Condenan a más de 3 años de prisión federal al exjuez Arnaldo Irizarry

MAYAGÜEZ: A tres años y un mes que deberá cumplir en una cárcel federal, fue sentenciado hoy el exjuez Arnaldo Irizarry, uno de los convictos por el fraude de $9 millones al Municipio de Mayagüez.

Irizarry fue en su momento el principal asesor legal del suspendido alcalde José Guillermo Rodríguez, quien enfrentará juicio a nivel local, junto a la gerente de Finanzas del Municipio, Yahaira Valentín Andrade, por cargos de malversación de fondos públicos y negligencia en el cumplimiento del deber.

El exjuez Irizarry y Alejandro Riera Fernández, exdirector ejecutivo de Mayagüez Economic Development (MEDI), fueron los únicos de los acusados en el esquema de fraude y apropiación ilegal de dinero público que enfrentaron juicio en el Tribunal de Distrito Federal, y fueron encontrados culpables.

Los otros acusados “levantaron las manos” e hicieron alegación de culpabilidad antes de enfrentar el proceso. Estos fueron los exconsultores municipales Eugenio García Jiménez y Roberto Mejill Tellado; Steve Minger, y los hermanos Stephen y Joseph Kirkland, quienes eran corredores de bolsa.

Los chavos destinados al proyecto del Centro de Traumas de Mayagüez, una promesa de campaña que no se ha materializado, fueron usados por los ahora convictos para, entre otras cosas, la compra de embarcaciones, joyas, ropa, matrículas escolares, restaurantes, servicios públicos, pago de tarjetas de crédito e hipotecas, decoración y mejoras al hogar.

A la cárcel federal los primeros 2 convictos por robarle $9 millones a los mayagüezanos

TRIBUNAL FEDERAL: A cinco años y tres meses sentenció la juez federal Aida Delgado Colón al exasesor financiero del Municipio de Mayagüez, Eugenio García Jiménez; y a tres años y un mes al exdirecto ejecutivo de la corporación Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI), Alejandro Riera Fernández, por el esquema de fraude de $9 millones de fondos que estaban destinados para establecer el, desde hace años prometido, Centro de Traumas de la Sultana del Oeste y que todavía está “en papel”.

A pesar de haberse declarado culpable y haber cooperado con la pesquisa federal, para la juez Delgado esto no significó nada, en vista de la sentencia fue mayor por seis meses que la que pidió la Fiscalía Federal, resaltando el papel de “cabecilla” de García Jiménez en este esquema, que produjo siete convicciones, entre otros del exjuez y exabogado del suspendido alcalde de Mayagüez, Arnaldo Jerónimo Irizarry; y el exasesor Roberto Mejill Tellado.

La juez destacó que García Jiménez tenía control, completo o parcial, de 21 cuentas financieras involucradas en el esquema.

“Me pregunto, ¿cómo podía dormir?”, lanzó la jueza desde el estrado al contrastar que mientras los residentes del área oeste esperaban por un Centro de Trauma, García Jiménez estaba usando el dinero para comprarse apartamentos, casas, botes y otros gastos”, destaca la noticia publicada por el periodista y abogado Oscar Serrano, de Noticel.

En el proceso de sentencia, ambos reos usaron citas bíblicas o destacaron su “acercamiento a Dios” a ver si tenía algún efecto en la determinación de la juez Delgado.

“Además de cárcel, el hombre residente en Orlando enfrenta dos años de libertad supervisada, 200 horas de servicio comunitario y prohibición de incurrir en deuda, suscribir financiamientos o tener un empleo con responsabilidades fiduciarios, a menos que lo autorice la Oficina de Probatoria. García Jiménez tiene pendiente una demanda civil que le presentó la Comisión de Intercambio de Valores (SEC en inglés) por hacerse pasar como consultor financiero y es objeto también de otros pleitos locales por incumplimiento de contratos y deuda, así como de una demanda del propio municipio sobre estos hechos que está sometida contra todas las personas y entidades involucradas en el fraude.

