Con la «Quinta Enmienda» senadora Mari Tere González selló su futuro político

Senadora Mari Tere González (Archivo).

Senadora Mari Tere González (Archivo).

Por: Julio Víctor Ramírez, hijo

MAYAGÜEZ: La sorpresiva declaración de la senadora popular por el Distrito Mayagüez-Aguadilla, Mari Tere González, de acogerse a la “Quinta Enmienda” de la Constitución de los Estados Unidos, para no autoincriminarse durante el juicio federal que se lleva contra los coacusados en el proceso en el que se declaró culpable el convicto recaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández, ha sellado el futuro político de la legisladora, que está en su primer término en la Cámara Alta.

La acción de la senadora González surgió cuando fue confrontada y cuestionada sobre una “aportación” de $2 mil registrada en la bitácora de gastos del convicto Hernández. En la bitácora aparece una anotación por esa cantidad junto al nombre de González.

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¿Qué trajo esto como resultado?

El presidente del PPD, doctor David Bernier, dijo que sostendría una conversación con la senadora González, sonando con insistencia la posibilidad de que se le pida formalmente su renuncia, tanto a su escaño, como a sus aspiraciones a la reelección.

No conforme con el hecho de que buscara la protección de la “Quinta Enmienda”, un agente del FBI emplazó a la senadora González en pleno edificio federal, que alberga tanto el Tribunal de Distrito Federal como las oficinas del FBI en la isla. Se desconoce por el momento la naturaleza del emplazamiento, pero periodistas que cubren el proceso vieron la legisladora firmando los documentos.

El pasado 30 de agosto, LA CALLE Digital publicó declaraciones del doctor Bernier asegurando “que el mismo rigor que tuvo con el ahora expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló Borrás, lo tendrá con la senadora por el Distrito Mayagüez-Aguadilla, Mari Tere González”.

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“Evaluaremos las circunstancias, y sí lo amerita, porque hay unas imputaciones que entendemos tienen el peso que así lo dispone, actuaremos como hemos actuado en este caso (el de Perelló), y como yo he actuado siempre. El único candidato a la gobernación que ha retirado candidatos de la papeleta, a varios de ellos, ha sido David Bernier”, expresó el líder de la Pava en una conferencia de prensa efectuada ese día en la sede del PPD en Puerta de Tierra.

No es la primera vez que Mari Tere González se acoge a la “Quinta Enmienda”.

Durante sus declaraciones en el juicio, la senadora González dijo que anteriormente había ejercido su derecho a no autoincriminarse cuando testificó anteriormente ante el Gran Jurado Federal. Eso no trascendió públicamente, pues el proceso ante un “Gran Jurado” es uno que no es abierto.

La Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos reza textualmente:

Nadie estará obligado a responder de un delito castigado con la pena capital o con otra infamante si un gran jurado no lo denuncia o acusa, a excepción de los casos que se presenten en las fuerzas de mar o tierra o en la milicia nacional cuando se encuentre en servicio efectivo en tiempo de guerra o peligro público; tampoco se pondrá a persona alguna dos veces en peligro de perder la vida o algún miembro con motivo del mismo delito; ni se le forzará a declarar contra sí misma en ningún juicio criminal; ni se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni se ocupará su propiedad privada para uso público sin una justa indemnización.”

En un esfuerzo de «damage control», la senadora circuló en estos días dos comunicados de prensa anunciando el apoyo de líderes del PPD en el Oeste. Sin embargo, ninguno de los citados en los comunicados son funcionarios electos o que ocupen actualmente posiciones de liderato en la colectividad a nivel de la región.

Entre los mencionados están: el exalcalde de San Sebastián, Silverio «Yeyo» Salas; la expresidenta del PPD en Rincón, Rosa Lasalle; el comisionado electoral del PPD en Isabela, Juan Vega; el comerciante mocano Edwin González; y la hija del difunto exalcalde de Mayagüez, Benjamín Cole, Evelyn Cole Falto.

 

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Acabando con otro mito: La estadidad para Washington, D.C.

Manifestantes pro estadidad en Washington, D.C. (Archivo).

Manifestantes pro estadidad en Washington, D.C. (Archivo).

Por: Lcdo. Alfredo Ocasio

Las menguadas fuerzas nacionalistas antiamericanas en Puerto Rico, habrán de utilizar cuanta mentira puedan inventar para tratar de parar la inevitable Estadidad para la isla. Es por eso que quiero de antemano romper con las mentiras y los mitos que habrán de utilizar, para que ustedes estén preparados y puedan refutar todas las mentiras que se avecinan.

Hace varios años que los nacionalistas (populares e independentistas) pregonan que antes de darle la Estadidad a Puerto Rico, se la darán a Washington, D.C. Tal argumento me hacía reír, hasta que descubrí que líderes supuestamente estadistas, le compraban el argumento a esta gente.

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Para poder entender que esto es una mentira, tenemos que, nuevamente ir a la Constitución de los Estados Unidos de América y la historia.

El Artículo I, Sección 8, de la Constitución establece que el Congreso tendrá jurisdicción exclusiva sobre un distrito, a crearse en terrenos cedidos por ciertos estados, destinado a ser la sede del gobierno federal.

Una vez ratificada la Constitución y George Washington fuera electo Presidente, como no se había creado el distrito, la capital de la nación se rotaba en varias ciudades en lo que se creaba el distrito. Finalmente, Washington seleccionó para la creación del distrito, los terrenos al sur del estado de Maryland y al norte del estado de Virginia, en una curvatura del rio Potomac. Se le encomendó al arquitecto francés Pierre L’Enfant el diseño de la sede.

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El distrito originalmente comprendía el poblado de Georgetown, el condado de Arlington y la ciudad de Alexandria. Posteriormente, los terrenos cedidos por Virginia le fueron devueltos. Al distrito creado se le nombró District of Columbia y la ciudad allí creada se le denominó Washington, en honor al primer presidente.

Como verán, es clara la intención de los padres fundadores de la nación, y de la Constitución, que la sede del gobierno federal nunca podrá estar ubicada en un estado en específico. Tiene que estar en un distrito que no sea propiedad de ningún estado, sino del gobierno federal.

Siendo esto así, la estadidad para el Distrito de Columbia es constitucionalmente imposible, pues de concedérsele habría que enmendar la Constitución, lo cual es un proceso que requiere la aprobación de 2/3 partes de ambas cámaras del Congreso y 3/4 partes de todos los estados, o mudar la sede del gobierno federal a otros terrenos que deberán ser cedidos por algún estado, lo cual es económicamente imposible.

Así que ya saben. Cada vez que un popular o un independentista les venga con el cuento de la estadidad para Washington, D.C., no caigan en el engaño ni le sigan el juego.

 

El licenciado Alfredo Ocasio es abogado en la práctica privada. Este artículo fue publicado en su cuenta de Facebook.