García Padilla convierte en ley varias medidas de seguridad

El gobernador Alejandro Garcia Padilla, rodeado del liderato legislativo y del superintendente de la Policía, firma varias leyes relacionadas con la seguridad pública. (Suministrada)

El gobernador Alejandro Garcia Padilla, rodeado del liderato legislativo y del superintendente de la Policía, firma varias leyes relacionadas con la seguridad pública. (Suministrada)

LA FORTALEZA: El gobernador Alejandro García Padilla estampó su firma en varios proyectos de ley que persiguen mejorar sustancialmente la calidad de vida de la ciudadanía, logrando así mayores índices de convivencia y paz social para todos. Estos proyectos son iniciativa de la Cámara de Representantes y su presidente, Jaime Perelló Borrás.

La primera de estas medidas, el Proyecto de la Cámara 1860,  procura un intercambio más efectivo entre las agencias de seguridad pública y la Rama Judicial sobre información de naturaleza penal. Esta ley responde a los problemas en el intercambio de información que han puesto en riesgo la seguridad pública, resultando en que se determinen fianzas que no guardan proporción con el nivel de peligrosidad del imputado o que se deje en libertad bajo fianza alguien que le correspondía ingreso en prisión.

De igual forma, con la firma de este proyecto se sustituye la ley vigente que data del 1977 y ordena un Sistema de Información de Justicia Criminal basado en unos procedimientos uniformes, con una tecnología compatible entre las agencias. La información será completa y correcta sobre la naturaleza penal, e incluirá el Registro de Ofensores Sexuales.

De otra parte, el mandatario convirtió en ley el  Proyecto de la Cámara 1854 que crea el Fondo para el Mejoramiento Tecnológico, Profesional y Laboral de la Policía para contribuir a la lucha contra el crimen y la profesionalización de la uniformada.

Esta nueva ley está vinculada a la reforma de la Policía acordada con el Departamento de Justicia Federal y se nutrirá del 20 por ciento de lo que se recaude por multas de tránsito (excepto las de Autoexpreso) en exceso del promedio anual de 29 millones de dólares por este concepto. Para lograr un aumento en estos recaudos, la ley ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y a la Policía mejorar la mecanización del procesamiento de las multas de tránsito.

Además, se convierte en ley el Proyecto de la Cámara 1855 que enmienda la Ley de Detectives Privados de 1965, que en adelante se conocerá como la Ley para Regular las Profesiones de Detectives Privados y Guardias de Seguridad en Puerto Rico, para fortalecer la regulación de ambos y distinguir ambas profesiones. Las compañías de seguridad privadas deberán dar un adiestramiento de al menos cuatro semanas a los guardias de seguridad que contraten para obtener sus licencias.

Este nuevo estatuto exime de tomar el examen de detective privado a quienes hayan laborado al menos ocho años como policía o agentes de investigación criminal en Puerto Rico o un departamento de policía de Estados Unidos, y quienes hayan trabajado para el Negociado de Investigaciones Federales (FBI por sus siglas en inglés). Los cargos por sellos de rentas para estas licencias bajo dicha ley  se destinarán al Fondo para el Mejoramiento Tecnológico, Profesional y Laboral de la Policía, ya anunciado.

De igual manera, se estampó la firma sobre el Proyecto de la Cámara 1861 que enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito para aumentar las sanciones de multas por conducir un vehículo de motor bajo los efectos del alcohol. La multa adicional a las penalidades existentes será de 50 dólares por cada centésima adicional sobre el límite de alcohol en la sangre permitido por ley.

De esta manera se aumenta en proporción a la concentración de alcohol en la sangre y el dinero recaudado por este concepto irá al Fondo para el Mejoramiento Tecnológico, Profesional y Laboral de la Policía. Este nuevo estatuto reafirma la política pública del Estado Libre Asociado en que conducir bajo los efectos del alcohol es una amenaza a la seguridad pública.

Por otro lado, el Proyecto de la Cámara 1865 enmienda la Ley Uniforme de Confiscaciones para dar prioridad a la Policía en la asignación de vehículos confiscados por el Estado Libre Asociado en un proceso penal.  Además, esta ley exime a la Policía del requisito de 10 por ciento del precio de tasación del vehículo, por lo cual ahora no tiene que pagar nada por ellos.

