Contralora cuestiona vicios de construcción en Centro de Bellas Artes de San Sebastián

Aspecto actual del Centro de Bellas Artes de San Sebastián, calificado como una "ruina funcional" (Suministradas Oficina de la Contralora).

Aspecto actual del Centro de Bellas Artes de San Sebastián, calificado como una «ruina funcional». Haga «click» sobre la foto para ampliarla (Suministradas Oficina de la Contralora).

SAN SEBASTIÁN: La Contraloría de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, emitió una opinión en la que cuestiona las compras y los desembolsos, la propiedad, las demandas, las recaudaciones, y las obras y mejoras permanentes del Municipio de San Sebastián.

El Informe contiene siete hallazgos que revelan, entre otras cosas, que se invirtieron de junio de 1996 a noviembre de 2014 un total de $5.5 millones para la construcción y habilitación de un Centro de Bellas Artes que no ha podido utilizarse debido a deficiencias y vicios de construcción.

La auditoría cita la evaluación de una firma de ingenieros que califica el edificio como una “ruina funcional” según la guía sobre los tipos de ruina que define el Tribunal Supremo. Una ruina funcional es aquella en la cual los vicios “exceden las medidas de las imperfecciones que cabe esperar razonablemente en una construcción”.

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Los auditores de la Contraloría identificaron también, que el Municipio mantenía clasificados como transitorios a 46 empleados que en realidad llevaban de uno hasta 17 años en puestos realizando las mismas labores para los cuales fueron contratados. Esta situación es contraria al Reglamento de Personal del Municipio (2006) y a la Ley 81-1991.

Otro de los hallazgos revela que se adquirió un servicio de mecánica por $32,888 sin la debida requisición por escrito del jefe de la dependencia que solicitó el servicio. Además, las tablillas de 92 vehículos decomisados no se habían devuelto al Departamento de Transportación y Obras Públicas como dispone la ley 22-2000.

La auditoría señala deficiencias con las recaudaciones en las instalaciones recreativas Canopy y Rock Climbing, y la falta de fiscalización por parte de la Comisión de Auditoría de la Legislatura Municipal. Esta Comisión no evaluó del 2013 al 2015, nueve informes de auditoría que había emitido la Unidad de Auditoría Interna.

Además, un Comentario Especial incluido en el Informe, indica que al 31 de diciembre de 2015, seguían pendientes de resolución en los tribunales cuatro demandas por $900,586.

El Informe cubre el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2015 y está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Favorable pero «con excepciones» Informe de la Contralora en Isabela

Carlos "Charlie" Delgado Altieri, alcalde de Isabela (Archivo).

Carlos «Charlie» Delgado Altieri, alcalde de Isabela (Archivo).

ISABELA: La Contraloría de Puerto Rico emitió el jueves una opinión favorable con excepciones de las operaciones fiscales del Municipio de Isabela relacionadas a la administración del presupuesto y el uso del sistema de contabilidad mecanizado.

El Informe presenta cuatro hallazgos que revelan deficiencias con las conciliaciones bancarias, los ingresos y los informes mensuales de ingresos y desembolsos.

Por ejemplo, las conciliaciones de la cuenta General, Sellos y Comprobantes, CIMA y Aportación Ciudadana reflejaban diferencias de hasta $23,750 y las conciliaciones bancarias del Municipio tenían atrasos de hasta 12 meses. Los respectivos ajustes se realizaron a principios del 2016 como respuesta a la carta a la gerencia remitida por los auditores al alcalde Carlos “Charlie” Delgado Altieri.

Además, a junio de 2015, el Municipio no llevaba un mayor general para que pudiera conciliarse con las cuentas bancarias y el Informe Mensual, ni tampoco mantenía un registro confiable de todas las cuentas por cobrar.

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La auditoría señala que el Municipio no remitió a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) la lista de deudas vencidas al 30 de junio de 2012 ni las cuentas por cobrar de $111,286, al 30 de junio de 2015. Por disposición de ley, las deudas vencidas de dos años o más, se deben notificar a la OCAM.

