Alcalde de Mayagüez reacciona a pesquisa del FEI y refiere preguntas al licenciado Harry Padilla

MAYAGÜEZ: El alcalde José Guillermo Rodríguez reaccionó a la determinación de que dos fiscales especiales independientes inicien una pesquisa en su fondo que debe ser completada en un término de 90 días.

En declaraciones escritas, Rodríguez pidió la oportunidad “para demostrar la evidencia que el Departamento de Justicia obvió”.

“En el proceso realizado por Justicia, no se tomó en consideración información alguna por parte del Municipio, que establece claramente las personas que no cumplieron con la ley, y defraudaron al Municipio.

Estoy seguro de que esta es una oportunidad para demostrar que tanto el alcalde como la gerente de Finanzas, sí actuaron en cumplimiento, en un proceso contemplado en la Ley de Municipios Autónomos, que autoriza a los municipios a realizar hacer inversiones.

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El desvío de esta actividad lícita es la que provoca estas falsas acusaciones.

Cualquier pregunta adicional sobre este asunto estará a cargo del licenciado Harry Padilla contratado para enfrentar este proceso legalmente.

Espero una vez se tenga la oportunidad de hacerlo, no nos tome cinco largos años, como les tomó a los profesores Urayoán Walker Ramos, expresidente de la Universidad (de Puerto Rico); y Carlos Severino Valdez, exrector (del recinto) de Río Piedras, para demostrar su inocencia en otras acusaciones falsas del Departamento de Justicia.

Mi concentración continuará en la obra de recuperación de la Ciudad, enfatizó el alcalde Rodríguez”.

Justicia refiere al Fiscal Especial Independiente a ex funcionaria de La Fortaleza

logo justiciaSAN JUAN: El secretario del Departamento de Justicia (DJ), licenciado César Miranda, refirió este miércoles a una ex funcionaria de La Fortaleza y a ocho servidores públicos adscritos al Cuerpo de Bomberos para ser investigados por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI), por alegada malversación y apropiación ilegal de fondos públicos, conspirar para cometer delitos y otras violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

La ex funcionaria de la Mansión Ejecutiva es la hoy jueza del Tribunal Apelativo, la licenciada Grace Grana Martínez. Sin embargo, se aclaró que el referido en cuestión no guarda relación con el desempeño de Grana Martínez cono jueza del  mencionado foro.

Según surge del referido de Justicia, los hechos supuestamente ocurrieron en julio de 2010 cuando Grana Martínez se desempeñaba como secretaria auxiliar de Administración del entonces secretario de la Gobernación, Marcos Rodríguez Ema.

Según prueba que dice tener Justicia, se convocó a una reunión en el Teatrito de La Fortaleza para instruir a varios secretarios y funcionarios de agencias públicas a participar de una asamblea en Albuquerque, Nuevo México, de la Liga Unida de Ciudadanos Latinoamericanos (LULAC), para votar por la nueva directiva de esa organización. Según instrucciones impartidas en la reunión, los funcionarios debían votar por la candidata a presidenta de LULAC, Margaret Morán.

Dicha votación no es asunto oficial de las agencias de gobierno, por lo que no era permitido recurrir a fondos públicos para sufragar el viaje de al menos cinco funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, autorizado por Grana Martínez. Dichos gastos le costaron al Erario al menos,6 mil 767 dólares. Surge además, que otros cinco empleados del Cuerpo de Bomberos viajaron con pasajes costeados por suplidores de la agencia y mediante donativos de otros servidores públicos, a solicitud del ex director de transportación, Jeremías Hernández Nogueras.

En la reunión en Fortaleza, Grana Martinez presuntamente instruyó a los funcionarios a llenar los documentos de solicitud de los viajes de modo que pareciera que irían a recibir adiestramientos por parte del Federal Training Institute (FTI).

La hoy jueza autorizó mediante carta del 9 de julio de 2010 a los funcionarios del cuerpo de Bomberos a viajar del 15 al 18 de julio a la ciudad de Albuquerque. Según Justicia, Grana Martinez indicó además que cada agencia debía enviar una delegación de al menos 11 personas. Sin embargo, según trasciende de la investigación de Justicia, los talleres ofrecidos por la FTI culminaron el 14 de julio de ese año.

Se alega que Carmen G. Rodríguez Díaz, ex jefa del Cuerpo de Bomberos, admitió mediante declaración jurada todas y cada una de las violaciones legales y administrativas que se le imputan. Rodríguez Díaz se convirtió en testigo del pueblo mediante acuerdo sobre concesión de inmunidad total firmado el pasado 7 de octubre. A los funcionarios Luis G. Irizarry Díaz, jefe de Bomberos de la zona de San Juan, y a Juan E. Rodríguez Berríos, jefe de zona de Caguas, también se les otorgó inmunidad.

La investigación se origina con una querella que presentó el 24 de febrero de 2011, Nélida Ramos, ex jefa del Negociado Auxiliar del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, en contra del ex director de transportación, por solicitar donativos a varios suplidores. El propósito de los donativos era pagar fiestas y actividades de la agencia que nunca se dieron y para el pago de alegados viajes oficiales.

Por su parte, la Contralora de Puerto Rico, Yesmín M. Valdivieso, indicó que la Contraloría tuvo conocimiento de esta situación en diciembre de 2011 a raíz de unas expresiones públicas del hoy senador Aníbal José Torres; por lo cual “decidimos realizar una auditoría de este asunto comenzando la misma el 12 de enero de 2012. Las situaciones encontradas fueron referidas al Secretario de Justicia, César Miranda, el 21 de febrero de 2014. A partir de ese momento, trabajamos en colaboración constante con el Departamento de Justicia”.

