Contraloría señala falta de mantenimiento a proyectos de construcción y propiedad inservible u obsoleta sin decomisar en Oficina DTOP de Aguadilla (Fotos)

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AGUADILLA: La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones relacionadas a las áreas de construcción y mejoras permanentes, control de propiedad y de los documentos fiscales de la Oficina Regional de Aguadilla del DTOP, que sirve a 10 municipios en el área noroeste.

Una opinión cualificada es cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos pero no generalizados.

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En un comunicado de prensa se indicó que del 2013 al 2016, la Oficina Regional realizó 13 proyectos de construcción y contrató otros siete, para una inversión total de $1.4 millones en obras de construcción. En una inspección a tres de los proyectos, nuestros auditores observaron en dos de ellos, falta de mantenimiento y que estaban cubiertos por vegetación, tierra y hojas.

El Informe DA-18-12, de cuatro hallazgos, señala deficiencias con la propiedad inservible u obsoleta sin decomisar que se guarda junto a equipos y herramientas en buenas condiciones. De hecho, muchos de los materiales obsoletos se ubican a la intemperie, cubiertos de la vegetación y agua.

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Contrario a reglamentación, el director regional no había designado un sub-encargado de la propiedad desde la cesantía del anterior en el 2010. Además, el Inventario de Activos Fijos de la Propiedad del año 2016 no incluyó el costo de 164 unidades de propiedad.

La auditoría revela que la Oficina Regional de Aguadilla, no había realizado las gestiones pertinentes con el Departamento para llevar a cabo el proceso de decomiso del archivo inactivo. Esta situación impide a la Oficina Regional mantener un control adecuado de los documentos inactivos. Además, por el tiempo transcurrido, el manejo de documentos deteriorados y con problemas de humedad, constituyen un riesgo para la salud de los empleados.

El Informe cubre el periodo del 1 de julio de 2013 al 31 de marzo de 2017 y está disponible en su totalidad en www.ocpr.gov.pr.

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«Favorable con excepciones» informe de la Contralora sobre Municipio de Cabo Rojo

El informe M-17-39, con todos los detalles, está en la página de Internet de la Oficina de la Contralora (Archivo/LA CALLE Digital).

El informe M-17-39, con todos los detalles, está en la página de Internet de la Oficina de la Contralora (Archivo/LA CALLE Digital).

CABO ROJO: Un informe de auditoría, que cubrió parte del último cuatrienio de la exalcaldesa Perza Rodríguez (PNP) y la primera mitad del primer cuatrienio del actual alcalde Roberto Ramírez Kurtz (PPD), fue catalogado como “opinión favorable con excepciones sobre el manejo y control del presupuesto operacional, la contratación de servicios profesionales, la construcción de obras y mejoras permanentes del Municipio de Cabo Rojo”.

El Informe M-17-39 revela que el Municipio utilizó para comprar inversiones en un banco, los fondos que la Asamblea Legislativa asignó mediante resoluciones conjuntas (Barril y Barrilito), para la compra de terrenos y la construcción de obras y mejoras permanentes. De diciembre de 2009 a noviembre de 2014, bajo la incumbencia de la exalcaldesa Rodríguez, Cabo Rojo mantuvo inversiones que fluctuaban de $5.8 a $9.6 millones en una institución bancaria sin la autorización de la Asamblea Legislativa.

Tampoco remitió para la aprobación de la Legislatura Municipal, una línea de crédito bancaria por $809,948, para la cual utilizó como colateral las mencionadas inversiones. Estas situaciones pueden ser perjudiciales y afectar asignaciones futuras de fondos.

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Mientras tanto, la Oficina de la Contralora remitió al Secretario de Justicia, al Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico y a la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico el 19 de diciembre de 2016, bajo el mandato del alcalde Ramírez Kurtz, la contratación de servicios de ingeniería a una corporación que no estaba constituida como una corporación profesional como dispone la Ley 173 del 12 de agosto de 1988. También, contrario a la Ley 319 del 15 de mayo de 1938, tres personas que no estaban registradas como ingenieros o agrimensores del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, inspeccionaron y certificaron 35 proyectos en Cabo Rojo.