Los auditores identificaron $589,500 en fondos inactivos por periodos de hasta más de 11 meses y la falta de fiscalización de los sistemas de contabilidad mecanizados por parte de la Unidad de Auditoría Interna.

En los Comentarios Especiales del Informe se indica que el Municipio de Isabela tuvo que pagar a la Oficina de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos una penalidad de $3,475 por violaciones, luego de la inspección de varias entidades municipales.

Al 30 de junio de 2015 tenía tres demandas civiles por $105 mil, pendientes de resolución por los tribunales.

Revienta lío con el Natatorio del Colegio de Mayagüez (Documentos)

Parte de las facilidades del Natatorio del RUM (Archivo).

Parte de las facilidades del Natatorio del RUM (Archivo).

MAYAGÜEZ: Desde marzo de 2014, LA CALLE Digital tuvo conocimiento y publicó la escandalosa situación que rodeaba la operación del Natatorio del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (RUM), mientras estuvo bajo la dirección de un exaspirante a la rectoría de la institución, lo que llegó ante la consideración de la contralora Yesmín Valdivieso.

En estos días, el asunto se ha convertido en tema de conversación dentro del campus mayagüezano.

Documentos relacionados con el asunto obran en poder de LA CALLE Digital y al final de esta nota se provee el enlace para acceder a los mismos.

Según una carta enviada por el licenciado Luis Santini Gaudier, se le cuestionó al doctor Efrank Mendoza Martínez, el proceso de contratación de la compañía que le daría mantenimiento a las facilidades, que fueron utilizadas durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Mayagüez 2010.

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El doctor Mendoza Martínez está adscrito al Departamento de Educación Física del RUM y para el 2014 aspiró a la rectoría del RUM. Para la fecha de la misiva del licenciado Santini Gaudier, Mendoza fungía como ayudante del Rector para Asuntos Deportivos y director del Complejo del Natatorio, Tenis y Racketball.

Se alega en la carta que para el 27 de octubre de 2011, se le adjudicó la subasta 230002801 a la empresa propiedad de Lourdes Marrero, que fue la licitadora más baja en el proceso, cotizando los servicios por $56,700, mientras que los otros postores, Jireh Pool Center y CSCG, lo hicieron por $125,624.42 y $84,110.04, respectivamente.

No obstante, a pesar de que en una extensión de tres meses se le solicitó a Marrero que bajara sus honorarios a $50,000, ésta para mantener el contrato, accedió a la rebaja.

Sin embargo, al finalizar la última extensión de su contrato, la empresaria advino a conocimiento de que el servicio de mantenimiento del Natatorio se le encomendó a otra empresa, con sede en Aguada, sin que mediara subasta.

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“Se desconoce la razón o motivo por la cual no se celebró subasta relacionado a la prestación de este servicio y nos extraña la razón por la cual se estaría solicitando cotizaciones por cinco (5) meses de servicio; solamente.

Confiamos en que la no celebración de subasta y la contratación por solo cinco (5) meses no obedezca a un esquema para obviar el proceso formal de subasta que es el proceso más prístino en la contratación gubernamental”, lee textualmente parte de la comunicación del licenciado Santini Gaudier al doctor Mendoza.

Copia de la carta fue enviada a la contralora Yesmín Valdivieso, quien contestó que refirió el contenido de la misma a la División de Auditorías de Corporaciones Públicas.

De uno de los documentos en poder de LA CALLE Digital, surgió que el doctor Mendoza Martínez hizo gestiones por escrito el 18 de febrero de 2011, previo a la subasta del 27 de octubre, para que se efectuara el pago por los servicios prestados a la compañía CSCG, Inc., que había dado el mantenimiento  las piscinas del Natatorio del RUM, entre el 8 de diciembre de 2010 al 8 de febrero de 2011.

