Contratistas estadounidenses ponen «sus chavos» para reelegir a Pierluisi

Por Luis Valentín Ortiz | Centro de Periodismo Investigativo

El viernes, 8 de diciembre de 2023, el gobernador Pedro Pierluisi realizó una fiesta de Navidad llamada “Blue Christmas”, un evento de recaudación de fondos para su campaña a la reelección. Allí, en uno de los salones del Fairmont Hotel San Juan, recaudó más de $579,000, de los cuales $6,000 fueron aportados por cinco ejecutivos de Hill International, una firma de manejo de proyectos con oficinas en 42 países.

Aunque ninguno de los cinco ejecutivos de Hill reside en Puerto Rico, sintieron la motivación de donar dinero a Pierluisi. No es la primera vez que oficiales de esta compañía quieren respaldar al Primer Ejecutivo. Desde diciembre del 2022, hay al menos $12,600 registrados en la Oficina del Contralor Electoral (OCE) como aportaciones políticas de parte de oficiales de Hill International a favor de la campaña política del Gobernador.

En Puerto Rico, Hill International tiene un contrato de $11.8 millones con la Autoridad de Carreteras como consultor en la operación del Tren Urbano. También es subcontratista en el programa de Reparación, Reconstrucción y Reubicación (R3) del Departamento de la Vivienda, donde inspecciona, supervisa y controla la calidad de los trabajos, según la compañía.

Durante este cuatrienio, el Comité de Pierluisi ha recibido al menos $115,000 en donativos políticos de personas que trabajan para compañías estadounidenses contratadas por el Gobierno de Puerto Rico, arrojó un análisis del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

Esto representa alrededor del 20% de los más de $556,000 que ha recibido el Gobernador en donativos de residentes de Estados Unidos durante el mismo periodo, según datos de la OCE.

La lista de contratistas estadounidenses con donativos políticos registrados en la OCE incluye principalmente bufetes, cabilderos, firmas de consultoría y compañías que trabajan con fondos federales de reconstrucción, encontró el CPI.

A nivel de Estados Unidos, el Gobierno federal prohíbe a sus contratistas realizar aportaciones económicas a incumbentes o candidatos a puestos electivos, mientras que al menos 15 estados tienen limitaciones similares.

“[En Puerto Rico] no es ilegal que personas naturales que trabajen con una persona jurídica que tiene un contrato [gubernamental] aporten a campañas políticas”, dijo el contralor electoral Walter Vélez en entrevista con el CPI.

Sin embargo, el funcionario favorece cambios a la Ley para el Financiamiento de Campañas Políticas, la Ley 22 del 2011, para prohibir los donativos de contratistas gubernamentales en Puerto Rico, ya que entiende que esto fomenta prácticas ilegales como el “pay for play”, donde una compañía aporta con la expectativa de recibir un contrato público o beneficio.

Este esquema precisamente estuvo al centro de los casos recientes de corrupción de exalcaldes populares y novoprogresistas relacionados con la contratación de asfalto y recogido de basura en los municipios.

A principios de este cuatrienio, se presentó el Proyecto de la Cámara 320 para prohibir esta práctica en Puerto Rico. Lleva engavetado hace casi tres años, a pesar de haber sido objeto de vistas públicas y estar avalado por la comisión legislativa que lo evaluó.

¿Por qué donan?

O’Melveny y King & Spalding, dos bufetes estadounidenses que representan al Gobierno en los casos de quiebra bajo la ley federal PROMESA, acumulan entre los dos más de $270 millones en contratos gubernamentales en los pasados siete años. Desde el 2020, más de una veintena de abogados de ambas firmas, y algunos de sus familiares, tienen registrados al menos $27,000 y $39,000, respectivamente, en donativos a favor de Pierluisi.

El CPI contactó por separado a una decena de estos abogados para conocer qué los motivó a donar dinero a Pierluisi. Al cierre de esta edición, ninguno respondió.

Casi todos los abogados donantes de estos dos bufetes residen fuera de Puerto Rico, en lugares como Nueva York, Maryland, Virginia, Connecticut y Texas, según datos de la OCE.

Más allá de una visita para algún evento relacionado al caso de quiebra — a veces vienen y van en un mismo día, según sus facturas —, la mayoría no tiene otra relación evidente con Puerto Rico. Cobran honorarios que rondan los $1,000 por hora y sus biografías incluyen casos de alto perfil en materia de reestructuración financiera como: Enron, Lehman Brothers, General Motors, Chrysler, Blockbuster, Pacific Gas & Energy Co.

Desde el 2017, O’Melveny lidera la representación legal del Gobierno de Puerto Rico en todos los procesos relacionados a PROMESA, mientras que King & Spalding hace lo propio con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), incluyendo la privatización del sistema eléctrico.

Las aportaciones de estos abogados ocurrieron en tres periodos de tiempo: los meses previos a las elecciones generales del 2020 que ganó Pierluisi; al final del 2021 y principios del 2022; y en julio de 2023, durante un “compartir” con el Gobernador en Washington, D.C. en la que se recaudaron $22,697.

Esta no es la primera vez que O’Melveny aporta a las campañas políticas de los gobernadores. En la OCE, hay al menos $30,000 en donativos registrados a favor del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, de un grupo de abogados del bufete y algunos familiares durante una actividad de recaudación de fondos en el 2018.

No solo estos abogados de Estados Unidos procuran que el Gobernador tenga dinero para su campaña. Un grupo de cabilderos ha donado al menos $20,000 a Pierluisi desde Estados Unidos. La mayoría trabaja para firmas contratadas por el Gobierno para cabildeo y servicios legales, tales como Venable ($730,000 en contratos), Cornerstone Government  Affairs ($750,000), Capitol Counsel ($480,000), Tonio Burgos ($570,000) y Squire Patton Boggs ($168,000).

Donantes políticos en la reconstrucción

En un compartir en Washington en julio del 2023 se registró un donativo de $3,100 a nombre de Plexos Group, que fue devuelto meses después, según informó el Comité de Pierluisi. Las empresas no pueden donar a las campañas políticas a no ser que lo hagan mediante un comité de gastos independientes, mejor conocido como Súper Pac.

Según la página de Plexos Group, la compañía trabajó en el programa R3, que se supone que asista a los residentes de Puerto Rico que perdieron sus hogares tras el paso del huracán María y los terremotos del 2020. El proyecto de reconstrucción ha sido cuestionado por su lentitud y burocracia, según investigó el CPI en agosto del 2020.

Además del de R3, Plexos Group tiene otros dos contratos con el Departamento de la Vivienda que suman más de $47 millones, para trabajar el Programa de Revitalización de la Ciudad y el Programa de Mejoras de Resiliencia Energética en el Hogar. En el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), la compañía maneja fondos federales de recuperación en esta agencia bajo un contrato de $2.7 millones.

Durante este cuatrienio, tanto el presidente de Plexos Group, Bob Roberts, como dos de sus principales ejecutivos en Puerto Rico, aparecen con $5,350 en donativos al Comité del Gobernador.

Un portavoz de esta compañía no contestó preguntas del CPI sobre el apoyo de la empresa a Pierluisi por medio de un donativo a su nombre, así como los registrados a nombre de sus ejecutivos.

Otra compañía de la reconstrucción con ejecutivos en la lista de donantes es DCMC LLC. Llegó a Puerto Rico en septiembre del 2017 para ofrecer servicios de “manejo de desastres” después del paso de los huracanes Irma y María.

Desde entonces, DCMC suma más de $66.7 millones en contratos con el Gobierno de Puerto Rico, algunos de los cuales han sido objeto de señalamientos de la Oficina del Contralor.

Actualmente, la compañía tiene un contrato de $10 millones con la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, mejor conocida como COR3, para administrar el multimillonario programa federal de mitigación de riesgos. También tiene otros dos contratos, de $9.8 millones y $2.7 millones cada uno, con la empresa privatizadora de energía, Genera Puerto Rico y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), respectivamente, para manejar proyectos de reconstrucción con fondos federales.

Tan reciente como enero de este año, en plena campaña primarista, tres altos ejecutivos de DCMC donaron $3,000 cada uno como parte de la actividad de recaudación de fondos para Pierluisi llamada “Sellando el Triunfo”, en un restaurante de San Juan.