La restitución en este caso no está clara todavía y las partes han argumentado sobre esto en mociones selladas, pero Delgado Colón indicó que el dinero ha sido reembolsado y que solo resta que una de las entidades que reembolsó indique si le interesa recuperar ese dinero mediante una orden de restitución contra los convictos. Pero la juez alertó a García Jiménez que todavía la fiscalía tiene el poder de confiscar cualquiera de sus activos y propiedades si hay necesidad de recuperar alguna cantidad”, reseña Noticel.

En el caso de Riera, aparte de la cárcel, tendrá tres años de libertad supervisada durante los que no puede tener empleo o contrato que involucre responsabilidad fiduciaria, a menos que lo autorice Probatoria.

La sentencia del convicto exjuez Arnaldo Irizarry Irizarry, pautada también para ayer, fue pospuesta para noviembre por lo que la jueza caracterizó como “razones humanitarias”, debido a una condición de salud en la familia del convicto.

Caso contra José Guillermo Rodríguez se verá en el Tribunal de Mayagüez

REDACCIÓN: El proceso de vista preliminar y juicio, en caso de que se determine causa probable, contra el suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, se ventilará en el Centro Judicial de la Sultana del Oeste, según lo dictaminó el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

El alto foro judicial declaró no ha lugar la solicitud de los Fiscales Especiales Independientes (FEI) para que el caso se viera en el Tribunal de San Juan y no en la ciudad de la que Rodríguez ha sido alcalde por casi 30 años.

La decisión validó el pasado 21 de octubre la decisión del Tribunal de Apelaciones, que había resuelto que Rodríguez debía ser evaluado por sus pares, por lo que su caso debía ventilarse en el Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez.

El alcalde Rodríguez debe responder por cargos de malversación de fondos públicos y negligencia en el cumplimiento del deber por el manejo de una inversión de poco más de $9 millones. También figura como acusada por los mismos delitos la gerente de Finanzas del Municipio de Mayagüez, Yahaira Valentín Andrades.

De la investigación original del Departamento de Justicia surgió que, entre los años 2012 y 2015, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico asignó, mediante resolución conjunta, la partida de $9.8 millones de fondos públicos estrictamente para renovar y mejorar el Centro de Trauma de Mayagüez.

Sin embargo, el alcalde y la gerente de Finanzas municipal autorizaron el uso de dichos fondos para realizar transacciones de inversión fuera de la isla. Dicha actuación, contraria a la ley y al mandato legislativo, provocó la pérdida de fondos públicos.

Además, de la investigación surgió que transfirieron propiedades inmuebles de dominio público a MEDI con el propósito deliberado de que dicha corporación municipal las utilizara como garantía de préstamos hipotecarios, colocando en riesgo el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez y el Hospital San Antonio.

Se declara culpable el primero de los acusados por el fraude de $9 millones en Mayagüez

REDACCIÓN: El primero de los acusados a nivel federal por el esquema de fraude con una inversión de $9 millones en fondos públicos en el Municipio de Mayagüez, se declaró culpable formalmente el lunes en la mañana ante el magistrado federal Bruce McGiverin.

Se trata de Roberto Mejill Tellado, quien asesoraba al suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez; y que en las elecciones del 2004 figuró como candidato a alcalde de Guánica por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Según el diario digital Noticel, de los nueve cargos que enfrentaba, Mejill Tellado ahora solo enfrenta dos (conspiración para cometer fraude y lavado de dinero), como parte de su acuerdo con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

“Según el pliego acusatorio. Mejill Tellado y los también exasesores Eugenio García Jiménez y Arnaldo Jerónimo Irizarry Irizarry, así como el exdirector ejecutivo de la Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI), Alejandro Riera Fernández, y otras dos personas, conspiraron para defraudar al municipio cuando tomaron los $9 millones en fondos públicos y supuestamente los invirtieron, pero realmente los desviaron para uso propio. En el caso de Mejill Tellado, el pliego dice que habría obtenido una ganancia ilegal de $444,000”, indica la nota del periodista Oscar Serrano.

