LA PARGUERA: el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, le solicitó al secretario designado del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, que provea información completa sobre los propietarios de las casetas enclavadas en la zona marítimo terrestre y en bienes de dominio público en el sector La Parguera, en Lajas.
“Yo le pido al secretario designado de Recursos Naturales que me provea los nombres de cada uno de los ocupantes de las 160 casas y los que sean que están allí en La Parguera. Todos y cada uno, para ver de quién son suegros, de quién son primos, de quiénes son donantes, de qué partidos políticos son… Todos y cada uno de ellos. Vamos a documentar y verificar si han cortado algún mangle, si le han hecho alguna ampliación… Hay allí gente que los utiliza como Airbnb”, expresó Rivera Schatz.
El pasado martes 21 de enero, durante una Comisión Total, el secretario Quiles Pérez fue interrogado sobre este asunto.
En ese contexto, también se le solicitó enmendar la Orden Administrativa 2025-01 para garantizar que no se archiven casos bajo investigación, como se podía interpretar con los casos de propiedades relacionadas con los suegros de la gobernadora Jenniffer González Colón.
Las expresiones del presidente del Senado surgieron tras un turno inicial del senador por acumulación Eliezer Molina Pérez, quien pidió que se convoque a entidades pertinentes para analizar la situación en La Parguera antes de tomar decisiones.
Molina Pérez advirtió sobre un posible conflicto entre el gobierno federal y el insular en este tema y anticipó que la Environmental Protection Agency (EPA) podría emitir una determinación en los próximos días.
“Es muy probable que, en los próximos días, la EPA va a bajar una determinación. Esa determinación no creo que vaya acorde a lo que se escuchó hace poco sobre el nominado a secretario de Recursos Naturales”, comentó Molina.
Por su parte, la senadora Ada Álvarez Conde (PPD/Acumulación) recomendó citar al licenciado Samuel Acosta, jefe de los oficiales examinadores, así como a la exsecretaria de Recursos Naturales, licenciada Anaís Rodríguez, para aclarar si la orden administrativa en cuestión era simplemente una continuidad de decisiones anteriores.