Entre ellos el de Maricao: Alcaldes deberán devolver salarios que cobraron de más

El alcalde de Maricao, Gilberto Pérez Valentín, junto al presidente del PNP, Pedro Pierluisi.

El alcalde de Maricao, Gilberto Pérez Valentín, junto al presidente del PNP, Pedro Pierluisi.

SAN JUAN: El secretario de Justicia (DJ), César Miranda, informó la radicación de demandas por pago indebido de fondos públicos y cobro de dinero contra dos alcaldes y una alcaldesa, como resultado de hallazgos referidos a Justicia por la Contralora, Yesmín Valdivieso, relacionados a otorgamiento de aumentos salariales a varios alcaldes.

Las demandas por aumentos salariales indebidos son contra el alcalde de Maricao, Gilberto Pérez Valentín; y el alcalde de Vega Alta, Isabelo Molina Hernández. Mientras que el caso contra Lorna Soto Villanueva, alcaldesa de Canóvanas, es por devengar salarios mayores a los $6,500 mensuales que le correspondían al momento de asumir el cargo, tal como se dispone en la Ley de Municipios Autónomos, según enmendada en junio de 2014.

En lo que concierne a Maricao y Vega Alta, en la demanda se solicita que los alcaldes de estos pueblos devuelvan las sumas de $88,135.57 y $45,000, respectivamente, por haberse cobrado en contra de la ley, además de cualquier cuantía adicional que sea devengada luego de la presentación del recurso.

En la demanda contra la incumbente alcaldesa de Canóvanas, se establece que Soto Villanueva está sujeta a la aplicación del cálculo predicado en la Ley de Municipios Autónomos, según enmendada, el cual toma en consideración los datos del censo de 2010.bbq dias en semana

Según dicho estudio, la población de Canóvanas es de 47,648 habitantes, lo que coloca al municipio en el renglón de pagar a su alcalde o alcaldesa por concepto de salario la cantidad de $6,500 mensuales. Empero, Soto Villanueva devengó del 1 al 17 de julio de 2014 el salario mensual de $9,400 y continua cobrando $8,742, desde el 18 de julio de 2014 al presente.

Miranda manifestó que se trata de acciones civiles de cobro de dinero y no actuaciones criminales que ameriten la intervención del Ministerio Público. No obstante, exhortó a los alcaldes y a todos los funcionarios de gobierno a que sean cautelosos en el uso de fondos públicos. “La situación económica que enfrentamos demanda de todos, no solamente el cumplimiento estricto de las leyes, sino la mayor prudencia y celo en el gasto público”, dijo.

Los hallazgos de la Oficina de la Contralora sobre aumentos de sueldo a alcaldes que fueron analizados y archivados corresponden a los municipios de Toa Baja, Hatillo, Juana Díaz, Guayanilla, Lares, Corozal (alcalde anterior), Culebra (alcalde anterior), Canóvanas (alcalde anterior).

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Causa para arresto contra aspirante a alcalde de Lajas por el PNP

Foto del perfil de la red social Facebook de Jonathan Ruiz Irizarry (Tomada de Internet).

Foto del perfil de la red social Facebook de Jonathan Ruiz Irizarry (Tomada de Internet).

MAYAGÜEZ: Un individuo que para el 2011 laboró como  ayudante especial del exalcalde de Lajas, Leovigildo “Leo” Cotte, e identificado como Jonathan Ruiz Irizarry, y que según su perfil en la red social Facebook, aspira a la candidatura a la alcaldía de esa municipalidad por el Partido Nuevo Progresista (PNP), tendrá que responder por ocho cargos graves de negociar unos contratos de forma ilegal y utilizar su posición para adelantar el pago de los contratos que le otorgó el municipio a éste y su compañero de negocios, luego de que un juez de la Sultana del Oeste encontrara causa para su arresto en una vista de Regla 6.

Actualmente, Ruiz Irizarry dejaba saber en su cuenta de Facebook su intención de aspirar a la candidatura de la Palma a la silla municipal lajeña, de paso retando en primarias al actual presidente del PNP en Lajas, Edwin “Farito” Álvarez.

En un comunicado del Departamento de Justicia se informó que de acuerdo con una auditoría referida por la Oficina de la Contralor de Puerto Rico a la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor, Ruiz Irizarry presuntamente se unió a Pedro Alameda Camacho para crear la compañía DJ Universal Contractors, Corp., con el propósito de hacer negocios con el Municipio.

Trascendió que la empresa fue creada mientras Ruiz Irizarry se desempeñaba como funcionario público.

