Representante Maricarmen Mas investigará proceso de revisión de pensiones alimentarias

Maricarmen Mas nuevo wm

MAYAGÜEZ: La representante Maricarmen Mas Rodríguez (PNP-Distrito 19) anunció que estará radicando una resolución para iniciar una investigación sobre el proceso de revisión de pensiones alimentarias, así como una profunda evaluación de las métricas utilizadas para establecer las tablas de pensiones a padres no custodios.

La legisladora por los municipios de Mayagüez y San Germán expresó preocupación sobre la aplicación de las presentes tablas a los empleados del gobierno que han visto reducido sus beneficios por las imposiciones de la Junta de Supervisión Fiscal.

“Existe una realidad en el Puerto Rico de 2017 y es que los salarios de los empleados en el sector privado están por debajo, porcentualmente, de lo que eran hace apenas unos años atrás. Eso nadie lo puede discutir. Este asunto de las pensiones alimentarias se ve directamente impactado por esta crisis económica. Es por eso que entendemos meritorio realizar una investigación sobre los procesos que rigen la adjudicación y revisión de pensiones alimentarias. También, sobre si las métricas utilizadas para las tablas de pensiones se ajustan a la nueva realidad”, señaló la representante Mas.

pinchera de papanacho

Mas Rodríguez dijo que la resolución también tiene como objetivo estudiar los procesos que tiene la Judicatura para trabajar con los servidores públicos de los municipios que han sufrido reducción en la jornada laboral a causa de la actual crisis fiscal por la cual atraviesa la isla.

“Es importante revisar los procedimientos de adjudicación de pensiones, al igual que los mecanismos de revisión de las mismas. Quizás un padre alimentante radica una petición de revisión, porque perdió su empleo, por ejemplo, y la Administración para el Sustento de menores (ASUME), o la Rama Judicial, tienen un tiempo amplio preestablecido para ver la vista. Una cosa que pude suceder es mover ese período para que sea dentro de un espacio no mayor a 10 días. Esa es una de las cosas que estamos revisando y esta resolución nos ayudará a ese fin”, añadió.

Para Mas Rodríguez el bienestar de los menores tiene prioridad sobre todo y para ello se necesita aumentar el nivel de cumplimiento con las pensiones alimenticias, de un 67 por ciento, en estos momentos, hasta por lo menos un 80 por ciento en los próximos dos años.

La legisladora adelantó que estará realizando un conclave entre la ASUME, la Administración de Tribunales y la Cámara de Representantes para delinear una estrategia que logre agilizar los casos de revisión de pensión.

alo & john oferta pizzas carry out

Jueza Fiol Matta confirma y acepta renuncia de Sonia Ivette Vélez a la direccion de la Administración de Tribunales

Lcda. Sonia Ivette Velez Colón, renunciante directora de la Administración de Tribunales.

Lcda. Sonia Ivette Velez Colón, renunciante directora de la Administración de Tribunales.

SAN JUAN: La jueza presidenta del Tribunal Supremo, Liana Fiol Matta, anunció el jueves que aceptó la renuncia de la directora de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), la jueza de Apelaciones, Sonia Ivette Vélez Colón. Al mismo tiempo anunció la designación a ese cargo de la jueza administradora de la Región Judicial de San Juan, Isabel Llompart Zeno.

Fiol Matta indicó que la renuncia de Velez Colón será efectiva el 15 de octubre. A partir de esa fecha, Llompart ocupará la posición.

“La Honorable Sonia Ivette Vélez Colón me notificó ayer (miércoles) su determinación de poner punto final a su larga y fructífera trayectoria frente a la OAT. Durante los pasados diez años bajo su hábil dirección la Rama Judicial logró una gran transformación en el campo de la digitalización y la modernización de los procesos judiciales. De igual modo, su visión del derecho como un instrumento de cambio social fue clave en la implantación de proyectos de acceso a la justicia que hoy impactan positivamente al pueblo de Puerto Rico como son las salas especializadas en casos de violencia doméstica, el protocolo para atender los casos de personas sin hogar, la sala para casos de salud mental y la expansión de las Cortes de Drogas y los Centros de Mediación de Conflictos, entre muchos otros”, expresó Fiol Matta en un comunicado de prensa.