En total, al menos cuatro ejecutivos de DCMC han aportado más de $15,000 en un periodo de cinco meses. También hay un donativo de $3,100, el máximo permitido por persona, registrado a nombre de Seth Lemoine, principal oficial de operaciones de Lemoine, la compañía que es dueña de DCMC.

Otro contratista de la reconstrucción en la lista de donantes políticos es Horne LLP, cuyo principal oficial de la compañía en Puerto Rico, Samir El Hage, y Scott Keller, socio de servicios gubernamentales en Horne, han donado $7,600 a Pierluisi. En este cuatrienio, Horne lleva sobre $131 millones en contratos relacionados al manejo en Puerto Rico de los fondos CDBG-DR que otorgó el Departamento de Vivienda federal tras los desastres de Irma y María.

Mientras, para el pasado mes de abril, el Comité de Pierluisi reportó tres donativos, de $500 cada uno, a nombre de Derrick Stensrud, vicepresidente en la firma de consultoría ICF. La compañía, que es uno de los principales contratistas en la reconstrucción, suma más de $621 millones en contratos con el Gobierno.

Engavetado el proyecto de ley que prohíbe esta práctica

En junio de 2021, la Comisión de Gobierno de la Cámara, que preside el representante Jesús Manuel Ortiz, aprobó el PC 320, con algunas enmiendas. Desde entonces, permanece engavetado, a pesar de haber sido aprobado en la comisión con un informe positivo y recibir el respaldo de la OCE.

“A mi modo de ver llegaron instrucciones del liderato cameral de que ese proyecto tenía deficiencia o afectaba algún tipo de interés y no debía ser aprobado, o por lo menos aguantado hasta nuevo aviso”, dijo el representante José Bernardo Márquez, coautor de la medida junto a la representante Mariana Nogales.

El portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático en la Cámara, el representante Ángel Matos, no contestó preguntas del CPI sobre por qué el proyecto no ha sido llevado a votación.

En junio de 2022, estuvo a punto de ir a votación el PC 699, un proyecto de la administración Pierluisi que impondría límites a los donativos de contratistas, pero solo si ocurrían 90 días antes de las elecciones, o 90 días antes y después de obtener el contrato.

Una enmienda al proyecto para ampliar la prohibición durante todo el ciclo electoral, similar al PC 320, paralizó la consideración del proyecto.

En aquel momento, el representante del PNP, Gabriel Rodríguez Aguiló, sostuvo que una prohibición absoluta de estos donativos sería inconstitucional, al violar el derecho que tienen las personas a realizar aportaciones políticas. Pero los tribunales en Estados Unidos han validado limitar los donativos políticos de parte de contratistas gubernamentales, incluyendo una prohibición absoluta como la que existe a nivel del Gobierno federal.

“Ha sido validado porque se entiende que el interés de combatir potenciales riesgos de corrupción o de apariencia de conflicto sobrepasa el interés de permitir libremente estos donativos”, explicó Márquez.

En marzo de 2023, fue el propio Contralor Electoral Vélez y su oficina quienes presentaron un proyecto de ley, el PC 1676, para añadir controles en el financiamiento y fiscalización de campañas políticas. En aquel momento, la OCE se expresó nuevamente a favor de prohibir donativos políticos de parte de contratistas del Gobierno. Luego de ser aprobada en comisión, la medida quedó engavetada al igual que las otras.

“Con la guardia bajita” el Departamento de Salud ante la epidemia del dengue

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla | Centro de Periodismo Investigativo

A pesar de que en Puerto Rico el dengue es endémico y que en estos momentos hay una emergencia por este virus, el Departamento de Salud (DS) no ha tomado acciones básicas de prevención y protección a la ciudadanía, ni de orientación sobre la vacuna disponible para menores de nueve a 16 años, encontró una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

La agencia solo ha logrado la vacunación completa de 19 niños desde que se introdujo en Puerto Rico la vacuna en el 2022, esto es menos del 0.01% de la población en este segmento de edades, y casi todos han sido de San Juan.

A la fecha, se han reportado 1,033 casos desde que comenzó el año, sobrepasando el umbral epidemiológico esperado. La mayor parte de los casos que se están viendo son de un tipo de dengue para el cual la mayoría de las personas en Puerto Rico no tiene inmunidad, dijo Julieanne Miranda, directora asociada de la Unidad de Control de Vectores del Fideicomiso para Ciencias, Tecnología e Investigación.

Se desconoce cuántos de los más de 300,000 menores entre los nueve y 16 años cualificarían para la vacuna, pues no se hacen pruebas de cernimiento a gran escala, las cuales son indispensables porque solo pueden vacunarse quienes hayan tenido dengue antes de recibir las dosis. La propia agencia estima que cinco de cada 10 niños y niñas entre esas edades ha tenido dengue en Puerto Rico, por lo que unos 150,000 menores serían elegibles.

También se han hecho pocas pruebas diagnósticas. Este año, Salud ha hecho 3,327 pruebas moleculares y 1,399 IgM (prueba que detecta los anticuerpos), según datos provistos por la Oficina de la Principal Oficial Médico del DS. Estas pruebas son clave para tratar a tiempo otras enfermedades letales que pueden confundirse con el dengue, como la leptospirosis, la influenza y la malaria, aseguraron varios infectólogos entrevistados.

La baja cantidad de pruebas diagnósticas hechas por el DS responde a la falta de infraestructura para procesar las muestras en Puerto Rico, dijeron los expertos y oficiales entrevistados. Mientras que la baja vacunación se debe a que poca gente sabe que existe esta vacuna y a los retos de logística para la inoculación, según los expertos entrevistados.

También, el DS reconoce en su propio Plan Estratégico para el Manejo Integrado de Vectores publicado en 2023 que no cuenta con los recursos, las estructuras físicas, ni la tecnología necesarias para atender la emergencia del dengue.

Hace más de cuatro meses que los casos están superando lo esperado y hace dos meses se declaró una emergencia por el dengue. Aun así, menos de una veintena de niños y adolescentes entre los posibles candidatos a vacunación ha recibido la dosis completa, a pesar de que la vacuna está disponible en Puerto Rico desde el 2022.

La poca acción de los pasados meses del DS se suma a años de abandono oficial al tema del dengue en Puerto Rico, pese a los augurios de un aumento en la prevalencia del virus debido al incremento en el ritmo de reproducción del mosquito ante las altas temperaturas generadas por el cambio climático a nivel global. Por ejemplo, no se ha mantenido una campaña masiva de orientación y se han disminuido los esfuerzos de asperjación periódicos en los municipios. Además, se mantiene centralizado en San Juan el procesamiento de las pruebas de diagnóstico.

Las muestras tomadas en cualquier hospital o laboratorio tienen que ser enviadas a procesar al DS, y el resultado toma aproximadamente una semana, cuando ya no es útil para el tratamiento del paciente.

“Muchas veces nosotros no recibimos los resultados hasta que el paciente se da de alta”, expresó el infectólogo Miguel Colón.

“Fácilmente, al 90% de los casos en Puerto Rico se da de alta antes de que tengamos la prueba confirmatoria”, dijo el médico.

Los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, en inglés) también las procesan, pero solo para sus investigaciones internas, no para el público general.

Insuficiente e inefectiva la orientación

La falta de orientación a la ciudadanía de parte del DS sobre el ciclo del mosquito y sobre la vacunación tiene un rol protagónico en la emergencia declarada en Puerto Rico, que ya cobró este año su primera víctima mortal.

“Antes, esas comunicaciones eran más efectivas dado que el método de comunicación con la gente era uno: la televisión, y tú veías los anuncios, y veías eso y era más sencillo”, opinó el doctor Lemuel Martínez, expresidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, quien cree que debería mantenerse una campaña similar a través de las redes sociales.

A juicio del infectólogo, se debe orientar al público sobre los “métodos básicos y sencillos [que] todavía funcionan” para protegernos contra el mosquito que causa la enfermedad y evitar su reproducción.

El DS ha invertido este año fiscal $14 millones en publicidad, según el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor, pero la agencia no quiso precisar cuántos de estos fondos fueron destinados a campañas de prevención y orientación sobre el dengue.