Otra de las medidas convertidas en ley lo es el Proyecto de la Cámara 1866 que enmienda la Ley de Armas para obligar a todas las líneas aéreas a notificar a la Policía si transportan armas de fuego o municiones de algún pasajero en un vuelo con destino a Puerto Rico.

Esta ley establecerá un proceso de notificación que será reglamentado con el propósito de darles orientación a los pasajeros, protegiendo sus derechos de poseer y transportar armas de fuego, pero conciliando el interés del gobierno en que se cumpla con el procedimiento de adquisición de permisos temporeros.

Con esa información, la Policía determinará y orientará al pasajero si puede poseer esa arma o esas municiones en Puerto Rico. Se le orientará además sobre la necesidad de notificar desde el aeropuerto que tiene armas de fuego y su deber de obtener un permiso provisional. El trámite se deberá realizar desde el aeropuerto con los oficiales que están en la unidad de la policía del aeropuerto para cumplir con los trámites dispuestos en la ley de armas. Este estatuto tiene un fin educativo y preventivo y de ninguna manera violentará derechos de los ciudadanos a poseer y transportar armas de fuego legalmente adquiridas.

Por otra parte, el Proyecto de la Cámara 1856 enmienda la ley orgánica del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para atender el problema de retención o fuga del personal especializado. En siete de las subespecialidades del Instituto habrá que trabajar por lo menos dos años si su capacitación y certificación se pagó con los recursos del Instituto. De renunciar antes de ese periodo, tendrá que pagar el gasto incurrido. Las subespecialidades van desde patólogos forenses hasta examinadores de armas de fuegos, marcas de herramienta y de documentos dudosos.

FBI asume jurisdicción en carjacking ocurrido en El Pepino

AGUADILLA:  Al tiempo que agentes del F.B.I asumieron jurisdicción en la pesquisa por tratarse de hechos tipificados como delito grave en el foro federal, personal del  CIC adscrito al Area de Aguadilla, detuvo  el  sábado al individuo Michael López Valentín, quien se hallaba evadido de una institución correccional. El vecino de San Sebastián fue ingresado de inmediato en la Cárcel Guerrero por orden de un magistrado del Centro Judicial de aquí.

López Valentín y otro sujeto cuyo nombre reservan las autoridades, fueron arrestados en relación al carjacking reportado por el jovencito Carlos A. Pérez López, mientras estaba el 22 de este mes a 1:oo de la madrugada en la calle Juan F. Cortés del Barrio Pueblo Nuevo de San Sebastián.  Dos individuos armados, uno de ellos portando una pistola despojaron a Pérez López de un auto Mazda 323, dinero y un celular.

Instantes antes del asalto, los delincuentes golpearon en el rostro al residente de El Pepino, mientras le exigían mediante amenaza e intimidación el pago de una deuda por la alegada compra-venta de un motor de automóvil. Tras surgir el incidente, el herido fue transportado a la Policlínica doctor Rodríguez de San Sebastián, lo que dió lugar a un operativo de búsqueda para dar con los ladrones.

Los agentes Raúl Santiago, del distrito de San Sebastián, Wilfredo Mendoza, de la División Contra Robos del CIC en el Area Noroeste y Víctor Cintrón, de la Unidad de Vehículos Hurtados, lograron arrestar al dúo de  «carjaqueros», recuperando el auto del  querellante, así como una cantidad de sustancias controladas, municiones y  un arma de fuego. El arma confiscada  era producto de un escalamiento ocurrido recientemente, en el hogar de un miembro de la policía estatal  en el distrito de Lares.

Federales de visita en la residencia de Ana Cacho en Dorado

Agente_FBISAN JUAN: El Secretario de Justicia, César R. Miranda Rodríguez, emitió las siguientes declaraciones con relación a una intervención realizada durante el día de hoy por agentes federales en la residencia de la Sra. Ana Cacho:

“Por este medio quiero confirmar a los medios noticiosos que en el día de hoy agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) estuvieron visitando la residencia de la señora Ana Cacho. Esta visita es parte de los esfuerzos investigativos que se desarrollaron a partir de la creación por parte del anterior secretario, Luis Sánchez Betances, de un grupo de trabajo compuesto por representantes del FBI, la Policía y el Jefe de los Fiscales para manejar el caso del asesinato del niño Lorenzo González Cacho. He dado instrucciones de que este grupo de trabajo se reúna cuantas veces sea necesario, inclusive diariamente, para trabajar en esta importante investigación. El evento del día de hoy en la residencia de la Sra. Cacho responde a esta iniciativa, y a mis instrucciones para redoblar esfuerzos y tomar todas las medidas adicionales que sean necesarias. Por el momento, no haré expresiones adicionales sobre el tema”, indicó el secretario Miranda Rodríguez.

