Impune la destrucción de patrimonio histórico por inacción del ICP en Aguadilla

AGUADILLA: La representante por acumulación Mariana Nogales Molinelli denunció el martes que la dirección del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) ha asumido una actitud de brazos caídos ante su deber de proteger el patrimonio histórico y cultural de Puerto Rico, que ha fallado en ejercer en el caso de la destrucción del tanque de melaza en el antiguo Muelle de Azúcar, en Aguadilla.

En julio de 2023, la legisladora alertó al ICP sobre el colapso del tanque tras el movimiento ilegal de terreno y depósito de relleno en los alrededores de la estructura, acciones que generaron un proceso administrativo contra la empresa Aguadilla Pier Corp., que culminó en una multa de $10,000 más $10,000 por cada día que incumpla con las órdenes de la agencia.

“Yo he estado encima del ICP dándole seguimiento a este caso porque sabemos que el dueño de Aguadilla Pier y proponente del proyecto The Cliff, Carlos Román González, es un destructor en serie que ya ha gozado de demasiada impunidad. De hecho, Román impugnó la multa y logró que se la rebajaran, pero por su incumplimiento estimo que la multa debe ir por $4 millones. Desde agosto de 2023, todavía es la hora que no ha pagado y la última gestión que hizo el ICP para cobrar la multa fue hace ya 6 meses el 23 de marzo de 2024. No parece haber voluntad del gobierno para imponer consecuencias sobre la destrucción del patrimonio histórico”, afirmó.

Nogales Molinelli añadió que, “lejos de corregir su violación conforme a la orden del ICP, Román González removió ilegalmente el remanente del tanque. En febrero de 2024, durante una vista pública, yo misma le informé al ICP que el tanque había desaparecido, por lo que había que investigar e imponer nuevas multas. En agosto, le di seguimiento y la falta de respuesta de la División Legal sobre ese asunto me da a entender que no hicieron nada. Continua la impunidad, aún en un caso con atención de la prensa. No me quiero imaginar qué ocurre con las situaciones que no son conocidas por el público”.

La abogada explicó que “esta actitud de brazos caídos parece haber comenzado bajo la dirección de Carlos Ruiz Cortés cuando dejó de convocar el Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre, que tomaba determinaciones sobre multas y ordenaba las medidas necesarias para proteger estructuras de valor histórico y yacimientos arqueológicos. Ruiz Cortés asumió la posición de que la reforma de permisos del 2009 había dejado al Consejo sin funciones, y eso es totalmente errado. Sí le quitó sus poderes sobre la permisología, pero el Consejo tenía mucho trabajo que ahora mismo no parece que se esté haciendo. Nos preocupa muchísimo, por ejemplo, que actualmente hay arqueólogos que apenas pueden trabajar porque el Consejo es el que certifica las fases de los estudios arqueológicos que pueden llevar a cabo. En cierto momento se puso en duda si esa autorización del Consejo es necesaria, pero el ICP ni siquiera hizo el trabajo de notificar su determinación al respecto y dejó en el limbo a los arqueólogos que no están en su lista de profesionales autorizados”.

Nogales Molinelli opinó que, en el clima actual, no le extraña que el ICP parezca estar atado de manos.

“El Consejo intervino en casos que involucraban a actores poderosos, como los de Paseo Caribe, Windmar y el Paseo Puerta de Tierra, porque tenía un rol importante en la autorización de proyectos de gran escala que impactarían yacimientos y estructuras históricas. No es raro entonces que haya sido una víctima del plan de desmantelamiento y saqueo que se viene implementando de la administración de Fortuño para acá. Tenemos que empezar a movernos en la dirección correcta de fortalecer las instancias que garantizan nuestro derecho y los de generaciones futuras a conocer nuestra historia, a un ambiente saludable y a poder subsistir en nuestro país”, insistió.

Nogales Molinelli denuncia represión policíaca al Campamento Pelícano de Aguadilla

AGUADILLA: La representante Mariana Nogales Molinelli (MVC/Acumulación) reclamó la intervención de funcionarios públicos y de entidades no gubernamentales en la situación que subsiste frente a los predios donde se desarrollan varios proyectos de construcción sobre la Cueva de Las Golondrinas, en Aguadilla.

Mediante una carta cursada con carácter de urgencia, la legisladora exigió el retiro de lo que calificó como “la presencia excesiva e intimidante de la Policía de Puerto Rico frente al Campamento Pelícano, el cese de acciones que violan el derecho a la libre expresión, y el apoyo de las autoridades a las gestiones que deben realizar diversas agencias para detener la destrucción de esta zona de gran valor ecológico, histórico y cultural”.

La comunicación está dirigida al Gobernador, al Secretario de Seguridad Pública, al Comisionado de la Policía, al Director Ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles, al Director Ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles en Puerto Rico, al presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y las representantes en el Congreso de Estados Unidos, Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez.

