Justicia refiere al FEI a Alcalde de Guayanilla por acoso sexual

Edgardo Arlequín, alcalde de Guayanilla (Suministrada).

Edgardo Arlequín, alcalde de Guayanilla (Suministrada).

SAN JUAN: El secretario del Departamento de Justicia (DJ), César Miranda, anunció lunes que emitió un referido para que el alcalde popular de Guayanilla, Edgardo Arlequín Vélez, sea investigado por la Oficina sobre el Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) por posiblemente haber cometido el delito de acoso sexual contra una de sus empleadas, además de haber violado la Ley de Ética Gubernamental.

En un comunicado de prensa se informó que la investigación inició luego que la perjudicada, Lumari Torres Pérez, decidiera querellarse contra el incumbente municipal en la División de Delitos Sexuales de Ponce, el pasado 18 de julio.

Según se desprende de la investigación, en junio del año 2013 Arlequín Vélez dirigió “palabras impropias, con alto contenido sexual y no deseadas contra la mujer relacionadas a un tatuaje. En ese momento el alcalde pretendió mantener en contra de su voluntad a Torres Pérez en su oficina, al cerrar la puerta con seguro”.

Asimismo, la empleada municipal indicó que en ocasiones posteriores el alcalde continuó con su conducta impropia al hacer comentarios de índole sexual, inclusive en la presencia de sus hijos.

Como resultado de estos hechos, compañeros de trabajo de la dama han indicado bajo juramento que desde los incidentes esta se ha tornado triste, nerviosa y con falta de concentración.

Tras verse afectada en su aspecto laboral y emocional, Torres Pérez ha recibido tratamiento privado y en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE).

A base de la evidencia documental y testifical existente, la investigación concluyó que Edgardo Arlequín Vélez pudo haber violado el Artículo 135 del Código Penal, correspondiente al delito de acoso sexual. A su vez, pudo haber incurrido en violación al Artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental, que tipifica como delito grave con pena fija de cuatro años de cárcel el que un servidor público use los deberes y facultades de su cargo para obtener, directa o indirectamente, para él o para persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley.

La investigación fue realizada por el fiscal Edwin Ortiz Rivera de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor de Justicia.

Municipio de San Sebastián no ha pagado un centavo por demanda de hostigamiento sexual

Casa Alcaldía de San Sebastian.

Casa Alcaldía de San Sebastian.

SAN JUAN: El más reciente informe de auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico sobre las operaciones administrativas del Municipio de San Sebastián, reveló que a pesar de que desde el 30 de septiembre de 2011 tiene una orden del Tribunal de Distrito Federal para el pago de $3.6 millones de dólares a dos empleadas que ganaron un caso por hostigamiento sexual, la administración municipal no ha desembolsado un solo centavo.

La situación surgió en uno de los comentarios especiales de la auditoría, que aclaró que “se comentan situaciones que no necesariamente implican violaciones de leyes y de reglamentos, pero que son significativas para las operaciones de la entidad auditada”.

“En septiembre de 2009, dos empleadas presentaron una demanda en contra del Municipio, del Alcalde (Javier Jiménez) y de varios funcionarios y empleados ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, en la cual alegaban, entre otras cosas, la existencia de hostigamiento sexual por parte de empleados y funcionarios municipales. En la demanda las empleadas reclamaban una compensación de $21 millones por hostigamiento sexual, daños y perjuicios, de $1 millón por daños punitivos, y el pago de abogados, intereses y otros costos por prejuicio y postjuicio. El 30 de septiembre de 2011 el Tribunal ordenó a pagar”, indica el documento.

Aparte de la demanda por hostigamiento sexual, hasta el 31 de diciembre de 2012, estaban pendientes de resolución por los tribunales 17 demandas civiles presentadas contra el Municipio por $4,634,446 dólares. De este importe, $3,422,500 eran por daños y perjuicios, $1,061,946 por incumplimiento de contratos, y $150,000 por destitución.

En el Informe de Auditoría M-15-06, los auditores de la contralora Yesmín Valdivieso notificaron seis hallazgos sobre las operaciones fiscales del Municipio de San Sebastián.

El Informe revela deficiencias relacionadas con los registros de licencias por vacaciones y enfermedad, conciliaciones bancarias y recaudaciones, entre otros.