Por otro lado, unos 25 agentes del Negociado Federal de Investigaciones establecieron perímetro en las inmediaciones de la residencia localizada en la Urbanización Dorado del Mar en Dorado, mientras se dedicaban a tomar fotos y videos del sitio. No se descarta que los investigadores estuviesen «reviviendo» la violenta escena ocurrida el 9 de marzo del año 201o, cuando alguien le quitó la vida al niño Lorenzo González Cacho. Se desconoce si luego de la visita federal, la segunda desde el 2010, el FBI  asumirá el control de la pesquisa  relacionada a uno de los casos que aún están sin esclarecer en Puerto Rico.

 

Agentes del FBI arrestan en Ponce a un teniente de la Policía

PONCE:   El teniente Erick Rivera Nazario, quien durante varios años estuvo adscrito al Area Policíaca de Mayagüez, fue arrestado el lunes en la Comandancia del Sur,  por Agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), que diligenciaron la orden emitida por un Gran Jurado, en la que se acusa al oficial y al policía Jimmy Rodríguez Vega por violación de derechos civiles. Los hechos se remontan a las elecciones del 2008, cuando los investigados le propinaron una golpiza al joven José Luis Irizarry Muñiz, quien residía en Yauco.

Luego de hacer uso excesivo de la fuerza, Rivera Nazario y Rodríguez Vega, golpearon con un bastón en la frente  y el rostro al joven yaucano, quien expiró a consecuencia de la brutal agresión. Rivera y  Rodríguez  no fueron acusados en el foro local, pero ahora deberán responder por violar los derechos civiles del infortunado.

Rivera Nazario, es un miembro de la Uniformada que cobró notoriedad en la década del 80, cuando en una  investigación periodística de EL VOCERO titulada «Los Fabricantes» la famosa reportera Maggie Bobb, le otorgó  el calificativo de «Kiko, el protegido», por sus alegados contactos dentro y fuera de la Policía.

Mientras los federales tratan de localizar al agente Rodríguez Vega, el teniente Rivera Nazario, fue trasladado a San Juan, donde será llevado ante la Magistrada Federal Camille Vélez Rivé.  El pliego de acusaciones contra los 2 funcionarios del orden público fue emitido el pasado viernes y su contenido permanece sellado.

FBI y autoridades locales efectúan megaoperativo en la isla

PONCE:  Temprano hoy viernes, las autoridades locales y federales incursionaron en el Residencial  doctor Pila de esta ciudad, diligenciando numerosas órdenes de arresto contra individuos vinculados al narcotráfico y a una veintena de asesinatos reportados en la Región Sur y otros puntos de la isla. Cientos de efectivos del Negociado Federal de Investigación  (FBI), policías, personal de Inmigración, Aduanas (ICE) y Corrección, se disponen a cumplimentar 66 detenciones, la mayoría, en el Area  de Ponce.

Surge de la pesquisa que se extendió por más de dos años, que varios de los sospechosos están relacionados a 20 ejecuciones mafiosas, incluyendo, una masacre ocurrida en febrero de este año donde 3 individuos fueron asesinados. El operativo cubre también, sectores de Bayamón, San Juan, Gurabo y el municipio de Arroyo. El Fiscal Alberto López, adscrito al Departamento de Justicia de Puerto Rico, es uno de los funcionarios a cargo de coordinar este megaoperativo.

Se espera que durante el transcurso del día las autoridades federales ofrezcan los nombres de los arrestados, entre éstos, individuos pertenecientes a organizaciones que se dedican al trasiego de sustancias controladas, dentro y fuera de la isla.

FBI entra en pesquisa para esclarecer crimen de sargento Castro

MAYAGUEZ:  Transcurridos 4 meses de ocurridos los hechos, la Policía continúa sin esclarecer el asesinato del oficial policiaco Abimael Castro Berrocales, ocurrido el  1ro. de enero de este año en la carretera 100 de Cabo Rojo y en momentos que el infortunado intervenía con un conductor por violar la Ley de Tránsito. Castro Berrocales, ascendido póstumamente al rango de teniente, murió a consecuencia de disparos que lo alcanzaron en el rostro y la cabeza.