En esta, Nogales Molinelli narra los eventos que están ocurriendo desde el pasado jueves, 19 de enero, cuando la Policía cerró el paso vehicular hacia el final de la carretera 4458, que lleva al Campamento y a la entrada de los proyectos denunciados.

“El despliegue de la Policía ha sido excesivo con más de 50 agentes de diversas divisiones, incluyendo la Unidad Motorizada, División de Operaciones Tácticas y hasta la División de Arrestos Especiales y Extradiciones. Esta actuación viola el derecho a la libre expresión y la libertad de asociación de personas y agrupaciones que defienden el medio ambiente, y crea un efecto de intimidación (chilling effect) para reprimir la participación de la gente. En cuanto al cierre de la carretera, se está dificultando el libre movimiento de las personas por una vía pública, se ha prohibido el paso de vehículos con suministros para el Campamento y se está discriminando contra las personas de edad avanzada y con condiciones médicas que no pueden caminar desde tan lejos para ir a ejercer su derecho a la libertad de expresión y de asociación”, explicó la representante Nogales.

La legisladora dijo que al menos un caballero tuvo que recibir tratamiento en el hospital porque le subió la presión y le diagnosticaron pequeños infartos, luego de que se le impidió el paso en su vehículo a pesar de mostrar su carnet de persona con impedimentos.

Nogales Molinelli añadió que la Policía no le ha dado apoyo a funcionarios de agencias que han ido a realizar inspecciones del área afectada como parte de los múltiples procesos administrativos que están en curso en relación con solicitudes de permisos, la construcción ya declarada ilegal de dos estructuras y múltiples querellas.

“Ya en tres ocasiones, empleados del señor Carlos Román González le han impedido el paso al arqueólogo Juan Vera y tan reciente como ayer les negaron la entrada a miembros del Cuerpo de Vigilantes. Los procesos ante las agencias, que de por sí son lentos, se retrasan aún más por la falta de cooperación del señor Román González y la ausencia de apoyo de las autoridades a estas gestiones. Mientras tanto, la destrucción del mogote y del hábitat de especies protegidas, así como la contaminación de las aguas de la bahía de Aguadilla continúa sin que nadie la detenga. Además, de exigir el retiro de esa cantidad excesiva de policías, estamos reclamando que las agencias hagan su trabajo lo antes posible y que se les brinde el apoyo necesario para así lograrlo”, recalcó.

Nogales Molinelli monta un campamento frente a construcción ilegal sobre la cueva Las Golondrinas de Aguadilla

AGUADILLA: Ante lo que describió como “la impunidad de la cual ha gozado el destructor Carlos Román González y la inacción de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, las agencias, el Municipio y los tribunales”, la representante Mariana Nogales Molinelli (MVC-Acumulación), en su prerrogativa como representante electa por el pueblo, estableció el lunes un campamento cerca de la entrada principal de los cuatro proyectos que Román González, un presunto donante político, lleva a cabo sobre la cueva Las Golondrinas, en Aguadilla.

La legisladora explicó que esta iniciativa tiene el objetivo de exigir que se detenga: (1) la destrucción de la cueva Las Golondrinas; (2) la destrucción del mogote; (3) la invasión y destrucción de la servidumbre de las vías del tren y facilidades gubernamentales; (4) el continuo fluir de sedimentos y escorrentías provenientes de las actividades de remoción de corteza y relleno, que afectan el ecosistema marino y que fueron objeto de multas y sanciones por parte de la EPA actualmente permanecen ignoradas por Román González; (5) la actividad ilegal y sin permiso de relleno de diversas áreas que, entre otros, ha destruido y obstaculizado el camino público y municipal llamado Camino Cuesta los Lazos.

“Carlos Román González se ha agenciado impunidad total, destruyendo el medio ambiente, apropiándose de bienes de dominio público, callando a los políticos de turno con jugosos donativos, cerrando el Camino Público Cuesta los Lazos, invadiendo la propiedad de varios colindantes instalando verjas y muros en fincas ajenas, entorpeciendo los trámites administrativos y judiciales y destruyendo el túnel histórico por donde transcurría la vía del tren, que estaba en el mogote y que ha desaparecido casi en su totalidad. Hay procedimientos judiciales y administrativos contra estas construcciones ante los tribunales, el DRNA, OGPe y la EPA, así como trámites requeridos que no se han realizado ante agencias como la Comisión Federal Reguladora de Energía y, sin embargo, nada pasa. El crimen ambiental continúa. ¿Por qué nadie quiere meterle mano y detener al destructor Carlos Román González? ¿Qué poder tiene? ¿Cómo se ha agenciado decretos del Departamento de Desarrollo Económico e incentivos por millones de dólares? ¿Cómo se ha agenciado incentivos de la Compañía de Turismo por $10 millones de dólares para un proyecto que dizque era turístico, pero resulta que es residencial? ¿Tendrá que devolver ese dinero?”, cuestionó la abogada. Vea adjunto el Contrato de Incentivos Especiales por Importancia de Proyecto para Maquinaria y Equipo e Infraestructura #2021-000168.