La auditoría de cuatro hallazgos señala que de junio de 2013 a julio de 2015, también bajo la administración del alcalde Ramírez, el Municipio formalizó cuatro contratos por $391,825 con un contratista sin obtener cotizaciones de al menos tres proveedores. Además, nuestros auditores identificaron que para seis obras por $389,411 se consideraron 44 cotizaciones de siete compañías, de las cuales siete de ellas resultaron ser falsas.

El Informe comenta el caso de la destitución del encargado del cementerio Las Delicias en enero de 2014, tras determinarse en una auditoría interna que vendió una fosa a una persona particular y expidió una certificación oficial. Los auditores investigaron otra querella que se recibió en julio de 2014 y determinaron que el encargado intervino en la venta de tres fosas por $1,000, $600 y $1,500, expidió certificaciones para cada una de ellas y solicitaba a los compradores el pago en efectivo. Los funcionarios municipales no refirieron este caso ni a la Oficina de Ética Gubernamental ni al Departamento de Justicia ni a la Oficina del Contralor.

El Informe cubre el periodo del 1 de julio de 2011 al 30 de junio de 2015 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Contraloría revela hallazgos en la Policía bajo superintendencias de Pesquera, Tuller y Caldero

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SAN JUAN: La Contraloría de Puerto Rico emite una opinión favorable con excepciones sobre el examen realizado a los contratos de servicios profesionales y consultivos, los controles administrativos e internos del Negociado de Recursos Humanos, de la Superintendencia Auxiliar en Responsabilidad Profesional y del Negociado de Investigaciones de Licencias e Inspección de Armerías de la Policía de Puerto Rico.

El informe cubre el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de octubre de 2016, que incluye las incumbencias de los exsuperintendentes Héctor Pesquera, James Tuller y José Luis Caldero.

El documento de 11 hallazgos revela que la Policía pagó $5,466.94 en exceso por horas no trabajadas a un profesor de materias legales y, por otro lado, retuvo $44,986 en exceso a un contratista por rembolso de gastos exentos según la Carta Circular 1300-09-14 del 2013.

Además, recomienda al Secretario de Hacienda que tome las acciones pertinentes por el hecho de que la Policía no notificó el pago de $13.5 millones por tres contratos, en las declaraciones informativas a Hacienda.

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Los auditores de asignados por la contralora Yesmín Valdivieso, identificaron que contrario a la Ley 237-2004, se otorgaron contratos para realizar funciones similares a las de un puesto dentro del Plan de Clasificación de Puestos. Cada uno de estos contratos devengó entre $1,200 hasta $26,376 anuales por encima de lo establecido en el Plan. Además, se otorgaron múltiples contratos de servicios con falta de información importante o sin todas las certificaciones requeridas.

La auditoría señala que no se realizaron pruebas de sustancias controladas anuales a todos los funcionarios y empleados de la Policía, según dispone el Reglamento 6403 del 2002, sino apenas al 12 por ciento del personal. Tampoco se realizaron las evaluaciones psicológicas al personal de rango y clasificado de la Policía dentro de un periodo de tres años, según dispone la Ley 53-1996. En los últimos seis años sólo se han realizado la prueba psicológica entre el 3 por ciento y el 11 por ciento de los empleados.

El informe también recomienda que se promulgue reglamentación para la Sección de Análisis de Huellas Dactilares de la División de Identificación Criminal y que se actualicen los procedimientos para administrar la Ley de Detectives Privados de Puerto Rico.

El documento completo, bajo el número DA-17-25, está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Publican segundo Informe de la Contralora en Municipio de Lajas… Sigue «lloviendo y no escampa» para exadministración PNP

El exalcalde Leovigildo "Leo" Cotte y el actual incumbente Marcos "Turin" Irizarry.

El exalcalde Leovigildo «Leo» Cotte y el actual incumbente Marcos «Turin» Irizarry.

LAJAS: La segunda parte de la auditoría de la Contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, reveló desviaciones de disposiciones de ley y de reglamentación con la administración del presupuesto y la construcción de una obra que no ha tenido utilidad en el Municipio de Lajas.

La auditoría cubre el periodo del 12 de enero de 2009 al 13 de enero de 2013, bajo la administración del exalcalde novoprogresista Leovigildo “Leo” Cotte.