Por este crimen vicioso estuvo siendo investigado un residente de Cataño, implicado en la muerte a balazos del señor Tirso Cotto Rosado. El sospechoso, de nombre Luis Santiago Rosado, convicto en Nueva York por delitos graves, fue posteriormente detenido en la casa de un familiar en Lajas, pero testigos no pudieron identificarlo como el matador del sargento Castro Berrocales.

Así las cosas, la investigación produjo la publicación de un boceto con la descripción del presunto asesino del joven oficial que estaba adscrito a la División de Tránsito en Mayagüez, pero hasta ahora se desconoce el resultado de las pruebas de balística realizadas al mismo individuo.

El extinto teniente, estaba de turno en la noche de año nuevo, cuando le ordenó detenerse al conductor de un auto «Toyota Paseo, color verde» que circulaba a mayor velocidad. El sujeto en cuestión, o alguien que pudiera estar acompañándolo, abrió fuego contra el joven oficial hiriéndolo de muerte. El crimen de  Castro Berrocales, desató una polémica en la propia Policía, ya que la cámara  de seguridad del auto patrulla estaba  fuera de servicio, lo que impidió identificar al asesino.

En vista de que las investigaciones a nivel local  no arrojan resultados para esclarecer la muerte del teniente Castro Berrocales, el Negociado Federal de Investigaciones, el FBI se ha unido a la pesquisa, ofreciendo una recompensa de $50 mil por información que conduzca al arresto y convicción, de la persona o personas, que le quitaron la vida al Uniformado   puertorriqueño.

Libres bajo fianza dos contratistas vinculados a corrupción

Luego que el magistrado federal Marcos López, les concediera un término de 10 días para depositar fianzas individuales de $50 mil, quedaron en libertad hasta la vista preliminar de los cargos, los conocidos contratistas Juan Antonio San Miguel y Juan Carlos Mercado, vinculados al esquema de fraude y extorsión por el que fuera arrestado ayer miércoles el alcalde de Barceloneta Sol Luis Fontánez Olivo. El primer ejecutivo municipal se halla confinado en la prisión federal de Guaynabo, en espera de otra vista mañana viernes ante el magistrado Bruce McGiverin.

El mismo juez McGiverin, señaló para el 7 de marzo próximo la vista preliminar de los casos graves que enfrentan los ingenieros Mercado y San Miguel. Surge de las denuncias, que San Miguel acordó con el alcalde Fontánez Olivo, la venta de un terreno de su propiedad valorado en unos $100 mil. No obstante, el esquema de fraude se configuró en el momento que Fontánez Olivo, llegó al acuerdo de adquirir el lote de terreno si San Miguel le pagaba $40 mil «por debajo de la mesa».

San Miguel presuntamente accedió a los pedidos del incumbente popular de Barceloneta, llegando a entregarle pagos aplazados de $22 mil y $5 mil. Los actos de corrupción ocurrieron entre los años 2010 y 2011. Por su parte, Fontánez Olivo, negó de forma vehemente haber realizado negocio alguno con el señor San Miguel.

En cuanto al contratista Juan Carlos Mercado, la Jefa de la Fiscalía Federal, licenciada  Rosa Emilia Rodríguez, le atribuye el pago de sobornos ascendentes a $14 mil.  Mercado, hacía los pagos ilegales como «garantía» para obtener contratos de servicios ambientales con el gobierno municipal de Barceloneta. Trascendió, que los pagos llegaron a manos del Fontánez Olivo, a través de un co-conspirador.

No se descarta que surjan más acusaciones contra individuos y empresas relacionadas al montaje de corrupción liderado por el alcalde Fontánez Olivo, a quien muchos de sus compueblanos eligieron por amplia mayoría durante seis cuatrienios, tras describirlo como «un hombre incorruptible».

El veterano lider político afiliado al PPD, fue detenido por agentes del FBI, mientras  se  disponía a celebrar el  «Día del amor y la amistad» en el restorán El Metropol, que ubica en el centro comercial Los Oulets de Barceloneta.

Acusan alcalde de Barceloneta de extorsión a contratistas

La Jefa de la Fiscalía Federal en la isla, licenciada Rosa Emilia Rodríguez, indicó esta tarde, que el alcalde de Barceloneta Sol Luis Fontánez Olivo, exigió y recibió dinero »por lo debajo de la mesa», de contratistas a los que presuntamente extorsionó como secuela de la venta de propiedades municipales. Uno de los hechos se remonta a febrero del 2010, ocasión en la que el incumbente Fontánez, recibió $50 mil en efectivo de uno de los contratistas perjudicados.