Aunque se le preguntó, la agencia tampoco pudo proveer muestra de alguna campaña de medios sobre el dengue, incluyendo la vacunación, para evitar la infección viral que causa el mosquito. Los únicos esfuerzos que mencionó fueron información de orientación en la página web de la agencia y publicaciones en redes sociales con motivo de la celebración de la Semana de Acción contra los Mosquitos. El CPI las revisó han sido solo cuatro publicaciones en 2024 y solo tratan el tema de prevenir los criaderos de mosquitos.

Los expertos del campo de la salud que conversaron con el CPI dijeron que la mayoría de la población no conoce sobre la vacuna para los niños, y mucho menos cómo y dónde se puede obtener.

La doctora Melissa Marzán, principal oficial de Epidemiología del DS, dijo que los esfuerzos están dirigidos principalmente a visitas a las comunidades. Indicó que además están adiestrando a promotores de salud comunitaria en el tema de dengue para que apoyen al DS en las intervenciones educativas a la comunidad.

“Hay un esfuerzo muy concreto en comunidad que nos parece que tal vez [sea] uno de los más importantes en el tema de dengue, porque podemos tener el mejor plan, pero si la comunidad no lo acoge, no lo acepta, no trabajamos en él, la realidad es que no va a funcionar”, agregó Marzán.

Según los avisos promocionales de la agencia en Facebook, empezaron a hacer visitas semanales — mayormente a escuelas y ferias de salud — desde febrero. La agencia ha impactado a unas 30,000 personas desde octubre del año pasado a lo que va de mayo.

ANUNCIO DE DANIEL LUGO:

En 1986, organizaciones sin fines de lucro y cívicas se involucraron en campañas de orientación sobre el dengue como este anuncio presentado por el actor Daniel Lugo. El pasado 25 de marzo, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López, emitió una declaración de emergencia de salud pública por dengue.

Los municipios con mayores tasas de incidencia de dengue son Rincón, Canóvanas, Aguada, Carolina y San Juan. El municipio con mayor número de casos acumulados para este periodo es San Juan, seguido de Carolina, Rincón, Bayamón y Canóvanas. Los municipios de Carolina y Bayamón indicaron que están asperjando y orientando a la ciudadanía para eliminar los criaderos. Los demás municipios no respondieron qué medidas están tomando, si alguna.

La mayor cantidad de casos reportados es en hombres y el grupo de edad con la mayoría de los casos es el de 0 a 19 años, particularmente el grupo de 10 a 19 años, que son un poco más del 30% de los casos. A la fecha hay 603 hospitalizados, 59 casos severos y una defunción de un hombre de 85 años de la región de San Juan.

Tras 18 semanas en vigilancia en Puerto Rico, durante las últimas 16, los casos han estado

sobre el umbral de lo esperado y es por eso que se clasifica como epidemia, según Marzán.

La funcionaria señaló que, aunque puedan parecer pocos casos, Salud lo considera una epidemia por el comportamiento histórico de la enfermedad.

“[C]ada enfermedad se evalúa de acuerdo a su [patrón] histórico y a la enfermedad”, precisó Marzán.

La limitación de las pruebas diagnósticas

El doctor Martínez dijo que los médicos tienen que tratar y manejar al paciente en lo quellegan los resultados de la prueba de dengue porque ésta “no es una prueba que tú tienesdisponible, que tú haces en el hospital”. Aseguró que es muy importante que los médicostengan estas herramientas disponibles en el hospital.

“Uno quiere tener los mejores métodos diagnósticos lo más disponible posible. En el caso de dengue, pues todavía nosotros no hemos podido tener disponible este tipo de pruebas. Todavía dependemos de referirlas al Departamento de Salud”, expresó.

Aunque procesar la muestra solo toma unas horas, los resultados demoran una semana debido a los procesos burocráticos y documentos que se tienen que completar.

“Todavía no hemos podido tener esa prueba disponible en los hospitales de Puerto Rico, ni siquiera en los laboratorios, en general. Este tipo de herramientas, en un país tropical, donde tenemos dengue todo el año, y siempre hemos tenido, pues lo ideal sería que pudiésemos nosotros hacer las pruebas”, sostuvo.

Mencionó que la agilidad con que se hagan estas pruebas es importante porque hay enfermedades que pudieran “disfrazarse” de otras que presentan un cuadro clínico similar, como la leptospirosis o la malaria — en el caso de los viajeros — y el dengue.

El infectólogo Colón aseguró que en Puerto Rico es común que los médicos diagnostiquen a pacientes con dengue cuando en realidad tienen otras enfermedades como leptospirosis o influenza. Incluso, mencionó que tras el huracán María hubo diagnósticos de dengue que en realidad eran leptospirosis.

De cara a la temporada de huracanes, a Colón le preocupa que siga la confusión de diagnósticos. “Si fallamos ese diagnóstico por pensar que tienen dengue, que solamente hay que darle líquido, nuestra población va a pasar lo que pasó con María, que tuvimos muchas muertes por leptospirosis [que requiere antibióticos] que se pudieron haber evitado”, advirtió.

“Si un paciente le viene con dolor de cabeza, dolores musculares, fiebre bien alta y plaquetas bajas, [los médicos] tienen que mirar el contaje de glóbulos blancos porque, si está bajito, es dengue, pero si está alto, es leptospirosis y estos pacientes se merecen el uso de antibióticos”, sostuvo.

Explicó que la prueba de leptospirosis también tarda dos semanas, por lo que hay que tratar a esos pacientes como si tuvieran leptospirosis “antes de que se vayan en fallo renal, fallo hepático y hemorragia pulmonar”.

“Por lo general ha habido esa conversación: Si lo sospechas, trátalo. Pero no es tan fácil, porque tú necesitas tener los diagnósticos más certeros, lo más pronto posible”, sostuvo.

“Cómo traemos y hacemos que esa tecnología esté disponible y que funcione y que le llegue al paciente, y al médico que lo está manejando, pues es es bien importante”, agregó.

Para la doctora Iris Cardona, principal oficial médico del DS, no se necesita una prueba positiva o hacer una prueba para determinar el manejo del paciente.

“No se debe esperar por un resultado. El resultado es importante para decir qué pasó, para los datos de vigilancia, para saber dónde tenemos un problema. Pero en realidad, el dengue tiene un cuadro clínico, unos criterios diagnósticos, una definición específica y una clasificación específica que dicta a los médicos, a los clínicos, cómo proceder. Y eso es lo más importante”, dijo al CPI.

Por su parte, la doctora Marzán reconoció que uno de los retos para el manejo del dengue es la forma en que se diseñó el sistema público de vigilancia que centralizó las pruebas de diagnóstico moleculares en el laboratorio de emergencia del DS. José Sánchez, expresidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos, agregó que los laboratorios privados tampoco invierten en la infraestructura necesaria para procesar las pruebas moleculares porque es costosa, la demanda es baja y los planes médicos pagan “$20” por prueba.

“No hay forma de que el laboratorio pueda traer esa máquina para implementar esa prueba”, indicó.

Marzán aseguró que buscan aumentar la capacidad del laboratorio de emergencia y que el Laboratorio de Salud Pública del DS también realice las pruebas moleculares.

La funcionaria también indicó que la agencia está trabajando para que los laboratorios comerciales puedan ofrecer dos tipos de pruebas de dengue para ampliar el alcance. Entre éstas está la prueba conocida como NS1 (antígenos), que en conjunto con la prueba serológica IgM, puede confirmar casos. Dijo que ya hay un laboratorio clínico que completó el proceso de validación con el DS y que hay otros cinco en proceso.

Peligroso no seguir el protocolo

Desde el 6 de septiembre de 2022 hasta el 21 de mayo, se han administrado un total de 245 dosis de la vacuna del dengue, según datos de la Oficina de la Principal Oficial Médico del DS. La información que el DS ha estado brindando sobre esta vacuna es muy pobre. Solo la tienen disponible en su página de internet.

La doctora Gredia Huerta Montañez, pediatra y cofundadora y presidenta de Puerto Rico Clinicians for Climate Action, señaló que lo que se busca con esta vacuna es evitar que le dé dengue grave al menor, que es el que se presenta en una segunda infección.

Esta vacuna fue descontinuada por la farmacéutica fabricante por el bajo nivel de uso, y lo que queda disponible será administrada hasta el 2026, agregó Huerta Montañez.

Actualmente, hay otras dos compañías trabajando en una vacuna para el dengue, aseguró la pediatra.