La nota periodística señala que el esquema fue posible porque el alcalde suspendido Rodríguez, quien además de jefe del gobierno municipal, era el controlador de MEDI como presidente de su junta de directores, decidió tomar el dinero, originalmente asignado por la Legislatura para el Centro de Trauma de la ciudad y autorizó que se sometiera a la inversión.

Por estos hechos, tanto Rodríguez como la gerente de Finanzas del Municipio, Yahaira M. Valentín Andrades, enfrentan cargos en la jurisdicción local por malversación de fondos y negligencia en el cumplimiento del deber que les presentó el Fiscal Especial Independiente (FEI).

Se destaca que, aunque el caso federal tiene un señalamiento preliminar de juicio para septiembre próximo ante la jueza Aida Delgado Colón, en una vista de status reciente casi todos los demás acusados expresaron, a través de sus abogados, que estaban considerando ofertas para declararse culpables.

La excepción aparenta ser el exasesor legal del alcalde Rodríguez, Arnaldo Irizarry Irizarry, cuyo abogado dijo que tiene la intención de ir a juicio. La Fiscalía federal presentaría entre 20 a 25 testigos.

Aunque en el caso local contra el suspendido alcalde Rodríguez y Valentín Andrades, se alegó que recuperó una cantidad mayor al dinero malversado; de los $9 millones involucrados en el fraude, la Comisión de Intercambio y Valores (SEC en inglés) dijo que habían recuperado $4.8 millones.

Denuncian “toallazo” PPD en resolución de investigación sobre escándalo en Mayagüez

MAYAGÜEZ: El director político del Partido Nuevo Progresista (PNP), José “Pichy” Torres Zamora, denunció que la Cámara de Representantes no ha hecho nada en casi un año con la investigación de la crisis fiscal y administrativa en el Municipio de Mayagüez.

“En palabras sencillas, el Partido Popular Democrático le está tirando un toallazo al alcalde de Mayagüez. En abril de 2021, el Presidente de la Cámara anunció, ante la presión pública, que estaría investigando las acciones fiscales y administrativas de Mayagüez ante la revelación de serias irregularidades y posibles violaciones, sin embargo, vamos para el año de ese anuncio y todavía no se ha celebrado ni una sola vista pública sobre el asunto. Le quieren tirar la toalla”, dijo el representante novoprogresista.

La mayoría del PPD radicó en el mes de abril pasado la Resolución de la Cámara 346, que le ordena a la Comisión de Fiscalización de Fondos Públicos a realizar una investigación exhaustiva sobre la autorización, el funcionamiento y la operación de franquicias comerciales o empresas corporativas municipales con fines de lucro creadas en virtud de la Ley 107-2020 se incluye dentro del alcance de este mandato una evaluación del universo de transacciones financieras realizadas por los gobiernos municipales durante el término de 10 años, donde se hayan transferido, grabado o utilizado como garantía los activos municipales. La pesquisa, según dijo el propio presidente cameral, iniciaría por Mayagüez.

La medida, que fue aprobada el 8 de junio, no ha recibido ni una sola vista pública.

En julio de 2021, agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), realizaron una serie de allanamientos en múltiples oficinas dentro de la Casa Alcaldía de Mayagüez, así como dos residencias propiedad del alcalde José Guillermo Rodríguez Rodríguez, relacionada con una investigación criminal sobre el manejo de fondos públicos en dicho ayuntamiento.

“Estoy convencido que, si fuera un alcalde del PNP, ya le hubiesen caído encima, como han hecho con cuanta cosa sucede en la rama ejecutiva. Pero como es un amigo del alma, un alcalde del partido popular, le tiran, no la toalla, esto es un sabanazo mayor”, añadió Torres Zamora.