Noticia relacionada:

Contralora revela esquema de irregularidades en la compra de equipos para el Natatorio del Colegio de Mayagüez

“Certifico que la compañía CSCG, Inc., representada por el Sr. Víctor García, de Pucho’s Pool Service, finalizó el contrato de mantenimiento de la piscina olímpica, piscina para clavados, piscina para calentamientos y “spa” de aclimatación, trabajos pertinentes a la orden de compra 4300112092, del 6 de diciembre de 2010. Los servicios prestados comenzaron el 8 de diciembre de 2010 al 8 de febrero de 2011. Agradeceré el trámite correspondiente para que se efectúe el pago por dichos servicios”, indica un memorándum sobre “Certificación de Servicios Completados”, enviado por el doctor Mendoza a José E. Avilés, director de Finanzas del RUM.

Surge de los documentos que la empresa aguadeña cobró por dos meses de servicios de limpieza, un total de $34,980, sin que mediara subasta.

Las compañías a nombre de la familia García fueron mencionadas por la prensa del País en marzo de 2010, cuando trascendió que mientras una de las corporaciones tenía el proyecto de construcción de la “Plaza del Mercado” de Aguadilla, otra de las empresas de esa familia construía una piscina en la residencia del alcalde de esa municipalidad, Carlos Méndez Martínez.

A la empresa de García, CSCG, se le otorgó el contrato de servicios a las piscinas del Natatorio mayagüezano el 31 de enero del 2013, cuando la extensión del contrato de Marrero vencía el 1 de febrero, sacando de carrera a la empresa de Marrero, el día antes del vencimiento de su contrato.

Lourdes Marrero, según se supo, estuvo a cargo de la remodelación de las piscinas de clavado y nado del Recinto de Río Piedras de la UPR.

El 17 de marzo de 2013, LA CALLE Digital buscó la reacción del doctor Mendoza Martínez, dejando un mensaje en su oficina, y al mismo tiempo se solicitó la asistencia de la Oficina de Prensa de la institución. La respuesta del funcionario no se produjo entonces.

Enlace a los documentos:

https://www.dropbox.com/s/z3f4b11bbd8aqaq/03-19-14%20Documentos%20Dr%20Efrank%20Mendoza%20Martinez.pdf?dl=0

Publican segundo Informe de la Contralora en Municipio de Lajas… Sigue «lloviendo y no escampa» para exadministración PNP

El exalcalde Leovigildo "Leo" Cotte y el actual incumbente Marcos "Turin" Irizarry.

El exalcalde Leovigildo «Leo» Cotte y el actual incumbente Marcos «Turin» Irizarry.

LAJAS: La segunda parte de la auditoría de la Contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, reveló desviaciones de disposiciones de ley y de reglamentación con la administración del presupuesto y la construcción de una obra que no ha tenido utilidad en el Municipio de Lajas.

La auditoría cubre el periodo del 12 de enero de 2009 al 13 de enero de 2013, bajo la administración del exalcalde novoprogresista Leovigildo “Leo” Cotte.

En un comunicado de prensa se indicó que el Municipio tenía déficits acumulados en el Fondo Operacional de $2 y $1.8 millones para los años fiscales 2012 y 2013, lo cual representa un 18 por ciento y 14 por ciento, respectivamente, del presupuesto de ese periodo.

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“El operar con déficit reduce los recursos disponibles para el año fiscal siguiente y atribuimos la situación a que los alcaldes y directores de Finanzas y Presupuesto en funciones no administraron eficientemente las finanzas del Municipio”, indicó la Oficina de la Contralora.

El informe revela que el Municipio además construyó un campo de bateo en la urbanización Jardines de Lajas por $174,900, que al 31 de marzo de 2016 continuaba cerrado y no se ha utilizado. La construcción no provee capacidad de estacionamiento, no posee las mejores terminaciones y los residentes se querellaron de que no se les había consultado antes de construirlo.

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El Informe de tres hallazgos señala también, que se reprogramaron $1.5 millones de unos fondos asignados por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico del 1994 al 2010, contrario a los fines aprobados en las resoluciones conjuntas y sin solicitar la autorización de la Legislatura para reprogramar los fondos.

La opinión de la Contralora es parcialmente adversa.

Para acceder al informe, haga «click» sobre este enlace:

http://iapconsulta.ocpr.gov.pr/OpenDoc.aspx?id=ee85f72f-c3aa-4862-943c-1d79337cab00&nombre=M-17-09

Auditoría de la Contralora revela 15 hallazgos en el Municipio de Hormigueros

Casa Alcaldía de Hormigueros (Archivo LA CALLE Digital).

