Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA/AAA
Durante la pasada campaña política, el hoy gobernador Alejandro García Padilla le hizo muchas promesas al pueblo. Que reduciría las tarifas de agua y luz, que crearía 50,000 empleos en 18 meses, que bajaría las contribuciones y que reduciría el IVU, entre muchas otras. Hoy, pasando revista de lo que verdaderamente han sido las ejecutorías de Alejandro García Padilla como gobernador, la historia es totalmente distinta a como fue el candidato.
Esta administración en sus comienzos, intentó echarse al bolsillo a los empleados públicos, al firmar la ley 9 de la Asociación de Empleados del ELA, la cual sacó del panorama la intervención de políticos en una institución privada, creada por servidores públicos. Esta ley le devolvió a los servidores públicos la gobernanza de dicha institución y eliminó el peligro de que nuestros ahorros depositados en la misma, fueran pasados al gobierno. Sin embargo, ese fue el único momento en que actuó en favor de los trabajadores.
El resto de sus acciones hasta el presente han sido totalmente contraria a los intereses del pueblo y de los trabajadores y que su efecto ha provocado una reducción sustancial de los salarios, no solo de los empleados públicos, sino también en el resto del país.
Primero, la aprobación de la nueva ley de Retiro de los empleados públicos le redujo las pensiones a los que estaban recibiendo ya su pensión, al eliminarle las leyes especiales como bono de verano y reducir o eliminar el bono de navidad. En el caso de los empleados públicos, sintieron su salario reducirse por el aumento de su aportación al sistema, además de poner el retiro por incapacidad en una aseguradora privada y que se les descuenta aparte de su aportación a Retiro.
Los empleados públicos somos los que hemos recibido un embate, tal vez mucho mayor que el resto del país. Recordemos que en la pasada administración se aprobó la Ley 7 para despedir empleados públicos y reducirles beneficios, ley que fue altamente criticada por todos los sectores, incluyendo al actual gobernador. Sin embargo, durante esta administración se legisló y se firmó la Ley 66, cuyo efecto agravó la situación de los empleados públicos, que aunque la misma no contempló despidos, su efecto fue idéntico, o tal vez mayor, al de la pasada Ley 7.
La Ley 66, no congeló los convenios como pasó con la Ley 7, sino que los dejó sin efecto y obligó a los trabajadores representados por sus sindicatos, a renegociar los mismos. Pero los empleados no sindicados se quedaron sin sus beneficios ya al no tener sindicatos, no se les permitió establecer algún mecanismo para negociar. Esta Ley 66 les redujo hasta un 20 por ciento el salario de los empleados públicos. Les redujo el Bono de Navidad, eliminó el Bono de Verano, las bonificaciones especiales, el pago de exceso de licencias por enfermedad y les aumentó el pago de deducibles en los planes médicos. Obviamente todas estas medidas han incidido en el salario, provocando una drástica e inmediata reducción del mismo.
Como si esto no fuera suficiente, se han aprobado incremento en los impuestos de consumo que inciden también en el salario de la gente. Podemos mencionar los varios aumentos que se han legislado para los derivados del petróleo y que conocemos como la «Crudita 1 y 2», aumento a los peajes, aumento de agua y luz, aumento en el IVU entre muchos otros, tienen el efecto de reducir el salario de los empleados, no importa si son públicos o privados.
¿Cómo vamos a levantar la economía de un país si le quitamos parte del salario a la gente con el aumento de los impuestos al consumo? ¿Cómo logramos que el que más tiene, pague más, si se le aumenta la misma cantidad a todos, ricos y pobres?
Ya hemos visto el efecto de todas estas medidas. El Departamento de Hacienda nos ha estado informando por varios meses, que no ha logrado recaudar lo estimado. Las medidas impositivas aprobadas, en vez de hacerle llegar más dinero al fisco han tenido un efecto contrario. Hoy, miles de contribuyentes no saben si su reintegro llegará. De hecho el propio secretario de Hacienda ha dicho que pagará los intereses que otorga la ley, pero que por el momento no vislumbra enviar los reintegros, así que tenemos ante nosotros otro renglón que afecta los ingresos de la gente.
Toda esta situación que hoy padece el gobierno con los recaudos, había sido advertida por los líderes obreros. Se le dijo al gobierno que menos dinero en el bolsillo de la gente, era menos dinero en el bolsillo del gobierno, porque el gasto personal se reduciría, pero no nos hicieron caso.
Hoy, estamos a ley de horas para que inicie el aumento del IVU y que desde ya, podemos decir que provocará que se agudice la crisis económica que padece el país. Lamentablemente la falta de sentido de lucha de este pueblo, es cómplice indirecto de toda esta situación, por mantenerse callados y no unirse a los grupos que levantaron su voz en contra de todo esto. ¿Hasta cuándo durará este silencio?
Ya veremos.