El infectólogo Colón explicó que, para que la vacuna no tenga efectos secundarios, el paciente tiene que haber padecido de dengue. El médico explicó que algunos estudios mostraron efectos serios, incluyendo la muerte, en personas que se vacunaron sin nunca haber contraído dengue previo a la vacunación.

“Por eso es que esa vacuna nunca ha cogido un auge brutal”, analizó Colón. “Yo soy pro vacuna, pero esta vacuna no”, sostuvo al explicar que, si el dengue es tratado adecuadamente, los riesgos son mínimos.

El doctor Martínez, por su parte, sí apoya la vacuna, aunque reconoce las limitaciones de logística que existen para la vacunación.

Un paciente puede confirmar si ha tenido dengue mediante pruebas de cernimiento y así determinar si es apto para la vacunación contra el dengue. El Laboratorio Clínico Toledo está trabajando con estas pruebas y “ayudó” al DS a promocionar la vacuna con la publicación de anuncios en billboards, según la licenciada Ilia Toledo, presidenta del Laboratorio. Aseguró que la promoción se ha traducido en llamadas del público en busca de orientación.

“Quisimos ayudar al Departamento de Salud en ese sentido. Y, aunque nosotros no vacunamos, lo hicimos para darle orientación al público y creo que ha tenido ese efecto porque verdaderamente nos han llamado preguntando”, dijo la tecnóloga médica, quien explicó que mucha gente no conoce sobre la existencia de la vacuna contra el dengue.

La doctora Cardona explicó que las dos pruebas de cernimiento que se requieren antes de la vacunación son diferentes a las de diagnóstico de la enfermedad. Indicó que se escogió a los Centros 330 para dirigir la inoculación porque en una misma instalación está disponible el pediatra, el laboratorio y la coordinación con los laboratorios de referencia que hacen falta y la clínica de vacunación.

El control de vectores en Puerto Rico

Actualmente el dengue que se está viendo más en Puerto Rico es el serotipo 3, según la doctora Julieanne Miranda, directora asociada de la Unidad de Control de Vectores del Fideicomiso para Ciencias, Tecnología e Investigación.

“Hace muchos años en Puerto Rico no había dengue 2 y 3. La última epidemia fue de dengue 1 en el 2010-2012. ¿Qué sucede? Hay mucha gente que tiene inmunidad a este serotipo. Ahora estamos viendo más tipo 3 porque hay más gente susceptible, por eso más gente se infecta”, sostuvo Miranda. Como hay menos gente que anteriormente se ha infectado con ese virus, con ese serotipo, hay menos inmunidad “y eso nos preocupa porque al ser un serotipo que no vemos hace más de 20 años en Puerto Rico, más personas pueden infectarse, así que la epidemia puede aumentar rápidamente”, agregó.

Gabriela Paz Bailey, jefa de la Subdivisión de Dengue de los CDC, coincidió en que los serotipos que predominan actualmente son el 2 y 3.

“Cuando uno se infecta con un tipo de dengue, tiene protección de por vida. Si yo me infecto con dengue 1, nunca más me voy a enfermar (con ese tipo). Si me infecté con dengue 1, todavía soy susceptible a los otros serotipos porque la protección es solo por el serotipo que la persona se infectó. Y uno de los factores de riesgo más importante para enfermedad severa por dengue, es la segunda vez que una persona se infecta con un serotipo diferente al primero”, explicó Paz Bailey.

Otro factor que fortalece la epidemia es la acumulación de agua por las lluvias durante los meses de marzo, abril y mayo. El mosquito adulto hembra, que es la que pica, pone los huevos en las paredes de recipientes con agua acumulada. Según Miranda, los repetidos episodios de lluvia de los últimos meses propiciaron la transmisión de dengue más temprano que otros años.

Se canta sin recursos el DS

El DS lidia con retos relacionados a la falta de presupuesto para el control de vectores y la insuficiencia de recursos humanos y materiales, según el Plan Estratégico para el Manejo Integrado de Vectores de Puerto Rico 2023.

Además, de acuerdo a este documento, las instalaciones físicas son deficientes y carentes de tecnología y tampoco tienen laboratorio entomológico.

La agencia reconoce, además, que las acciones que toman para el control de vectores son reactivas y no proactivas porque se actúa conforme a la vigilancia epidemiológica.

Asimismo, carecen de reglamentación para un proceso de fiscalización sobre el manejo del control de vectores y que tienen ausencia de programas de educación u orientación comunitaria de forma recurrente.

Ante las deficiencias que reconoce Salud en su plan para el manejo de vectores, Mayra Toro, secretaria auxiliar de la División de Salud Ambiental del DS, dijo que se establecieron acuerdos de colaboración con la Unidad de Control de Vectores del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico para atender la parte entomológica, con el CDC, y con los municipios.

Por otro lado, Toro explicó que para el control de vectores en las comunidades la prioridad es identificar el criadero, tratarlo con el uso de herbicidas o eliminarlo si es posible, y como último recurso, se usa la fumigación.

Precisó que desde finales del 2023 se han realizado asperjaciones en nueve de los 78 municipios de Puerto Rico: Loíza, Bayamón, San Juan, Guaynabo, Canóvanas, Río Grande, Rincón, Aguada y Las Piedras.

Los efectos del cambio climático

Huertas dijo que se sabe que con el cambio climático la frecuencia de las epidemias, como las provocadas por el dengue, pueden aumentar.

Indicó que el mosquito cambia su comportamiento con las altas en temperatura, y tiene un ciclo de vida más corto, donde puede pasar de huevo a mosquito adulto en menos tiempo; por lo tanto, una mayor capacidad de reproducción.

“Esto no va a ser una cosa de ahora y se acabó. Sabemos que en el futuro inmediato y a largo plazo tenemos que saber controlar el mosquito”, puntualizó.

Por su parte, Paz Bailey dijo que Puerto Rico tiene el ambiente ideal para el Aedes aegypti, por el clima, las lluvias y el calor.

“Es una isla paradisíaca, pero también es un paraíso para los mosquitos. Hay una población bastante robusta de Aedes aegypti en Puerto Rico”, dijo la funcionaria del CDC. “El Aedes aegypti es una especie importada. No existía aquí originalmente, pero se ha establecido desde hace muchos años”, aclaró.

Incluso mencionó que el aumento de las temperaturas por el cambio climático ha contribuido a que las poblaciones de Aedes aegypti crezcan y se expandan hacia áreas en donde antes no había la presencia del mosquito.

“En el caso de Estados Unidos, Arizona reportó dos casos localmente adquiridos en el 2022 y California dos casos en el 2023. Antes [estos estados] sólo habían tenido casos asociados a viajes, ahora se han tenido casos adquiridos localmente”, advirtió Paz Bailey.

La jefa de la Subdivisión de Dengue de los CDC dijo que en Europa también se han reportado por primera vez casos de la infección viral en Italia, Francia y España.

Paz Bailey dijo que es difícil predecir la incidencia de dengue en el futuro porque eso depende de una combinación del clima y de la inmunidad en la población.

“A nivel global se espera que el dengue sea más común, que se reporte en áreas donde no se había reportado antes y que las áreas que son endémicas para dengue [como Puerto Rico], que han tenido el dengue históricamente, tengan, outbreaks con más frecuencia”, dijo la especialista en el tema.

Gobierno ignora el valor del trabajo doméstico sin paga

Por Cindy A. Burgos Alvarado | Todas y Centro de Periodismo Investigativo

“Eso que llaman amor, nosotras lo llamamos trabajo no pagado”.

Silvia Federici, activista feminista italiana

Cuando Wanda García, de 57 años, se enteró de que su hijo Christian, hoy de 24, tenía perlesía cerebral, tomó una difícil decisión: dejó su trabajo como secretaria médica para dedicarse completamente a cuidarlo. Las dos semanas que estuvo hospitalizada por preeclampsia antes de dar a luz — a la semana 33 de embarazo — y los 40 días que Christian pasó en la unidad de cuidados intensivos neonatales eran solo una pizca de lo que esta familia del Municipio de Florida atravesaría.

A los días de nacido, Christian se infectó con una bacteria en el hospital que se le alojó en la sangre. Tras dos semanas de recibir el alta, Wanda y su esposo tuvieron que llevar a Christian nuevamente al hospital donde le diagnosticaron una infección de orina. A partir de ahí, le recomendaron varios estudios y análisis que derivaron en el diagnóstico.

