El alcalde de Hormigueros, Pedro J. García Figueroa, en el invernadero dedicado a la producción de pimientos (Archivo).
HORMIGUEROS: Reaccionando a un informe publicado el jueves por la Oficina de la Contralora, en el que se cuestionó la contratación de servicios de ingeniería en dos proyectos realizados bajo su administración, el alcalde hormiguereño Pedro Juan García Figueroa indicó que los señalamientos se atendieron de inmediato, tan pronto se tuvo conocimiento de la situación.
Entrevistado por LA CALLE Digital, el alcalde García Figueroa dijo que les dio instrucciones a los abogados de la División Legal del Municipio para que se hicieran las gestiones para recobrar a través de los tribunales el dinero cobrado indebidamente.
Sin embargo, el alcalde García aclaró que las obras se realizaron, se completaron y están dándole servicio a la comunidad.
En un comunicado de prensa, la Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión adversa sobre la contratación de servicios profesionales de ingeniería para el diseño, la supervisión y la inspección de obras y mejoras permanentes del Municipio de Hormigueros.
El informe de dos hallazgos revela que el Municipio contrató una corporación regular para el diseño y construcción de un invernadero en el barrio Guanajibo. Al no ser una corporación profesional no estaba autorizada a ejercer la práctica de la ingeniería ni ofrecer servicios de diseño y su presidente tampoco estaba registrado como ingeniero licenciado en Puerto Rico.
Además, la constructora subcontrató un ingeniero para el diseño del invernadero sin que el Municipio lo autorizara como dispone el Código Civil de Puerto Rico.
La auditoría señala también, que para la construcción de la Pista Atlética Oficial del Municipio, se contrató a un ingeniero quien diseñó los planos por $153,664. Éste a su vez subcontrató el estudio de suelo a una corporación cuyo presidente no era ingeniero licenciado ni estaba autorizada a dar servicios de ingeniería.
El diseñador tampoco supervisó los trabajos de construcción para los cuales fue contratado por $82,215 sino que delegó en un ayudante que tampoco estaba autorizado a ejercer la profesión de ingeniería.
Estas situaciones se refirieron al Secretario de Justicia en abril de 2016 quien determinó que le corresponde al Municipio hacer las gestiones de cobro correspondientes.
Al respecto, los auditores de la Contraloría determinaron que se realizaron $14,513 en pagos indebidos. Las situaciones siguen pendientes de investigación por parte del presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico y del presidente de la Junta Examinadora.
El Informe, que tiene el número M-17-22, cubre el periodo del 1 de julio de 2011 al 30 de junio de 2015 y está disponible en http://www.ocpr.gov.pr.