Casa Alcaldía de Hormigueros (Archivo LA CALLE Digital).

HORMIGUEROS: El informe de auditoría más reciente, dado a conocer por la contralora Yesmín Valdivieso, reveló el miércoles unos 15 hallazgos sobre las operaciones fiscales del Municipio de Hormigueros. El documento cubre el periodo del 1 de julio de 2011 al 31 de diciembre de 2014.

En un comunicado de prensa circulado, se informó que entre los hallazgos está la subcontratación de trabajos sin la previa autorización del Municipio; enmienda a contratos de servicios profesionales con vigencia retroactiva y cambios en los trabajos de una obra sin la formalización previa de órdenes de cambio.

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“Contrario a una de las cláusulas de los mismos contratos, algunos servicios de los proyectos de construcción de una pista atlética en el barrio Jagüitas por $1.8 millones y del centro de usos múltiples en el barrio Guanajibo por $563,509, se subcontrataron sin que el Municipio los autorizara por escrito al contratista. Además, para la supervisión e inspección de estos proyectos se otorgaron dos enmiendas a dos contratos con vigencia retroactiva contrario a la Ley 237-2004. Una situación similar ya se había señalado en el Informe de Auditoría M-14-21 del 9 de enero de 2014. También en los proyectos mencionados se cambiaron las especificaciones mediante órdenes de cambio sin la autorización previa del Alcalde y la Junta de Subastas o con vigencia retroactiva”, reveló la contralora.

Por otro lado, el Informe señala que de una muestra de las 321 transferencias de crédito emitidas entre partidas presupuestarias por $2.3 millones, se identificó que se realizaron sin emitir las certificaciones de sobrantes requeridas, se pagaron servicios adicionales no contemplados en el contrato de inspección del Centro de Usos Múltiples de Guanajibo y se remitieron con tardanzas de hasta 171 días, 123 contratos y 27 enmiendas a la Oficina del Contralor.

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Se indicó que esta situación, impidió que los contratos y las enmiendas estuvieran accesibles a la ciudadanía en calidad de documentos públicos. Además, los auditores de la Oficina del Contralora detectaron que de julio de 2011 a marzo de 2014, el Municipio no remitió copias de 21 demandas activas al Departamento de Justicia.

En la sección de “Comentarios Especiales” se indica que al 31 de diciembre de 2014 estaban pendientes de resolución por los tribunales, 11 demandas civiles por $1.2 millones; mientras que el Tribunal dictó una sentencia parcial sobre el reclamo de $5 millones al Municipio de Mayagüez, ya que este cobro indebidamente del CRIM por propiedad mueble e inmueble de Hormigueros en la colindancia con Mayagüez; y al 30 de junio de 2013 el Municipio no había recobrado $58,932 por distintos conceptos recomendado por Informes de Auditoría anteriores.

Se aclaró que la opinión de la Contralora es favorable con excepciones.

Serios señalamientos de la Contralora en el Municipio de Sabana Grande

Se alega que el parque acuático Los Chorritos se construyó sin los permisos de la Oficina de Gerencia de Permisos (Archivo).

Se alega que el parque acuático Los Chorritos se construyó sin los permisos de la Oficina de Gerencia de Permisos (Archivo).

SABANA GRANDE: La más reciente auditoría de la Contralora de Puerto Rico reveló lo que describió como “desviaciones de disposiciones de ley y de reglamentación”, relacionadas con la administración del presupuesto, las obras de construcción y pagos indebidos por distintos conceptos en Sabana Grande.

La opinión de la contralora Yesmín Valdivieso, que fue descrita como “parcialmente adversa”, cubrió el periodo del 1 de julio de 2010 al 30 de junio de 2014.

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Se indicó que el déficit acumulado ascendió a $2.8, $2.8 y $3.2 millones para los años fiscales del 2011 al 2013 respectivamente, lo cual representa entre un 25 por ciento a un 28 por ciento de déficit con respecto al presupuesto.