“El médico nos dijo que el nene no iba a hablar ni a caminar, que iba a estar como un vegetal, pero yo no le creí eso”, contó Wanda en una llamada telefónica. “Uno tiene que limpiarse la cara y echar pa’lante. Dejé el trabajo pa’ meterle pecho a eso”.

Wanda lleva más de 20 años fuera de lo que el Gobierno llama la fuerza trabajadora, pero no ha descansado prácticamente ni un solo día. Su vida ha girado en torno a llevar a su hijo a las citas que tiene con 12 especialistas distintos y a sus múltiples terapias e intervenciones médicas. A veces tiene hasta tres citas por día, por lo que Wanda se levanta temprano, cocina para toda la familia, prepara un bulto con comida y ropa para Christian, y pasa el día de cita en cita.

“Desde hace un año para acá, me dedico a controlar todo eso porque me canso demasiado. En mi situación, me canso más”, mencionó y explicó que, naturalmente, ya no tiene las mismas energías que disfrutaba cuando su hijo era pequeño.

Wanda sacó a su hijo de la escuela a los 15 años por la frustración que tenía con el sistema de educación pública que falló en proveer una asistente educativa estable para Christian mientras estuvo matriculado.

“Le di homeschooling cinco años en casa. Me aprendió a leer, que las maestras decían que nunca iba a leer. Aprendió las tablas de multiplicar. Sabe escribir su nombre, apellido, dirección y seguro social. Brega con el celular y con la laptop”, contó Wanda con orgullo por haber retado lo que ese primer médico le auguró.

En la falda del cerro Mime en Orocovis, Lillian Figueroa, de 58 años, se acerca a una cama de posiciones y arropa con ternura a su papá Juan, de 88 y paciente de Alzhéimer. Piensa en la merienda y la cena que le tiene que preparar a su mamá, María, de 80, paciente de diabetes, y en que pronto le tiene que poner la tercera inyección de insulina del día.

Hace dos años que Lillian vive con sus papás para poder ser su cuidadora a tiempo completo.

Fue una decisión que tomó luego de sentirse demasiado abrumada por viajar cada día de su casa a la de sus padres para cuidarlos. “Yo vivía cerca, pero el sube y baja me tenía agotada”, contó sentada en el sofá de su sala frente a una imagen de la Sagrada Familia y otra de Jesucristo con rostro sereno.

“Esto es un maratón. No es fácil, pero no es imposible”, dice Lillian mientras cruza sus manos y se escucha el sonido de una quebrada de fondo. “Cuando tengo internet en la tablet, busco información. Me gusta buscar mucha información de cómo progresa la enfermedad de Alzhéimer, cómo nos tenemos que cuidar los cuidadores, aunque a veces te digo que no hay tiempo, no me acuerdo ni de comer. No tengo chance”, relató.

Wanda y Lillian no se conocen, pero algo las une: realizan trabajos domésticos y de cuidado sin paga. Son tareas que hacen millones de personas — sobre todo mujeres y niñas — en el mundo, pero que no se consideran dentro de la economía formal y no son remuneradas.

Sin embargo, estas labores diarias sostienen la vida misma porque ¿qué sería de estas personas si no tuvieran sus cuidados? ¿En quién recaería la responsabilidad de alimentarlos? ¿Quién pagaría por esos servicios? ¿Cuánto costaría pagar por estas tareas? ¿Cuánto valen los trabajos domésticos y de cuidado no remunerados?

El trabajo doméstico y de cuidado no remunerado comprende dos tipos de actividades por las que una persona no recibe compensación económica: el cuidado directo a bebés, niños, adultos y personas con diversidad funcional o alguna enfermedad, y las actividades de cuidado indirecto, como limpiar, cocinar o hacer trámites.

Esta labor, sin embargo, no se contabiliza dentro del Producto Interno Bruto (PIB) en ninguna parte del mundo, aunque sostiene la economía global, ya que este cálculo (el PIB) generalmente solo incluye actividades que involucran transacciones monetarias.

La jornada de Lillian Figueroa, encargada del cuidado de sus padres, inicia todos los días a las 6:00 a.m. Las primeras tareas que asume son preparar el desayuno y administrar la insulina a su mamá, paciente de diabetes.

En Puerto Rico, la Legislatura aprobó el Proyecto del Senado 223 (P del S 223) que buscaba cuantificar el trabajo no remunerado, pero el gobernador Pedro Pierluisi lo vetó en enero de 2023. Esta medida habría arrojado luz sobre la magnitud del trabajo no remunerado, la disparidad entre géneros de quienes lo realizan y cuánto representa en la economía.

Según la secretaria de Prensa del Gobernador, Sheila Angleró Mojica, Pierluisi “se vio imposibilitado” de firmar la medida por recomendación del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), que ya “hace una encuesta relacionada que se paga con fondos federales y cuyos temas no se pueden cambiar sin autorización”.

En declaraciones escritas, Angleró dijo a Todas y al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que “no hay fondos para una encuesta local” y que los fondos federales no se pueden usar para otros propósitos que los asignados. Argumentó que la propuesta de ley trataba de labores “fuera de los lugares de trabajo o por personas que no pertenecen a la fuerza trabajadora” e indagaba sobre la “vida privada de los encuestados”.

No obstante, la Encuesta del Grupo Trabajador que se publica por el DTRH apenas menciona qué porcentaje trabaja en “oficios domésticos”; y no incluye el cuidado no pago, lo que es un “factor estructural de la desigualdad de género”, según la ONU Mujeres.

Las estadísticas oficiales sobre la productividad laboral no integran preguntas que sirvan para saber cuántas trabajadoras tienen prole, ni de cómo la maternidad, la paternidad o los cuidados reducen el tiempo disponible para mantener un trabajo con paga. Por el contrario, el único análisis dedicado a este asunto es sobre la participación de la mujer en la fuerza laboral en Puerto Rico. En el 2022, la publicación dio a entender que la baja participación laboral de la mujer, en comparación con el hombre, se debía a la disponibilidad de la mujer cuando dice que: “A pesar de que constituyen más de la mitad de la población en edad de trabajar, menos del 50% de ellas participa o está disponible para la producción de bienes y servicios en la economía”.

Estas tareas domésticas y de cuidado no remuneradas pueden redundar, además, en que las mujeres tengan menos tiempo para aprender, divertirse, participar de la política o dedicarse a su autocuidado. También inciden en su inserción y crecimiento en el ámbito laboral formal y las deja relegadas al trabajo informal.

En el caso de Wanda, una de las protagonistas de esta historia, siempre tuvo la esperanza de volver al trabajo formal. “Mi esposo me dijo que el nene iba a mejorar y que yo iba a volver a trabajar. Pero eso nunca se dio”.

«Tierra de nadie» la compra de pruebas y suplidos para la emergencia del COVID-19

Foto por Eric Rojas/CPI

Por Luis J. Valentín Ortiz y Cristina del Mar Quiles del Centro de Periodismo Investigativo

El proceso de compras del Gobierno de Puerto Rico de materiales y equipo para enfrentar la emergencia del coronavirus ha estado plagado de errores, retrasos, ineficiencia, compras cuestionables y falta de detalles.

Más de tres fuentes entrevistadas por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) identificaron a Adil Rosa Rivera como la persona responsable formalmente de la compra de suplidos para la emergencia, como ventiladores, pruebas y equipo de protección. Hasta hace unos días, Rosa Rivera coordinó el proceso de compras, primero desde Salud y luego en el Centro de Operaciones (COE) del Negociado de Manejo de Emergencias (NMEAD). Desde el COE, junto a los miembros del Task Force médico, el Dr. Juan Salgado y el Dr. Segundo Rodríguez, han coordinado qué comprar y a quién se le compra, aseguraron tres fuentes.

Adil Rosa Rivera, quien trabajó anteriormente como directora de Administración de la región de Caguas del Departamento de la Familia, tuvo a su cargo la secretaría auxiliar de Administración del Departamento de Salud hasta la semana pasada. Llegó a la agencia durante la incumbencia del exsecretario, Rafael Rodríguez Mercado, y su chief of staff, Mabel Cabeza Rivera.

