Panel del FEI concede otros 50 días para concluir investigación criminal contra el alcalde de Mayagüez

MAYAGÜEZ: El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) le concedió 50 días adicionales a los fiscales que están a cargo de la pesquisa criminal contra el alcalde José Guillermo Rodríguez y Yahaira Valentín Andrades, directora de Finanzas del Municipio de Mayagüez.

Según la ley del FEI, la investigación original tiene un término de 90 días para que los fiscales especiales independientes concluyan con su labor, pero les provee de 50 días adicionales de prórroga, si estos la piden; por lo que el Panel se la concedió el pasado lunes, 14 de febrero, en una resolución.

Ahora los fiscales tienen hasta el próximo 6 de abril para concluir con la pesquisa y determinar si radican o no cargos criminales contra el veterano incumbente, que este año entró en su año número 29 como alcalde de la Sultana del Oeste; y su directora de Finanzas.

El Panel designó a los fiscales Miguel A. Colón Ortiz, como fiscal especial independiente y a la licenciada Leticia Pabón Ortiz, como fiscal delegada.

Los fiscales investigan si el alcalde Rodríguez y Valentín violaron el Código Penal de 2021, en sus Artículos 262 (Omisión en el cumplimiento del Deber) y 264 (Malversación de Fondos Públicos). También, en el ámbito penal de la Ley de Ética Gubernamental en su Artículo 4.2 (b).

Se ha indicado que la “extensa prueba” que forma parte de la investigación está comprendida en 39 cajas de expedientes, cuya entrega, cotejo, verificación de actas y presentación de copia digital requirió de un prolongado trámite de verificación y acuse de recibo conforme al índice de récord que el Departamento de Justicia entregó y que recibió el Panel.

Alcalde de Mayagüez asegura que referido al FEI “es el primer round”

MAYAGÜEZ: El alcalde José Guillermo Rodríguez, quien, junto a la directora de Finanzas del Municipio de Mayagüez, Yahaira M. Valentín Andrades, fue referido a un Fiscal Especial Independiente por las actuaciones de ambos en el desempeño de sus funciones en el Municipio y en la corporación Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI), dijo esta noche que esperaba el referido del Departamento de Justicia.

“Le anticipé a mi familia y al caucus de la Legislatura Municipal, con los que me reuní hace varias semanas, de la gran posibilidad de esta determinación, que se hizo pública en el día de hoy”, indicó el alcalde Rodríguez en declaraciones escritas.

El secretario Domingo Emanuelli Hernández acogió la recomendación de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, y envió hoy a la OPFEI un informe de 188 páginas sobre la investigación preliminar realizada en la agencia, que concluyó que existe causa suficiente para creer que el alcalde, en concierto y común acuerdo con la gerente de Finanzas del municipio, llevaron a cabo acciones que podrían constituir incumplimiento del deber y malversación de fondos públicos.

En su comunicado, el alcalde Rodríguez intentó equiparar su caso con el de otros alcaldes y exalcaldes de la Isla, mencionando entre otros al difunto exalcalde de Humacao, Marcelo Trujillo Panisse; Joe Román (San Lorenzo), Luis Javier Hernández Ortiz (Villalba), Heriberto Vélez (Quebradillas) y Charlie Delgado (Isabela).

“Este es el primer “round” de un largo e injusto proceso que vamos a enfrentar, junto a la gerente de Finanzas, quien es una de las funcionarias de mayor honestidad e integridad que he conocido en mi vida pública”, enfatizó el alcalde mayagüezano.

El secretario Emanuelli Hernández, dijo que Rodríguez y Valentín Andrades se exponen a cargos por violaciones al artículo 4.2(b) de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico, y también podrían enfrentar acusaciones por violar los artículos 262 y 264 del Código Penal de Puerto Rico del 2012.

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De la investigación surgió que, entre los años 2012 y 2015, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico asignó, mediante resolución conjunta, la partida de $9.8 millones de fondos públicos estrictamente para renovar y mejorar el Centro de Trauma de Mayagüez. Sin embargo, el alcalde y la gerente de Finanzas municipal autorizaron el uso de dichos fondos para realizar transacciones de inversión fuera de la isla. Dicha actuación, contraria a la ley y al mandato legislativo, provocó la pérdida de fondos públicos.