Fiol Matta dijo que bajo la incumbencia de Vélez Colón se “logró sostener la estabilidad fiscal del sistema que operó sin insuficiencia presupuestaria”.

Mientras tanto, la jueza Fiol le agradeció a Llompart el haber aceptado su invitación de “seguir trabajando por la Rama Judicial desde la OAT”.

La juez Llompart inició su carrera judicial en 1992, cuando fue nombrada en la posición de juez municipal por el entonces gobernador Rafael Hernández Colón.

Durante su incumbencia como jueza municipal se le designó ayudante especial del entonces juez presidente, José Andréu García. En el 1997 fue nombrada Secretaria del Tribunal Supremo, cargo que ocupó hasta su designación como jueza superior en el 2001. Desde el 2007 ha sido la jueza administradora de la Región Judicial de San Juan.

García Padilla convierte en ley varias medidas de seguridad

El gobernador Alejandro Garcia Padilla, rodeado del liderato legislativo y del superintendente de la Policía, firma varias leyes relacionadas con la seguridad pública. (Suministrada)

El gobernador Alejandro Garcia Padilla, rodeado del liderato legislativo y del superintendente de la Policía, firma varias leyes relacionadas con la seguridad pública. (Suministrada)

LA FORTALEZA: El gobernador Alejandro García Padilla estampó su firma en varios proyectos de ley que persiguen mejorar sustancialmente la calidad de vida de la ciudadanía, logrando así mayores índices de convivencia y paz social para todos. Estos proyectos son iniciativa de la Cámara de Representantes y su presidente, Jaime Perelló Borrás.

La primera de estas medidas, el Proyecto de la Cámara 1860,  procura un intercambio más efectivo entre las agencias de seguridad pública y la Rama Judicial sobre información de naturaleza penal. Esta ley responde a los problemas en el intercambio de información que han puesto en riesgo la seguridad pública, resultando en que se determinen fianzas que no guardan proporción con el nivel de peligrosidad del imputado o que se deje en libertad bajo fianza alguien que le correspondía ingreso en prisión.

De igual forma, con la firma de este proyecto se sustituye la ley vigente que data del 1977 y ordena un Sistema de Información de Justicia Criminal basado en unos procedimientos uniformes, con una tecnología compatible entre las agencias. La información será completa y correcta sobre la naturaleza penal, e incluirá el Registro de Ofensores Sexuales.

De otra parte, el mandatario convirtió en ley el  Proyecto de la Cámara 1854 que crea el Fondo para el Mejoramiento Tecnológico, Profesional y Laboral de la Policía para contribuir a la lucha contra el crimen y la profesionalización de la uniformada.

Esta nueva ley está vinculada a la reforma de la Policía acordada con el Departamento de Justicia Federal y se nutrirá del 20 por ciento de lo que se recaude por multas de tránsito (excepto las de Autoexpreso) en exceso del promedio anual de 29 millones de dólares por este concepto. Para lograr un aumento en estos recaudos, la ley ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y a la Policía mejorar la mecanización del procesamiento de las multas de tránsito.

Además, se convierte en ley el Proyecto de la Cámara 1855 que enmienda la Ley de Detectives Privados de 1965, que en adelante se conocerá como la Ley para Regular las Profesiones de Detectives Privados y Guardias de Seguridad en Puerto Rico, para fortalecer la regulación de ambos y distinguir ambas profesiones. Las compañías de seguridad privadas deberán dar un adiestramiento de al menos cuatro semanas a los guardias de seguridad que contraten para obtener sus licencias.

Este nuevo estatuto exime de tomar el examen de detective privado a quienes hayan laborado al menos ocho años como policía o agentes de investigación criminal en Puerto Rico o un departamento de policía de Estados Unidos, y quienes hayan trabajado para el Negociado de Investigaciones Federales (FBI por sus siglas en inglés). Los cargos por sellos de rentas para estas licencias bajo dicha ley  se destinarán al Fondo para el Mejoramiento Tecnológico, Profesional y Laboral de la Policía, ya anunciado.

De igual manera, se estampó la firma sobre el Proyecto de la Cámara 1861 que enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito para aumentar las sanciones de multas por conducir un vehículo de motor bajo los efectos del alcohol. La multa adicional a las penalidades existentes será de 50 dólares por cada centésima adicional sobre el límite de alcohol en la sangre permitido por ley.