Dos fuentes identificaron a Cabeza como la persona que La Fortaleza designó para supervisar las compras que manejaba Adil Rosa Rivera y el Task Force desde Salud y el COE.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

“Fui nombrada en destaque para laborar en La Fortaleza. Ahí se me solicitó que trabajara con el Task Force en Fortaleza dirigido por el Dr. Segundo Rodríguez. No se me brindó un título o tareas en específico. […] No fui ni enlace ni coordinadora”, reaccionó por escrito Cabeza, quien salió de Salud el 30 de marzo para pasar a la mansión ejecutiva.

Añadió: “Nunca he tenido rol alguno en cuanto al proceso de compras o contrataciones de Salud, de Fortaleza ni del proceso de Emergencia”.

Pero las fuentes aseguran que Cabeza era el enlace entre la mansión ejecutiva y el Task Force médico hasta el 30 de marzo, y refirió nombres de compañías a Rosa Rivera para que se les pidiera cotización. Varias empresas referidas por La Fortaleza lograron vender sus productos al Gobierno, incluyendo las tres compañías que suplieron pruebas rápidas a Salud: Zogen (cuyo representante autorizado en la isla es 313 LLC), Castro Business y Maitland 175 Inc. Antes del cierre de cualquier transacción, el proceso incluye la revisión de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Departamento de Hacienda y la secretaría del Departamento de Salud.

Cabeza negó que diera instrucciones o sugerencias a Rivera Rosa en cuanto a suplidores. “Cualquier email o mensaje de texto de propuestas que a mí me llegaban se les enviaba al Departamento de Salud para que fuesen ellos quienes evaluaran y tomaran sus determinaciones. NUNCA emití recomendación alguna sobre ninguna persona o entidad jurídica con respecto a la compra de pruebas o cualquier otra adquisición que estaba bajo consideración del Task Force”, dijo.

Las fuentes añadieron que los acercamientos de suplidores que recibe el Gobierno y el Task Force durante la emergencia se han canalizado a través de Adil Rosa Rivera, quien a su vez pide cotizaciones según las exigencias del grupo de médicos, particularmente a través del Dr. Salgado y el Dr. Rodríguez. Aunque el Task Force asegura que su rol se limita a recomendar qué se necesita y evaluar las opciones disponibles, más de tres fuentes aseguran que tanto el Dr. Rodríguez, como el Dr. Salgado tienen poder decisional e imparten instrucciones de compra.

Cabeza identificó a Adil Rosa Rivera, la Dra. Quiñones de Longo y el Dr. Segundo Rodríguez como las personas responsables del proceso de evaluación y contratación. “Yo no participaba de las reuniones de compras y/o contratación que se llevaron a cabo entre ellos”, aseguró.

El CPI supo que Rosa Rivera fue entrevistada por autoridades federales con relación a las compras realizadas. Rosa es activista del Partido Nuevo Progresista (PNP) y en sus redes sociales ha mostrado su apoyo al partido, la gobernadora Wanda Vázquez Garced y al exmandatario, Ricardo Rosselló Nevares, entre otras figuras relacionadas al PNP. Según una fuente, entre Mabel Cabeza y Adil Rosa existe una amistad, pero según Cabeza, la relación es una profesional.

Rosa Rivera fue designada por los tres secretarios que ha tenido el DS en el pasado mes para supervisar el proceso de compras de parte de la agencia. Un boletín interno de la agencia el 3 de abril anunció la designación de Johnny Colón González al puesto de secretaría auxiliar de Administración, pero no queda claro si Rosa Rivera continúa trabajando en Salud. La agencia no contestó si fue removida o si sigue involucrada en el proceso de compras.

El CPI intentó contactar a Adil Rosa pero no tuvo éxito.

El Dr. Salgado admitió en entrevista con el CPI su intervención en el proceso de compras desde el COE y negó que recomendara a compañías de amigos o conocidos, aunque sí refirió a suplidores que lo han contactado. Una petición de entrevista al Dr. Rodríguez Quilichini no fue atendida.

Al menos tres fuentes dijeron que La Fortaleza ha intervenido directamente en el proceso de compras, principalmente a través de Mabel Cabeza, cuando ella supervisaba desde la mansión ejecutiva las compras que realizaba Rosa y el grupo de Salud.

La Gobernadora reiteró el miércoles que La Fortaleza no intervino en el proceso de compras, incluyendo la orden de un millón de pruebas rápidas que fue cancelada. Nombró como responsable al Departamento de Salud.

El CPI preguntó a la exsecretaria de Salud, Dra. Concepción Quiñones de Longo, si las órdenes de compra que realizó Salud bajo su incumbencia se estaban gestionando desde La Fortaleza.

“Eso es correcto, las compras y las cotizaciones las gestionaban desde La Fortaleza y nos contactaban solo para firmar el visto bueno. Los procesos yo entendía que no eran los adecuados, que eso fue lo que motivó al fin y al cabo mi renuncia, porque yo no estaba dispuesta a participar de todo ese tipo de compra, porque yo entendía que no eran lo mejor para el Departamento de Salud y el Gobierno”, contestó.

Cabeza afirmó al CPI: “No tuve nada que ver con el proceso de compras ni adjudicación”.

Quiñones de Longo aprobó la compra de pruebas y otros materiales para la emergencia realizadas cuando estuvo a cargo de la agencia. Dos fuentes aseguran que la doctora evaluaba estas órdenes y tenía una persona de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) que la asistía.

La compra de materiales y equipo se hizo desde Salud hasta el 26 de marzo. Ese día, NMEAD tomó control del proceso, pero solo en papel, según dijo el jefe del Negociado, José Burgos, a El Nuevo Día. Burgos identificó a Adil Rosa como la persona que dio la instrucción de compra de un millón de pruebas rápidas que fue cancelada la semana pasada. Una entrevista solicitada a Burgos no fue concedida.

El suplidor de estas pruebas, APEX, ya había enviado una cotización, antes de que se le pidiera desde el COE. El CPI vio evidencia de que la cotización de la compañía había sido enviada con anterioridad por Juan Maldonado, exdirector de la Autoridad de Transporte Marítimo y abogado de APEX, a tres personas: el Dr. Segundo Rodríguez, el Dr. Roberto Rosso — ayudante de Quiñones de Longo y quien renunció tras la salida de la exsecretaria — y Mabel Cabeza Rivera.

Además, la evidencia también muestra que Eduardo “Tito” Laureano, vinculado al PNP y quien trabajó para Pedro Rosselló, ayudó a establecer el contacto entre el Task Force y el abogado de APEX, Maldonado. Laureano, quien fue contratado por el Dr. Segundo Rodríguez en el Recinto de Ciencias Médicas según reportó Metro, es amigo del Dr. Rodríguez, dijo una fuente.

En una conferencia de prensa el miércoles, el Dr. Rodríguez evadió contestar directamente su relación con Laureano, pero aceptó recibir de él la información de contacto de Maldonado y APEX.

Otra fuente dijo que el Dr. Salgado mantiene una estrecha relación de amistad con el padre de Juan Maldonado, abogado de APEX.

Cabeza, por su parte, aseguró no conocer a nadie relacionado a la compañía APEX. “Nunca recomendé a esta compañía o a cualquier otra. Nunca solicité propuesta de ninguna de las compañías contratadas por Salud ni por el NMEAD ni recomendé a ninguna”.

La adquisición de pruebas para detectar el coronavirus muestra las irregularidades y tropiezos que ha tenido el proceso de compras en el Gobierno para enfrentar la epidemia. De las primeras pruebas que llegaron a Puerto Rico el pasado 17 de marzo — 200 pruebas moleculares o “PCR” de la compañía Quest —, el Departamento de Salud proveyó evidencia de entrega para todas estas pruebas, excepto las 50 que fueron al aeropuerto. Según la agencia, fueron entregadas a una empleada de la Administración de Servicios Médicos para el Aeropuerto Luis Muñoz Marín. Estas son las pruebas que, según Concepción Quiñones de Longo, fueron entregadas sin cumplir con la cadena de mando.

La persona responsable de la custodia de pruebas era Adil Rosa, según afirmó Mabel Cabeza Rivera. Una fuente asegura que Rosa Rivera no tenía todavía la responsabilidad de custodiar las pruebas al momento que llega esa entrega, el 17 de marzo.

Una petición de todas las órdenes de compra realizadas durante la emergencia por Salud y NMEAD no fue atendida.

