Asociación de Periodistas repudia contestación de Carrión III al periodista Jesús Rodríguez García

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SAN JUAN: La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) repudió la manera en que el presidente de la Junta de Control Fiscal, José Carrión cuestionó la legitimidad del periodista Jesús Rodríguez García para evitar contestar su pregunta válidamente realizada en la conferencia de prensa convocada por el ente el viernes.

“Carrión prefirió convertirse en un funcionario-político más, que, en lugar de contestar, prefiere cuestionar al profesional que le pregunta. Sí, Carrión. El colega es periodista”, dijo la presidenta de la ASPPRO, Damaris Suárez.

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El reportero de Radio Isla ha acudido en otras ocasiones a cubrir a la Junta de Control Fiscal y el presidente de ese organismo sabe que el colega es periodista, por lo que para la ASPPRO su respuesta fue otra ofensa más para intentar ridiculizar a un periodista cuando hace su trabajo.

“El tono sarcástico de la ‘respuesta-pregunta’ de Carrión denota desdén al oficio válido del periodista que es cuestionar. Debe recordar Carrión que todo funcionario que devengue dinero del pueblo tiene que saber que está ante el escrutinio público”, sostuvo Suárez.

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La ASPPRO repudió, además, que se le intentara quitar el micrófono al colega luego de hacer su pregunta.

“Como ya parece ser costumbre, los oficiales de prensa intentan callar a los periodistas cuándo sus preguntas incomodan a sus clientes”, cuestionó la presidenta del gremio.

Anticipó que la Junta de directores de la ASPPRO le hará llegar el lunes a primera hora una carta al presidente de la Junta de Control Fiscal con información sobre la profesión del periodismo por si en “realidad desconoce que es un periodista”.

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De salida… Justicia adopta reglamento de acceso a la información (Documento)

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SAN JUAN: En sus últimos días de incumbencia, el secretario del Departamento de Justicia (DJ), César Miranda, envió el martes al Departamento de Estado el nuevo reglamento de la agencia que regula el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía y los medios de comunicación.

En un comunicado de prensa se indicó que el llamado “Reglamento de transparencia y acceso a la información pública del Departamento de Justicia” tiene como propósito establecer “una política inequívoca de apertura para logar el disfrute efectivo del derecho ciudadano al acceso de información pública”.

Según el proceso administrativo, el reglamento entrará en vigor el 26 de enero, y establece expresamente que toda la información custodiada por la agencia “se presume pública”.

“En esa línea, se faculta al Secretario de Justicia para nombrar a la figura única del Oficial de Información, quien contará con un término limitado para la rápida evaluación de solicitudes de información. Dicho término discurre desde entregar la información en 24 horas o hasta 7 días, dependiendo de la complejidad de la solicitud”, indica el documento.

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Además, se establece la obligación de que el Departamento publique proactivamente información pública relevante a la ciudadanía. Asimismo, se dispone que la entrega de información vía electrónica será libre de costo.

“Este derecho –hoy reconocido por la comunidad internacional como un derecho humano– se sostiene en el principio democrático de que los gobernados conozcan, fiscalicen y pasen juicio sobre las gestiones del Estado. En otras palabras, es el derecho que faculta a la ciudadanía a exigirle al gobierno que rinda cuentas sobre su gestión, lo que resulta esencial para lograr una mayor transparencia gubernamental”, sostuvo el secretario saliente Miranda.

“El objetivo de Justicia es y siempre debe ser establecer una política proactiva de rendición de cuentas a la ciudadanía. Esto para desalentar los actos antiéticos y de corrupción, promover la participación ciudadana e instituir normas y principios claros para el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información”, puntualizó.

Mediante este reglamento, el Departamento de Justicia se autoimpone un término de 60 días a partir de su vigencia para la publicación proactiva en su página web de informes de progreso, auditorías de la agencia y lista de contratos, entre otros documentos de interés público. Además, se establece un término de 90 días a partir de la vigencia del Reglamento para que el Departamento de Justicia para la creación de una política pública uniforme actualización, organización y digitalización de documentos. La información pública en poder de Justicia incluye pero no se limita a: archivos físicos y electrónicos, expedientes inactivos, informes y estadísticas.

Resulta interesante que en su comunicado de prensa el Departamento de Justicia no entra en los detalles del Artículo 13 de ese reglamento, que tiene que ver con la Denegación de Entrega de Información.

Enlace al documento:

Reglamento de transparencia y acceso a la información pública del Departamento de Justicia