos.

Tres días después del evento, LUMA Energy, la compañía privada a cargo de la transmisión y distribución eléctrica de Puerto Rico, no ha explicado las causas para la interrupción eléctrica tan generalizada a consecuencia de la tormenta Ernesto, que se mantuvo en el Océano Atlántico con vientos de cerca de 55 millas por hora. Tampoco ha dado un estimado de cuándo se restablecerá el servicio cuya interrupción dejó sin electricidad a la mitad de la población.

Juan Saca, presidente de LUMA, reconoció que no “hemos visto nada catastrófico que haya pasado” en el sistema eléctrico, pero sí “mucho daño por todo el sistema” por árboles caídos sobre líneas y equipo derribado por “el tema del clima”. Dijo que todavía están “en el proceso de entender dónde hay más daños” al tiempo que mostraba complacencia de que presuntamente había casi 400,000 clientes sin luz el jueves, de más de 700,000 que había la noche anterior. “Se ha reducido dramáticamente el número de clientes sin servicio…Así es que vamos bien en cuanto a la recuperación”.

“Hasta que no terminemos esa evaluación no podemos darle al Pueblo de Puerto Rico una hora o fecha específica [de cuándo se restaurará el sistema]”, dijo Saca en conferencia de prensa mientras el gobernador Pedro Pierluisi, que estaba a su lado, le ayudaba a completar la contestación al periodista diciéndole que lo importante era que se estuviese “aumentando el número de personas con servicio”, y el presidente de la empresa repetía en el micrófono lo que Pierluisi le decía.

El viernes, al otro día de esa conferencia de prensa, LUMA dijo que aspiraba a tener para el domingo el 90% del servicio restablecido.

El Gobernador se mostró molesto cuando el CPI le preguntó en conferencia de prensa a qué se debe la lentitud en el proceso de recuperación del sistema eléctrico, específicamente en la región de Carolina, que en la página de LUMA no se indica qué municipios incluye, y donde ayer el porcentaje de clientes sin servicio al momento de la conferencia de prensa (1:55 p.m.) era de 60%, para 85,555. Hoy viernes, a las 9:35 de la mañana, era de 93%, para 131,799 clientes. Por cada cliente sin servicio, podría haber tres personas necesitadas de electricidad, tomando en cuenta que ese es el promedio de residentes que vive en los hogares de Puerto Rico, según la más reciente Encuesta Sobre la Comunidad.

“Algo que yo voy a decir por sentido común es que sabemos que el área Este fue el área mayormente impactada por los vientos de fuerza de tormenta tropical y en algunos casos hasta fuerza de vientos huracanados […] Digo esto porque no me sorprende que en el área este se esté tardando más el restablecer el servicio”, dijo el gobernador. Los municipios de la zona este recibieron entre tres y diez pulgadas de lluvia.

En un recorrido por los municipios de la región de Carolina el CPI pudo constatar que gran parte del impacto en la red eléctrica se relaciona a la falta de mantenimiento de las líneas, muchas de ellas enredadas en árboles y ramas. El director de operaciones de líneas de la región centro-sur de LUMA, Alejandro González, reconoció que allí “hay un problema de vegetación, el sistema está perdido, no hay control de vegetación. Estamos trabajando [con el problema]”.

González añadió que hace tres años comenzaron a trabajar con el manejo de la vegetación.

Por su parte, Juan Saca indicó que “el problema es que debajo de las líneas hay árboles que crecieron por décadas” e hizo énfasis en que “hay que despejar antes de poder comenzar a mantener las líneas”.

No se enteran

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) llamó a todos los alcaldes y alcaldesas de los 78 municipios para conocer cómo habían experimentado las interrupciones en sus barrios ante la falta de claridad de los mapas provistos por LUMA en su página electrónica y las imprecisiones del Gobierno, que se ha mantenido manos afuera en la respuesta del restablecimiento del servicio y en la exigencia de cuentas al operador privado.

Ni LUMA ni el Gobierno de Puerto Rico han dado información exacta sobre la energización de los municipios y el porcentaje de clientes con servicio por pueblo, como acostumbraba a hacer la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Incluso, el director de prensa y medios digitales de LUMA, Hugo Sorrentini, dijo al CPI que la compañía no tiene la capacidad de saber cómo está el servicio eléctrico en cada municipio. Esto pese a que los alcaldes y el personal municipal necesitan esa información porque son la primera línea de respuesta y apoyo a los ciudadanos durante emergencias.

“Ahora mismo no tengo el dato de cuáles puedan ser esos municipios [sin servicio Eléctrico]”, dijo Sorrentini.

Cuando se le planteó que había decenas de alcaldes que afirmaban que sus municipios quedaron 100% sin electricidad, Sorrentini dijo que era posible que eso hubiese ocurrido, pero se sostuvo en que LUMA no podía identificar cuáles eran esos municipios que quedaron completamente a oscuras, aunque aceptó que LUMA sí tiene esos datos que surgen de los alimentadores, pero aseguró que no los organizan por municipio.

La AEE actualizaba esta información cuando había apagones por situaciones de emergencia.

El miércoles, mientras Ernesto se alejaba de la costa noreste, el CPI le solicitó a Sorrentini el desglose por municipio de los 750,000 clientes que la compañía alegaba que no tenían servicio, y este dijo que LUMA no podía proveer esa información porque no la tenía recopilada de esa manera. Según explicó, el sistema cuenta con un total de 1,127 alimentadores distribuidos en seis regiones y estas líneas — que sirven a entre 500 y 10,000 abonados cada una — cruzan municipios.

Aseguró que, para saber cómo se distribuyen estos clientes por municipio, tendrían que verificar uno por uno los 1,127 alimentadores y recoger manualmente la información, lo cual tomaría mucho tiempo.

“No tenemos estadísticas por municipio porque el sistema corre por regiones operacionales, porque los alimentadores de las líneas que van desde los alimentadores hasta las comunidades recorren varios municipios”, indicó. “Hasta que no tengamos esos contadores inteligentes no podemos saber cuántos contadores hay y dónde están”, añadió.

La instalación de 1.5 millones de contadores inteligentes tomaría por lo menos tres años a un costo de $875 millones.

Sin embargo, el exdirector ejecutivo interino de la AEE, Justo González, dijo al CPI que LUMA tiene la capacidad de enterarse en tiempo real de la situación del sistema por municipio. Por ejemplo, explicó que la compañía eléctrica dispone de un equipo de recolección de datos que, entre otras cosas, tiene la capacidad para asociar el número de teléfono del cliente que llama para poner una querella con el número de contador y que esa información se registra en un centro de información que está en las mismas subestaciones y de ahí al área comercial, donde está toda la información de los clientes.

LUMA anunció el miércoles que no recibiría más querellas de interrupción de servicio de los ciudadanos mediante su página web y su aplicación móvil, según publicó Metro. No se explicó por qué se tomó esa determinación y pidió a las personas afectadas que llamaran por teléfono al 1-844-888-5862.

Sin luz en todos los puntos cardinales

De los más de 60 ejecutivos municipales que respondieron al CPI personalmente o por medio de sus portavoces, 30 dijeron que tuvieron a sus municipios en un 100% sin servicio eléctrico en algún momento, y en muchos casos, durante varias horas. En el caso de Patillas y Canóvanas, el CPI encontró en páginas de Facebook, como la de la alcaldesa o el propio ayuntamiento, que también estuvieron sin el servicio en su totalidad. Fajardo y Lajas lo hicieron público en varios medios.

Otros 17 municipios tuvieron entre 60% y 95% de sus barrios sin luz en algún momento desde el martes que inició el paso de la tormenta, y el jueves. Los alcaldes aclararon que los porcentajes son estimados de acuerdo a los reportes que recibieron de la gente y las visitas del personal municipal y de los propios ejecutivos municipales a los barrios.

San Juan, la ciudad capital, tuvo aproximadamente 40% de la población sin servicio eléctrico, según un portavoz de prensa del alcalde Miguel Romero.

Los más afortunados fueron los municipios de Cataño, Toa Baja y Manatí, que informaron haber tenido solo un 1%, 3% y 10%, respectivamente, de sus residentes sin luz.

La mayoría de los municipios que se quedaron totalmente a oscuras están en la región central y este de Puerto Rico, incluyendo a Vieques y Culebra.

Varios alcaldes, como el de Dorado, el popular Carlos López, se quejaron a través de los medios de comunicación de que la coordinación con LUMA ha sido ineficiente, pues los ejecutivos municipales han citado para reuniones virtuales por la plataforma Zoom, en las cuales solo hablan representantes de la empresa y no se les permite presentar sus preguntas o prioridades, sino que se les sugiere enviarlas por correo electrónico.

Los oficiales de prensa de los municipios de Ponce y de San Juan, Eduardo Questell y Aníbal Jover, escribieron por separado al CPI que la comunicación con LUMA ha sido nula. La directora de la Oficina de Planificación, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Económico de Loíza, Yeidy Mar Escobar Del Valle, dijo lo mismo.

El alcalde penepé de Aibonito, William Alicea Pérez, afirmó que el miércoles nadie en el pueblo tenía servicio eléctrico. Completamente apagados estaban también sus vecinos de Coamo, Salinas, Cayey, Cidra, Comerío y Barranquitas.

El alcalde popular de Coamo, Juan Carlos García Padilla, informó que a las 5:00 a.m. del miércoles, el 100% del municipio se quedó sin luz debido a que colapsó la línea de respaldo (numerada 4800).

El alcalde penepé de Barranquitas, Elliot Colón Blanco, dijo que, aunque inicialmente se le indicó que la falta de energía fue provocada por el sistema de autoprotección, entendía que la situación se había tornado más compleja porque los vientos que soplaron durante el día tumbaron algunos tendidos y postes.

“Aquí ha habido mucha lluvia, pero poco viento. No hay ninguna razón para que el 100% de mi ciudad esté sin servicio. No ha habido ninguna comunicación de LUMA dirigida a decirnos la condición del sistema, anticipar los planes de cuándo regresa el servicio. Esa es mi frustración, porque parece que no aprendimos de Fiona, que precisamente por eso fue que los municipios entramos a levantar la red”, dijo el alcalde popular de Villalba, Luis Javier Hernández, quien además preside la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico.

De manera similar se expresó el ejecutivo municipal popular de Juana Díaz, Ramón Antonio Hernández, que tuvo a más de la mitad de los residentes sin el servicio eléctrico desde la madrugada del miércoles. “La entrega total de la AEE a compañías privadas, a hacer trabajos chapuceros”, respondió el alcalde cuando se le preguntó cuál ha sido la causa de la falta de servicio eléctrico. “La incompetencia que ha demostrado LUMA” porque, según dijo, no observó en su pueblo postes caídos que provocaran la interrupción del servicio o retrasarán su restablecimiento.

Municipios de la región oeste, que fue donde menos se sintieron los vientos con fuerza de tormenta, también perdieron el servicio entre un 50% y 100% de sus territorios.

“La realidad es que aquí, en Lajas, los daños [al sistema eléctrico] fueron prácticamente mínimos, nada que no se hubiese podido resolver en menos de 24 horas, pero, pues así opera LUMA”, expresó el alcalde penepé de Lajas y exempleado de la AEE, Jayson Martínez, en su página personal de Facebook. “Es frustrante como esta compañía, la cual tiene un montón de millones de dólares para fortalecer un sistema de energía eléctrica y que quede mejor, pues sin que pasara nada, ya llevamos dos días sin servicio de energía eléctrica”, se quejó.