Además, el Municipio sobrestimó por 12, 18 y 11 por ciento, los ingresos para esos años y se sobregiró en fondos y partidas.

“El operar con déficit afecta los servicios a la ciudadanía, sobreestimar los ingresos contribuye al déficit y los sobregiros crean una situación fiscal precaria para el Municipio”, dijo la contralora Valdivieso.

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El Informe señala que de noviembre de 2010 a mayo de 2013, se adquirieron bienes y servicios por $418 mil 711 sin obtener cotizaciones de por lo menos tres proveedores contrario a la Ley 81-1991.

Además, en diciembre de 2012 se comenzó la construcción del Parque Recreativo, Tablado, y Juegos Acuáticos del barrio Rincón, sin el permiso de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y en ese periodo se formalizaron ocho contratos por $354 mil 731 para realizar mejoras de varios centros Head Start, sin que los contratistas presentaran las fianzas, pólizas y las certificaciones requeridas.

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Estas situaciones no permitieron a la OGPe ejercer su función reguladora, deja sin garantías al Municipio para responder por los compromisos de los contratistas con sus empleados y proveedores, e impide llevar a cabo una administración pública sana y eficiente.

La auditoría de 13 hallazgos detectó que no se requirieron certificaciones de sobrantes antes de autorizar las transferencias de crédito, se pagó $8,380 en exceso a funcionarios y empleados por la liquidación de licencias acumuladas, y se pagaron $178 mil 907 en exceso a dos contratistas que no tenían contrato escrito con el Municipio.

Entre las múltiples deficiencias se comentan las relacionadas con los archivos de documentos públicos, las recaudaciones, las inversiones, la preparación de conciliaciones bancarias y controles sobre la propiedad.

En los comentarios especiales se indica que el Municipio tenía pendiente de resolución una demanda civil por $75 mil y no había recobrado $74,432 según se recomendó en el Informe de Auditoria M-13-24 del 3 de febrero de 2013.

El informe completo está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Exigen que Justicia intervenga con el Alcalde de Mayagüez por «lío» de viajes fletados a España

El avión bautizado como «Guillito 1» en uno de sus vuelos entre España y Aguadilla. Haga «click» sobre la imagen para ampliarla (Archivo).

MAYAGÜEZ: Residentes de la Sultana del Oeste le pidieron al Departamento de Justicia que investigue el rol del alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, en lo que describieron como “el despilfarro de millones de dólares de fondos públicos en el natimuerto programa de viajes fletados a España”.

Las expresiones surgieron luego de que la Oficina de la Contralora de Puerto Rico revelara esta semana que Rodríguez, como presidente de la Junta de Directores del Programa de Incentivos Aéreos de Viajes Fletados al aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla, autorizaba la transferencia de cuantiosas partidas de las arcas municipales a la corporación (IDEO) que administraba los viajes y de la que era director, “sin que jamás los cobrara para atrás”.

El «Guillito 1» (Archivo).

En el tercer informe de la contralora Yesmín Valdivieso, sobre los Viajes Fletados en Aguadilla (CP-16-05), y que tiene fecha del 18 de febrero de 2016, se revela que el Alcalde de Mayagüez, como presidente de la Junta de Directores de la corporación sin fines de lucro que manejó estos vuelos, incurrió en una serie de faltas administrativas y de posibles violaciones del Código Penal al autorizar el desembolso, a través de la Legislatura Municipal, de sobre $3 millones al programa sin que mediara los reglamentos y autorizaciones necesarias para ello y sin cobrarlos como se supone que hiciera por disposición de ley. Esto de por sí solo amerita una investigación.

Del informe de Contraloría se despende que el alcalde popular Rodríguez ordenó el desembolso de partida tras partida al programa sin delinear una fuente de repago, lo que ocasionó que el Municipio perdiera millones de dólares.