En un comunicado de prensa se indicó que el Municipio tenía déficits acumulados en el Fondo Operacional de $2 y $1.8 millones para los años fiscales 2012 y 2013, lo cual representa un 18 por ciento y 14 por ciento, respectivamente, del presupuesto de ese periodo.

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“El operar con déficit reduce los recursos disponibles para el año fiscal siguiente y atribuimos la situación a que los alcaldes y directores de Finanzas y Presupuesto en funciones no administraron eficientemente las finanzas del Municipio”, indicó la Oficina de la Contralora.

El informe revela que el Municipio además construyó un campo de bateo en la urbanización Jardines de Lajas por $174,900, que al 31 de marzo de 2016 continuaba cerrado y no se ha utilizado. La construcción no provee capacidad de estacionamiento, no posee las mejores terminaciones y los residentes se querellaron de que no se les había consultado antes de construirlo.

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El Informe de tres hallazgos señala también, que se reprogramaron $1.5 millones de unos fondos asignados por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico del 1994 al 2010, contrario a los fines aprobados en las resoluciones conjuntas y sin solicitar la autorización de la Legislatura para reprogramar los fondos.

La opinión de la Contralora es parcialmente adversa.

Para acceder al informe, haga «click» sobre este enlace:

http://iapconsulta.ocpr.gov.pr/OpenDoc.aspx?id=ee85f72f-c3aa-4862-943c-1d79337cab00&nombre=M-17-09

Contralora señala deficiencias en contratación de firma de ingeniería en el Municipio de Moca

José "Kiko" Avilés, alcalde de Moca (Archivo).

José «Kiko» Avilés, alcalde de Moca (Archivo).

MOCA: Una auditoría de la Contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, reveló que el Municipio de Moca contrató servicios de ingeniería por $53 mil a una corporación que estaba impedida, por no estar constituida como corporación profesional; aparte de que su presidente no era ingeniero licenciado sino ingeniero en entrenamiento y su licencia estaba suspendida desde octubre de 2011.

En un comunicado de prensa, se informó el que la Administración Municipal de Moca pagó a esa firma el diseño de planos para la remodelación del Complejo Deportivo del sector el Limón en el barrio Cuchillas. Por el alto costo planteado en dichos planos, la propia Oficina Municipal de Planificación y Desarrollo preparó unos planos ajustados a los fondos disponibles, o sea que se pagaron unos planos que no tuvieron ninguna utilidad.bbq dias en semana

El Informe de tres hallazgos y un comentario especial, señala además, que la Comisión de Asuntos de Auditoría de la Legislatura Municipal no había realizado evaluaciones de 10 informes de auditoría (siete de Auditoría Interna del Municipio, uno de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales y dos de contadores públicos autorizados).

El comentario especial indica que al 31 de diciembre de 2014, los tribunales no habían resuelto nueve demandas civiles por $1.1 millones sobre daños y perjuicios, cobro de dinero, servidumbre y título de propiedad.

No obstante, la opinión de la contralora Valdivieso es favorable con excepciones y cubre el período del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014.

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Justicia refiere al Fiscal Especial Independiente a ex funcionaria de La Fortaleza

logo justiciaSAN JUAN: El secretario del Departamento de Justicia (DJ), licenciado César Miranda, refirió este miércoles a una ex funcionaria de La Fortaleza y a ocho servidores públicos adscritos al Cuerpo de Bomberos para ser investigados por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI), por alegada malversación y apropiación ilegal de fondos públicos, conspirar para cometer delitos y otras violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

La ex funcionaria de la Mansión Ejecutiva es la hoy jueza del Tribunal Apelativo, la licenciada Grace Grana Martínez. Sin embargo, se aclaró que el referido en cuestión no guarda relación con el desempeño de Grana Martínez cono jueza del  mencionado foro.

Según surge del referido de Justicia, los hechos supuestamente ocurrieron en julio de 2010 cuando Grana Martínez se desempeñaba como secretaria auxiliar de Administración del entonces secretario de la Gobernación, Marcos Rodríguez Ema.