Los agentes del NIE se llevaron 39 cajas de documentos, así como evidencia digital relacionados con un esquema fraudulento con la empresa municipal Mayagüez Economic Development Inc. (MEDI).

Actualmente, dos fiscales especiales independientes conducen una pesquisa criminal contra el incumbente municipal mayagüezano y su directora de Finanzas, esperándose que esta culmine en los próximos días. Al final de la pesquisa se determinará si se someten o no cargos criminales contra el alcalde Rodríguez y su subalterna, o si el FEI solicita una prórroga para continuar con la investigación.

Alcalde de Mayagüez asegura que referido al FEI “es el primer round”

MAYAGÜEZ: El alcalde José Guillermo Rodríguez, quien, junto a la directora de Finanzas del Municipio de Mayagüez, Yahaira M. Valentín Andrades, fue referido a un Fiscal Especial Independiente por las actuaciones de ambos en el desempeño de sus funciones en el Municipio y en la corporación Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI), dijo esta noche que esperaba el referido del Departamento de Justicia.

“Le anticipé a mi familia y al caucus de la Legislatura Municipal, con los que me reuní hace varias semanas, de la gran posibilidad de esta determinación, que se hizo pública en el día de hoy”, indicó el alcalde Rodríguez en declaraciones escritas.

El secretario Domingo Emanuelli Hernández acogió la recomendación de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, y envió hoy a la OPFEI un informe de 188 páginas sobre la investigación preliminar realizada en la agencia, que concluyó que existe causa suficiente para creer que el alcalde, en concierto y común acuerdo con la gerente de Finanzas del municipio, llevaron a cabo acciones que podrían constituir incumplimiento del deber y malversación de fondos públicos.

En su comunicado, el alcalde Rodríguez intentó equiparar su caso con el de otros alcaldes y exalcaldes de la Isla, mencionando entre otros al difunto exalcalde de Humacao, Marcelo Trujillo Panisse; Joe Román (San Lorenzo), Luis Javier Hernández Ortiz (Villalba), Heriberto Vélez (Quebradillas) y Charlie Delgado (Isabela).

“Este es el primer “round” de un largo e injusto proceso que vamos a enfrentar, junto a la gerente de Finanzas, quien es una de las funcionarias de mayor honestidad e integridad que he conocido en mi vida pública”, enfatizó el alcalde mayagüezano.

El secretario Emanuelli Hernández, dijo que Rodríguez y Valentín Andrades se exponen a cargos por violaciones al artículo 4.2(b) de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico, y también podrían enfrentar acusaciones por violar los artículos 262 y 264 del Código Penal de Puerto Rico del 2012.

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De la investigación surgió que, entre los años 2012 y 2015, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico asignó, mediante resolución conjunta, la partida de $9.8 millones de fondos públicos estrictamente para renovar y mejorar el Centro de Trauma de Mayagüez. Sin embargo, el alcalde y la gerente de Finanzas municipal autorizaron el uso de dichos fondos para realizar transacciones de inversión fuera de la isla. Dicha actuación, contraria a la ley y al mandato legislativo, provocó la pérdida de fondos públicos.

Además, la investigación demuestra que transfirieron propiedades inmuebles de dominio público a MEDI con el propósito deliberado de que dicha corporación municipal las utilizara como garantía de préstamos hipotecarios, colocando en riesgo el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez y el Hospital San Antonio. Esto, a su vez, ha provocado gastos innecesarios de fondos públicos para tratar de recuperar las propiedades en peligro de ser ejecutadas por acreedores. El uso de las propiedades municipales para fines no autorizados y contrarios a la ley pudo constituir malversación de fondos públicos e incumplimiento del deber de asegurar una sana administración y el manejo correcto de las operaciones del Municipio.