Por el contrario, el alcalde popular de Hormigueros, Pedro García, atribuyó la falta de servicio eléctrico en su pueblo a que este se suple de la subestación de Las Acacias que se encuentra en un sector inundable y que además es muy vieja por lo que siempre que hay lluvias fuertes se va el servicio eléctrico.

El alcalde popular de Arroyo, Eric E. Bachier Román, informó que el servicio de energía en su municipio fue interrumpido en el 85% del pueblo desde las 2:00 de la mañana del miércoles hasta aproximadamente las 7:30 de la noche de ese mismo día. Rincón experimentó hasta un 90% de clientes sin luz, indicó un portavoz del alcalde popular, Carlos López Bonilla.

El alcalde popular de Arecibo, Carlos Ramírez, indicó que, en la noche del martes y madrugada del miércoles, más de la mitad de la población tenía energía eléctrica en sus hogares, pero que el jueves el número de personas sin luz aumentó a cerca del 80%.

Las fluctuaciones en el voltaje en Arecibo provocaron daños en el motor y fusibles de la estación de bombas Dos Millones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) lo que ocasionó que dejara de operar y dejó a miles de clientes sin agua en sectores de Arecibo y Hatillo.

La falta de energía eléctrica también provocó la interrupción del servicio de agua potable en varios sectores de todos los municipios. El viernes 257,000 clientes de la AAA seguían sin el servicio de agua potable en sus hogares, según expresó la directora ejecutiva de la corporación pública Doriel Pagán a El Vocero.

Pagán indicó que de 50 plantas de filtración que están en operación, 31 operaban con generadores.

La mayoría de los alcaldes y alcaldesas no sabían a ciencia cierta por qué en sus pueblos falló el servicio eléctrico total o parcialmente. Algunos ejecutivos municipales, como el de Sabana Grande, el de Aibonito y el de Comerío, mencionaron el colapso de líneas de distribución como la razón para la falta de energía eléctrica en sus pueblos. El jueves en la noche hubo un fuego en una subestación de Carolina que volvió a dejar a la gente sin luz después de que ya tenían el servicio. Otra avería afectó anoche a sectores de Hatillo y Arecibo.

“Imagínate que viniera un huracán de verdad. Estaríamos meses y meses sin energía eléctrica”, expresó el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez Pérez, quien aspira a la gobernación por el partido Proyecto Dignidad.

Los periodistas José M. Encarnación, Eliván Martínez y Vanessa Colón Almenas contribuyeron en esta historia.

Por Wilma Maldonado, Luis Joel Méndez González, Damaris Suárez y Omaya Sosa Pascual / Centro de Periodismo Investigativo

Casi la mitad de los municipios de Puerto Rico tuvieron a todos sus barrios simultáneamente sin electricidad durante o después del paso de la tormenta Ernesto, que apenas tocó la Isla, sino que se trasladó entre 35 a 40 millas al norte de San Juan.

De los municipios que han estado a oscuras, varios son del área oeste o suroeste, que fue la región donde menos se sintieron los vientos.

Tres días después del evento, LUMA Energy, la compañía privada a cargo de la transmisión y distribución eléctrica de Puerto Rico, no ha explicado las causas para la interrupción eléctrica tan generalizada a consecuencia de la tormenta Ernesto, que se mantuvo en el Océano Atlántico con vientos de cerca de 55 millas por hora. Tampoco ha dado un estimado de cuándo se restablecerá el servicio cuya interrupción dejó sin electricidad a la mitad de la población.

Juan Saca, presidente de LUMA, reconoció que no “hemos visto nada catastrófico que haya pasado” en el sistema eléctrico, pero sí “mucho daño por todo el sistema” por árboles caídos sobre líneas y equipo derribado por “el tema del clima”. Dijo que todavía están “en el proceso de entender dónde hay más daños” al tiempo que mostraba complacencia de que presuntamente había casi 400,000 clientes sin luz el jueves, de más de 700,000 que había la noche anterior. “Se ha reducido dramáticamente el número de clientes sin servicio…Así es que vamos bien en cuanto a la recuperación”.

“Hasta que no terminemos esa evaluación no podemos darle al Pueblo de Puerto Rico una hora o fecha específica [de cuándo se restaurará el sistema]”, dijo Saca en conferencia de prensa mientras el gobernador Pedro Pierluisi, que estaba a su lado, le ayudaba a completar la contestación al periodista diciéndole que lo importante era que se estuviese “aumentando el número de personas con servicio”, y el presidente de la empresa repetía en el micrófono lo que Pierluisi le decía.

El viernes, al otro día de esa conferencia de prensa, LUMA dijo que aspiraba a tener para el domingo el 90% del servicio restablecido.

El Gobernador se mostró molesto cuando el CPI le preguntó en conferencia de prensa a qué se debe la lentitud en el proceso de recuperación del sistema eléctrico, específicamente en la región de Carolina, que en la página de LUMA no se indica qué municipios incluye, y donde ayer el porcentaje de clientes sin servicio al momento de la conferencia de prensa (1:55 p.m.) era de 60%, para 85,555. Hoy viernes, a las 9:35 de la mañana, era de 93%, para 131,799 clientes. Por cada cliente sin servicio, podría haber tres personas necesitadas de electricidad, tomando en cuenta que ese es el promedio de residentes que vive en los hogares de Puerto Rico, según la más reciente Encuesta Sobre la Comunidad.

“Algo que yo voy a decir por sentido común es que sabemos que el área Este fue el área mayormente impactada por los vientos de fuerza de tormenta tropical y en algunos casos hasta fuerza de vientos huracanados […] Digo esto porque no me sorprende que en el área este se esté tardando más el restablecer el servicio”, dijo el gobernador. Los municipios de la zona este recibieron entre tres y diez pulgadas de lluvia.

En un recorrido por los municipios de la región de Carolina el CPI pudo constatar que gran parte del impacto en la red eléctrica se relaciona a la falta de mantenimiento de las líneas, muchas de ellas enredadas en árboles y ramas. El director de operaciones de líneas de la región centro-sur de LUMA, Alejandro González, reconoció que allí “hay un problema de vegetación, el sistema está perdido, no hay control de vegetación. Estamos trabajando [con el problema]”.

González añadió que hace tres años comenzaron a trabajar con el manejo de la vegetación.

Por su parte, Juan Saca indicó que “el problema es que debajo de las líneas hay árboles que crecieron por décadas” e hizo énfasis en que “hay que despejar antes de poder comenzar a mantener las líneas”.

No se enteran

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) llamó a todos los alcaldes y alcaldesas de los 78 municipios para conocer cómo habían experimentado las interrupciones en sus barrios ante la falta de claridad de los mapas provistos por LUMA en su página electrónica y las imprecisiones del Gobierno, que se ha mantenido manos afuera en la respuesta del restablecimiento del servicio y en la exigencia de cuentas al operador privado.

Ni LUMA ni el Gobierno de Puerto Rico han dado información exacta sobre la energización de los municipios y el porcentaje de clientes con servicio por pueblo, como acostumbraba a hacer la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Incluso, el director de prensa y medios digitales de LUMA, Hugo Sorrentini, dijo al CPI que la compañía no tiene la capacidad de saber cómo está el servicio eléctrico en cada municipio. Esto pese a que los alcaldes y el personal municipal necesitan esa información porque son la primera línea de respuesta y apoyo a los ciudadanos durante emergencias.

“Ahora mismo no tengo el dato de cuáles puedan ser esos municipios [sin servicio Eléctrico]”, dijo Sorrentini.

Cuando se le planteó que había decenas de alcaldes que afirmaban que sus municipios quedaron 100% sin electricidad, Sorrentini dijo que era posible que eso hubiese ocurrido, pero se sostuvo en que LUMA no podía identificar cuáles eran esos municipios que quedaron completamente a oscuras, aunque aceptó que LUMA sí tiene esos datos que surgen de los alimentadores, pero aseguró que no los organizan por municipio.

La AEE actualizaba esta información cuando había apagones por situaciones de emergencia.

El miércoles, mientras Ernesto se alejaba de la costa noreste, el CPI le solicitó a Sorrentini el desglose por municipio de los 750,000 clientes que la compañía alegaba que no tenían servicio, y este dijo que LUMA no podía proveer esa información porque no la tenía recopilada de esa manera. Según explicó, el sistema cuenta con un total de 1,127 alimentadores distribuidos en seis regiones y estas líneas — que sirven a entre 500 y 10,000 abonados cada una — cruzan municipios.

Aseguró que, para saber cómo se distribuyen estos clientes por municipio, tendrían que verificar uno por uno los 1,127 alimentadores y recoger manualmente la información, lo cual tomaría mucho tiempo.

“No tenemos estadísticas por municipio porque el sistema corre por regiones operacionales, porque los alimentadores de las líneas que van desde los alimentadores hasta las comunidades recorren varios municipios”, indicó. “Hasta que no tengamos esos contadores inteligentes no podemos saber cuántos contadores hay y dónde están”, añadió.

La instalación de 1.5 millones de contadores inteligentes tomaría por lo menos tres años a un costo de $875 millones.

Sin embargo, el exdirector ejecutivo interino de la AEE, Justo González, dijo al CPI que LUMA tiene la capacidad de enterarse en tiempo real de la situación del sistema por municipio. Por ejemplo, explicó que la compañía eléctrica dispone de un equipo de recolección de datos que, entre otras cosas, tiene la capacidad para asociar el número de teléfono del cliente que llama para poner una querella con el número de contador y que esa información se registra en un centro de información que está en las mismas subestaciones y de ahí al área comercial, donde está toda la información de los clientes.

LUMA anunció el miércoles que no recibiría más querellas de interrupción de servicio de los ciudadanos mediante su página web y su aplicación móvil, según publicó Metro. No se explicó por qué se tomó esa determinación y pidió a las personas afectadas que llamaran por teléfono al 1-844-888-5862.

Sin luz en todos los puntos cardinales

De los más de 60 ejecutivos municipales que respondieron al CPI personalmente o por medio de sus portavoces, 30 dijeron que tuvieron a sus municipios en un 100% sin servicio eléctrico en algún momento, y en muchos casos, durante varias horas. En el caso de Patillas y Canóvanas, el CPI encontró en páginas de Facebook, como la de la alcaldesa o el propio ayuntamiento, que también estuvieron sin el servicio en su totalidad. Fajardo y Lajas lo hicieron público en varios medios.

Otros 17 municipios tuvieron entre 60% y 95% de sus barrios sin luz en algún momento desde el martes que inició el paso de la tormenta, y el jueves. Los alcaldes aclararon que los porcentajes son estimados de acuerdo a los reportes que recibieron de la gente y las visitas del personal municipal y de los propios ejecutivos municipales a los barrios.

San Juan, la ciudad capital, tuvo aproximadamente 40% de la población sin servicio eléctrico, según un portavoz de prensa del alcalde Miguel Romero.

Los más afortunados fueron los municipios de Cataño, Toa Baja y Manatí, que informaron haber tenido solo un 1%, 3% y 10%, respectivamente, de sus residentes sin luz.

La mayoría de los municipios que se quedaron totalmente a oscuras están en la región central y este de Puerto Rico, incluyendo a Vieques y Culebra.

Varios alcaldes, como el de Dorado, el popular Carlos López, se quejaron a través de los medios de comunicación de que la coordinación con LUMA ha sido ineficiente, pues los ejecutivos municipales han citado para reuniones virtuales por la plataforma Zoom, en las cuales solo hablan representantes de la empresa y no se les permite presentar sus preguntas o prioridades, sino que se les sugiere enviarlas por correo electrónico.