Además, la investigación demuestra que transfirieron propiedades inmuebles de dominio público a MEDI con el propósito deliberado de que dicha corporación municipal las utilizara como garantía de préstamos hipotecarios, colocando en riesgo el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez y el Hospital San Antonio. Esto, a su vez, ha provocado gastos innecesarios de fondos públicos para tratar de recuperar las propiedades en peligro de ser ejecutadas por acreedores. El uso de las propiedades municipales para fines no autorizados y contrarios a la ley pudo constituir malversación de fondos públicos e incumplimiento del deber de asegurar una sana administración y el manejo correcto de las operaciones del Municipio.

El secretario de Justicia también acogió la recomendación de la DIPAC de referir para la consideración de la OPFEI la presentación de un informe preliminar a la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD). Dicha unidad, adscrita a la OPFEI, tiene el deber de recomendar al Panel el curso de acción a seguir en torno a los procesos disciplinarios contra alcaldes y alcaldesas, lo que pudiera culminar en su suspensión o destitución, conforme al Artículo 14 de la Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

Como parte de la investigación, que contó con la colaboración de la Oficina del Contralor de Puerto Rico y agentes del Negociado de Investigaciones Especiales, se solicitaron y expidieron órdenes de allanamiento a oficinas municipales, a una de las casas del alcalde también utilizada como oficina, cuentas bancarias, teléfonos celulares y cuentas de correo electrónico.

Las órdenes de allanamiento fueron diligenciadas por los agentes del Negociado de Investigaciones Especiales junto a personal del Instituto de Ciencias Forenses. Además, se entrevistó y tomó declaración jurada a 30 testigos aproximadamente, y se examinaron cientos de documentos.

Investigadores que se investigan

Por: Iván Vargas Muñiz, líder sindical del Oeste

La pasada semana nos enteramos, y ¡de qué manera!, que todos los funcionarios encargados de velar por que se cumplan las leyes y evitar la corrupción en el gobierno están inmersos en situaciones escandalosas.

La secretaria de Justicia, la licenciada Wanda Vázquez, y la presidenta de la Oficina Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), la licenciada Nydia Cotto Vives, están siendo investigadas por la Oficina de Ética Gubernamental. Pero además, las primeras dos funcionarias, se están investigando una a la otra y para colmo, Justicia investiga al Senado y este último investiga a la Comisionada Electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos.

En fin, investigadores que se investigan.

Alguien pudiera decir que esto es una historia sacada de un libro de cuentos, o de una telenovela, pero no lo es. Esto es en vivo y a todo color en el propio gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, lo que no debemos hacer es tomar esto como un chiste, o simplemente no darle la importancia que realmente tiene. Esto, señoras y señores, es un escándalo de grandes proporciones jamás antes visto.

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Se le imputan a la Secretaria de Justicia violaciones éticas con relación a un proceso que llevaba el Departamento contra una persona que robó en la residencia de su hija. La propia secretaria admitió estar presente en una reunión de los fiscales del caso. Esto muy bien pudiera provocar, incluso, que el hoy convicto pida un nuevo juicio y la anulación de su sentencia por conflictos de interés. Esto es un ángulo que no ha sido discutido públicamente.

A la presidenta de la OPFEI, la investiga Ética porqué alegadamente incurrió en un posible conflicto de interés mientras ejercía como asesora legal de ADSEF, al tiempo que ejercía como presidenta de OPFEI. De hecho, la licenciada Wanda Vázquez indicó que la investigación de la Oficina del Panel del FEI ocurre porque ella destituyó del puesto a la directora de dicha oficina, algo que Cotto Vives desmintió mostrando la carta de renuncia.

En el caso de Vázquez, lo más increíble fue su reacción al conocer que era investigada, ya que se fue a algunos medios de prensa, como si fuera una líder política en plena campaña contra una adversaria de otro partido, a despotricar contra Cotto Vives y a tildar la investigación como una ocurrida por revanchismo, por supuestamente Vázquez haber destituido a Nydia Cotto de ADSEF.