El secretario de Justicia también acogió la recomendación de la DIPAC de referir para la consideración de la OPFEI la presentación de un informe preliminar a la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD). Dicha unidad, adscrita a la OPFEI, tiene el deber de recomendar al Panel el curso de acción a seguir en torno a los procesos disciplinarios contra alcaldes y alcaldesas, lo que pudiera culminar en su suspensión o destitución, conforme al Artículo 14 de la Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

Como parte de la investigación, que contó con la colaboración de la Oficina del Contralor de Puerto Rico y agentes del Negociado de Investigaciones Especiales, se solicitaron y expidieron órdenes de allanamiento a oficinas municipales, a una de las casas del alcalde también utilizada como oficina, cuentas bancarias, teléfonos celulares y cuentas de correo electrónico.

Las órdenes de allanamiento fueron diligenciadas por los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales junto a personal del Instituto de Ciencias Forenses. Además, se entrevistó y tomó declaración jurada a 30 testigos aproximadamente, y se examinaron cientos de documentos.

Los agentes del NIE también allanaron la casa del alcalde de Mayagüez

MAYAGÜEZ: Un total de 30 agentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), participó del operativo en el que diligenciaron órdenes de allanamiento en varias dependencias de la Casa Alcaldía de la Sultana del Oeste y en la residencia del alcalde José Guillermo Rodríguez.

Tanto el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, y el comisionado del NIE, Rafael Freytes, adelantaron temprano que desde el viernes en la mañana se llevaba a cabo un operativo en distintas instalaciones del Municipio de Mayagüez.

Aunque originalmente se dijo que el allanamiento era en la Casa Alcaldía, posteriormente LA CALLE Digital confirmó a través de fuentes en el Departamento de Justicia, que se había expedido otra orden de allanamiento para la residencia del alcalde mayagüezano, y que al momento en que el portavoz de Prensa del NIE hablaba con los medios frente al edificio del Ayuntamiento, los agentes estaban en la casa del alcalde Rodríguez.

Estas órdenes de allanamiento se expidieron luego de que los agentes del NIE recopilaran evidencia para que un magistrado las autorizara, como resultado de la pesquisa contra el Municipio por un alegado esquema con la empresa municipal Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI).

“Agentes del NIE, fiscales del Departamento de Justicia, personal del DSP y peritos del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) están participando de este allanamiento para evaluar evidencia documental y digital que se ocupe”, indicó el secretario.

Freytes detalló que las órdenes de registro incluyen la oficina del alcalde José Guillermo Rodríguez Rodríguez, la oficina del vicealcalde, la Oficina de Finanzas y la Oficina de Informática y Telecomunicaciones.

“Estaremos el tiempo necesario hasta cumplir con el diligenciamiento de las órdenes del tribunal. Al momento, no podemos ofrecer más información por tratarse de una investigación en curso”, destacó Freytes, quien agradeció al personal del ICF por su colaboración en este caso.

Contratistas de MEDI querían el 5% de todas las inversiones en Mayagüez

MAYAGÜEZ: Una corporación creada por dos de los coacusados por la Fiscalía Federal involucrados en un esquema para defraudar al Municipio de Mayagüez por $9 millones, firmó un contrato con el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, en su capacidad de presidente de la Junta de Directores de Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI); en el que los honorarios de la primera corporación serían el 5 por ciento del total global de las inversiones, según reza en un documento en poder de LA CALLE Digital.

Se trata de un contrato firmado el 2 de noviembre de 2015 entre MEDI y la corporación TEGA Holdings, LLC, representada por Roberto Mejill Tellado y Eugenio García Jiménez, arrestados recientemente junto a otras cinco personas por agentes del FBI.

Haga «clic» sobre la imagen para abrir el documento completo.

Como cuestión de hecho, MEDI contrató a TEGA para hacer el trabajo para el que MEDI fue creada. La vigencia de este contrato era de cinco años, que concluyó el 2 de noviembre de 2020.