Los oficiales de prensa de los municipios de Ponce y de San Juan, Eduardo Questell y Aníbal Jover, escribieron por separado al CPI que la comunicación con LUMA ha sido nula. La directora de la Oficina de Planificación, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Económico de Loíza, Yeidy Mar Escobar Del Valle, dijo lo mismo.

El alcalde penepé de Aibonito, William Alicea Pérez, afirmó que el miércoles nadie en el pueblo tenía servicio eléctrico. Completamente apagados estaban también sus vecinos de Coamo, Salinas, Cayey, Cidra, Comerío y Barranquitas.

El alcalde popular de Coamo, Juan Carlos García Padilla, informó que a las 5:00 a.m. del miércoles, el 100% del municipio se quedó sin luz debido a que colapsó la línea de respaldo (numerada 4800).

El alcalde penepé de Barranquitas, Elliot Colón Blanco, dijo que, aunque inicialmente se le indicó que la falta de energía fue provocada por el sistema de autoprotección, entendía que la situación se había tornado más compleja porque los vientos que soplaron durante el día tumbaron algunos tendidos y postes.

“Aquí ha habido mucha lluvia, pero poco viento. No hay ninguna razón para que el 100% de mi ciudad esté sin servicio. No ha habido ninguna comunicación de LUMA dirigida a decirnos la condición del sistema, anticipar los planes de cuándo regresa el servicio. Esa es mi frustración, porque parece que no aprendimos de Fiona, que precisamente por eso fue que los municipios entramos a levantar la red”, dijo el alcalde popular de Villalba, Luis Javier Hernández, quien además preside la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico.

De manera similar se expresó el ejecutivo municipal popular de Juana Díaz, Ramón Antonio Hernández, que tuvo a más de la mitad de los residentes sin el servicio eléctrico desde la madrugada del miércoles. “La entrega total de la AEE a compañías privadas, a hacer trabajos chapuceros”, respondió el alcalde cuando se le preguntó cuál ha sido la causa de la falta de servicio eléctrico. “La incompetencia que ha demostrado LUMA” porque, según dijo, no observó en su pueblo postes caídos que provocaran la interrupción del servicio o retrasarán su restablecimiento.

Municipios de la región oeste, que fue donde menos se sintieron los vientos con fuerza de tormenta, también perdieron el servicio entre un 50% y 100% de sus territorios.

“La realidad es que aquí, en Lajas, los daños [al sistema eléctrico] fueron prácticamente mínimos, nada que no se hubiese podido resolver en menos de 24 horas, pero, pues así opera LUMA”, expresó el alcalde penepé de Lajas y exempleado de la AEE, Jayson Martínez, en su página personal de Facebook. “Es frustrante como esta compañía, la cual tiene un montón de millones de dólares para fortalecer un sistema de energía eléctrica y que quede mejor, pues sin que pasara nada, ya llevamos dos días sin servicio de energía eléctrica”, se quejó.

Por el contrario, el alcalde popular de Hormigueros, Pedro García, atribuyó la falta de servicio eléctrico en su pueblo a que este se suple de la subestación de Las Acacias que se encuentra en un sector inundable y que además es muy vieja por lo que siempre que hay lluvias fuertes se va el servicio eléctrico.

El alcalde popular de Arroyo, Eric E. Bachier Román, informó que el servicio de energía en su municipio fue interrumpido en el 85% del pueblo desde las 2:00 de la mañana del miércoles hasta aproximadamente las 7:30 de la noche de ese mismo día. Rincón experimentó hasta un 90% de clientes sin luz, indicó un portavoz del alcalde popular, Carlos López Bonilla.

El alcalde popular de Arecibo, Carlos Ramírez, indicó que, en la noche del martes y madrugada del miércoles, más de la mitad de la población tenía energía eléctrica en sus hogares, pero que el jueves el número de personas sin luz aumentó a cerca del 80%.

Las fluctuaciones en el voltaje en Arecibo provocaron daños en el motor y fusibles de la estación de bombas Dos Millones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) lo que ocasionó que dejara de operar y dejó a miles de clientes sin agua en sectores de Arecibo y Hatillo.

La falta de energía eléctrica también provocó la interrupción del servicio de agua potable en varios sectores de todos los municipios. El viernes 257,000 clientes de la AAA seguían sin el servicio de agua potable en sus hogares, según expresó la directora ejecutiva de la corporación pública Doriel Pagán a El Vocero.

Pagán indicó que de 50 plantas de filtración que están en operación, 31 operaban con generadores.

La mayoría de los alcaldes y alcaldesas no sabían a ciencia cierta por qué en sus pueblos falló el servicio eléctrico total o parcialmente. Algunos ejecutivos municipales, como el de Sabana Grande, el de Aibonito y el de Comerío, mencionaron el colapso de líneas de distribución como la razón para la falta de energía eléctrica en sus pueblos. El jueves en la noche hubo un fuego en una subestación de Carolina que volvió a dejar a la gente sin luz después de que ya tenían el servicio. Otra avería afectó anoche a sectores de Hatillo y Arecibo.

“Imagínate que viniera un huracán de verdad. Estaríamos meses y meses sin energía eléctrica”, expresó el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez Pérez, quien aspira a la gobernación por el partido Proyecto Dignidad.

Los periodistas José M. Encarnación, Eliván Martínez y Vanessa Colón Almenas contribuyeron en esta historia.

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SERIE: La “encerrona” de LUMA… Lecciones de la privatización por Ondeo no se aplicaron a LUMA

18 julio, 2024 7:24 am by

Por Damaris Suárez | Centro de Periodismo Investigativo

A la inestabilidad del servicio, las averías y las fluctuaciones de electricidad que experimentan los puertorriqueños, se suman el aumento continuo del costo operacional de la privatizadora LUMA Energy.

“LUMA se ha mantenido dentro de su presupuesto anual para cada año fiscal”, dijo mediante declaraciones escritas el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), que fiscaliza y asegura la ejecución e implementación de la política pública del servicio eléctrico. Pero esas expresiones son engañosas porque dan la impresión de que no se le han aumentado las partidas presupuestarias desde que LUMA asumió la administración del sistema de transmisión y distribución eléctrica.

El ente regulador aprobó aumentar de $636 a $693 millones el presupuesto operacional y para mejoras de capital con fondos del gobierno local para el año fiscal 2024 a 2025. Ese presupuesto se utiliza para dar mantenimiento y operar el sistema de transmisión y distribución de energía.

El Gobierno paga, además, una compensación anual al consorcio por administrar el sistema. Desde que entró en vigor el contrato suplementario en 2021, LUMA también ha solicitado y se le han aprobado aumentos en su compensación, que acumulativamente ya suman $500 millones hasta el 30 de junio de 2025.

En su primer año administrando la red, LUMA cobró $115 millones, cifra que está sujeta a revisión anual por concepto de inflación, según dispone el contrato suplementario. Inicialmente, se habían presupuestado $100.6 millones para ese año fiscal 2021-2022, confirmó el NEPR al Centro de Periodismo Investigativo (CPI). “La tarifa para el año fiscal 2025 es de $135 millones”, informó mediante declaraciones escritas la empresa.

Cuando LUMA pide más dinero, resuena el caso de Ondeo

Tras los apagones continuos, sumados a los cortes masivos de luz en junio, el sector empresarial, organizaciones sin fines de lucro y políticos que favorecieron la contratación de LUMA han pedido una mayor fiscalización y hasta la cancelación del contrato.

El reclamo de que se cancele el acuerdo remite al momento histórico en que la administración de la exgobernadora Sila María Calderón retomó la operación pública del sistema de suministro de agua, al cancelar el contrato de privatización con la empresa Ondeo, que había otorgado apenas un año y medio antes.

El exgobernador Pedro Rosselló González había privatizado en 1995 la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), al otorgarle un contrato a la Compañía de Aguas PSG, subsidiaria de la empresa franco-española Vivendi. La empresa acumuló un déficit de $325 millones y, según informes de la Oficina del Contralor, tampoco mejoró el servicio.

Este contrato venció en 2002 y, bajo la administración de Calderón, se determinó mantener la operación en manos privadas y abrir el proceso para recibir propuestas de otras compañías. El Gobierno escogió en 2002 a Ondeo, subsidiaria de la empresa francesa Suez, por $400 millones anuales.

Se trataba de un contrato de diez años con una empresa de reconocimiento mundial en manejo de sistema de aguas. La administración de Calderón lo canceló a los 18 meses de otorgado porque la compañía solicitaba $100 millones para cubrir el déficit del primer año de operación y un aumento de $27 millones al pago anual, dijo en entrevista con el CPI Juan Agosto Alicea, quien lideró el proceso de adjudicación y cancelación del contrato con Ondeo.

Héctor Rosario Hernández, exdirector ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, ya había dicho en una vista senatorial en 2021 que si “el contrato [de LUMA] incluye un incentivo por buen desempeño, también debe incluir penalidades por desempeño insatisfactorio”.

“Hay diferencias sustanciales entre el contrato con Ondeo y el de LUMA. Por ejemplo, Ondeo tenía penalidades por el pobre desempeño. Además, contrario a LUMA, en aquella ocasión se escogió una empresa con experiencia en el manejo de sistemas pluviales. LUMA se creó para contratar en Puerto Rico”, dijo Héctor Rosario Hernández, quien también fue parte del comité que trabajó en el acuerdo con Ondeo.

LUMA es un consorcio tejanocanadiense formado en enero de 2020 entre las empresas ATCO, Quanta Services y IEM.

La administración Calderón se aseguró además de que la empresa asumiera cualquier costo adicional a la cantidad anual pactada para la operación, dijo por su parte Agosto Alicea. El contador público autorizado, a quien se le llamó entonces “el Super Secretario”, fue secretario del Departamento de Hacienda en 1985 y luego presidente de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento y de la AAA, esta última posición durante el contrato con Ondeo.

Agosto Alicea y Rosario Hernández señalaron que las cláusulas contractuales que salvaguardaban la operación adecuada de la empresa, la fiscalización de la ejecución y los límites presupuestarios facilitaron la cancelación del contrato al primer intento de Ondeo de aumentar el dinero público anual pactado.

La parte más importante de un contrato de este tipo es que la compañía asuma el déficit, porque es la que va a administrar, dijo Agosto Alicea. Explicó que esta cláusula — a la que inicialmente Ondeo se rehusaba — fue recomendada por los miembros de un grupo asesor que evaluó todas las jurisdicciones y países en los que se había privatizado el sistema de acueductos.

Rosario Hernández y Agosto Alicea coincidieron en que una movida estratégica que permitió al Gobierno retomar las operaciones del sistema de aguas fue obligar a la privatizadora a mantener la plantilla de trabajadores.

“Mantienes la memoria institucional. Aquí no se obligó a LUMA y parte de lo que estamos viendo es que el personal que ha contratado [LUMA] desconoce de las operaciones diarias del sistema”, indicó Rosario Hernández. Uno de los ejemplos más evidentes fue el traslado del transformador a Santa Isabel, que no solo no funcionó, sino que, en otras circunstancias, personal de la AEE lo hubiera podido mover a menor costo y en menos tiempo, ya que eso formaba parte de las tareas regulares de la corporación, sostuvo.

“La única experiencia que tiene LUMA es administrando un sistema muy pequeño en Montana [en Estados Unidos], donde el clima de invierno ‘poda’ la vegetación naturalmente. Es evidente que no entienden que nuestra poda, a la que le han adjudicado los problemas de averías y apagones, se tiene que hacer regularmente”, añadió.