Reza el documento que el 22 de junio de 2009 la Legislatura Municipal de Mayagüez aprobó un desembolso de un millón de dólares para el Programa, el cual se recuperaría al momento de que el Banco de Fomento Gubernamental (BGF) le aprobara una línea de crédito a la Corporación. Lo mismo sucedió en el 22 de julio de 2010, esta vez por la cantidad de $600,000 y otro en septiembre de 2010 por $300,000. Luego, en octubre de 2011 se le dieron $30,000 y en junio de 2014 unos $24,200. Todos estos préstamos a sabiendas de que la Corporación tenía sobre tres millones en deuda, que no generaba nada de ingresos y que no podía pagarle al Municipio.

Según el Informe, en diciembre del 2010, el BGF autorizó una línea de crédito al programa por alrededor de $1.4 millones. Sin embargo, la corporación no repagó los dineros adeudados al Municipio de Mayagüez y tampoco su alcalde y el también presidente de la Junta de la Corporación, hizo alguna gestión para recuperar lo invertido.

Se dijo también que el alcalde Rodríguez no remitió los informes anuales, para el periodo entre el 2007 y 2011, sobre la operación del programa a la Legislatura o al Gobernador, tal y como establece la Ley 67. Se alquiló un local para la corporación en el Municipio sin que mediara contrato o acuerdo, entre muchas otras deficiencias. Esto para un programa donde sólo viajaron 2,250 personas y de estas únicamente 389 (17 por ciento) eran viajeros que vinieron de Europa y se quedaron aquí, en la zona oeste, Los demás, unos 1,861, eran estadounidenses que se fueron de aquí al Viejo Continente.

En «deficit» Municipio de San Germán según el más reciente informe de la Contralora

Casa Alcaldía de San Germán (Archivo).

Casa Alcaldía de San Germán (Archivo).

SAN GERMÁN: El más reciente informe de auditoría de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, reveló que el Municipio de San Germán incurrió en un déficit presupuestario del Fondo Operacional, adquirió un edificio que ahora está abandonado y realizó transferencias de crédito sin certificaciones de sobrantes y contrarias a la ley.

En un comunicado de prensa se indicó que informe de ocho hallazgos y tres comentarios especiales señala un déficit presupuestario del Fondo Operacional por $1.12 millones y $1.54 millones para los años fiscales del 2012 al 2014, respectivamente.

Según la contralora Valdivieso, operar con déficit reduce los recursos para prestar los servicios al pueblo.

Además, la Legislatura de Puerto Rico le asignó al Municipio en el 2004, la cantidad de $172 mil, que a su vez la administración municipal le iba a transferir a la Junta de la Comunidad Sabana Eneas en Acción, Inc., para adquirir un edificio y convertirlo en biblioteca.01-2016 aquaviva weekends

El edificio lo compró el Municipio en el 2008, por tasación, a $106 mil 550, y en el 2014 los auditores verificaron que el edificio “estaba abandonado y en deterioro”. Se dijo que el Municipio nunca transfirió el título a la comunidad. Los restantes $64,450, que eran para adquirir un estacionamiento, estaban inactivos desde el 2004 en una cuenta bancaria.

Otros hallazgos señalados se relacionan a los accidentes con vehículos municipales, para los que no se realizaron las investigaciones administrativas; empleados clasificados como transitorios por periodos que excedían los términos establecidos por ley; y la falta de documentación en los expedientes de las demandas.

Recordaron que estas situaciones habían sido señaladas hace dos años en el informe M-14-35.

Los comentarios especiales del Informe indican que a junio del 2015 había 16 demandas civiles por $5.6 millones pendientes en los tribunales, luego de 11 años el municipio tuvo que pagar $83,682 a un empleado por despido injustificado y se aumentó la deuda municipal de $14.5 millones (2012) a $35.3 millones (2014).

La opinión de la Contralora es favorable con excepciones y cubrió el período del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014.

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Contralora señala deficiencias en contratación de firma de ingeniería en el Municipio de Moca

José "Kiko" Avilés, alcalde de Moca (Archivo).

José «Kiko» Avilés, alcalde de Moca (Archivo).

MOCA: Una auditoría de la Contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, reveló que el Municipio de Moca contrató servicios de ingeniería por $53 mil a una corporación que estaba impedida, por no estar constituida como corporación profesional; aparte de que su presidente no era ingeniero licenciado sino ingeniero en entrenamiento y su licencia estaba suspendida desde octubre de 2011.

