Senadora Mari Tere González (Archivo).
SAN JUAN: El secretario del Departamento de Justicia (DJ), César Miranda, informó el lunes la entrega a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) del informe sobre la investigación preliminar en el caso de la senadora popular Mari Tere González López, tras detectarse la posible comisión de delitos graves.
La pesquisa es producto de una investigación iniciada por el Departamento de Justicia, a raíz de las declaraciones de testigos en el juicio federal contra Anaudi Hernández Pérez.
Los testimonios que dan pie a la investigación fueron recogidos en sala durante el juicio federal por parte de fiscales asignados por el Departamento de Justicia, con el fin de allegar prueba al Estado de posibles delitos a nivel local.
“En el día de hoy estamos refiriendo a la atención de la OPFEI a la senadora María Teresa González López y a los señores Anaudi Hernández Pérez, Héctor Vargas Soto y José Torres Mena, este último tesorero de la campaña electoral de la senadora. En dicho referido estamos recomendando la designación de un fiscal especial independiente tras detectar un posible esquema ilegal distinto al que fue objeto de las acusaciones federales. Entendemos que la senadora utilizó las facultades de su cargo para beneficiar a terceros. Mientras esto sucedía, la senadora obtuvo beneficios de estos terceros y encubrió dicho hecho en los informes que proveyó al Estado. Ahora corresponde al FEI, conforme a su ley habilitadora, determinar si procede la radicación de cargos en este caso”, detalló Miranda en un comunicado de prensa.
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la OPFEI, el Departamento de Justicia realizó la investigación preliminar de este caso dentro del término legal de 90 días para hacer el referido a la OPFEI.
El referido de individuos privados se realiza en conformidad con el Artículo 5 de la propia ley de la OPFEI. Dicha ley que requiere que individuos que hayan participado, conspirado, provocado, o que de algún otro modo fueran autores o coautores en cualquiera de los delitos imputados, sean referidos a la OPFEI para evaluar la prueba en conjunto con la prueba contra el funcionario a ser investigado.
“Como he repetido en varias ocasiones, las investigaciones, referidos o presentaciones de cargos criminales las realiza el Departamento de Justicia una vez esté listo y cuente con la prueba requerida en nuestro ordenamiento. Siempre que se esté en posición de satisfacer un quantum de prueba para sustentar referidos o cargos criminales, el Departamento de Justicia tiene la obligación de proceder diligentemente con las acciones administrativas o judiciales que correspondan”, añadió el titular de la agencia.
Justicia destacó a dos fiscales en las vistas del juicio federal contra Hernández Pérez, para recoger de primera mano datos que pudieran dar indicio de posible comisión de delitos estatales. Desde entonces, la agencia lleva a cabo una investigación amplia que incluye solicitudes de prueba documental, entrevistas, entre otras gestiones investigativas.
