Senadora Mari Tere González (Archivo).
SAN JUAN: La División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia (DJ), dirigida por la fiscal Gretchen Camacho Rossy, informó el inicio de una investigación preliminar en el caso de la senadora popular Mari Tere González, gestión que fue notificada a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) en la mañana del jueves.
En un comunicado de prensa se dijo que la pesquisa es producto de una investigación iniciada por el Departamento de Justicia, a raíz de las declaraciones de testigos en el juicio federal contra Anaudi Hernández Pérez.
El Departamento de Justicia, mediante requerimientos de información (subponeas) identificó un documento juramentado que apunta a posible comisión de delitos.
“En el día de hoy estamos notificando a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente que existe causa suficiente para conducir una investigación preliminar al amparo de lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley Núm. 2 de 1988, que crea la OPFEI”, manifestó Camacho Rossy.
El DJ destacó a dos fiscales en las vistas del juicio federal contra Hernández Pérez, para recoger de primera mano datos que pudieran dar indicio a posible comisión de delitos estatales. Desde entonces, la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del DJ lleva a cabo una investigación amplia que incluye solicitudes de prueba documental, entrevistas, entre otras gestiones investigativas.
Acorde con la Ley de la OPFEI, entidad que tiene jurisdicción para encausar a legisladores, el DJ cuenta con 90 días para realizar la investigación preliminar. Transcurrido este periodo el DJ referiría la investigación preliminar a la OPFEI para su evaluación y determinación final en el caso.
Por su parte, la Comisión de Ética e Integridad Pública del Senado tomó conocimiento de la determinación de Justicia de investigar a la senadora González.
«Ante este hecho y conforme con las disposiciones de los cuerpos reglamentarios del Senado, los miembros de la Comisión de Ética determinaron suspender el trámite ante dicha comisión mientras el Departamento de Justicia investiga. En especifica, la determinación de la Comisión se basó en la Sección 17 de las Reglas de Conducta Ética del Senado de Puerto Rico», se informó en declaraciones escritas.