El también exdirector de Arte y Cultura y Secretario Municipal bajo la administración del exalcalde Cotte, consiguió que durante el período comprendido entre agosto de 2011 y diciembre de 2012 el Municipio de Lajas le otorgara seis contratos a la entidad creada. Esos contratos totalizaron la suma de $563,800.

Fue mientras que Ruiz Irizarry fungía como secretario municipal, que éste gestionó el pago del dinero adeudado a su empresa y pudo obtener beneficios.

Por este esquema, el juez Darrick Cruz Martínez, del Tribunal de Mayagüez, encontró causa para arresto en un cargo por infringir la Ley de Ética Gubernamental y siete cargos por negociación incompatible con el ejercicio del cargo público.

Sin embargo, no encontró causa contra Alameda Camacho, contra quien se presentaron ocho cargos por negociación incompatible con el ejercicio del cargo público y seis cargos por falsedad ideológica. En este caso, la Fiscalía evaluará si presenta el caso en alzada.

El magistrado impuso una fianza global de $8 mil contra Ruiz Irizarry, que prestó a través de un fiador.  La vista preliminar fue pautada para el próximo 7 de diciembre.Casa Mia banner 1 b

«Adverso» informe de la Contralora sobre el Centro de Investigación y Desarrollo del RUM

CID RUMSAN JUAN: La Oficina de la Contralora dio a conocer el miércoles un informe de auditoría “con opinión adversa”, en el que se revela que las operaciones relacionadas a las cuentas por cobrar y la propiedad mueble del Centro de Investigación y Desarrollo (CID) del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (RUM), “no se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicable”.

Este es el cuarto informe de auditoría sobre el CID y cubre de período del 1 de enero de 2011 al 30 de junio de 2014.

El informe, con el número CP-15-11, indica que CID mantenía 1,219 cuentas por cobrar por la cantidad de $18.4 millones por concepto de deudas de proyectos de investigación financiados con fondos federales, estatales y privados, y por anticipos de gastos para viajes.

“Además, no se realizaban conciliaciones mensuales de los balances de las cuentas por cobrar registradas en los libros con los balances en el sistema de contabilidad del RUM (UFIS), ni las conciliaciones de proyectos federales con los depósitos bancarios recibidos mediante transferencia electrónica”, indica el documento.Aquaviva Jazz Session

Se alega que el CID “utiliza reglamentación no aprobada por la Junta Administrativa relacionada a los procedimientos para la adquisición de propiedad con la tarjeta de crédito y al uso de la tarjeta corporativa. Ambos reglamentos –de 2012 y 2005 respectivamente – fueron preparados por el Jefe de Administración y Servicios y están publicados en la página web del CID”.

La auditoría señala también deficiencias con el control de la propiedad en el CID tales como: no mantenía un inventario perpetuo ni de propiedad mueble separado de la propiedad adquirida con fondos federales, no emitían recibos de propiedad a los usuarios y toda la propiedad estaba registrada bajo el Supervisor de la Oficina de Operaciones y Mantenimiento.

El comentario especial señala que se efectuaron pagos a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres sin un contrato escrito y que se formalizaron unos contratos que no estaban autorizados por el Rector del RUM.

El informe completo está disponible en www.ocpr.gov.pr.

Justicia radica cargos contra exfuncionario municipal de Guánica

Departamento de JusticiaPONCE: Causa probable para arresto encontró esta semana el juez Carlos Candelario Cádiz, del Centro Judicial de aquí, contra Luis Rodríguez Vélez, vecino de Guánica, a quien se le imputa falsificar información que le permitió obtener un puesto de trabajo de confianza en la Administración Municipal de Guánica.

Surge de la investigación conducida por la Oficina del Contralor y el Departamento de Justicia, que el ahora imputado  ocultó que tenía antecedentes penales y estaba cumpliendo una sentencia suspendida a la fecha del 15 de enero de 2013, cuando fue nominado para un puesto de confianza en el municipio guaniqueño.

De acuerdo a las averiguaciones de Justicia y la Oficina del Contralor, Rodríguez Vélez, quien fungía como coordinador administrativo de Servicios de Salud del Municipio de Guánica, estaba cumpliendo una sentencia en libertad tras resultar convicto por casos de violencia doméstica y maltrato de menores. El comunicado emitido por Justicia no entra en los pormenores de dichos delitos.

Rodríguez Vélez, quien de resultar culpable puede enfrentar hasta tres años de reclusión,  debió prestar la fianza de mil dólares que le impuso el magistrado de primera instancia.