A pesar de que los $50 mil no fueron recibidos por Fontánez Olivo en su carácter personal, las autoridades tienen evidencia de que el efectivo llegó a manos del alcalde a través de un co-conspirador.  La jueza federal Aida Delgado, dispuso la detención del veterano lider popular, quien de resultar convicto, podría enfrentar hasta 10 años de reclusión.

La intervención de agentes del FBI con el primer ejecutivo municipal, tuvo lugar hoy miércoles al mediodía frente al restaurante «El Metropol» ubicado en el Centro Comercial «Los Outlets» de Barceloneta. Fontánez Olivo, se disponía a almorzar en el establecimiento.

La fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez, adelantó que la investigación no ha concluido, pero declinó entrar en detalles, por respeto a los derechos que cobijan al acusado. El funcionario sería conducido hoy mismo a la presencia del magistrado Bruce McGeever, a quien corresponde determinar si le fija fianza a Fontánez u ordena el encarcelamiento inmediato.

Los casos sometidos a Fontánez Olivo, el alcalde popular con mayor número de cuatrienios ganados para ese partido, ha dejado perplejos a muchos de sus colegas del PPD y a sus compueblanos de Barceloneta.

Autoridades federales arrestan al alcalde de Barceloneta

Mientras se encontraba en las inmediaciones del complejo comercial  «The Oulet», agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), detuvieron hoy al mediodía al alcalde popular de Barceloneta Sol Luis Fontánez. El veterano político que lleva alrededor de 30 años como primer ejecutivo del » Pueblo de los Industriales», es investigado por cargos graves de extorsión y soborno en perjuicio de contratistas que hacían negocios con el gobierno municipal de Barceloneta.

Señala la versión preliminar  que el alcalde afiliado al Partido Popular Democrático, fue intervenido por los federales frente a un conocido restaurante de comida cubana. Aunque sorprendido ante la llegada de los agentes del FBI, Fontánez no ofreció resistencia y se mostró cooperador.

El arresto de Sol Luis, ha provocado consternación dentro del alto liderato del PPD, donde  Fontánez goza de general aprecio. Isidro Negrón Irizarry,  incumbente de la ciudad de San Germán, expresó su tristeza tras enterarse de la detención de su colega y correligionario político.

De otra parte, la Asociación de Alcaldes que preside el  primer mandatario de Comerío, Josean Santiago, está citando a una reunión de emergencia para discutir la situación de su compañero Sol Luis Fontánez.

Recordando que a Fontánez le asiste la «presunsión de inocencia», el licenciado Negrón Irizarry, d

Operativo federal Medicare se extiende a la región Oeste

Hasta el municipio de Cabo Rojo, se extendió ayer jueves el operativo llevado a cabo por las autoridades federales contra profesionales y dueños de establecimientos vinculados a un millonario fraude contra el Medicare. Agentes de la DEA intervinieron en un negocio dedicado a la venta y alquiler de equipos médicos el cual opera tiendas similares en la región norte. Entrada la tarde se habían diligenciado 12 órdenes de arresto expedidas por un Gran Jurado Federal.

Se alega en el pliego acusatorio, que los encausados por robo de identidad, fraude y conspiración utilizaron documentos de decenas de envejecientes para facturarle a Medicare por servicios y equipos que nunca fueron solicitados y que las personas no necesitaban. Incluso, algunos de los perjudicados ni siquiera estaban al tanto del trámite fatulo.

La  llamada «facturación fantasma» produjo alrededor de $4 millones en ganancias a empresas operadas por un mismo grupo de individuos. Como secuela de las intervenciones llevadas a cabo en varios pueblos de la isla, hubo la confiscación en San Juan de varios apartamentos de lujo, automóviles y cuentas bancarias.

Uno de los sospechosos de participar en el fraude contra el Programa Federal Medicare, fue identificado como el doctor Francisco Garrastegui. Se alega que el galeno autorizó la prescripción de equipo médico innecesario a pacientes que no lo requerían. El reciente operativo federal reduce notablemente el fraude en la facturación de servicios contra Medicare. La mayoría de los arrestados permanecían encarcelados el jueves.