La exgobernadora Sila María Calderón declinó ofrecer declaraciones sobre el proceso que redundó en la cancelación del contrato a Ondeo.

“Lo primero que deberíamos hacer es legislar para que la administración de ese contrato, en vez de ser la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, esa administración pase a la Autoridad de Energía Eléctrica, donde hay el peritaje para fiscalizar su cumplimiento”, recomendó Rosario Hernández, quien fue director ejecutivo de la AEE y parte de la Junta de Directores de la AAA durante el proceso de contratación con Ondeo.

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Serie del CPI: La “encerrona” de LUMA… El Gobierno le saca el cuerpo a fiscalizar a LUMA

17 julio, 2024 7:34 am by

Por Eliván Martínez Mercado, Damaris Suárez y Gabriela Carrasquillo | Centro de Periodismo Investigativo

Los apagones causaron que Pamela López tirara al zafacón el pollo con el que iba a rellenar más de doscientas empanadas. Sin posibilidad de mantener la nevera fría, se le dañó la comida que iba a vender a mediados de junio, durante la inauguración de su negocio Café-Tin en el barrio sanjuanero de Santurce. “No sólo se pierde el material, sino las horas de trabajo”, dijo López al Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

El CPI preguntó al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) cuáles son las métricas mínimas que la empresa debe cumplir para no cancelar el contrato. El ente regulador respondió que ese asunto contractual lo deben dilucidar LUMA y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP).

Cuando el CPI preguntó al director ejecutivo de la AAPP, Fermín Fontanés, cuáles son las métricas mínimas para no cancelar el contrato, este devolvió la papa caliente al ente regulador. “Las métricas con las que tiene que cumplir LUMA Energy las establece el Negociado de Energía de Puerto Rico”, dijo el funcionario, y añadió que entrarán en vigor cuando la AEE reestructure su deuda y comience el contrato a quince años.

Depender del fin de la reestructuración de la deuda de la AEE para fiscalizar a LUMA es apostar a la incertidumbre. La quiebra de la AEE ha sido el litigio más extenso de todas las reestructuraciones de deuda gubernamental, que comenzaron hace siete años. La jueza federal Laura Taylor Swain, quien dirige los casos de la quiebra, pidió una negociación entre la Junta de Control Fiscal y los bonistas no asegurados, que debe darse en o antes del 8 de septiembre.

Aunque no haya venido una tormenta, los clientes de LUMA enfrentaron un promedio de 1,414 minutos de interrupciones de servicio de abril de 2023 a marzo de 2024, reportó el consorcio tejanocanadiense en su informe más reciente al NEPR. Luego vino la sucesión de apagones de junio.

Esos números no se han mantenido bajo los 1,243 minutos que el Negociado de Energía estableció como desempeño mínimo que espera de LUMA. Ese fue, según el NEPR, el desempeño en 2020 de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que manejaba el sistema energético antes de que entrara el consorcio privado hace tres años.

El contrato indica, en la sección 14.1 inciso K, que LUMA estaría en incumplimiento si no satisface los mínimos de rendimiento de tres métricas clave por tres años consecutivos. La duración de interrupciones del servicio, que no ha mejorado bajo LUMA al entrar a su tercer año de administración del sistema, es una de esas métricas clave.

Pamela tampoco pudo encender el horno para hornear las empanadas al estilo argentino. Las pocas que le quedaban en el congelador las preparó en el centro comunitario La Goyco, en la calle Loíza, y las regaló entre los vecinos. “El negocio lo estamos sacando de nuestro bolsillo”, añadió López, haciendo hincapié en cómo la crisis energética le hace perder dinero. La actividad económica, la calidad de vida de los puertorriqueños y la salud de los enfermos conectados a aparatos eléctricos se afectan con cada apagón.

En la Placita de Santurce, el restaurante de comida criolla La Alcapurria Quemá sufrió pérdidas de más de $7,000 solo en ingredientes durante los apagones que dejaron al negocio casi cinco días sin luz en junio. En la cocina, tuvieron que deshacerse del bistec que acababan de comprar y del que ya estaba adobado. Se fueron a juste las chuletas, los camarones y el pulpo. A eso hay que añadir las pérdidas de las ventas que no se hicieron, del trabajo adicional de desinfección y de los empleados que no pudieron trabajar.

“No importa si llevas veinte años de establecido como nosotros o un día. Esto es una pérdida terrible”, dijo la dueña de La Alcapurria Quemá, Sonia Vizcarrondo. “La luz se iba, pero eso nunca nos había afectado tanto”.

A LUMA le queda mucho camino por recorrer si quiere llegar a la meta de solo 102 minutos del indicador System Average Interruption Duration Index (SAIDI), que promedia la duración total de los cortes de luz. El NEPR estableció esa meta de desempeño usando como referencia las compañías eléctricas con características similares a la red eléctrica puertorriqueña y que tienen buenos números. Hawái, que cuenta con un sistema de transmisión y distribución aislado como el de Puerto Rico, mantuvo un SAIDI menor a 152 minutos entre 2015 y 2020.

La vara con la que se mide el desempeño de LUMA

En 2019, el NEPR solicitó a la AEE que informara cada tres meses sus métricas de desempeño. Estas métricas históricas sirven al regulador para fiscalizar y medir el desempeño de LUMA y de la otra empresa, Genera, que comenzó a administrar en 2023 las plantas de generación. El NEPR sostiene que puede multar por incumplir reglamentación u órdenes, según la Ley 57 de 27 de mayo de 2014, que creó al ente regulador.

La agencia indicó que toma como bueno que sea la empresa la que recoja los números y se los suministre. “De identificarse algo inusual, el NEPR realizaría una revisión más profunda y solicitaría información adicional de ser necesario… los regulados deben estar conscientes que mentir es procesable hasta criminalmente, y sujeto al menos, a multas económicas. Es la forma que operan otras comisiones, incluyendo la Federal Energy Regulatory Commission (FERC)”, según expresiones que envió el Negociado de Energía al CPI.

Cuando el CPI pidió las definiciones de las categorías de las distintas quejas que reporta la empresa bajo el renglón de “quejas formales” en su informe de métricas, el ente regulador respondió que LUMA las define y que esta pregunta debe ser dirigida a la empresa, lo que muestra que el NEPR no tiene claro todo el panorama de las métricas que le reporta LUMA. La empresa, por su parte, evadió responder la pregunta.

Según los números de LUMA, ha habido una mejora en el System Average Interruption Frequency Index (SAIFI), una métrica clave que recoge el promedio de interrupciones de servicio al año. Sus clientes experimentan unos ocho apagones anuales, algo menos que los 11 que había en 2020, tres años después del huracán María, cuando la AEE administraba la red. La meta establecida por el NEPR es que solo haya una interrupción anual.

En un proceso separado, el NEPR aprobó métricas mínimas que debe cumplir el consorcio para recibir otros incentivos económicos por su trabajo, según lo establece el contrato. Esas métricas para las bonificaciones fueron aprobadas el pasado 14 de junio de 2024, y entrarán en vigor cuando comience el contrato de 15 años de LUMA, el cual está pautado para iniciar luego de que la AEE termine el proceso de reestructuración financiera, y de que el consorcio privado decida si puede administrar el sistema con las obligaciones que impongan los acuerdos de la quiebra.

Mientras, LUMA opera provisionalmente con un contrato suplementario que venció en noviembre de 2022, y que fue renovado por la administración de Pedro Pierluisi sin fecha de expiración.

El problema del proceso del NEPR para dar incentivos a LUMA es que el ente regulador no incluyó ningún tipo de penalidad por incumplimiento, algo que solicitaron organizaciones comunitarias y ambientales. La falta de mecanismos para imponer penalidades a la empresa es evidente en las resoluciones conjuntas en la Legislatura, desde que el acuerdo de operación y mantenimiento de la red eléctrica entró en vigor en 2021.

“El Negociado de Energía puede imponer penalidades como autoridad regulatoria, pero renunció a su derecho de hacerlo porque no impuso penalidad ni para el contrato interino ni para el permanente”, explicó la abogada Ruth Santiago, del equipo legal que representó a ocho organizaciones en este caso.

“iWow! Me parece una falta de fiscalización horrible de parte de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y del Negociado de Energía, porque nadie ha definido los parámetros para cancelar el contrato, para que no se perjudique el pueblo de Puerto Rico”, expresó Cathy Kunkel, analista de energía del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero, un grupo de investigación global con sede en Ohio, que ha analizado en detalle la quiebra y la privatización de la AEE. “Si nadie define qué es un desempeño mínimo, me parece difícil en la práctica cancelar el contrato”.

El informe de métricas refleja, además, un incremento en la tasa de días perdidos por sus empleados debido a lesiones o condiciones médicas asociadas al trabajo (Severity Rate, de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos). “El incremento en la tasa de gravedad de lesiones reportado por LUMA es inaceptable”, expresó el NEPR el 10 de junio de 2024, cuando ordenó a la empresa mostrar causa por la cual no debía imponerle una sanción. Diez días después, LUMA puso en evidencia la aparente falta de fiscalización. Respondió que el NEPR no podía multarle porque el Reglamento de Incentivos Basados en Desempeño del ente regulador no ha establecido los parámetros para imponer penalidades, lo que alegadamente viola el debido proceso de ley al que tiene derecho la empresa. El Severity Rate de 23 de LUMA es menor que los 31 de la AEE en 2020. El consorcio sostuvo en su respuesta al NEPR que en este renglón sus números han sido sistemáticamente mejores que los de la corporación pública.

La AAPP no ha enviado carta de incumplimiento a LUMA

El CPI preguntó a la empresa si considera que ha incumplido el contrato, ya que no mejoró el índice de duración de apagones al cumplirse el tercer año. “LUMA no ha incumplido su contrato y dar a entender de alguna manera que lo ha hecho es completamente falso”, indicó Mario Hurtado, Principal Oficial Regulatorio de LUMA, en declaraciones enviadas.

Añadió que trabaja en proyectos para eliminar la vegetación que afecta las líneas de transmisión y distribución, lo que alegadamente reducirá los apagones en un 45% una vez que se complete el proyecto, y la instalación de contadores que monitorean el servicio en tiempo real y detectan las interrupciones, lo que reduce el tiempo de respuesta.

Un chequeo de datos de CPI encontró que es engañoso el alegato de que LUMA lanzó la iniciativa de eliminar la vegetación. Esta no ha iniciado en su totalidad y, durante casi un año, no envió la información requerida por FEMA para comenzar la evaluación y aprobación del proyecto.

Para el representante legal de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), el abogado Rolando Emmanuelli Jiménez, el Gobierno pudiera activar al menos una de las cláusulas del contrato para cancelarlo.

La sección 14.1 del contrato, en el inciso D, indica que el consorcio estaría en incumplimiento si no lleva a cabo una obligación material. Esto se refiere a una falla significativa en la ejecución de sus obligaciones, que afecta la esencia del contrato y priva al Gobierno de lo que tenía derecho a esperar, explicó Emmanuelli. Indicó que las fluctuaciones de energía, las constantes fallas en la operación del sistema y los apagones masivos son producto de la “incapacidad de la empresa” de manejar eficientemente el sistema.

“Es un incumplimiento del contrato, porque el contrato tiene el propósito de que bajo el operador privado precisamente se superen las métricas que tenía la AEE y mejorar el servicio, la confiabilidad y el costo de la energía eléctrica”, indicó Emmanuelli. “Y entonces, cuando tú ves que ya han pasado tres años de la ejecución del contrato, donde se ve que no han logrado alguna mejoría, sino que básicamente las métricas principales tienen una desmejora significativa, pues me parece que aquí hay incumplimiento material”, sostuvo.