“3. HONORARIOS Y GASTOS REEMBOLSABLES

  • Una vez TEGA concluya cada acuerdo de inversión con entidades financieras, inversionistas, bancos, corporaciones, etc., conforme a lo establecido en el presente contrato, MEDI autorizará a la institución financiera donde inversionista deposite la inversión a favor de MEDI a que pague directamente a TEGA las comisiones y/u honorarios que por la presente se obliga MEDI a favor de TEGA.
  • La comisión y/u honorario que MEDI conviene pagarle a TEGA por cada inversión, préstamo, etc. será de un 5% del total global de cada inversión.
  • TEGA deberá enviar a MEDI y/o a la institución financiera donde se realice el depósito, la factura por los honorarios y los gastos reembolsables.”, reza parte de la sección 3 del contrato entre TEGA y MEDI.
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El contrato presenta a TEGA Holdings, LLC como “una compañía de responsabilidad limitada de Delaware”. Sin embargo, como parte de la investigación de LA CALLE Digital, la dirección que figura como “las oficinas principales” de TEGA en ese estado, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware; le pertenece a una empresa llamada Corporation Service Company (CSC), que se dedica a crear y dar servicio a corporaciones establecidas bajo las leyes de ese estado.

“CSC is pleased to assist you with your registered agent, business licensing, annual reports, compliance, matter management, domain & trademark, corporate transactional, UCC, or corporate trust & escrow needs”, lee la descripción de servicios de esa empresa de la que TEGA Holdings usó su dirección física.

TEGA fue “incorporada” en Delaware el 30 de junio de 2015 y según los documentos del Departamento de Estado, la corporación fue registrada el 7 de septiembre de 2015, con García Jiménez como agente residente y Mejill Tellado como presidente.

El contrato fue firmado por el alcalde Rodríguez, como presidente de MEDI; y por Mejill Tellado y García Jiménez, en representación de TEGA.

Preguntado sobre el particular en el programa CON BASE Y FUNDAMENTO de WKJB 710, el licenciado Alfredo Ocasio, conocido abogado con oficinas en Mayagüez, describió el estado de Delaware como “un paraíso corporativo”.

En Mayagüez, la sede de TEGA está en la calle De La Candelaria 3 Oeste (antigua calle McKinley), precisamente la misma dirección que usan las corporaciones RWM Consultants, también de Mejill Tellado; y L & R Consultant Group LLC, cuyo agente residente es Roberto C. Mejill Ortiz.

L & R Consultant Group tuvo un contrato con el Municipio de San Germán, bajo la administración del alcalde Virgilio Olivera, y que fue cancelado este pasado 1 de abril.

¿Quéee? ¿También “hipotecaron” el Centro Médico de Mayagüez? (Documentos)

MAYAGÜEZ: Una escritura que figura inscrita en el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico evidencia que el solar y los edificios que forman parte del complejo del Centro Médico de Mayagüez fue “vendido” por el Municipio de Mayagüez a la corporación “pública” Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI), transacción que forma parte de un documento cuyo enlace incluimos en esta noticia.

El documento de contrato fue otorgado el 30 de mayo de 2014 y vigente desde la misma fecha hasta el 30 de mayo de 2029, por un total de $118 millones 700 mil y en el “Tipo de Servicio” dice “TERRENOS” y el mismo no ha sido cancelado.

Cuando LA CALLE Digital bajó el documento del contrato, se encontró con la Escritura Número 46, con el título “TRANSFERENCIA DE TITULARIDAD E HIPOTECA DE PRECIO APLAZADO”, otorgada por el licenciado José Clemente González Ortiz, y firmada e iniciada en todas sus páginas por el abogado, así como por el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, en representación del Municipio; y por el vicealcalde Heriberto Acevedo, en representación de MEDI.