Al Senado lo investigan por supuestos empleados fantasmas y a la Comisionada Electoral del PNP por la contratación de su hijo en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Sin embargo, estos no son los únicos escándalos que involucran a estas instituciones. Tenemos la situación con los vagones perdidos, las miles de paletas de agua abandonadas en la antigua base naval Roosevelt Roads, que Justicia se ha negado a investigar y el escándalo del “chat de Whatsapp”, donde encontraron causa solo contra el exjuez Ramos y exonerando prácticamente a todos los demás involucrados en el mismo.

Así las cosas, ya no nos queda ninguna institución de este país en la que podamos confiar, mucho menos en las que vienen obligadas a velar por las leyes de este país.

Panel del FEI suspende esta tarde de su cargo al Alcalde de Sabana Grande

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SABANA GRANDE: Tras las acusaciones de la Fiscalía Federal contra del alcalde de Sabana Grande, Miguel Gabriel “Papín” Ortiz Vélez, el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) lo suspendió inmediatamente de su posición de alcalde.

La licenciada Nydia M. Cotto Vives, presidenta del Panel, indicó que esta determinación se toma en el marco del Plan de Reorganización Número 1 del 3 de enero de 2012, que faculta al Panel a suspender a un alcalde cuando es acusado de la comisión de delito.

“El Panel actuó de inmediato, salvaguardando el interés público y promoviendo las medidas necesarias para preservar la integridad en el ejercicio de la administración municipal”, detalló Cotto Vives.

Hormiga Ardiente cuerito

La resolución del Panel, de conformidad con la recomendación de la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD), contiene igualmente, instrucciones directas y de carácter compulsorio para el fiel cumplimiento del vicealcalde, en su función como alcalde interino.

Mediante la resolución, se le requiere a este funcionario que se tomen las medidas cautelares necesarias para evitar que el acusado y suspendido alcalde, —de salir en libertad bajo fianza—, pueda tener acceso a instalaciones municipales.

Asimismo, la disposición del Panel ordena que se prive a Ortiz Vélez de intervenir en asuntos municipales, por sí mismo o por medio de terceros.

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La resolución del PFEI también ordena la entrega inmediata de bienes muebles en posesión o bajo el control del suspendido alcalde, entre estos, pero sin limitarse a, llaves de acceso a instalaciones municipales, automóviles, celulares, computadoras, expedientes y cualesquiera otros documentos o propiedad municipal.

La determinación de suspender a dicho alcalde se fundamentó en los seis cargos criminales, según surgen del Indictment presentado el jueves ante el Tribunal de Distrito Federal contra Ortiz Vélez, que incluyen apropiación ilegal de fondos públicos, conspiración, fraude y lavado de dinero.

Por último, la resolución del Panel ordena al vicealcalde, así como al presidente de la Legislatura Municipal de Sabana Grande, que observen lo dispuesto en la Ley 2-2018, conocida como el Código Anticorrupción de Puerto Rico, referente a no tomar represalias contra empleados, funcionarios o personas ligadas a este proceso de investigación.

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Por años ha tenido una “jauja”… Y el Panel del FEI suspende de empleo y sueldo solo por 30 días al Alcalde de Maricao

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SAN JUAN: El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) suspendió el pasado viernes al alcalde de Maricao, Gilberto Pérez Valentín.

Como parte de su suspensión, que es de empleo y sueldo y durará 30 días, Pérez Valentín no podrá acudir a la alcaldía ni hacer uso de su teléfono celular, vehículos ni abastos de gasolina.

El incumbente municipal, que pertenece al Partido Nuevo Progresista (PNP), ha enfrentado múltiples querellas en su contra en la Oficina de Ética Gubernamental y serios señalamientos por parte de la Oficina del Contralor.

En el 2015, Pérez Valentín tuvo que pagar multas por volver a contratar a su hermano. El año anterior, había tenido que pagar $10 mil por las mismas.