El inciso D dispone que el Gobierno señale por escrito la falla, poniendo en récord el incumplimiento. La empresa entraría en incumplimiento si no subsana el señalamiento en 60 días, según el contrato. Podría tener 30 días más si demuestra que está intentando subsanarlo “diligentemente y de buena fe”.

Eso depende de que la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, la administradora del contrato, haga la diligencia, señale el incumplimiento y escriba la carta.

“La AAPP no ha cursado notificación escrita a LUMA Energy relacionada con un evento de incumplimiento de una obligación material, conforme al Artículo 14 del contrato de Operación y Mantenimiento”, informó al CPI mediante declaraciones escritas el director ejecutivo de la AAPP, Fermín Fontanés.

“Si la AAPP no hace nada, como aparentemente está ocurriendo, que no ha escrito ninguna carta, pues esa cláusula no podría ejercitarse en este momento porque no está en el expediente. Esas declaraciones evidencian lo que hemos denunciado: la AAPP no está fiscalizando al operador privado”, explicó Emmanuelli.

Fontanés, el secretario auxiliar de la Gobernación para Asuntos Energéticos, Francisco Berríos Portela, junto al director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, y la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, forman parte de una investigación para determinar si hubo negligencia en los apagones de junio pasado, que afectaron a un millón de ciudadanos.

A estos eventos se añaden las interrupciones en el servicio de la primera semana de junio en los pueblos de Coamo, Aibonito y Santa Isabel, por causa de una avería en un transformador. El consorcio trató de reemplazarlo con otro equipo, transportándolo por mar y tierra a un costo de $4 millones, y el reemplazo falló por un “problema interno”, según LUMA.

“Una vez se tenga toda la información requerida, se dará paso a una evaluación interna por parte de los componentes del Gobierno de Puerto Rico [que incluyen a la AAPP] asignados a esta investigación. Se espera que la conclusión de dicha investigación esté finalizada para el mes de septiembre”, indicó el director ejecutivo de la AAPP.

Berríos Portela, quien también preside la Junta de Gobierno de la AEE, no respondió a la solicitud de entrevista del CPI. Fontanés tampoco estuvo disponible para entrevista, pero explicó mediante declaraciones escritas que “el contrato y el Negociado de Energía disponen de mecanismos para penalizar a LUMA si alguna investigación concluyera que la empresa incumplió con sus responsabilidades. No es responsable hablar de la cancelación del contrato sin tener los fundamentos necesarios”.

Pero en una conferencia de prensa el 30 de noviembre de 2022, cuando iba a anunciar la extensión del contrato suplementario de LUMA, el Gobernador expresó algo distinto a lo que dice ahora Fontanés. Pierluisi sostuvo que dicho acuerdo se podía cancelar y que “el Negociado de Energía tiene la facultad de establecer métricas e imponerle multas a LUMA si su desempeño se aparta de las mismas o afecta significativamente la confiabilidad de nuestro sistema eléctrico”. El mandatario aseguró que no era adecuado cancelarlo en ese momento porque se retrasarían las obras de reconstrucción y habría que buscar un nuevo operador, lo que hubiera sido más costoso y afectaría aún más el servicio. Dijo, además, que los costos estimados de la cancelación del contrato oscilarían entre $300 y $600 millones.

Sin concretar la fiscalización legislativa

Tras iniciar el contrato suplementario de LUMA, fueron múltiples las gestiones en la Legislatura para fiscalizarlo. Ninguna de las resoluciones conjuntas, que requerían la aprobación del Gobernador y que buscaban tomar acción para proteger a diferentes sectores, se concretaron.

Estas resoluciones intentaron investigar el contrato. Enmendarlo para incluir cláusulas que aseguren una supervisión adecuada. Ordenar su cancelación, en dos ocasiones, por incumplimiento. Fiscalizar el uso de métricas de desempeño. Cancelar incentivos no contemplados en el contrato original. La mitad de las iniciativas legislativas, en efecto, tienen que ver con la cancelación del contrato. Pero ninguna ha logrado su objetivo.

Incluso, previo a que el consorcio tomara el control del sistema, la Legislatura buscó posponer la implementación del contrato por considerar que hacía falta enmendarlo.

Las propuestas incluían disposiciones para una mejor supervisión, para proteger al consumidor y asegurar el trato adecuado de los empleados de la AEE durante la privatización. El Gobernador frenó la resolución mediante un veto expreso el 5 de mayo de 2021. La Legislatura no consiguió los votos para ir por encima del primer mandatario.

LUMA experimenta un problema de opinión pública y críticas continuas por parte de la población en general, el sector empresarial, las organizaciones sin fines de lucro, varios candidatos a posiciones electas, alcaldes y legisladores.

Jenniffer González, candidata a gobernadora por el Partido Nuevo Progresista, expresó en medio de su campaña primarista que se debe revisar el contrato para asegurar una mejor rendición de cuentas. Jesús Manuel Ortiz, candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, anunció que está montando un equipo para documentar el incumplimiento de LUMA. La alianza del Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño se manifestó en contra del consorcio y ha dicho que cancelará el contrato de llegar a La Fortaleza.

La empresa ha sostenido sistemáticamente que sigue encontrando “muchos desafíos” debido al mal mantenimiento, operación y diseño del sistema que heredó de la AEE. El consorcio tuvo la oportunidad de estudiar la red eléctrica durante al menos un año antes de entrar en el negocio.

Escenario “indeseado”

“Ahora mismo estamos en una encerrona”, analizó Sergio Marxuach, director de política pública del Centro para una Nueva Economía. “Hemos llegado un punto en que LUMA está arrastrando los pies. Pero cancelar el contrato es un remedio extremo”, opinó.

Marxuach dijo que la cancelación abriría un escenario indeseado para el Gobierno, por el dinero que costarían las disputas legales. Implicaría devolver el sistema a la AEE que, al estar desmantelada, no tiene la capacidad para asumir la responsabilidad, y la transición tomaría meses, dijo.

Podría también concederse la privatización a otra empresa mediante alianza público privada, algo que podría tardar años.

“LUMA ha demostrado ser incapaz de atender los problemas ahora. Si fueras un operador privado, tendrías que pensarlo para venir, y sería pidiendo una compensación mayor. Yo creo que no habría mucha gente en fila para querer operarlo. La opción de terminar el contrato hay que pensarla bien”, reflexionó.

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Contratistas estadounidenses ponen «sus chavos» para reelegir a Pierluisi

30 mayo, 2024 2:13 pm by

Por Luis Valentín Ortiz | Centro de Periodismo Investigativo

El viernes, 8 de diciembre de 2023, el gobernador Pedro Pierluisi realizó una fiesta de Navidad llamada “Blue Christmas”, un evento de recaudación de fondos para su campaña a la reelección. Allí, en uno de los salones del Fairmont Hotel San Juan, recaudó más de $579,000, de los cuales $6,000 fueron aportados por cinco ejecutivos de Hill International, una firma de manejo de proyectos con oficinas en 42 países.

Aunque ninguno de los cinco ejecutivos de Hill reside en Puerto Rico, sintieron la motivación de donar dinero a Pierluisi. No es la primera vez que oficiales de esta compañía quieren respaldar al Primer Ejecutivo. Desde diciembre del 2022, hay al menos $12,600 registrados en la Oficina del Contralor Electoral (OCE) como aportaciones políticas de parte de oficiales de Hill International a favor de la campaña política del Gobernador.

En Puerto Rico, Hill International tiene un contrato de $11.8 millones con la Autoridad de Carreteras como consultor en la operación del Tren Urbano. También es subcontratista en el programa de Reparación, Reconstrucción y Reubicación (R3) del Departamento de la Vivienda, donde inspecciona, supervisa y controla la calidad de los trabajos, según la compañía.

Durante este cuatrienio, el Comité de Pierluisi ha recibido al menos $115,000 en donativos políticos de personas que trabajan para compañías estadounidenses contratadas por el Gobierno de Puerto Rico, arrojó un análisis del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

Esto representa alrededor del 20% de los más de $556,000 que ha recibido el Gobernador en donativos de residentes de Estados Unidos durante el mismo periodo, según datos de la OCE.

La lista de contratistas estadounidenses con donativos políticos registrados en la OCE incluye principalmente bufetes, cabilderos, firmas de consultoría y compañías que trabajan con fondos federales de reconstrucción, encontró el CPI.

A nivel de Estados Unidos, el Gobierno federal prohíbe a sus contratistas realizar aportaciones económicas a incumbentes o candidatos a puestos electivos, mientras que al menos 15 estados tienen limitaciones similares.

“[En Puerto Rico] no es ilegal que personas naturales que trabajen con una persona jurídica que tiene un contrato [gubernamental] aporten a campañas políticas”, dijo el contralor electoral Walter Vélez en entrevista con el CPI.

Sin embargo, el funcionario favorece cambios a la Ley para el Financiamiento de Campañas Políticas, la Ley 22 del 2011, para prohibir los donativos de contratistas gubernamentales en Puerto Rico, ya que entiende que esto fomenta prácticas ilegales como el “pay for play”, donde una compañía aporta con la expectativa de recibir un contrato público o beneficio.

Este esquema precisamente estuvo al centro de los casos recientes de corrupción de exalcaldes populares y novoprogresistas relacionados con la contratación de asfalto y recogido de basura en los municipios.

A principios de este cuatrienio, se presentó el Proyecto de la Cámara 320 para prohibir esta práctica en Puerto Rico. Lleva engavetado hace casi tres años, a pesar de haber sido objeto de vistas públicas y estar avalado por la comisión legislativa que lo evaluó.

¿Por qué donan?

O’Melveny y King & Spalding, dos bufetes estadounidenses que representan al Gobierno en los casos de quiebra bajo la ley federal PROMESA, acumulan entre los dos más de $270 millones en contratos gubernamentales en los pasados siete años. Desde el 2020, más de una veintena de abogados de ambas firmas, y algunos de sus familiares, tienen registrados al menos $27,000 y $39,000, respectivamente, en donativos a favor de Pierluisi.

El CPI contactó por separado a una decena de estos abogados para conocer qué los motivó a donar dinero a Pierluisi. Al cierre de esta edición, ninguno respondió.

Casi todos los abogados donantes de estos dos bufetes residen fuera de Puerto Rico, en lugares como Nueva York, Maryland, Virginia, Connecticut y Texas, según datos de la OCE.

Más allá de una visita para algún evento relacionado al caso de quiebra — a veces vienen y van en un mismo día, según sus facturas —, la mayoría no tiene otra relación evidente con Puerto Rico. Cobran honorarios que rondan los $1,000 por hora y sus biografías incluyen casos de alto perfil en materia de reestructuración financiera como: Enron, Lehman Brothers, General Motors, Chrysler, Blockbuster, Pacific Gas & Energy Co.

Desde el 2017, O’Melveny lidera la representación legal del Gobierno de Puerto Rico en todos los procesos relacionados a PROMESA, mientras que King & Spalding hace lo propio con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), incluyendo la privatización del sistema eléctrico.

Las aportaciones de estos abogados ocurrieron en tres periodos de tiempo: los meses previos a las elecciones generales del 2020 que ganó Pierluisi; al final del 2021 y principios del 2022; y en julio de 2023, durante un “compartir” con el Gobernador en Washington, D.C. en la que se recaudaron $22,697.

Esta no es la primera vez que O’Melveny aporta a las campañas políticas de los gobernadores. En la OCE, hay al menos $30,000 en donativos registrados a favor del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, de un grupo de abogados del bufete y algunos familiares durante una actividad de recaudación de fondos en el 2018.