De esta manera se aumenta en proporción a la concentración de alcohol en la sangre y el dinero recaudado por este concepto irá al Fondo para el Mejoramiento Tecnológico, Profesional y Laboral de la Policía. Este nuevo estatuto reafirma la política pública del Estado Libre Asociado en que conducir bajo los efectos del alcohol es una amenaza a la seguridad pública.

Por otro lado, el Proyecto de la Cámara 1865 enmienda la Ley Uniforme de Confiscaciones para dar prioridad a la Policía en la asignación de vehículos confiscados por el Estado Libre Asociado en un proceso penal.  Además, esta ley exime a la Policía del requisito de 10 por ciento del precio de tasación del vehículo, por lo cual ahora no tiene que pagar nada por ellos.

Otra de las medidas convertidas en ley lo es el Proyecto de la Cámara 1866 que enmienda la Ley de Armas para obligar a todas las líneas aéreas a notificar a la Policía si transportan armas de fuego o municiones de algún pasajero en un vuelo con destino a Puerto Rico.

Esta ley establecerá un proceso de notificación que será reglamentado con el propósito de darles orientación a los pasajeros, protegiendo sus derechos de poseer y transportar armas de fuego, pero conciliando el interés del gobierno en que se cumpla con el procedimiento de adquisición de permisos temporeros.

Con esa información, la Policía determinará y orientará al pasajero si puede poseer esa arma o esas municiones en Puerto Rico. Se le orientará además sobre la necesidad de notificar desde el aeropuerto que tiene armas de fuego y su deber de obtener un permiso provisional. El trámite se deberá realizar desde el aeropuerto con los oficiales que están en la unidad de la policía del aeropuerto para cumplir con los trámites dispuestos en la ley de armas. Este estatuto tiene un fin educativo y preventivo y de ninguna manera violentará derechos de los ciudadanos a poseer y transportar armas de fuego legalmente adquiridas.

Por otra parte, el Proyecto de la Cámara 1856 enmienda la ley orgánica del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para atender el problema de retención o fuga del personal especializado. En siete de las subespecialidades del Instituto habrá que trabajar por lo menos dos años si su capacitación y certificación se pagó con los recursos del Instituto. De renunciar antes de ese periodo, tendrá que pagar el gasto incurrido. Las subespecialidades van desde patólogos forenses hasta examinadores de armas de fuegos, marcas de herramienta y de documentos dudosos.

Jueza Presidenta del Supremo releva de funciones a juezas de Caguas supuestamente investigadas por federales

Liana Fiol Matta, jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Liana Fiol Matta, jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

SAN JUAN: La jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Liana Fiol Matta, relevó hoy viernes de sus funciones judiciales a las juezas Sylkia Carballo Nogueras y Susana Serrano Mondesí, asignadas a la Región Judicial de Caguas.

La acción de la jueza Fiol Matta se produce como reacción a informes periodísticos que señalan a estas dos juezas superiores como objetivo de una pesquisa por parte de las autoridades federales.

No obstante, Fiol aclaró en declaraciones escritas que ningún organismo de la Rama Judicial, incluyendo la Oficina de la Administración de Tribunales, ha recibido ninguna información oficial sobre alguna investigación contra jueces. También apuntó que el relevo de las funciones de la juezas Carballo y Serrano no representa una adjudicación sobre su conducta.

“Al día de hoy, la Oficina de Administración de los Tribunales ni ningún otro organismo de la Rama Judicial de Puerto Rico ha recibido información oficial de las autoridades federales sobre alguna investigación acerca del desempeño judicial de las juezas Sylkia Carballo Nogueras o Susana Serrano Mondesí. No obstante, la Rama Judicial tiene la obligación de salvaguardar la confianza del pueblo en sus integrantes y en las ejecutorias de estos.  Por eso, como medida cautelar y con el interés de salvaguardar la confianza de nuestros conciudadanos en su sistema de justicia, he tomado la determinación de relevar de funciones judiciales a ambas juezas de manera inmediata. Esta acción administrativa de ninguna manera representa una adjudicación sobre la conducta de las juezas señaladas”, dijo la juez Fiol en sus declaraciones.

“Al pueblo de Puerto Rico le reitero mi llamado a no perder la confianza en su sistema de justicia que por tantos años tan bien le ha servido”, concluyó.