Enlace al documento

La transferencia incluye los terrenos, el edificio principal del Centro Médico, el edificio de Salud Mental, el de Consorcio, la Residencia, la Casa de Salud y el antiguo Lounge.

A preguntas de periodistas, en un reciente “reencuentro con periodistas”, se dijo que solo el Palacio de Recreación y Deportes y el Hospital San Antonio habían sido “hipotecados”, pero se omitió el hecho incontrovertible de que existía una “HIPOTECA DE PRECIO APLAZADO” sobre el Centro Médico de Mayagüez radicada nada menos que en el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor.

Las partes, Municipio (alcalde) y MEDI (vicealcalde), acordaron en la escritura que el propósito de la “propiedad objeto de la presente transacción para el bienestar de la salud del pueblo servido, siendo esto base esencial de la presente escritura y contrato, aceptándose que cualquier situación de desarrollo futuro y/o ampliación del Centro Médico, es fundamental al igual que el desarrollo económico”.

“La parte compradora (MEDI) reconoce como elemento fundamental que en ningún momento podrá intervenir ni obstaculizar el plan de desarrollo y para el mejoramiento de las instalaciones del Centro Médico Ramón Emeterio Betances de Mayagüez y las acciones a ser tomadas por el arrendatario Mayagüez Medical Center Dr. Ramón Emeterio Betances, Inc.”, señala la escritura, al tiempo que aclara que el Municipio se reserva la potestad de las contrataciones con la corporación Mayagüez Medical Center.

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El dinero producto de la “compraventa” del Centro Médico de Mayagüez por MEDI sería depositado en la cuenta número Fondo de Desarrollo Económico Estratégico 1-02-FED-14001-14-03-04-000-00-87.09. Se desconoce si para la época en que se otorgó esa escritura MEDI tenía la liquidez económica para asumir el pago de $118 millones 700 mil o se trató de una mera “compraventa simulada”.

Cabe señalar que la escritura se otorgó el 30 de mayo de 2014, mientras que la corporación MEDI fue creada en virtud de una autorización de la Legislatura Municipal de Mayagüez en la Ordenanza 23, Serie 2013-2014) del 13 de marzo de 2014; y que fue enmendada por la Ordenanza 25, Serie 2013-2014, del 19 de marzo; por lo que por lo reciente de su creación y la fecha de la compraventa surge la interrogante de si tenía liquidez financiera.

Como cuestión de hecho, del documento surge que el terreno en donde están el estacionamiento, las edificaciones y anexos tiene un valor de $111 millones 350 mil; mientras que el remanente fue valorado por tasación en $7 millones 350 mil. El compromiso de pago fue a 15 años, 1 por ciento de interés anual.

Añade que la propiedad retorna al Municipio de Mayagüez si MEDI se declara “insolvente”, se acoge a la Ley de Quiebras, “si permitiera que cualquier acreedor pudiera llevar acción de cobro de dinero y/o ejecución de hipoteca por incumplimiento del pago de lo debido y cualquier resolución que pudiera poner en riesgo continuar el desarrollo del centro de salud existente y planificado”.

En nuestro próximo reportaje, los detalles del contrato entre MEDI y TEGA Holdings LLC, de Roberto Mejill Tellado y Eugenio García Jiménez; ambos arrestados en el reciente operativo del FBI en Mayagüez.

Alcalde de Mayagüez alega que “no sabía” pero documentos demuestran lo contrario (Documentos)

MAYAGÜEZ: Contrario a la representación que hizo durante el “reencuentro con la prensa” que convocó este pasado martes, en el que dijo desconocer las maniobras financieras que se hicieron desde la corporación municipal Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI), el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, en su capacidad de presidente de la Junta de Directores de esa entidad, figura como firmante en resoluciones corporativas en las que se le da la autoridad al ahora acusado federal Alejandro Riera para que abra en España una “sociedad limitada” con el nombre de Mayagüez Economic Development Ibérica y emita bonos ascendentes a 500 millones de euros.