No solo estos abogados de Estados Unidos procuran que el Gobernador tenga dinero para su campaña. Un grupo de cabilderos ha donado al menos $20,000 a Pierluisi desde Estados Unidos. La mayoría trabaja para firmas contratadas por el Gobierno para cabildeo y servicios legales, tales como Venable ($730,000 en contratos), Cornerstone Government  Affairs ($750,000), Capitol Counsel ($480,000), Tonio Burgos ($570,000) y Squire Patton Boggs ($168,000).

Donantes políticos en la reconstrucción

En un compartir en Washington en julio del 2023 se registró un donativo de $3,100 a nombre de Plexos Group, que fue devuelto meses después, según informó el Comité de Pierluisi. Las empresas no pueden donar a las campañas políticas a no ser que lo hagan mediante un comité de gastos independientes, mejor conocido como Súper Pac.

Según la página de Plexos Group, la compañía trabajó en el programa R3, que se supone que asista a los residentes de Puerto Rico que perdieron sus hogares tras el paso del huracán María y los terremotos del 2020. El proyecto de reconstrucción ha sido cuestionado por su lentitud y burocracia, según investigó el CPI en agosto del 2020.

Además del de R3, Plexos Group tiene otros dos contratos con el Departamento de la Vivienda que suman más de $47 millones, para trabajar el Programa de Revitalización de la Ciudad y el Programa de Mejoras de Resiliencia Energética en el Hogar. En el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), la compañía maneja fondos federales de recuperación en esta agencia bajo un contrato de $2.7 millones.

Durante este cuatrienio, tanto el presidente de Plexos Group, Bob Roberts, como dos de sus principales ejecutivos en Puerto Rico, aparecen con $5,350 en donativos al Comité del Gobernador.

Un portavoz de esta compañía no contestó preguntas del CPI sobre el apoyo de la empresa a Pierluisi por medio de un donativo a su nombre, así como los registrados a nombre de sus ejecutivos.

Otra compañía de la reconstrucción con ejecutivos en la lista de donantes es DCMC LLC. Llegó a Puerto Rico en septiembre del 2017 para ofrecer servicios de “manejo de desastres” después del paso de los huracanes Irma y María.

Desde entonces, DCMC suma más de $66.7 millones en contratos con el Gobierno de Puerto Rico, algunos de los cuales han sido objeto de señalamientos de la Oficina del Contralor.

Actualmente, la compañía tiene un contrato de $10 millones con la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, mejor conocida como COR3, para administrar el multimillonario programa federal de mitigación de riesgos. También tiene otros dos contratos, de $9.8 millones y $2.7 millones cada uno, con la empresa privatizadora de energía, Genera Puerto Rico y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), respectivamente, para manejar proyectos de reconstrucción con fondos federales.

Tan reciente como enero de este año, en plena campaña primarista, tres altos ejecutivos de DCMC donaron $3,000 cada uno como parte de la actividad de recaudación de fondos para Pierluisi llamada “Sellando el Triunfo”, en un restaurante de San Juan.

En total, al menos cuatro ejecutivos de DCMC han aportado más de $15,000 en un periodo de cinco meses. También hay un donativo de $3,100, el máximo permitido por persona, registrado a nombre de Seth Lemoine, principal oficial de operaciones de Lemoine, la compañía que es dueña de DCMC.

Otro contratista de la reconstrucción en la lista de donantes políticos es Horne LLP, cuyo principal oficial de la compañía en Puerto Rico, Samir El Hage, y Scott Keller, socio de servicios gubernamentales en Horne, han donado $7,600 a Pierluisi. En este cuatrienio, Horne lleva sobre $131 millones en contratos relacionados al manejo en Puerto Rico de los fondos CDBG-DR que otorgó el Departamento de Vivienda federal tras los desastres de Irma y María.

Mientras, para el pasado mes de abril, el Comité de Pierluisi reportó tres donativos, de $500 cada uno, a nombre de Derrick Stensrud, vicepresidente en la firma de consultoría ICF. La compañía, que es uno de los principales contratistas en la reconstrucción, suma más de $621 millones en contratos con el Gobierno.

Engavetado el proyecto de ley que prohíbe esta práctica

En junio de 2021, la Comisión de Gobierno de la Cámara, que preside el representante Jesús Manuel Ortiz, aprobó el PC 320, con algunas enmiendas. Desde entonces, permanece engavetado, a pesar de haber sido aprobado en la comisión con un informe positivo y recibir el respaldo de la OCE.

“A mi modo de ver llegaron instrucciones del liderato cameral de que ese proyecto tenía deficiencia o afectaba algún tipo de interés y no debía ser aprobado, o por lo menos aguantado hasta nuevo aviso”, dijo el representante José Bernardo Márquez, coautor de la medida junto a la representante Mariana Nogales.

El portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático en la Cámara, el representante Ángel Matos, no contestó preguntas del CPI sobre por qué el proyecto no ha sido llevado a votación.

En junio de 2022, estuvo a punto de ir a votación el PC 699, un proyecto de la administración Pierluisi que impondría límites a los donativos de contratistas, pero solo si ocurrían 90 días antes de las elecciones, o 90 días antes y después de obtener el contrato.

Una enmienda al proyecto para ampliar la prohibición durante todo el ciclo electoral, similar al PC 320, paralizó la consideración del proyecto.

En aquel momento, el representante del PNP, Gabriel Rodríguez Aguiló, sostuvo que una prohibición absoluta de estos donativos sería inconstitucional, al violar el derecho que tienen las personas a realizar aportaciones políticas. Pero los tribunales en Estados Unidos han validado limitar los donativos políticos de parte de contratistas gubernamentales, incluyendo una prohibición absoluta como la que existe a nivel del Gobierno federal.

“Ha sido validado porque se entiende que el interés de combatir potenciales riesgos de corrupción o de apariencia de conflicto sobrepasa el interés de permitir libremente estos donativos”, explicó Márquez.

En marzo de 2023, fue el propio Contralor Electoral Vélez y su oficina quienes presentaron un proyecto de ley, el PC 1676, para añadir controles en el financiamiento y fiscalización de campañas políticas. En aquel momento, la OCE se expresó nuevamente a favor de prohibir donativos políticos de parte de contratistas del Gobierno. Luego de ser aprobada en comisión, la medida quedó engavetada al igual que las otras.

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“Con la guardia bajita” el Departamento de Salud ante la epidemia del dengue

27 mayo, 2024 10:43 am by

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla | Centro de Periodismo Investigativo

A pesar de que en Puerto Rico el dengue es endémico y que en estos momentos hay una emergencia por este virus, el Departamento de Salud (DS) no ha tomado acciones básicas de prevención y protección a la ciudadanía, ni de orientación sobre la vacuna disponible para menores de nueve a 16 años, encontró una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

La agencia solo ha logrado la vacunación completa de 19 niños desde que se introdujo en Puerto Rico la vacuna en el 2022, esto es menos del 0.01% de la población en este segmento de edades, y casi todos han sido de San Juan.

A la fecha, se han reportado 1,033 casos desde que comenzó el año, sobrepasando el umbral epidemiológico esperado. La mayor parte de los casos que se están viendo son de un tipo de dengue para el cual la mayoría de las personas en Puerto Rico no tiene inmunidad, dijo Julieanne Miranda, directora asociada de la Unidad de Control de Vectores del Fideicomiso para Ciencias, Tecnología e Investigación.

Se desconoce cuántos de los más de 300,000 menores entre los nueve y 16 años cualificarían para la vacuna, pues no se hacen pruebas de cernimiento a gran escala, las cuales son indispensables porque solo pueden vacunarse quienes hayan tenido dengue antes de recibir las dosis. La propia agencia estima que cinco de cada 10 niños y niñas entre esas edades ha tenido dengue en Puerto Rico, por lo que unos 150,000 menores serían elegibles.

También se han hecho pocas pruebas diagnósticas. Este año, Salud ha hecho 3,327 pruebas moleculares y 1,399 IgM (prueba que detecta los anticuerpos), según datos provistos por la Oficina de la Principal Oficial Médico del DS. Estas pruebas son clave para tratar a tiempo otras enfermedades letales que pueden confundirse con el dengue, como la leptospirosis, la influenza y la malaria, aseguraron varios infectólogos entrevistados.

La baja cantidad de pruebas diagnósticas hechas por el DS responde a la falta de infraestructura para procesar las muestras en Puerto Rico, dijeron los expertos y oficiales entrevistados. Mientras que la baja vacunación se debe a que poca gente sabe que existe esta vacuna y a los retos de logística para la inoculación, según los expertos entrevistados.

También, el DS reconoce en su propio Plan Estratégico para el Manejo Integrado de Vectores publicado en 2023 que no cuenta con los recursos, las estructuras físicas, ni la tecnología necesarias para atender la emergencia del dengue.

Hace más de cuatro meses que los casos están superando lo esperado y hace dos meses se declaró una emergencia por el dengue. Aun así, menos de una veintena de niños y adolescentes entre los posibles candidatos a vacunación ha recibido la dosis completa, a pesar de que la vacuna está disponible en Puerto Rico desde el 2022.

La poca acción de los pasados meses del DS se suma a años de abandono oficial al tema del dengue en Puerto Rico, pese a los augurios de un aumento en la prevalencia del virus debido al incremento en el ritmo de reproducción del mosquito ante las altas temperaturas generadas por el cambio climático a nivel global. Por ejemplo, no se ha mantenido una campaña masiva de orientación y se han disminuido los esfuerzos de asperjación periódicos en los municipios. Además, se mantiene centralizado en San Juan el procesamiento de las pruebas de diagnóstico.

Las muestras tomadas en cualquier hospital o laboratorio tienen que ser enviadas a procesar al DS, y el resultado toma aproximadamente una semana, cuando ya no es útil para el tratamiento del paciente.

“Muchas veces nosotros no recibimos los resultados hasta que el paciente se da de alta”, expresó el infectólogo Miguel Colón.

“Fácilmente, al 90% de los casos en Puerto Rico se da de alta antes de que tengamos la prueba confirmatoria”, dijo el médico.

Los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, en inglés) también las procesan, pero solo para sus investigaciones internas, no para el público general.

Insuficiente e inefectiva la orientación

La falta de orientación a la ciudadanía de parte del DS sobre el ciclo del mosquito y sobre la vacunación tiene un rol protagónico en la emergencia declarada en Puerto Rico, que ya cobró este año su primera víctima mortal.

“Antes, esas comunicaciones eran más efectivas dado que el método de comunicación con la gente era uno: la televisión, y tú veías los anuncios, y veías eso y era más sencillo”, opinó el doctor Lemuel Martínez, expresidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, quien cree que debería mantenerse una campaña similar a través de las redes sociales.

A juicio del infectólogo, se debe orientar al público sobre los “métodos básicos y sencillos [que] todavía funcionan” para protegernos contra el mosquito que causa la enfermedad y evitar su reproducción.

El DS ha invertido este año fiscal $14 millones en publicidad, según el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor, pero la agencia no quiso precisar cuántos de estos fondos fueron destinados a campañas de prevención y orientación sobre el dengue.

Aunque se le preguntó, la agencia tampoco pudo proveer muestra de alguna campaña de medios sobre el dengue, incluyendo la vacunación, para evitar la infección viral que causa el mosquito. Los únicos esfuerzos que mencionó fueron información de orientación en la página web de la agencia y publicaciones en redes sociales con motivo de la celebración de la Semana de Acción contra los Mosquitos. El CPI las revisó han sido solo cuatro publicaciones en 2024 y solo tratan el tema de prevenir los criaderos de mosquitos.