[MAYAGÜEZ] Senadora Evelyn Vázquez exige la renuncia del gobernador Rosselló

MAYAGÜEZ: La senadora por el distrito Mayagüez-Aguadilla, Evelyn Vázquez Nieves, exigió la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló tras darse a conocer que su nombre salió a relucir el escandaloso chat de casi 900 páginas, en el que insinuaron que era prostituta.

El sábado, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) publicó una larga conversación entre Rosselló y miembros de su círculo íntimo en la aplicación de mensajería por Internet, Telegram.

La legisladora afirmó estar avergonzada, apenada y molesta. La insinuación salió a relucir durante una conversación entre Elías Sánchez Sifonte y Edwin Miranda.

“La información que ha trascendido públicamente me llena de profunda tristeza y coraje. A la vez siento vergüenza por cada mujer y cada persona que en esas conversaciones ha sido maltratada, menospreciada y ridiculizada, ya que bajo esos fundamentos no se fundó el Partido Nuevo Progresista, ni la institución que hoy en día representa. Tampoco para lo fue elegido el señor Gobernador, ni mucho menos los funcionarios y asesores que son pagados con el dinero del pueblo puertorriqueño”, sostuvo Vázquez en declaraciones escritas.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

“Ante esta penosa y vergonzosa situación, el cual está afectando tan destructivamente al país en todas las esferas, como senadora estoy solicitando al señor gobernador Ricardo Rosselló Nevares y a todos los miembros que componen este chat su renuncia inmediata a sus cargos, por el bien del país y de lo que representa”, agregó.

Al momento de la publicación de esta nota, La Fortaleza emitió un comunicado de prensa informando que el gobernador Rosselló prescindió de manera inmediata de la colaboración de todos los allegados a su administración que formaron parte del chat.

El gobernador también participó activamente del chat, pero alegó que como fue “electo por el pueblo”, continuará “la misión que le fue concedida”.

En declaraciones escritas, Rosselló dijo que “luego de analizar el contenido de las comunicaciones, resulta imposible para mí y para quienes esperan los más altos estándares éticos y de comportamiento, continuar con esta controversia que distrae y obstaculiza la gestión pública tan importante que tenemos por delante”.

Ya renunciaron el licenciado Christian Sobrino, quien dejó todos los cargos que ostenta; y el secretario de Estado, Luis Gerardo Rivera Marín.

Centro de Periodismo Investigativo busca contar cifra real de muertes provocadas por el Huracán María con el “hashtag” #QueCuenten

centro de periodismo investigativo

SAN JUAN: Ha pasado un mes desde que el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, ordenó el recuento de las muertes vinculadas al huracán María, y la cifra oficial permanece en 64: la misma de diciembre de 2017. El gobierno no ha explicado cómo va a hacer el recuento de las muertes para garantizar que, en efecto, todas las muertes relacionadas a la emergencia sean contadas y analizadas, como prometió públicamente Rosselló.

Ante esta realidad, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) redobló sus esfuerzos para documentar de manera independiente estas muertes a través de un formulario electrónico que las personas pueden llenar en periodismoinvestigativo.com para hacer llegar la información de los casos de sus familiares y conocidos fallecidos por circunstancias relacionadas a la devastación causada por el huracán María. Esto incluye accidentes o cualquier circunstancia que haya sido creada por el estado de emergencia que vive el país como falta de servicios médicos, falta de servicios de sostenimiento a causa del corte de electricidad, y enfermedades por los problemas con el agua potable y escasez de alimentos, entre otras.

pizza alo & john info

El CPI lanzó el formulario en internet en diciembre en alianza con el medio digital Quartz (qz.com), y con la información recopilada busca crear una base de datos que refleje la realidad de las muertes ocurridas a raíz del huracán María. La organización también hizo un llamado a entidades comunitarias, administraciones municipales y otras organizaciones que reciben continuamente información de los decesos, para que propaguen el formulario.

Aunque la cifra oficial de muertes relacionadas al huracán es 64, se sabe que los números preliminares del mismo gobierno confirman que del 20 de septiembre al 30 de octubre en la isla hubo al menos 985 muertes en exceso en comparación con el 2016. Esto plantea al menos 921 muertes que el estado reconoce que ocurrieron por encima de lo normal, pero a las cuales no les da explicación.

pinchera de papanacho

“El formulario está disponible en www.periodismoinvestigativo.com. Estamos haciendo un llamado a las personas que conocen de casos de muertes relacionadas al huracán a que hagan pública esa información, completando este formulario breve. Como indica el hashtag #QueCuenten, que no quede una muerte sin contar. Sabemos que mucha gente no tiene acceso a internet, por lo que la exhortación es a que todo aquel amigo o familiar que tenga los datos, los entre en periodismoinvestigativo.com y nos comunicaremos de inmediato para corroborar la información”, dijo Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.

Con el apoyo de estudiantes de la Escuela Graduada de Salud Pública, se diseñó un protocolo para el análisis de los resultados.

El CPI divulgó la iniciativa unos días después de que Rosselló, reconoció que es necesario hacer un recuento de las muertes para asegurar que todos los casos sean revisados y analizados de forma apropiada, tomando en cuenta todas las circunstancias de esas muertes. La encomienda del recuento cayó en manos de los mismos dos funcionarios que estuvieron a cargo del deficiente proceso durante los tres meses después del huracán: el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, y la directora del Registro Demográfico, Wanda Llovet.

El formulario se accede en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiuFYQ1p8DmLg7a5VIZ5GJg5J6K5a2cfdCcQaqicLpmIFIdQ/viewform?embedded=true

Revelan que García Padilla dio mensaje en fábrica de Cabo Rojo acusada de abuso laboral, discrimen por género y acoso sexual

El gobernador García Padilla en una de sus visitas a la Propper International de Cabo Rojo (Suministrada).

El gobernador García Padilla en una de sus visitas a la Propper International de Cabo Rojo (Suministrada).

Por Joel Cintrón Arbasetti, del Centro de Periodismo Investigativo

Alberto Torres no tardó en reconocer el lugar donde el gobernador Alejandro García Padilla emitió hace unos días su mensaje sobre transformación del sistema contributivo: una de las fábricas de uniformes militares de Propper International, empresa que lo despidió en 2009 luego de apoyar los esfuerzos por unionar al personal de la planta de Adjuntas.

García Padilla dio su mensaje desde las instalaciones de Propper International en Cabo Rojo, donde según dijo se han creado más de 2,000 empleos. De ser cierta la cantidad de puestos, esas personas no dispondrán de los mismos beneficios que el personal de otras industrias, y se podrían exponer a condiciones de trabajo muy precarias.

A Propper International se le ha acusado de no tener agua en sus instalaciones, de reducir la hora de almuerzo y negar días de vacaciones, explicó Víctor Vélez, abogado que llevó un caso en contra la empresa y quien recordó que, debido al hacinamiento, trabajadores se quejaban de sufrir calores extremos en sus instalaciones.

“No había papel de baño, a veces había que trabajar los días de vacaciones, tenías supervisores con reloj mientras hacías las piezas, intimidaban al trabajador. Pagaban el mínimo o por producción”, recordó el ex empleado Alberto Torres, quien llevó un caso en contra de esa empresa ante la Junta Laboral Federal por persecución y que ahora trabaja para un sindicato.

Ninguna de esas denuncias ha dañado la buena relación entre el gobierno de Puerto Rico y Propper International; empresa de Missouri con alrededor de 30 años operando en la isla como una de las mayores manufactureras de uniformes militares y que es, además, una de las principales contratistas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

No solo García Padilla grabó su mensaje desde una de sus instalaciones en Cabo Rojo, sino que actualmente la empresa goza de nueve contratos con la Compañía de Fomento Industrial, varios firmados bajo la pasada administración y algunos con vigencia hasta 2021 y que en total suman $9,519,564 millones todos exentos de “servicios, arrendamientos, hipotecas y ventas”, indica el registro de contratos de la Oficina del Contralor.

“Me molesté (al ver el lugar desde donde el gobernador emitió su mensaje) porque nosotros hemos llevado la voz a los dos administraciones, y deberían saber que los trabajadores están peleando contra Propper en Cabo Rojo”, dijo Torres.