El 23 de abril de 2014, la División de Integridad Pública del DJ notificó a la OPFEI que realizaba una investigación basada en información bajo juramento. La OPFEI concedió hasta el 20 de octubre para informar sobre los resultados de la investigación.

Los funcionarios del Cuerpo de Bomberos que viajaron a Albuquerque fueron: el comandante y segundo en mando, Pedro A. Vázquez Montañez; Nélida Ramos; jefa auxiliar del Negociado de Administración; Luis G. Irizarry Díaz, jefe de zona de San Juan; Juan E. Rodríguez Berríos, jefe de zona de Caguas; y Miguel Cartagena Negrón, inspector de Incendios. Con excepción de Irizarry Díaz, Nélida Ramos, y Juan E. Rodríguez Berríos, para los antes mencionados se recomendará la radicación de cargos por conspiración, malversación y apropiación de fondos públicos y Ley de Ética Gubernamental.

Los otros cinco empleados que viajaron para asistir a la votación de LULAC, y a los que se recomendará la radicación de cargos contenidos en la Ley de Ética Gubernamental, son: el bombero Carlos Díaz Villegas; el sargento Jorge Ortiz Reyez; el chofer Yamil Cosme; el mecánico Edgardo Nieves; y el ayudante especial y supervisor de mecánicos, Jeremías Hernández Nogueras.

 

Líder pipiolo en Maricao denuncia “encubrimiento” en caso de alcalde Gilberto Pérez

Gilberto Pérez Valentín, alcalde de Maricao.

Gilberto Pérez Valentín, alcalde de Maricao.

MARICAO: El presidente del Comité Municipal del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Maricao, Maximino Rivera López, denunció el sábado lo que calificó como “la incompetencia e ineptitud” de las agencias de fiscalización del Estado en el caso del alcalde de esta municipalidad Gilberto Pérez Valentín.

Según Rivera López, al alcalde maricaeño se le ha permitido “una casi total impunidad ante los graves actos de corrupción pública cometidos por el funcionario y claramente documentados por las mismas agencias”.

En declaraciones escritas, señaló directamente al panel del Fiscal Especial Independiente (FEI), la Oficina del Contralor, el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental.

“(Éstas) han resultado ser claramente incompetentes al momento de hacer al cumplir las leyes que juró cumplir el alcalde de Maricao al asumir su posición y se han convertido en cómplices y facilitadores de los actos de corrupción pública cometidas por el funcionario con su imprudente  e irresponsable indulgencia ante tales actos»,  declaró Rivera, quien es maestro de la Escuela Superior Urbana de Maricao.

El líder pipiolo cuestionó la fuerza moral de estas agencias.

“En el caso del FEI, el descaro de esta agencia- claramente identificada con el partido al que pertenece el alcalde- llega al punto de mentirle al público al declarar que nadie ha radicado querellas contra el alcalde ante ese organismo. Totalmente falso. En o alrededor de septiembre de 2012 personalmente radiqué una querella haciendo alusión a los hallazgos acumulados en diez informes del contralor a lo largo de veinte años y actos públicos que apuntaban a posibles violaciones de ley. La única contestación a esa querella fue el absurdo reclamo de la presentación de un expediente de más de 15 elementos incluyendo declaraciones juradas del alcalde y todos los funcionarios municipales envueltos. Es claro que el FEI no tiene intención alguna de cumplir con su deber y que se ha convertido, con esta bochornosa omisión en el cumplimiento del deber, en cómplice del alcalde y sus actos de corrupción”, reclamó.

Otra dependencia criticada fue la Oficina del Contralor, la que, según Rivera “le ha fallado gravemente al pueblo”.

“A pesar de haber documentado con meridiana claridad en diez informes a los largo de veinte años el patrón de corrupción del alcalde, esta agencia no ha podido convencer a nadie que tome alguna acción para hacerle justicia al pueblo de Maricao que ha estado sumido en el subdesarrollo, la pobreza y el desempleo mientras el alcalde y sus allegados se dan vida de millonarios”, argumentó Rivera.

Sobre el papel del Departamento de Justicia, Rivera dijo que éste ha “ignorado por completo” los señalamientos bien documentados de la oficina del contralor, que cuando hace un señalamiento lo hace con abundante evidencia, sino que cuando recibieron mi querella asumieron el papel de abogados el alcalde y parecían estar más interesados en asegurar que el alcalde pudiera evadir la ley más que cumplirla.

Por otro lado, Rivera criticó a la Oficina de Ética Gubernamental, que a pesar de ser “la única agencia que ha tomado alguna acción contra el alcalde”, ha sido “pusilánime e indulgente” al imponer sanciones “insignificantes e irrisorias”.

“La imposición de una multa de $10,000 al alcalde, por una contumaz violación de la ley que le produjo a un familiar suyo más de $200,000 en ingresos a los que no tenía derecho legal, no solo es inefectiva como mecanismo disuasivo sino que es un estímulo a continuar con el esquema”, sentenció Rivera.

Por último, Rivera López adelantó que estará pidiendo la intervención de la senadora independentista María de Lourdes Santiago en este caso.

“Es hora de que la legislatura intervenga y le quite la discreción a Ética de negociar las multas; que se cree un organismo de fiscalización verdaderamente independiente de influencias políticas que rompa el nudo de impunidad que protege a los alcaldes de forma que se proteja las maltrechas finanzas públicas de la depredación de quienes no consideran la mera vergüenza pública como disuasivo suficiente; que se impongan penas innegociables y automáticas de destitución, cárcel, restitución total y multas verdaderamente punitivas”, concluyó.