Los expertos del campo de la salud que conversaron con el CPI dijeron que la mayoría de la población no conoce sobre la vacuna para los niños, y mucho menos cómo y dónde se puede obtener.

La doctora Melissa Marzán, principal oficial de Epidemiología del DS, dijo que los esfuerzos están dirigidos principalmente a visitas a las comunidades. Indicó que además están adiestrando a promotores de salud comunitaria en el tema de dengue para que apoyen al DS en las intervenciones educativas a la comunidad.

“Hay un esfuerzo muy concreto en comunidad que nos parece que tal vez [sea] uno de los más importantes en el tema de dengue, porque podemos tener el mejor plan, pero si la comunidad no lo acoge, no lo acepta, no trabajamos en él, la realidad es que no va a funcionar”, agregó Marzán.

Según los avisos promocionales de la agencia en Facebook, empezaron a hacer visitas semanales — mayormente a escuelas y ferias de salud — desde febrero. La agencia ha impactado a unas 30,000 personas desde octubre del año pasado a lo que va de mayo.

ANUNCIO DE DANIEL LUGO:

En 1986, organizaciones sin fines de lucro y cívicas se involucraron en campañas de orientación sobre el dengue como este anuncio presentado por el actor Daniel Lugo. El pasado 25 de marzo, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López, emitió una declaración de emergencia de salud pública por dengue.

Los municipios con mayores tasas de incidencia de dengue son Rincón, Canóvanas, Aguada, Carolina y San Juan. El municipio con mayor número de casos acumulados para este periodo es San Juan, seguido de Carolina, Rincón, Bayamón y Canóvanas. Los municipios de Carolina y Bayamón indicaron que están asperjando y orientando a la ciudadanía para eliminar los criaderos. Los demás municipios no respondieron qué medidas están tomando, si alguna.

La mayor cantidad de casos reportados es en hombres y el grupo de edad con la mayoría de los casos es el de 0 a 19 años, particularmente el grupo de 10 a 19 años, que son un poco más del 30% de los casos. A la fecha hay 603 hospitalizados, 59 casos severos y una defunción de un hombre de 85 años de la región de San Juan.

Tras 18 semanas en vigilancia en Puerto Rico, durante las últimas 16, los casos han estado

sobre el umbral de lo esperado y es por eso que se clasifica como epidemia, según Marzán.

La funcionaria señaló que, aunque puedan parecer pocos casos, Salud lo considera una epidemia por el comportamiento histórico de la enfermedad.

“[C]ada enfermedad se evalúa de acuerdo a su [patrón] histórico y a la enfermedad”, precisó Marzán.

La limitación de las pruebas diagnósticas

El doctor Martínez dijo que los médicos tienen que tratar y manejar al paciente en lo quellegan los resultados de la prueba de dengue porque ésta “no es una prueba que tú tienesdisponible, que tú haces en el hospital”. Aseguró que es muy importante que los médicostengan estas herramientas disponibles en el hospital.

“Uno quiere tener los mejores métodos diagnósticos lo más disponible posible. En el caso de dengue, pues todavía nosotros no hemos podido tener disponible este tipo de pruebas. Todavía dependemos de referirlas al Departamento de Salud”, expresó.

Aunque procesar la muestra solo toma unas horas, los resultados demoran una semana debido a los procesos burocráticos y documentos que se tienen que completar.

“Todavía no hemos podido tener esa prueba disponible en los hospitales de Puerto Rico, ni siquiera en los laboratorios, en general. Este tipo de herramientas, en un país tropical, donde tenemos dengue todo el año, y siempre hemos tenido, pues lo ideal sería que pudiésemos nosotros hacer las pruebas”, sostuvo.

Mencionó que la agilidad con que se hagan estas pruebas es importante porque hay enfermedades que pudieran “disfrazarse” de otras que presentan un cuadro clínico similar, como la leptospirosis o la malaria — en el caso de los viajeros — y el dengue.

El infectólogo Colón aseguró que en Puerto Rico es común que los médicos diagnostiquen a pacientes con dengue cuando en realidad tienen otras enfermedades como leptospirosis o influenza. Incluso, mencionó que tras el huracán María hubo diagnósticos de dengue que en realidad eran leptospirosis.

De cara a la temporada de huracanes, a Colón le preocupa que siga la confusión de diagnósticos. “Si fallamos ese diagnóstico por pensar que tienen dengue, que solamente hay que darle líquido, nuestra población va a pasar lo que pasó con María, que tuvimos muchas muertes por leptospirosis [que requiere antibióticos] que se pudieron haber evitado”, advirtió.

“Si un paciente le viene con dolor de cabeza, dolores musculares, fiebre bien alta y plaquetas bajas, [los médicos] tienen que mirar el contaje de glóbulos blancos porque, si está bajito, es dengue, pero si está alto, es leptospirosis y estos pacientes se merecen el uso de antibióticos”, sostuvo.

Explicó que la prueba de leptospirosis también tarda dos semanas, por lo que hay que tratar a esos pacientes como si tuvieran leptospirosis “antes de que se vayan en fallo renal, fallo hepático y hemorragia pulmonar”.

“Por lo general ha habido esa conversación: Si lo sospechas, trátalo. Pero no es tan fácil, porque tú necesitas tener los diagnósticos más certeros, lo más pronto posible”, sostuvo.

“Cómo traemos y hacemos que esa tecnología esté disponible y que funcione y que le llegue al paciente, y al médico que lo está manejando, pues es es bien importante”, agregó.

Para la doctora Iris Cardona, principal oficial médico del DS, no se necesita una prueba positiva o hacer una prueba para determinar el manejo del paciente.

“No se debe esperar por un resultado. El resultado es importante para decir qué pasó, para los datos de vigilancia, para saber dónde tenemos un problema. Pero en realidad, el dengue tiene un cuadro clínico, unos criterios diagnósticos, una definición específica y una clasificación específica que dicta a los médicos, a los clínicos, cómo proceder. Y eso es lo más importante”, dijo al CPI.

Por su parte, la doctora Marzán reconoció que uno de los retos para el manejo del dengue es la forma en que se diseñó el sistema público de vigilancia que centralizó las pruebas de diagnóstico moleculares en el laboratorio de emergencia del DS. José Sánchez, expresidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos, agregó que los laboratorios privados tampoco invierten en la infraestructura necesaria para procesar las pruebas moleculares porque es costosa, la demanda es baja y los planes médicos pagan “$20” por prueba.

“No hay forma de que el laboratorio pueda traer esa máquina para implementar esa prueba”, indicó.

Marzán aseguró que buscan aumentar la capacidad del laboratorio de emergencia y que el Laboratorio de Salud Pública del DS también realice las pruebas moleculares.

La funcionaria también indicó que la agencia está trabajando para que los laboratorios comerciales puedan ofrecer dos tipos de pruebas de dengue para ampliar el alcance. Entre éstas está la prueba conocida como NS1 (antígenos), que en conjunto con la prueba serológica IgM, puede confirmar casos. Dijo que ya hay un laboratorio clínico que completó el proceso de validación con el DS y que hay otros cinco en proceso.

Peligroso no seguir el protocolo

Desde el 6 de septiembre de 2022 hasta el 21 de mayo, se han administrado un total de 245 dosis de la vacuna del dengue, según datos de la Oficina de la Principal Oficial Médico del DS. La información que el DS ha estado brindando sobre esta vacuna es muy pobre. Solo la tienen disponible en su página de internet.

La doctora Gredia Huerta Montañez, pediatra y cofundadora y presidenta de Puerto Rico Clinicians for Climate Action, señaló que lo que se busca con esta vacuna es evitar que le dé dengue grave al menor, que es el que se presenta en una segunda infección.

Esta vacuna fue descontinuada por la farmacéutica fabricante por el bajo nivel de uso, y lo que queda disponible será administrada hasta el 2026, agregó Huerta Montañez.

Actualmente, hay otras dos compañías trabajando en una vacuna para el dengue, aseguró la pediatra.

El infectólogo Colón explicó que, para que la vacuna no tenga efectos secundarios, el paciente tiene que haber padecido de dengue. El médico explicó que algunos estudios mostraron efectos serios, incluyendo la muerte, en personas que se vacunaron sin nunca haber contraído dengue previo a la vacunación.

“Por eso es que esa vacuna nunca ha cogido un auge brutal”, analizó Colón. “Yo soy pro vacuna, pero esta vacuna no”, sostuvo al explicar que, si el dengue es tratado adecuadamente, los riesgos son mínimos.

El doctor Martínez, por su parte, sí apoya la vacuna, aunque reconoce las limitaciones de logística que existen para la vacunación.

Un paciente puede confirmar si ha tenido dengue mediante pruebas de cernimiento y así determinar si es apto para la vacunación contra el dengue. El Laboratorio Clínico Toledo está trabajando con estas pruebas y “ayudó” al DS a promocionar la vacuna con la publicación de anuncios en billboards, según la licenciada Ilia Toledo, presidenta del Laboratorio. Aseguró que la promoción se ha traducido en llamadas del público en busca de orientación.

“Quisimos ayudar al Departamento de Salud en ese sentido. Y, aunque nosotros no vacunamos, lo hicimos para darle orientación al público y creo que ha tenido ese efecto porque verdaderamente nos han llamado preguntando”, dijo la tecnóloga médica, quien explicó que mucha gente no conoce sobre la existencia de la vacuna contra el dengue.

La doctora Cardona explicó que las dos pruebas de cernimiento que se requieren antes de la vacunación son diferentes a las de diagnóstico de la enfermedad. Indicó que se escogió a los Centros 330 para dirigir la inoculación porque en una misma instalación está disponible el pediatra, el laboratorio y la coordinación con los laboratorios de referencia que hacen falta y la clínica de vacunación.

El control de vectores en Puerto Rico

Actualmente el dengue que se está viendo más en Puerto Rico es el serotipo 3, según la doctora Julieanne Miranda, directora asociada de la Unidad de Control de Vectores del Fideicomiso para Ciencias, Tecnología e Investigación.

“Hace muchos años en Puerto Rico no había dengue 2 y 3. La última epidemia fue de dengue 1 en el 2010-2012. ¿Qué sucede? Hay mucha gente que tiene inmunidad a este serotipo. Ahora estamos viendo más tipo 3 porque hay más gente susceptible, por eso más gente se infecta”, sostuvo Miranda. Como hay menos gente que anteriormente se ha infectado con ese virus, con ese serotipo, hay menos inmunidad “y eso nos preocupa porque al ser un serotipo que no vemos hace más de 20 años en Puerto Rico, más personas pueden infectarse, así que la epidemia puede aumentar rápidamente”, agregó.

Gabriela Paz Bailey, jefa de la Subdivisión de Dengue de los CDC, coincidió en que los serotipos que predominan actualmente son el 2 y 3.

“Cuando uno se infecta con un tipo de dengue, tiene protección de por vida. Si yo me infecto con dengue 1, nunca más me voy a enfermar (con ese tipo). Si me infecté con dengue 1, todavía soy susceptible a los otros serotipos porque la protección es solo por el serotipo que la persona se infectó. Y uno de los factores de riesgo más importante para enfermedad severa por dengue, es la segunda vez que una persona se infecta con un serotipo diferente al primero”, explicó Paz Bailey.