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En el informe más reciente de la contralora Yesmín Valdivieso, refirió al alcalde maricaeño al Departamento de Justicia, a la Oficina de Ética Gubernamental y a la Administración de los Sistemas de Retiro, por situaciones como el aumento de sueldo al alcalde, concedido por la Legislatura Municipal, así como los pagos por la liquidación de las licencias de vacaciones y enfermedad sin cumplir con los requisitos de ley.

Un escandaloso hallazgo se relaciona con la fuente de bronce de la Casa Alcaldía, que se adquirió en el 2012 por $139 mil, sin celebrar subasta pública. Los auditores del Contralor verificaron la razonabilidad del costo y encontraron una fuente similar que puede ser adquirida por Internet a un costo inferior (de $19 a $40 mil). Los auditores consideraron la cantidad pagada por la fuente como “extravagante y excesiva”.

El informe de auditoría, que consta de 13 hallazgos y dos comentarios especiales, revela desviaciones de ley y de reglamentación con la administración del presupuesto.

El Municipio tenía déficits presupuestarios en el Fondo Operacional de $2.6 millones para el 2012 y $2.8 millones para el 2013. El presupuesto del 2014 solo consignó $25,000 para cubrir el déficit y $0 para el 2015. Una situación similar se comentó en el Informe de Auditoría M-13-26 de 2013.

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Se informó que sin aprobar un reglamento y sin considerar los requisitos establecidos por ley, la Legislatura Municipal aprobó el aumento de salario al alcalde Pérez Valentín, de $3,500 a $6,500 mensuales, y para ello no consideró los estados financieros auditados, ni el déficit del municipio, ni evidencia sobre el censo poblacional de Maricao, ni el cumplimiento de los controles fiscales y administrativos, ni los informes de auditoría ni los planes de acción correctiva de la Oficina del Contralor, de la OCAM ni del Gobierno Federal, entre otros requisitos.

Se indicó también que de mayo de 2011 a marzo de 2013 se pagaron bienes y servicios por $131,000 sin obtener cotizaciones; y en el 2009, se autorizaron trabajos adicionales para mejoras en la Alcaldía, Plaza de Recreo y alrededores por $1 millón, sin celebrar subasta pública.

Otro de los hallazgos señala que no se cobraron arbitrios de construcción ni patentes municipales a contratistas por $26 mil; se efectuaron pagos en exceso por el suministro de gasolina; deficiencias con los gastos incurridos en la tarjeta de crédito; y contratos que se remitieron con tardanzas de hasta 564 días a la Oficina del Contralor.

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Arrestan esta tarde a exsenadora PPD Mari Tere González por caso Anaudi Hernández

La exsenadora González prestó una fianza de $65 mil (Archivo/LA CALLE Digital).

La exsenadora González prestó una fianza de $65 mil (Archivo/LA CALLE Digital).

SAN JUAN: Un total de 13 denuncias por violar la Ley de Ética Gubernamental y el Código Penal de Puerto Rico, radicó el lunes en la tarde un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra la exsenadora popular por el Distrito Mayagüez-Aguadilla, Mari Tere González, vinculada con el escándalo por el que fue convicto el exrecaudador del PPD, Anaudi Hernández, y otros exfuncionarios de gobierno de la pasada administración.

La juez Geysha Guerrero Martínez, halló causa para arresto por los artículos 212 (falsedad ideológica), 217 (posesión y traspaso de documentos falsificados), y 219 (alteración de datos) del Código Penal y por el artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética, que consiste en que un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley.

La vista de Regla 6 (determinación de causa para arresto) tuvo lugar en la Sala de Investigaciones del Centro Judicial de San Juan.

La magistrada impuso una fianza de $65 mil, que la exlegisladora de la Pava prestó.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 20 de marzo.

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El 7 de septiembre del año pasado, la hoy exsenadora renunció a su reelección luego de que sorpresivamente se acogiera a la “Quinta Enmienda” de la Constitución de los Estados Unidos, para no autoincriminarse durante el juicio federal que se lleva contra los coacusados en el proceso en el que se declaró culpable el convicto recaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández.