“Mientras todo esto ocurre, se han constatado numerosas muertes de golondrinas en violación al Tratado de Aves Migratorias de 1918, Título 16 secciones 703-712 USC, y se han cortado árboles ubicados en bienes de dominio público y cercanos al farallón que albergaban nidos del pelícano pardo en violación a la Ley de Vida Silvestre y leyes que protegen las especies en peligro de extinción, afectando el área de mayor reproducción y anidaje de la especie en Puerto Rico. ¿Acaso esto no es un crimen ambiental de grandes proporciones?”, resaltó Nogales Molinelli.

La representante detalló las diversas gestiones que se han realizado para detener la destrucción pero que no han sido realmente efectivas o han sido obstaculizadas por diversos actores. “El 14 de septiembre de 2022, a instancias y en colaboración con la comunidad y organizaciones que protegen el medio ambiente, presenté la R.C. 830 para investigar estas construcciones ilegales, la cual fue aprobada por unanimidad el 14 de noviembre. Inmediatamente, le cursé una carta a la Comisión de Recursos Naturales presidida por el representante Edgardo Feliciano solicitando que se atendiera la resolución y se citara una vista ocular y vistas públicas a la mayor brevedad. Sin embargo, el 19 de diciembre, la comisión me informó durante una reunión que solicité que no atenderá la R.C. 830 en la sesión porque ‘no era una prioridad’ y al día de hoy no ha pasado nada”, explicó.

Nogales Molinelli continuó señalando que “el 7 de septiembre de 2022 el alcalde de Aguadilla Julio Roldán presentó, con las muelas de atrás, la demanda de interdicto AG2022CV01362 la cual va a paso de caracol sedado. Sabemos que el alcalde tiene una relación estrecha con Román González y recibió donativos para su campaña. Además, el destructor ha donado a las campañas del PNP y PPD. El DRNA también está realizando la investigación de la querella 22-116-CCS, en la cual se determinó que Román González tiene que demoler las estructuras que erigió temeraria e ilegalmente encima de la cueva Las Golondrinas, ocasionando que el sistema esté inestable, y que la demolición se debe hacer con la supervisión necesaria para no afectar aún más la estabilidad de la cueva. Ahí los informes y las intervenciones de los vigilantes datan del 2017 en adelante, pero a estas alturas tampoco ha habido cumplimiento de estas órdenes”.

Por otro lado, la legisladora señaló que “existe también un proceso de querella ante la OGPe con el número Q-AGUM-022-09 que tampoco se está moviendo y de la cual se desprenden serias irregularidades en la obtención de permisos, incluyendo lo siguiente: la Declaración de Impacto Ambiental está incompleta; no se obtuvo el endoso del Instituto de Cultura de Puerto Rico debido a que se proveyó información falsa al obtener permisos de emergencia en cuanto al muelle de azúcar y el tanque de almacenaje de melaza, que se reparó para que fuese un tanque de almacenaje de combustible de avión; no se respetó y se ha rellenado y destruido la vía del tren que le pertenece a la familia Dubón; hay una rectificación de cabida de la finca en la cual el destructor se ha apropiado de bienes de dominio público y muchas más irregularidades. Además, en la EPA se presentó el trámite EPA-R02-CWA-2020-3351, en el cual se advirtió a Román González que se le impondría una multa de $16,200 por no tener un plan de manejo de escorrentías y sedimentación y por contaminar mediante descargas en violación a la Ley de Aguas Limpias. Luego de esto las personas que viven cerca pudieron observar que se instalaron temporeramente unas barreras, pero luego de un tiempo las mismas brillan por su ausencia y el problema de escorrentías continúa”.

La representante añadió que la operación de un muelle para combustible de avión y toda la infraestructura de almacenaje de combustible requiere permisos adicionales que no se han obtenido ni solicitado, aunque están descritos y son el fundamento del incentivo en el contrato del DDEC 2021-000203. Por ejemplo, debe cumplir con las regulaciones de la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC, por sus siglas en inglés) en su poder de regular el transporte interestatal de combustibles, y debe notificar a los residentes de la zona que podrían verse afectados ante la posible explosión de uno de los combustibles más volátiles que existe, el combustible de avión.

“El cuento de horror del destructor no acaba y el crimen ambiental que ha perpetrado impunemente es de grandes proporciones. Por eso y por ser mi deber como representante de la gente y de quienes no tienen voz – los recursos naturales, las aves y la naturaleza – hemos decidido llevar nuestros reclamos al vórtice de la destrucción. La justicia ambiental no puede esperar ni un minuto más y el destructor y los funcionarios gubernamentales cómplices tienen que ser desenmascarados, detenidos y sujetos a responder”, reiteró Nogales Molinelli.