Otro factor que fortalece la epidemia es la acumulación de agua por las lluvias durante los meses de marzo, abril y mayo. El mosquito adulto hembra, que es la que pica, pone los huevos en las paredes de recipientes con agua acumulada. Según Miranda, los repetidos episodios de lluvia de los últimos meses propiciaron la transmisión de dengue más temprano que otros años.

Se canta sin recursos el DS

El DS lidia con retos relacionados a la falta de presupuesto para el control de vectores y la insuficiencia de recursos humanos y materiales, según el Plan Estratégico para el Manejo Integrado de Vectores de Puerto Rico 2023.

Además, de acuerdo a este documento, las instalaciones físicas son deficientes y carentes de tecnología y tampoco tienen laboratorio entomológico.

La agencia reconoce, además, que las acciones que toman para el control de vectores son reactivas y no proactivas porque se actúa conforme a la vigilancia epidemiológica.

Asimismo, carecen de reglamentación para un proceso de fiscalización sobre el manejo del control de vectores y que tienen ausencia de programas de educación u orientación comunitaria de forma recurrente.

Ante las deficiencias que reconoce Salud en su plan para el manejo de vectores, Mayra Toro, secretaria auxiliar de la División de Salud Ambiental del DS, dijo que se establecieron acuerdos de colaboración con la Unidad de Control de Vectores del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico para atender la parte entomológica, con el CDC, y con los municipios.

Por otro lado, Toro explicó que para el control de vectores en las comunidades la prioridad es identificar el criadero, tratarlo con el uso de herbicidas o eliminarlo si es posible, y como último recurso, se usa la fumigación.

Precisó que desde finales del 2023 se han realizado asperjaciones en nueve de los 78 municipios de Puerto Rico: Loíza, Bayamón, San Juan, Guaynabo, Canóvanas, Río Grande, Rincón, Aguada y Las Piedras.

Los efectos del cambio climático

Huertas dijo que se sabe que con el cambio climático la frecuencia de las epidemias, como las provocadas por el dengue, pueden aumentar.

Indicó que el mosquito cambia su comportamiento con las altas en temperatura, y tiene un ciclo de vida más corto, donde puede pasar de huevo a mosquito adulto en menos tiempo; por lo tanto, una mayor capacidad de reproducción.

“Esto no va a ser una cosa de ahora y se acabó. Sabemos que en el futuro inmediato y a largo plazo tenemos que saber controlar el mosquito”, puntualizó.

Por su parte, Paz Bailey dijo que Puerto Rico tiene el ambiente ideal para el Aedes aegypti, por el clima, las lluvias y el calor.

“Es una isla paradisíaca, pero también es un paraíso para los mosquitos. Hay una población bastante robusta de Aedes aegypti en Puerto Rico”, dijo la funcionaria del CDC. “El Aedes aegypti es una especie importada. No existía aquí originalmente, pero se ha establecido desde hace muchos años”, aclaró.

Incluso mencionó que el aumento de las temperaturas por el cambio climático ha contribuido a que las poblaciones de Aedes aegypti crezcan y se expandan hacia áreas en donde antes no había la presencia del mosquito.

“En el caso de Estados Unidos, Arizona reportó dos casos localmente adquiridos en el 2022 y California dos casos en el 2023. Antes [estos estados] sólo habían tenido casos asociados a viajes, ahora se han tenido casos adquiridos localmente”, advirtió Paz Bailey.

La jefa de la Subdivisión de Dengue de los CDC dijo que en Europa también se han reportado por primera vez casos de la infección viral en Italia, Francia y España.

Paz Bailey dijo que es difícil predecir la incidencia de dengue en el futuro porque eso depende de una combinación del clima y de la inmunidad en la población.

“A nivel global se espera que el dengue sea más común, que se reporte en áreas donde no se había reportado antes y que las áreas que son endémicas para dengue [como Puerto Rico], que han tenido el dengue históricamente, tengan, outbreaks con más frecuencia”, dijo la especialista en el tema.

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Gobierno ignora el valor del trabajo doméstico sin paga

21 mayo, 2024 4:39 pm by

Por Cindy A. Burgos Alvarado | Todas y Centro de Periodismo Investigativo

“Eso que llaman amor, nosotras lo llamamos trabajo no pagado”.

—Silvia Federici, activista feminista italiana

Cuando Wanda García, de 57 años, se enteró de que su hijo Christian, hoy de 24, tenía perlesía cerebral, tomó una difícil decisión: dejó su trabajo como secretaria médica para dedicarse completamente a cuidarlo. Las dos semanas que estuvo hospitalizada por preeclampsia antes de dar a luz — a la semana 33 de embarazo — y los 40 días que Christian pasó en la unidad de cuidados intensivos neonatales eran solo una pizca de lo que esta familia del Municipio de Florida atravesaría.

A los días de nacido, Christian se infectó con una bacteria en el hospital que se le alojó en la sangre. Tras dos semanas de recibir el alta, Wanda y su esposo tuvieron que llevar a Christian nuevamente al hospital donde le diagnosticaron una infección de orina. A partir de ahí, le recomendaron varios estudios y análisis que derivaron en el diagnóstico.

“El médico nos dijo que el nene no iba a hablar ni a caminar, que iba a estar como un vegetal, pero yo no le creí eso”, contó Wanda en una llamada telefónica. “Uno tiene que limpiarse la cara y echar pa’lante. Dejé el trabajo pa’ meterle pecho a eso”.

Wanda lleva más de 20 años fuera de lo que el Gobierno llama la fuerza trabajadora, pero no ha descansado prácticamente ni un solo día. Su vida ha girado en torno a llevar a su hijo a las citas que tiene con 12 especialistas distintos y a sus múltiples terapias e intervenciones médicas. A veces tiene hasta tres citas por día, por lo que Wanda se levanta temprano, cocina para toda la familia, prepara un bulto con comida y ropa para Christian, y pasa el día de cita en cita.

“Desde hace un año para acá, me dedico a controlar todo eso porque me canso demasiado. En mi situación, me canso más”, mencionó y explicó que, naturalmente, ya no tiene las mismas energías que disfrutaba cuando su hijo era pequeño.

Wanda sacó a su hijo de la escuela a los 15 años por la frustración que tenía con el sistema de educación pública que falló en proveer una asistente educativa estable para Christian mientras estuvo matriculado.

“Le di homeschooling cinco años en casa. Me aprendió a leer, que las maestras decían que nunca iba a leer. Aprendió las tablas de multiplicar. Sabe escribir su nombre, apellido, dirección y seguro social. Brega con el celular y con la laptop”, contó Wanda con orgullo por haber retado lo que ese primer médico le auguró.

En la falda del cerro Mime en Orocovis, Lillian Figueroa, de 58 años, se acerca a una cama de posiciones y arropa con ternura a su papá Juan, de 88 y paciente de Alzhéimer. Piensa en la merienda y la cena que le tiene que preparar a su mamá, María, de 80, paciente de diabetes, y en que pronto le tiene que poner la tercera inyección de insulina del día.

Hace dos años que Lillian vive con sus papás para poder ser su cuidadora a tiempo completo.

Fue una decisión que tomó luego de sentirse demasiado abrumada por viajar cada día de su casa a la de sus padres para cuidarlos. “Yo vivía cerca, pero el sube y baja me tenía agotada”, contó sentada en el sofá de su sala frente a una imagen de la Sagrada Familia y otra de Jesucristo con rostro sereno.

“Esto es un maratón. No es fácil, pero no es imposible”, dice Lillian mientras cruza sus manos y se escucha el sonido de una quebrada de fondo. “Cuando tengo internet en la tablet, busco información. Me gusta buscar mucha información de cómo progresa la enfermedad de Alzhéimer, cómo nos tenemos que cuidar los cuidadores, aunque a veces te digo que no hay tiempo, no me acuerdo ni de comer. No tengo chance”, relató.

Wanda y Lillian no se conocen, pero algo las une: realizan trabajos domésticos y de cuidado sin paga. Son tareas que hacen millones de personas — sobre todo mujeres y niñas — en el mundo, pero que no se consideran dentro de la economía formal y no son remuneradas.

Sin embargo, estas labores diarias sostienen la vida misma porque ¿qué sería de estas personas si no tuvieran sus cuidados? ¿En quién recaería la responsabilidad de alimentarlos? ¿Quién pagaría por esos servicios? ¿Cuánto costaría pagar por estas tareas? ¿Cuánto valen los trabajos domésticos y de cuidado no remunerados?

El trabajo doméstico y de cuidado no remunerado comprende dos tipos de actividades por las que una persona no recibe compensación económica: el cuidado directo a bebés, niños, adultos y personas con diversidad funcional o alguna enfermedad, y las actividades de cuidado indirecto, como limpiar, cocinar o hacer trámites.

Esta labor, sin embargo, no se contabiliza dentro del Producto Interno Bruto (PIB) en ninguna parte del mundo, aunque sostiene la economía global, ya que este cálculo (el PIB) generalmente solo incluye actividades que involucran transacciones monetarias.

La jornada de Lillian Figueroa, encargada del cuidado de sus padres, inicia todos los días a las 6:00 a.m. Las primeras tareas que asume son preparar el desayuno y administrar la insulina a su mamá, paciente de diabetes.

En Puerto Rico, la Legislatura aprobó el Proyecto del Senado 223 (P del S 223) que buscaba cuantificar el trabajo no remunerado, pero el gobernador Pedro Pierluisi lo vetó en enero de 2023. Esta medida habría arrojado luz sobre la magnitud del trabajo no remunerado, la disparidad entre géneros de quienes lo realizan y cuánto representa en la economía.

Según la secretaria de Prensa del Gobernador, Sheila Angleró Mojica, Pierluisi “se vio imposibilitado” de firmar la medida por recomendación del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), que ya “hace una encuesta relacionada que se paga con fondos federales y cuyos temas no se pueden cambiar sin autorización”.

En declaraciones escritas, Angleró dijo a Todas y al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que “no hay fondos para una encuesta local” y que los fondos federales no se pueden usar para otros propósitos que los asignados. Argumentó que la propuesta de ley trataba de labores “fuera de los lugares de trabajo o por personas que no pertenecen a la fuerza trabajadora” e indagaba sobre la “vida privada de los encuestados”.

No obstante, la Encuesta del Grupo Trabajador que se publica por el DTRH apenas menciona qué porcentaje trabaja en “oficios domésticos”; y no incluye el cuidado no pago, lo que es un “factor estructural de la desigualdad de género”, según la ONU Mujeres.

Las estadísticas oficiales sobre la productividad laboral no integran preguntas que sirvan para saber cuántas trabajadoras tienen prole, ni de cómo la maternidad, la paternidad o los cuidados reducen el tiempo disponible para mantener un trabajo con paga. Por el contrario, el único análisis dedicado a este asunto es sobre la participación de la mujer en la fuerza laboral en Puerto Rico. En el 2022, la publicación dio a entender que la baja participación laboral de la mujer, en comparación con el hombre, se debía a la disponibilidad de la mujer cuando dice que: “A pesar de que constituyen más de la mitad de la población en edad de trabajar, menos del 50% de ellas participa o está disponible para la producción de bienes y servicios en la economía”.

Estas tareas domésticas y de cuidado no remuneradas pueden redundar, además, en que las mujeres tengan menos tiempo para aprender, divertirse, participar de la política o dedicarse a su autocuidado. También inciden en su inserción y crecimiento en el ámbito laboral formal y las deja relegadas al trabajo informal.

En el caso de Wanda, una de las protagonistas de esta historia, siempre tuvo la esperanza de volver al trabajo formal. “Mi esposo me dijo que el nene iba a mejorar y que yo iba a volver a trabajar. Pero eso nunca se dio”.

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