MAYAGÜEZ: La representante Maricarmen Mas Rodríguez (PNP-Distrito 19) radicó una medida que busca establecer como delito menos grave el que un dueño de embarcación, durante una emergencia decretada por el gobierno, no realice las medidas pertinentes para evitar que dicha nave constituya un riesgo para las vidas de los ciudadanos, para la seguridad en el lugar y/o para el ambiente.

En un comunicado de prensa se informó que el Proyecto de la Cámara 1306, sometido el pasado 2 de noviembre, también establece como delito menos grave el que luego de la emergencia no se realice todas las gestiones necesarias para evitar y/o minimizar los daños ecológicos que dicha embarcación pueda provocar, incluyendo la remoción de la misma cuando esto redunde en la mejor alternativa.

“Recientemente salió en los medios de comunicación que más de 250 embarcaciones están hundidas debido al paso del huracán. Falta de previsión adecuada antes de la emergencia, así como inacción con posterioridad a la misma han sido elementos comunes que se ha encontrado en el proceso. Dichas embarcaciones constituyen un problema para la vida, ambiente y seguridad por lo que debe tomarse acción inmediata en cuanto a las mismas”, señaló la representante por los municipios de Mayagüez y San Germán.

La iniciativa declara que será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de 90 días, multa de $1,000 a $3,000 o ambas penas a discreción del tribunal toda persona que luego de decretada una emergencia por el Gobernador de Puerto Rico no tome las medidas pertinentes antes y después de la emergencia para evitar o minimizar los daños causados por sus embarcaciones, incluyendo daños ecológicos.

El Tribunal también podrá imponer la pena de restitución.

Según la también presidenta de la Comisión Integral para el Desarrollo de la Región Oeste, “los dueños de embarcaciones son responsables de tomar las medidas pertinentes para asegurarla, y posterior a la emergencia llevar a cabo las acciones necesarias encaminadas a corregir cualquier situación surgida, incluyendo los posibles daños ecológicos por derrame de combustible. Entendemos que cada persona debe ser responsable por su propiedad, por lo que las embarcaciones no pueden ser una excepción, máxime cuando la consecuencia de tal inacción puede provocar grandes daños a otras personas y al ambiente”.