La vista preliminar de los cargos está pautada para el próximo 5 de mayo en el Tribunal de Ponce. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Carmen Medina Eliza, del Departamento de Justicia, y el agente Rubén Rosa, adscrito al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) de dicha agencia.

Líder pipiolo en Maricao denuncia “encubrimiento” en caso de alcalde Gilberto Pérez

Gilberto Pérez Valentín, alcalde de Maricao.

Gilberto Pérez Valentín, alcalde de Maricao.

MARICAO: El presidente del Comité Municipal del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Maricao, Maximino Rivera López, denunció el sábado lo que calificó como “la incompetencia e ineptitud” de las agencias de fiscalización del Estado en el caso del alcalde de esta municipalidad Gilberto Pérez Valentín.

Según Rivera López, al alcalde maricaeño se le ha permitido “una casi total impunidad ante los graves actos de corrupción pública cometidos por el funcionario y claramente documentados por las mismas agencias”.

En declaraciones escritas, señaló directamente al panel del Fiscal Especial Independiente (FEI), la Oficina del Contralor, el Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental.

“(Éstas) han resultado ser claramente incompetentes al momento de hacer al cumplir las leyes que juró cumplir el alcalde de Maricao al asumir su posición y se han convertido en cómplices y facilitadores de los actos de corrupción pública cometidas por el funcionario con su imprudente  e irresponsable indulgencia ante tales actos»,  declaró Rivera, quien es maestro de la Escuela Superior Urbana de Maricao.

El líder pipiolo cuestionó la fuerza moral de estas agencias.

“En el caso del FEI, el descaro de esta agencia- claramente identificada con el partido al que pertenece el alcalde- llega al punto de mentirle al público al declarar que nadie ha radicado querellas contra el alcalde ante ese organismo. Totalmente falso. En o alrededor de septiembre de 2012 personalmente radiqué una querella haciendo alusión a los hallazgos acumulados en diez informes del contralor a lo largo de veinte años y actos públicos que apuntaban a posibles violaciones de ley. La única contestación a esa querella fue el absurdo reclamo de la presentación de un expediente de más de 15 elementos incluyendo declaraciones juradas del alcalde y todos los funcionarios municipales envueltos. Es claro que el FEI no tiene intención alguna de cumplir con su deber y que se ha convertido, con esta bochornosa omisión en el cumplimiento del deber, en cómplice del alcalde y sus actos de corrupción”, reclamó.

Otra dependencia criticada fue la Oficina del Contralor, la que, según Rivera “le ha fallado gravemente al pueblo”.

“A pesar de haber documentado con meridiana claridad en diez informes a los largo de veinte años el patrón de corrupción del alcalde, esta agencia no ha podido convencer a nadie que tome alguna acción para hacerle justicia al pueblo de Maricao que ha estado sumido en el subdesarrollo, la pobreza y el desempleo mientras el alcalde y sus allegados se dan vida de millonarios”, argumentó Rivera.

Sobre el papel del Departamento de Justicia, Rivera dijo que éste ha “ignorado por completo” los señalamientos bien documentados de la oficina del contralor, que cuando hace un señalamiento lo hace con abundante evidencia, sino que cuando recibieron mi querella asumieron el papel de abogados el alcalde y parecían estar más interesados en asegurar que el alcalde pudiera evadir la ley más que cumplirla.

Por otro lado, Rivera criticó a la Oficina de Ética Gubernamental, que a pesar de ser “la única agencia que ha tomado alguna acción contra el alcalde”, ha sido “pusilánime e indulgente” al imponer sanciones “insignificantes e irrisorias”.

“La imposición de una multa de $10,000 al alcalde, por una contumaz violación de la ley que le produjo a un familiar suyo más de $200,000 en ingresos a los que no tenía derecho legal, no solo es inefectiva como mecanismo disuasivo sino que es un estímulo a continuar con el esquema”, sentenció Rivera.

Por último, Rivera López adelantó que estará pidiendo la intervención de la senadora independentista María de Lourdes Santiago en este caso.

“Es hora de que la legislatura intervenga y le quite la discreción a Ética de negociar las multas; que se cree un organismo de fiscalización verdaderamente independiente de influencias políticas que rompa el nudo de impunidad que protege a los alcaldes de forma que se proteja las maltrechas finanzas públicas de la depredación de quienes no consideran la mera vergüenza pública como disuasivo suficiente; que se impongan penas innegociables y automáticas de destitución, cárcel, restitución total y multas verdaderamente punitivas”, concluyó.