Los empleados y empleadas de la “Industria de Manufactura de Artículos de la Aguja” no tienen los mismos beneficios que otros trabajadores y trabajadoras, pues continúan rigiéndose por el Decreto Mandatorio Núm 35, revisado por última vez en 1992 y que establece en su artículo III que en la industria de la aguja, el empleado no acumulará días por enfermedad, sino que se le descontarán de los días de vacaciones que tengan acumulados. El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) está facultado para revisar el decreto, pero desde 1992 nadie lo ha tocado.

“Mi posición es que el decreto se debe enmendar. En principio, creo que se le debe conceder (la licencia por enfermedad al personal de la industria de la aguja). Tan temprano como a mediados de 2013 solicitamos un estudio en el que se basará nuestra propuesta y ya lo tenemos. Luego que decidamos cómo se hará el proceso para enmendar el Decreto, lo haremos público”, declaró Vance Thomas, secretario del DTRH, al Centro de Periodismo Investigativo.

En una entrevista con The New York Times en 2008, el director ejecutivo de Propper International en Puerto Rico, Tom Kellim, aceptó que su empresa no concede a sus empleados y empleadas los días por enfermedad que manda la Ley de Salario Mínimo. Dijo que “un viejo decreto mandatorio del gobierno de Puerto Rico” exime a la industria de la aguja de algunas disposiciones laborales. El CPI trató de comunicarse con Kellim a su teléfono personal, pero la persona que contestó, en inglés, colgó luego de decir que Kellim ya no trabaja en ese lugar. En una segunda llamada al mismo número, apareció un mensaje de voz de Kellim.

La administración central de Propper International, con sede en Cabo Rojo, tampoco respondió la a solicitud de entrevista del CPI.

Oscar Quiles Casimiro, presidente de la fábrica Pentaq de Sabana Grande, aseguró que se afectaría “grandemente” con una enmienda del Decreto Mandatorio Núm. 35 que implique dar una licencia por enfermedad a sus cerca de 250 empleados y empleadas. “Los contratos (de las fábricas de artículos militares) con el Departamento de Defensa están establecidos a cinco años y no se pueden cambiar”, añadió, y aseguró que todas las fábricas en Puerto Rico se benefician del Decreto. “No podemos desaparecer”, dijo en alusión a la industria de la aguja. Quiles no contestó más preguntas al CPI.

Vanesa Moretta Díaz, presidenta de Moretta Díaz Corporation, fábrica que opera en Adjuntas, expresó también que la eliminación del Decreto Núm. 35 afectaría a la industria de la aguja. “Los días por enfermedad no aplican por el Decreto, si se establecen estos días por enfermedad, como está la industria, con tanto cambio, nos va a afectar”. Moretta Díaz tiene alrededor de 150 empleadas y empleados y aseguró que ninguno se ha quejado por no tener días por enfermedad.

“Muchos van a su cita y regresan (a la fábrica) o con par de horitas reponen (las horas empleadas en ir a la cita)”, explicó Moretta.

¿No cree que los empleados de la industria de la aguja deberían tener sus horas por enfermedad, como los empleados de otras industrias?, preguntó el CPI.

“Entiendo que sí, pero, la industria de la aguja no se puede comparar con otras industrias. Por ejemplo, la industria farmacéutica no se puede comparar con la industria de la aguja porque no tenemos el mismo ‘jale’”, contestó Moretta.

El secretario Thomas explicó que la Ley de Salario Mínimo, que incluye días pagos por enfermedad, aplica a la industria de la aguja, pero que al existir el Decreto Mandatorio Núm. 35 los patronos de esa industria pueden cargar los días por enfermedad a los días por vacaciones, sin que esto represente una violación a la ley.

Según un análisis del economista Juan Lara, la industria vinculada a la fabricación de uniformes e indumentaria militar, goza de “un mercado protegido y lucrativo, con un cliente de extremada solvencia y estabilidad financiera, que le permite mantener una operación rentable aún con los costos salariales prevalecientes en lugares como Puerto Rico y los 50 estados”. En su análisis, citado en una vista pública sobre el Decreto Núm. 35 en el 2012, Lara subraya que “hay un consenso en la economía mundial de que la competitividad industrial no puede basarse en la negación de los derechos laborales… La industria de la ropa, especialmente la de ropa militar, está en condiciones de cumplir con los días de vacaciones y de enfermedad que determina la Ley 180, sin que ello le resulte oneroso en sus resultados financieros”.

La administración García Padilla proyecta que ha incentivado el crecimiento y la inversión de Propper International en Puerto Rico, tanto en el mensaje desde una de sus fábricas, como en un artículo publicado en The Huffington Post en 2014. Poco parece importar el hecho de que la empresa ha enfrentado, además, 11 demandas de parte de ex empleados y empleadas, incluyendo una del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, región de Utuado, según el registro de casos de la Rama Judicial.

El historial de abuso laboral con el que carga Propper International incluye evidencia de acoso sexual y discriminación en contra de las trabajadoras de parte de un gerente de esa empresa, denunciado en un informe de 61 páginas sobre Propper International en Puerto Rico y República Dominicana, publicado en 2010 por Workers Rights Consortium (WRC).

Esa organización encontró “evidencia creíble de discriminación por género en la planta de Adjuntas, en la forma de acoso sexual a mujeres trabajadoras por parte un gerente general. Trabajadoras denunciaron que el gerente las tocaba de manera inapropiada… las saludaba tocando sus hombros o brazos por tiempo prolongado… Varias trabajadoras dijeron que le pidieron al gerente que sacara sus manos de su cuerpo, pero el gerente continuaba con la misma conducta hacia otras empleadas. También se quejaron de que el gerente permanecía mirándolas de forma creepy e intimidatoria mientras trabajaban”.

En el año 2009, trabajadores y trabajadoras presentaron una demanda en contra de Propper International exigiendo el pago completo del período de alimentos, compensación según establece la Ley 180 para los días de enfermedad y de vacaciones, reclamando horas extras, entre otras cosas. Esta acción se presentó en el Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez, originalmente con 15 trabajadores de las ocho fábricas que operaba Propper en ese momento. Luego se unieron más trabajadores en una acción colectiva que llegó a totalizar 213 empleados, de los cuales 114 eran de la planta de Adjuntas. En total, luego de que se presentó la demanda liderada por los trabajadores de la planta de Adjuntas, cesantearon a alrededor de 100 empleados de esa planta. Hasta ahora el tribunal no ha tomado determinación sobre esta demanda.

En el 2009, luego de presentar la demanda, fueron al Departamento del Trabajo y lograron que se anunciara la celebración de vistas públicas para adjudicarles días por enfermedad y más días de vacaciones. La vista se celebraría el 29 de febrero de 2012, pero días después se les notificó el cierre de la planta de Adjuntas, luego de 22 años de operaciones.

Después del cierre de Propper International en Adjuntas, abrió la fábrica Moretta Díaz Corporation. Jaime Barlucea, alcalde de Adjuntas, dijo en un comunicado que “la apertura se logró luego de que el municipio le otorgara un incentivo económico para el pago de la mitad de la nómina de sus empleados. Parte del equipo son ex empleados de la extinta fábrica Propper. Uní todos los fondos que le corresponden a mi pueblo en el Consorcio Norte Central, al cual pertenecemos y los aportamos para pago de nómina. Ese fue el incentivo para que se establecieran aquí en una instalación propiedad de Fomento Industrial. Así logramos acuerdos con esta empresa nativa, cuyos directivos se comprometieron en invertir en este pueblo de la montaña”. Moretta Díaz es una subcontratista de Propper International, aseguró Torres.

La fábrica de Propper International en Lajas también cerró y en 2012 abrió MM Manufacturing, propiedad de María Meléndez, ex empleada gerencial de Propper International. En una vista del Senado en 2012, donde se ordenó al DT y al Senado realizar una investigación en torno a Propper International, surgió que MM Manufacturing recibió un incentivo de $250,000 y que su producción depende de contratos que le pasa Propper International. En la vista, la senadora Lucy Arce preguntó a José Mahía, gerente general de Propper International, ¿Cuál es la relación con la Sra. María Meléndez? “Actualmente no trabaja con nosotros, es dueña de su propia empresa”, contestó.

Las tres fábricas de Propper en Mayagüez cerraron en 2012. En Las Marías, Propper International opera bajo el nombre Koman Propper y en Cabo Rojo, las dos fábricas que había se fusionaron en un solo edificio, desde donde el gobernador dio su mensaje, explicó Alberto Torres, cesanteado de Propper International.