Ese día, González emitió las siguientes declaraciones:

Más importante que mi interés personal, más importante que mi posición, es el bienestar de mi Partido Popular Democrático (PPD). Es por eso que hoy pongo a la disposición del Partido mi candidatura a la reelección. El Oeste y el País saben que siempre he ido de frente y he actuado guiada por mis convicciones, todas ingobernables, y eso incluye el anteponer mi interés personal por el bien colectivo. La impresión a veces parece realidad pero este no es mi caso. Al Oeste y al País les dejo claro que tengo mi conciencia tranquila y en paz mi corazón. Durante este cuatrienio he trabajado duro por mi distrito, he defendido a los que no tienen voz y he logrado la aprobación de más de cuarenta leyes en beneficio de la educación pública, de los niños y niñas de educación especial, atendí la trata humana, la cultura, el desarrollo económico, hemos trabajado por los derechos de la mujer y los derechos humanos. Este es mi legado para que sigamos defendiendo lo que creemos aun cuando nos quedemos solos en el camino”.

La senadora añadió que “este ha sido un proceso duro e injusto, en el cuál he estado en desventaja al no poder tener la oportunidad de expresarme por la ley de mordaza impuesta que he respetado de forma cabal”.

Sin embargo, todos pueden tener la certeza de que siempre he actuado con verticalidad y honestidad. Pero en estos momentos es más importante el bienestar de mi madre, mi hija, mi hermano, mi familia, así como la tranquilidad de mi equipo de trabajo, mis amigos, allegados y sobre todo aquellos que nunca me prejuzgaron y que nunca han dejado de confiar en mí. Agradezco a mi distrito Mayagüez-Aguadilla y a todas las personas que aún en la adversidad continúan creyendo en mí. Hoy se hacen pertinentes las palabras de la exdiputada de República Dominicana, Minou Tavárez Mirabal, ‘La política no es hija de la razón, la política es siempre un asunto de interés’. El tiempo nos dará la razón”, concluyó.

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“Se quita” de la reelección Mari Tere González

Siguiendo la cronología de hechos, el 8 de septiembre, dos personas de la entera confianza del alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, fueron señaladas ese día por la noche en el proceso para llenar la vacante en la candidatura popular para uno de los escaños senatoriales por el Distrito Mayagüez-Aguadilla, surgida luego de que la senadora Mari Tere González renunciara a aspirar a la reelección.

En una conferencia de prensa convocada por el entonces presidente del PPD, el doctor David Bernier, anunció que el entonces representante Efraín De Jesús, electo por el Distrito 19 (Mayagüez y San Germán) entraría en la carrera para el escaño senatorial. De Jesús era descrito como “el hombre de confianza” del alcalde mayagüezano en la Cámara de Representantes.

Como resultado de esta movida, Reinaldo Torres Oliveras, también hombre de confianza del alcalde Rodríguez, entró en la competencia por el escaño representativo que ocupaba el licenciado De Jesús.

Ninguno de los dos salió electo.

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El 29 de septiembre, el Departamento de Justicia, a través de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia (DJ), dirigida en ese momento por la fiscal Gretchen Camacho Rossy, informó el inicio de una investigación preliminar en el caso de González, gestión que fue notificada a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI).

Por otro lado, el 31 de octubre, el exsecretario del Departamento de Justicia (DJ), César Miranda, informó la entrega a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) del informe sobre la investigación preliminar en el caso de la exsenadora González López, tras detectarse la posible comisión de delitos graves.

Saliente senadora de Mayagüez-Aguadilla termina su cuatrienio investigada por un FEI

Senadora Mari Tere González (Archivo).

Senadora Mari Tere González (Archivo).

MAYAGÜEZ: Lo que pudo haber sido una prometedora carrera política en la Legislatura, culminó el jueves con una orden del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) para que se investigue a fondo el vínculo de la senadora popular Mari Tere González con el convicto exrecaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández.

La decisión se tomó luego de un informe rendido por el Departamento de Justicia sobre las declaraciones que surgieron en el proceso federal contra los coacusados en el caso de Hernández, en el que la senadora terminó ejerciendo su derecho a no autoincriminarse, acogiéndose a la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

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El PFEI asignó al licenciado Ramón Mercado Mendoza, como Fiscal Especial Independiente en este caso; y como fiscal delegado al licenciado Manuel Núñez Corrada.

