El costo de la corrupción es mayor que la suma del dinero perdido según estudio de La Católica

REDACCIÓN: El Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR) dio a conocer los resultados de la investigación titulada El costo económico de la pobre gobernanza y la corrupción en Puerto Rico.

El objetivo de la investigación fue proveer un estimado que permita a la ciudadanía tener una idea aproximada de la magnitud del impacto económico de los problemas de corrupción en la Isla.

Se informó que para llevar a cabo la investigación se revisaron los estudios sobre el impacto económico de la corrupción alrededor del mundo.

La mayoría de los estudios de otros países utilizaron modelos estadísticos para medir la relación entre variables de crecimiento económico y algún indicador de corrupción estimado por entidades internacionales como Transparencia International o el Banco Mundial.

El Banco Mundial establece varios Indicadores de Gobernanza, conocidos como los World Governance Indicators (WGI), que miden todas las dimensiones de gobernanza mencionadas, al igual que un indicador de control de la corrupción. Estos datos se publican para todos los países del mundo, incluyendo a Puerto Rico.

Asimismo, se trabajó un ejercicio estadístico para estudiar la relación entre los Indicadores de Gobernanza del Banco Mundial y la economía puertorriqueña.

Se seleccionó el mejor de estos modelos para estimar el impacto de la pobre gobernanza en dólares, con el objetivo de proveer a la ciudadanía una idea aproximada de su magnitud.

En el modelo que se seleccionó, dos indicadores específicos sobresalieron, Estos fueron «voz y rendición de cuentas», que determina en qué medida los ciudadanos de un país pueden participar en las decisiones de gobierno; «control de la corrupción», que indica la medida en que el poder público se ejerce en beneficio privado, incluyendo la “captura” del estado por élites e intereses privados.

Se encontró que los indicadores de gobernanza en Puerto Rico han disminuido significativamente desde mediados de la década del 2000, coincidiendo con la depresión económica observada durante 2006-2017.

Se encontró evidencia estadística que sugiere que, si Puerto Rico hubiera logrado estabilidad en la calidad de su gobernanza durante la depresión económica, la crisis económica pudiera haber sido menos profunda, y hoy estaríamos más cercanos a retornar a niveles precrisis.

Uno de los principales hallazgos es que el deterioro de nuestra capacidad de controlar la corrupción a partir de la década de los 2000 le ha costado a la economía puertorriqueña alrededor de $7.4 mil millones, o en promedio de $527 millones anuales.

En el caso de voz y rendición de cuentas, se estimó que su deterioro le ha costado a la economía puertorriqueña alrededor de $11.6 mil millones, o en promedio $1,289 millones anuales.

Además de la pérdida de fondos públicos, ya sea por robo, pagar más de lo debido por un servicio, otorgación de contratos a donantes, entre otras prácticas, la corrupción implica menos fondos disponibles para invertir en salud, educación, y desarrollo.

El costo de la corrupción es mayor que la suma del dinero perdido.

Es hora de cambiar la política: Un partido sin partido

El líder sindical Iván Vargas Muñiz (Archivo).

Por Iván Vargas Muñiz

Todos hemos sido testigos del rumbo que ha tomado nuestro país, a causa de quienes han ostentando el poder de gobernar y legislar. Esos, que fueron electos bajo una insignia de un partido político, la inmensa mayoría han trabajado para sus propios intereses o para sus amigos y donantes.

El resultado, una Junta de Control Fiscal impuesta por los Estados Unidos para que nos gobierne, con el fin de garantizar el pago de una deuda que los expertos han dicho que jamás se podrá pagar. Una Junta que, curiosamente, tiene como integrantes personas que desde la empresa privada fueron artífices y cómplices de esa deuda, y hoy nos dicen que hay que pagarla.

Cuatrienio tras cuatrienio hemos votado íntegro, por rojos y azules creyendo las promesas de cada cual, pero viendo que al final no cumplen con ellas.

Un pabellón en Sevilla, Un centro de convenciones al lado de otro, un tren urbano que salió más caro que muchos otros que van a varios estados, privatizaciones a granel y la corrupción rampante han sido solo algunos de los culpables.

En cambio, la nueva oferta que nos presentan los partidos, es llevarnos a dar una nueva vuelta para llegar al mismo lugar. Donantes y asesores de los fondos buitres por un lado, y los defensores de esos mismos fondos buitres por el otro, lo que no nos da mucha esperanza de cambio alguno.

Sin embargo, me parece que debemos tomar en cuenta todo esto y repensar la forma de hacer campañas o de votar en Puerto Rico. Por eso, el título de mi columna.

Un partido sin partido es para mí el rumbo a seguir. Hay que ir identificando líderes en el país, que su compromiso real sea nuestra isla. Que tomen en cuenta a la ama de casa, al estudiante, a los periodistas, a los artistas, a los trabajadores, a los ingenieros, a los deambulantes, en fin a todos los que vivimos aquí.

Personas que estén dispuestas a aspirar a cargos electivos fuera de las insignias de partidos, pero en alianzas con otros, que de manera independiente, pero a la vez unidos, puedan rescatar nuestro país.