En un comunicado de prensa, se informó el que la Administración Municipal de Moca pagó a esa firma el diseño de planos para la remodelación del Complejo Deportivo del sector el Limón en el barrio Cuchillas. Por el alto costo planteado en dichos planos, la propia Oficina Municipal de Planificación y Desarrollo preparó unos planos ajustados a los fondos disponibles, o sea que se pagaron unos planos que no tuvieron ninguna utilidad.bbq dias en semana

El Informe de tres hallazgos y un comentario especial, señala además, que la Comisión de Asuntos de Auditoría de la Legislatura Municipal no había realizado evaluaciones de 10 informes de auditoría (siete de Auditoría Interna del Municipio, uno de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales y dos de contadores públicos autorizados).

El comentario especial indica que al 31 de diciembre de 2014, los tribunales no habían resuelto nueve demandas civiles por $1.1 millones sobre daños y perjuicios, cobro de dinero, servidumbre y título de propiedad.

No obstante, la opinión de la contralora Valdivieso es favorable con excepciones y cubre el período del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014.

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Entre ellos el de Maricao: Alcaldes deberán devolver salarios que cobraron de más

El alcalde de Maricao, Gilberto Pérez Valentín, junto al presidente del PNP, Pedro Pierluisi.

El alcalde de Maricao, Gilberto Pérez Valentín, junto al presidente del PNP, Pedro Pierluisi.

SAN JUAN: El secretario de Justicia (DJ), César Miranda, informó la radicación de demandas por pago indebido de fondos públicos y cobro de dinero contra dos alcaldes y una alcaldesa, como resultado de hallazgos referidos a Justicia por la Contralora, Yesmín Valdivieso, relacionados a otorgamiento de aumentos salariales a varios alcaldes.

Las demandas por aumentos salariales indebidos son contra el alcalde de Maricao, Gilberto Pérez Valentín; y el alcalde de Vega Alta, Isabelo Molina Hernández. Mientras que el caso contra Lorna Soto Villanueva, alcaldesa de Canóvanas, es por devengar salarios mayores a los $6,500 mensuales que le correspondían al momento de asumir el cargo, tal como se dispone en la Ley de Municipios Autónomos, según enmendada en junio de 2014.

En lo que concierne a Maricao y Vega Alta, en la demanda se solicita que los alcaldes de estos pueblos devuelvan las sumas de $88,135.57 y $45,000, respectivamente, por haberse cobrado en contra de la ley, además de cualquier cuantía adicional que sea devengada luego de la presentación del recurso.

En la demanda contra la incumbente alcaldesa de Canóvanas, se establece que Soto Villanueva está sujeta a la aplicación del cálculo predicado en la Ley de Municipios Autónomos, según enmendada, el cual toma en consideración los datos del censo de 2010.bbq dias en semana

Según dicho estudio, la población de Canóvanas es de 47,648 habitantes, lo que coloca al municipio en el renglón de pagar a su alcalde o alcaldesa por concepto de salario la cantidad de $6,500 mensuales. Empero, Soto Villanueva devengó del 1 al 17 de julio de 2014 el salario mensual de $9,400 y continua cobrando $8,742, desde el 18 de julio de 2014 al presente.

Miranda manifestó que se trata de acciones civiles de cobro de dinero y no actuaciones criminales que ameriten la intervención del Ministerio Público. No obstante, exhortó a los alcaldes y a todos los funcionarios de gobierno a que sean cautelosos en el uso de fondos públicos. “La situación económica que enfrentamos demanda de todos, no solamente el cumplimiento estricto de las leyes, sino la mayor prudencia y celo en el gasto público”, dijo.

Los hallazgos de la Oficina de la Contralora sobre aumentos de sueldo a alcaldes que fueron analizados y archivados corresponden a los municipios de Toa Baja, Hatillo, Juana Díaz, Guayanilla, Lares, Corozal (alcalde anterior), Culebra (alcalde anterior), Canóvanas (alcalde anterior).

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