La evidencia documental obra en poder de LA CALLE Digital y se publica en esta noticia.

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En la primera resolución corporativa, fechada el 26 de julio de 2018, Rodríguez consignó con su firma en su capacidad de alcalde de Mayagüez y al mismo tiempo como presidente de la Junta de MEDI, que Alejandro Riera Fernández, entonces director ejecutivo de la corporación, estaba autorizado para en nombre de la entidad “comparezca en aquellos documentos que sean necesarios, incluyendo pero sin que ello constituya una limitación, para avalar, garantizar totalmente, sin limitación ni excepción las obligaciones que en base al artículo 404.1, D de la Ley de Sociedades de Capital del Reino de España, va a suscribir ante Notario Público en el Reino de España, MAYAGÜEZ ECONOMIC DEVELOPMENT IBÉRICA, SOCIEDAD LIMITADA…”.

Ese mismo día, el alcalde Rodríguez firmó otra resolución corporativa en la que autorizaba a Riera Fernández a emitir “un bono por importe de QUINIENTOS MILLONES DE EUROS (500,000,000 €) sin limitación ni excepción las obligaciones que en base del artículo 404. 1, D de la Ley de Sociedades de Capital del Reino de España…”.

En ambos documentos está la firma del alcalde Rodríguez y del secretario de la Junta de MEDI, Alfred Kenneth Soto.

A preguntas de LA CALLE Digital, durante el “reencuentro con la prensa”, el alcalde Rodríguez negó tener conocimiento de resoluciones corporativas firmadas por Soto, diciendo que no tenía conocimiento de actos ejecutados por Riera y que le exigiría a Soto poner “bajo juramento” lo relacionado con las resoluciones.

Una fuente de LA CALLE Digital aseguró que en la Junta de MEDI “no se movía un papel sin el conocimiento y la autorización del alcalde”.

En otro documento titulado “Certificado de Resolución Corporativa Mayagüez Economic Development, Inc.”, Soto juramentó ante el licenciado José Clemente González Ortiz, el 29 de junio de 2018, que en una reunión de la Junta de MEDI efectuada el 4 de septiembre de 2015, se resolvió nombrar a Riera Fernández como director ejecutivo de MEDI, con la facultad de representar a la corporación “en todos los actos oficiales, firmas de documentos y en los bancos en donde esta Corporación tenga cuentas o determine abrirlas”.

El affidavit tiene el número 9669.

El documento en el que se certifica lo acordado por la Junta de MEDI también destaca que Riera tendría “plena autoridad y facultad para ejecutar, contratar, enajenar, hipotecar, adquirir, permutar, arrendar, ceder y cualquier acto que envuelva titularidad y/o posesión de los bienes muebles e inmuebles corporativos”.

En poder de LA CALLE Digital también obra el affidavit 9662 en el que Soto certifica que, en la reunión de la Junta, que tuvo lugar el 19 de junio de 2018 se autorizó el traspaso del Hospital San Antonio de Mayagüez por valor de $17 millones 190 mil, a MEDI; y se autorizó a Riera a comparecer y firmar los documentos y las escrituras en representación de MEDI.

En su “reencuentro con la prensa”, el alcalde Rodríguez negó tener conocimiento de esto, a pesar de ser el presidente de la Junta de MEDI.

Pacto de Silencio

El 29 de enero de 2015, la Junta de Directores de MEDI acordó firmar un “Acuerdo de Confidencialidad” que incluía todos los asuntos tratados en sus reuniones en lo concerniente con “procesos, negociaciones, trámites y toda gestión económica, comercial, pública o de cualquier índole en que esté envuelta (sic) la Corporación (MEDI)”.

En el documento, cuyas firmas las encabezan las del alcalde Rodríguez y la del vicealcalde Heriberto Acevedo, se apercibe a los firmantes sobre las consecuencias civiles y penales a las que se enfrentan de violar el pacto.