Un partido sin partido debe concretarse en una verdadera asamblea de pueblo, donde se determine por la mayoría de los asistentes quiénes aspirarán a las distintas posiciones electivas. Que establezcan además un programa de gobierno conjunto en conversaciones con las comunidades y que los únicos donativos que reciban, no sean mayores a los $100 para evitar las tentaciones en las que han caído otros políticos.

Suena absurdo, loco o tal vez maquiavélico, pero mirando lo que hemos vivido me parece que es el momento de reformar las elecciones en este país.

No lo descarten de primera fase. Analicen y se darán cuenta que no nos queda otra opción.

La corrupción «tiene nombre y apellido»: Omisión en el cumplimiento del deber

corrupcionPor: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA-AAA

La pasada semana el país se estremeció ante una nueva ola de arrestos por supuestos actos de corrupción pública, que en esta ocasión involucra a tres entidades gubernamentales: Administración de Desarrollo Laboral (ADL), la Cámara de Representantes y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados  (AAA).

Diez personas fueron arrestadas por el FBI luego que se emitiera una acusación por 24 cargos de corrupción pública.

Aunque los arrestos no deben tomarnos por sorpresa, ya que como sabemos, esta investigación federal lleva ya varios meses de iniciada y se ha realizado varios allanamientos, lo que si debe preocuparnos es la inacción de las personas responsables de tomar medidas en el momento en que se conoció los detalles de la misma, en lo referente a las personas implicadas.

Desde el pasado 25 de noviembre de 2015, comenzó a salir información acerca de este supuesto esquema y de varios funcionarios públicos con cargos de influencia en el gobierno. De hecho,  los primeros allanamientos relacionados con este caso se realizaron ese día; uno en una empresa llamada 3ComGlobal, propiedad de Anaudi Hernández y otro en la Autoridad de Acueductos.

Semanas después, comienzan salir informes en la prensa que indicaban que dos funcionarias de la AAA,  Ivonne Falcón, entonces vicepresidenta de la Autoridad, y Sonia Barreto, directora de Compras, también de la AAA, estaban relacionadas a este supuesto esquema.

Otro allanamiento fue realizado el 7 y 8 de octubre de este año, también la triple A, pero esta vez fueron directamente a las oficinas de ambas funcionarias. A la vez, continuaba saliendo más información acerca de la empresa 3ComGlobal y un supuesto contrato en la Cámara de Representantes, en el que se alegaba que había sido obtenido de forma sospechosa.bbq dias en semana

La información sobre el servicio que brindaba esa empresa a la Cámara estaba en tela de juicio ya que se alegaba que el mismo era uno deficiente. De hecho, aun con todos los problemas que enfrentaba, la Cámara continuaba pagando mensualmente el contrato que tenía, sin que se iniciara un proceso legal o administrativo por incumplimiento de contrato.

En el caso de ADL es a la propia exadministradora, Sally López, a quien se le investigó y arrestó por presuntos actos de corrupción. Esta agencia en los últimos años se encargó del reclutamiento de personal, tanto para el gobierno central como para algunas corporaciones públicas.

¿Qué implicaciones tiene este caso con los jefes de los funcionarios arrestados? Bueno, al momento no se ha vinculado directamente al presidente de Acueductos,  ni al presidente de la Cámara, ni al propio gobernador con estos actos. Sin embargo de algo si podemos estar seguros, han sido negligentes en el cumplimiento del deber.

Como ya señalé, este no es un caso que comenzó a circular ayer sino que lleva al menos un año. Desde que comenzaron a salir nombres,  se debió haber iniciado una investigación interna para determinar la responsabilidad de los funcionarios mencionados.

Aunque en el caso del presidente de Acueductos, éste hizo una investigación y refirió el caso a la Oficina de Ética Gubernamental,  no inició un proceso administrativo interno para remover de sus puestos a la o las funcionarias que fallaron a su confianza. El ingeniero Alberto Lázaro, dijo que sometió los hallazgos de la investigación a dicha oficina sin decir cuales fueron, ni tampoco si iniciaría un proceso disciplinario contra éstas. Peor aún, al momento de los arrestos dijo que inició un proceso para sustituirlas, pero no hablo de separarlas de su empleo, por lo tanto no tenemos la certeza si estas funcionarias continuarán dentro de la Autoridad.

En el caso de la Cámara,  el presidente Jaime Perelló informó que separó de su empleo a funcionario que fue arrestado. Sin embargo, ¿Por qué no inició una investigación interna mucho antes? Espero a que ocurrieran los arrestos para entonces tomar acción. Al igual que en el caso de la ADL, que es al propio gobernador a quien le correspondía tomar acción y no hizo nada.

En este esquema se habla de apropiación de aproximadamente dos millones de dólares,  dinero que hasta la propia Contralora ha dicho que se podía pagar el bono de Navidad a muchos empleados públicos,  quienes hoy no tenemos la certeza si nos lo pagaran o no.

Ahora nos toca esperar y solicitarle a las autoridades federales que lleven este caso hasta las últimas consecuencias.

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