En el informe sometido por el secretario de Justicia, César Miranda, éste considera que el Panel debe evaluar además, las conductas delictivas en que pudieran haber incurrido Anaudi Hernández Pérez, Héctor Vargas Soto y el tesorero de la campaña de la senadora, José Torres Mena.

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Agrega el Informe que a base de la investigación preliminar existe causa suficiente para creer que la senadora González pudo haber cometido, entre otros, los delitos de Aprovechamiento Ilícito de Trabajo o Servicios Públicos, Lavado de Dinero, Enriquecimiento Injustificado, Falsedad Ideológica e Infracción a la Ley para el Financiamiento de Campañas.

La investigación preliminar del Departamento de Justicia aduce que existe causa suficiente para creer que Anaudi Hernández Pérez y Héctor Vargas pudieron haber cometido, en concierto y común acuerdo con la senadora González López los delitos de Aprovechamiento Ilícito de Trabajo o Servicios Públicos, entre otros. De otra parte, el señor José Torres Mena pudo haber incurrido en el delito de infracción a la ley para el Financiamiento de Campañas.

La senadora Mari Tere González salió electa en el 2012 con un amplio margen de votos sobre sus demás contrincantes y revalidó como candidata del PPD en las primarias celebradas en junio pasado, también por amplio margen, para meses después tener que renunciar a su reelección en verse involucrada en esta escandalosa situación.

Panel del FEI no investigará por violencia doméstica al senador Gilberto Rodríguez

Senador Gilberto Rodríguez Valle (Archivo).

Senador Gilberto Rodríguez Valle (Archivo).

SAN JUAN: El Panel para el Fiscal Especial Independiente (PFEI) anunció el jueves que no investigará a fondo una querella por violencia doméstica contra el senador popular por el Distrito Mayagüez-Aguadilla, Gilberto Rodríguez Valle, quien fue denunciado por su esposa, Ermelinda Arocho Nieves, de la que está en proceso de divorcio.

El PFEI emitió una resolución tras considerar una planilla informativa cumplimentada por Arocho Nieves, cuando acudió al cuartel de la Policía de Las Marías el pasado 24 de julio, así como una declaración jurada que prestó ante la fiscal Marilisa Jiménez, quien de primera intención determinó no someter denuncias contra el legislador, que está en su primer término.

Según el PFEI, en la planilla que llenó en la dependencia policíaca, la dama explicó que “no conseguía abogado que la orientara en relación con el abandono del hogar por parte de su esposo”.aquaviva weekend 2

Trascendió que cuando la fiscal Jiménez le preguntó si habían mediado insultos, agresión física, daño emocional, amenazas o palabras soeces”, Arocho Nieves contestó en la negativa.

El PFEI determinó que no se configuraron los elementos del delito de violencia doméstica. Sin embargo, la dependencia dejó la puerta abierta a reabrir la investigación de surgir información adicional en la que se configuren los elementos del delito.

En días recientes Arocho Nieves compareció a varias entrevistas con medios del área Oeste y de San Juan, acompañada por la exsenadora novoprogresista Evelyn Vázquez, quien aspira a regresar a la Legisltura.

 

Secretario de Justicia justifica que no se actuara contra senador Gilberto Rodríguez

Senador Gilberto Rodríguez Valle (Archivo).

Senador Gilberto Rodríguez Valle (Archivo).

SAN JUAN: El secretario de Justicia, César Miranda, justificó el martes el que no se procediera criminalmente contra el senador popular por el Distrito Mayagüez-Aguadilla, Gilberto Rodríguez Valle, alegando que no hubo actos de agresión. No obstante, refirió a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI), la querella de violencia doméstica que se presentó contra el legislador el jueves de la semana pasada en el cuartel policíaco de Las Marías.

Miranda enfatizó en que de la investigación se desprende que en el incidente reportado por la esposa de Rodríguez no se justifica la asignación al FEI, aclarando que la determinación final queda a discreción de esa oficina.