Según prueba que dice tener Justicia, se convocó a una reunión en el Teatrito de La Fortaleza para instruir a varios secretarios y funcionarios de agencias públicas a participar de una asamblea en Albuquerque, Nuevo México, de la Liga Unida de Ciudadanos Latinoamericanos (LULAC), para votar por la nueva directiva de esa organización. Según instrucciones impartidas en la reunión, los funcionarios debían votar por la candidata a presidenta de LULAC, Margaret Morán.

Dicha votación no es asunto oficial de las agencias de gobierno, por lo que no era permitido recurrir a fondos públicos para sufragar el viaje de al menos cinco funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, autorizado por Grana Martínez. Dichos gastos le costaron al Erario al menos,6 mil 767 dólares. Surge además, que otros cinco empleados del Cuerpo de Bomberos viajaron con pasajes costeados por suplidores de la agencia y mediante donativos de otros servidores públicos, a solicitud del ex director de transportación, Jeremías Hernández Nogueras.

En la reunión en Fortaleza, Grana Martinez presuntamente instruyó a los funcionarios a llenar los documentos de solicitud de los viajes de modo que pareciera que irían a recibir adiestramientos por parte del Federal Training Institute (FTI).

La hoy jueza autorizó mediante carta del 9 de julio de 2010 a los funcionarios del cuerpo de Bomberos a viajar del 15 al 18 de julio a la ciudad de Albuquerque. Según Justicia, Grana Martinez indicó además que cada agencia debía enviar una delegación de al menos 11 personas. Sin embargo, según trasciende de la investigación de Justicia, los talleres ofrecidos por la FTI culminaron el 14 de julio de ese año.

Se alega que Carmen G. Rodríguez Díaz, ex jefa del Cuerpo de Bomberos, admitió mediante declaración jurada todas y cada una de las violaciones legales y administrativas que se le imputan. Rodríguez Díaz se convirtió en testigo del pueblo mediante acuerdo sobre concesión de inmunidad total firmado el pasado 7 de octubre. A los funcionarios Luis G. Irizarry Díaz, jefe de Bomberos de la zona de San Juan, y a Juan E. Rodríguez Berríos, jefe de zona de Caguas, también se les otorgó inmunidad.

La investigación se origina con una querella que presentó el 24 de febrero de 2011, Nélida Ramos, ex jefa del Negociado Auxiliar del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, en contra del ex director de transportación, por solicitar donativos a varios suplidores. El propósito de los donativos era pagar fiestas y actividades de la agencia que nunca se dieron y para el pago de alegados viajes oficiales.

Por su parte, la Contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso, indicó que la Contraloría tuvo conocimiento de esta situación en diciembre de 2011 a raíz de unas expresiones públicas del hoy senador Aníbal José Torres; por lo cual “decidimos realizar una auditoría de este asunto comenzando la misma el 12 de enero de 2012. Las situaciones encontradas fueron referidas al Secretario de Justicia, César Miranda, el 21 de febrero de 2014. A partir de ese momento, trabajamos en colaboración constante con el Departamento de Justicia”.

El 23 de abril de 2014, la División de Integridad Pública del DJ notificó a la OPFEI que realizaba una investigación basada en información bajo juramento. La OPFEI concedió hasta el 20 de octubre para informar sobre los resultados de la investigación.

Los funcionarios del Cuerpo de Bomberos que viajaron a Albuquerque fueron: el comandante y segundo en mando, Pedro A. Vázquez Montañez; Nélida Ramos; jefa auxiliar del Negociado de Administración; Luis G. Irizarry Díaz, jefe de zona de San Juan; Juan E. Rodríguez Berríos, jefe de zona de Caguas; y Miguel Cartagena Negrón, inspector de Incendios. Con excepción de Irizarry Díaz, Nélida Ramos, y Juan E. Rodríguez Berríos, para los antes mencionados se recomendará la radicación de cargos por conspiración, malversación y apropiación de fondos públicos y Ley de Ética Gubernamental.

Los otros cinco empleados que viajaron para asistir a la votación de LULAC, y a los que se recomendará la radicación de cargos contenidos en la Ley de Ética Gubernamental, son: el bombero Carlos Díaz Villegas; el sargento Jorge Ortiz Reyez; el chofer Yamil Cosme; el mecánico Edgardo Nieves; y el ayudante especial y supervisor de mecánicos, Jeremías Hernández Nogueras.