“Habiéndose concluido la investigación que se llevó a cabo en la Fiscalía de Mayagüez, pues se descubre que no hay un acto particular de agresión de ninguna forma. De hecho, lo que la investigación ilustra es que la señora del senador recurrió al cuartel de la Policía de Las Marías, creo que fue, para solicitar que se le explicaran las causales de divorcio”, explicó Miranda a periodistas que cubrieron una conferencia de prensa.

Sin embargo, se cuestiona el que la esposa de un legislador, que también es abogado, y según declaraciones del propio senador Rodríguez, ya están en el trámite de divorcio, haya recurrido a un cuartel de policía para que se le expliquen las causales de divorcio en Puerto Rico, que es un asunto estrictamente civil, y que habiéndose iniciado el trámite de divorcio, ese aspecto particular se lo debió explicar su representante legal en el caso.aquaviva weekend 2

Desde el principio, este caso ha sido tocado “con pinzas” por parte de las autoridades, que han sido sumamente cautelosas hasta en la redacción de los informes policíacos que se circularon a los medios a raíz de la situación.

En ese momento, se indicó que el agente Sánchez, placa 20510, adscrito al cuartel de Las Marías “realizó una investigación donde la esposa del senador Gilberto Rodríguez Valle, informó unos hechos de alegada violencia doméstica”.

Según el narrativo, el caso fue referido al agente Ernesto Ramos Fernández, placa 17293, de la División de Violencia Doméstica del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, quien entrevistó a las partes.

El agente Ramos Fernández llevó el caso a la Fiscalía de Mayagüez, donde la fiscal Marilisa Jiménez, “luego de entrevistar y tomar declaraciones, indicó que no habían los elementos del delito bajo la ley 54 de Violencia Doméstica”.

Contrario a lo que es uso y costumbre, la Policía colocó una nota al calce en el informe indicando textualmente lo siguiente:

Nota: Estos hechos fueron informados a la Oficina de Prensa de la Policía de Mayagüez, hoy 26 de julio de 2015 y se indicó que en este incidente no hubo daño físico, ni amenazas, ni palabras soeces entre las partes.

Justicia refiere al FEI a Alcalde de Guayanilla por acoso sexual

Edgardo Arlequín, alcalde de Guayanilla (Suministrada).

Edgardo Arlequín, alcalde de Guayanilla (Suministrada).

SAN JUAN: El secretario del Departamento de Justicia (DJ), César Miranda, anunció lunes que emitió un referido para que el alcalde popular de Guayanilla, Edgardo Arlequín Vélez, sea investigado por la Oficina sobre el Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) por posiblemente haber cometido el delito de acoso sexual contra una de sus empleadas, además de haber violado la Ley de Ética Gubernamental.

En un comunicado de prensa se informó que la investigación inició luego que la perjudicada, Lumari Torres Pérez, decidiera querellarse contra el incumbente municipal en la División de Delitos Sexuales de Ponce, el pasado 18 de julio.

Según se desprende de la investigación, en junio del año 2013 Arlequín Vélez dirigió “palabras impropias, con alto contenido sexual y no deseadas contra la mujer relacionadas a un tatuaje. En ese momento el alcalde pretendió mantener en contra de su voluntad a Torres Pérez en su oficina, al cerrar la puerta con seguro”.

Asimismo, la empleada municipal indicó que en ocasiones posteriores el alcalde continuó con su conducta impropia al hacer comentarios de índole sexual, inclusive en la presencia de sus hijos.

Como resultado de estos hechos, compañeros de trabajo de la dama han indicado bajo juramento que desde los incidentes esta se ha tornado triste, nerviosa y con falta de concentración.

Tras verse afectada en su aspecto laboral y emocional, Torres Pérez ha recibido tratamiento privado y en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE).

A base de la evidencia documental y testifical existente, la investigación concluyó que Edgardo Arlequín Vélez pudo haber violado el Artículo 135 del Código Penal, correspondiente al delito de acoso sexual. A su vez, pudo haber incurrido en violación al Artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental, que tipifica como delito grave con pena fija de cuatro años de cárcel el que un servidor público use los deberes y facultades de su cargo para obtener, directa o indirectamente, para él o para persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley.

La investigación fue realizada por el fiscal Edwin Ortiz Rivera de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor de Justicia.