¿Taxistas versus Uber? o ¿Taxistas versus el Pueblo?

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Por: Francisco (Paco) Aquino, MRC,MBA

Para nadie son extrañas las historias de “taxistas versus Uber”, y viceversa.

No obstante poco a poco el problema ha ido escalando o empeorando. Por el momento han ocurrido roturas de cristales, obstaculizar el tránsito, amedrentar e intimidar personas, entre ellas turistas; se ha afectado el comercio local con impacto internacional. Cada vez que impactamos un turista, éste se lleva una imagen aterradora de Puerto Rico.

El pasado incidente donde los taxistas bloquearon la entrada a la isleta del Viejo San Juan, definitivamente tuvo que haber afectado el comercio interestatal.

Si no me equivoco el comercio puede afectarse hasta por una transacción de ATH. También pudieron verse afectado vuelos interestatales o internacionales. En una situación histórica como la que vive nuestra isla y en un proceso de cambio de gobierno se le puede estar enviando un mensaje equivocado al mundo.

Interrumpir el flujo vehicular es un delito, ejemplo fue el caso de Peñuelas no obstante esto no significa que sea legal o correcto. En el caso de los taxistas, aparentemente se está cometiendo delito y esta acción puede ser penalizada por ley, administrativamente, mediante multas o penas más severas a través del Tribunal.

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Como consecuencia del delito se adjudica culpabilidad en ese momento es donde o te dan una multa o la Corte te impone una pena.

En un aparte se acusa a la Policía de Puerto Rico y sus homólogos municipales de inacción. Les indico que están mandados a hacer cumplir la ley y el orden. Que la inacción también es delito procesable administrativamente. No obstante, debemos reconocer que nuestra policía combate muchas situaciones diariamente. Para ellos es una delicada situación y hay que reconocer su excelente labor de mediación. Prevenir una indeseable situación es más que procesar un acto. Más allá del poder de la ley la prevención continúa siendo la mejor solución.

En virtud de los últimos acontecimientos, no existe una persona consciente que entienda que esta contienda, revuelta apatía de los taxistas no está subiendo de tono. Los medios de prensa recalcan la situación, las redes sociales explotan con videos y audios. Se dice que para que la justicia sea justa debe ser ciega, pero nuestros políticos, no. Por lo que no veo razón para esperar que alguien muera para que tomen acción.

Es cultura en Puerto Rico esperar a que algo nefasto suceda para que resuelvan un problema. Los funcionarios a cargo recuerden que su compromiso con todos sus hermanos puertorriqueños es hasta el 31 de diciembre.

Uber o los taxistas, el gran dilema.

Para concluir solo puedo decir que en Puerto Rico, Uber no tendría terreno si el servicio de taxistas fuese óptimo o altamente deseable.

Yo no los evaluare ya que de eso se está encargando el pueblo. Verifiquen las redes y sabrán que pueden cambiar los hechos a su favor provocar que la historia cambie. Recuerden los amigos taxistas que el derecho de unos pocos nunca ira por encima del beneficio de un pueblo.

Vivimos en una democracia y tarde o temprano esta se hará respetar.

Llega UBER a Mayagüez y el Oeste

UBER ya está disponible en el Oeste de Puerto Rico.

Uber ya está disponible en el Oeste de Puerto Rico.

MAYAGÜEZ: El servicio de transportación privado Uber está disponible en la Sultana del Oeste, así como en otros pueblos de la región, desde ayer jueves. El dato fue confirmado por la empresa, que había estado ofreciendo el servicio en el área metropolitana. El servicio también comenzó en Ponce y otros municipios de la zona sur.

En la parte occidental de Puerto Rico, Uber está disponible en Mayagüez, Hormigueros, Lajas, Cabo Rojo, San Germán, Añasco, Rincón, Aguada y Aguadilla.

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En el Sur, cubre a Ponce, Juana Díaz, Santa Isabel, Villalba, Peñuelas y Guayanilla.

En el Oeste, el usuario de Uber pagará una tarifa base de 70 centavos, a lo que se le suma $1 por milla recorrida y 15 centavos por minuto. La tarifa mínima por cada viaje es de $3.00.

El método de pago es a través de PayPal, tarjetas de crédito o tarjetas de débito con logo VISA o Mastercard.

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Para los residentes del Oeste, el producto que está disponible por el momento es Uber X.

La aplicación de este servicio puede ser descargada en teléfonos inteligentes o tabletas.

La columna de Iván: Uber versus taxistas… Una controversia innecesaria

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Por: Iván Vargas Muñiz, líder obrero del Oeste y miembro de la UIA-AAA

La atropellada llegada Uber a Puerto Rico, ha sido tema durante la pasada semana. La pugna generada entre taxistas y Uber ha provocado imputaciones hacia los primeros, de supuestas agresiones a los chóferes de la nueva compañía y hasta un pleito judicial entre la empresa y la Comisión de Servicio Público.

Uber entró al mercado puertorriqueño tal y como lo ha hecho en otras jurisdicciones a través del mundo, sin contar con los permisos requeridos y negándose a cumplir con las regulaciones que impone el estado a este tipo de servicio. En Puerto Rico, el servicio de transportación colectiva privada está regulado por la Comisión de Servicio Público (CSP) y en el caso de zonas turísticas, lo regula la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

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En toda esta controversia está también envuelto el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), quienes de la nada y sin siquiera estar contenido en ninguna ley, alegan tener jurisdicción sobre el asunto. De hecho, según ha dicho el presidente de la Comisión Omar Negrón, no ha habido ningún tipo de comunicación entre Obras Públicas, a pesar que se ha intentado comunicar directamente con el secretario Miguel A. Torres Díaz.

Pero más que la situación creada, hay otros aspectos que también han generado algunas reacciones. Uber es una empresa que no cuenta con empleados. De hecho, sus ejecutivos denominan a Uber como una aplicación y no una empresa. Sus chóferes son contratistas independientes que ponen una inversión, tal vez mayor a la que Uber invierte en el servicio.

Según se informa, los chóferes reciben aproximadamente un 75 por ciento de la tarifa impuesta por Uber.

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Éstos, sin embargo, tienen que utilizar su propio vehículo con los gastos que esto conlleva, pagar sus seguros y asumir los riesgos. Uber solo se encarga de recibir la solicitud del usuario, cobrarle la tarifa y pagarle lo que le corresponde al chófer. Al no ser empleados de Uber, la empresa no tiene que garantizarle ni siquiera una póliza del Fondo del Seguro del Estado, vacaciones ni licencias por enfermedad, además que tampoco está obligada a proveerle una póliza de seguro médico.

En el caso de los taxistas, estos tienen que tener unos seguros requeridos por ley, someterse a adiestramientos y otros requerimientos a los que Uber no ha tenido que cumplir. Además, al estar bajo las regulaciones de la Comisión de Servicio Público y la Compañía de Turismo, tienen que someterse a las tarifas que estas agencias imponen, algo con lo que Uber, también se niega a cumplir. De hecho,  todos los demás porteadores públicos del país están regulados por la Comisión.

Todos estamos de acuerdo que en Puerto Rico hace falta mayores fuentes de ingresos para los puertorriqueños. También hacen falta mayores medios de transportación colectiva, no solo en el área metropolitana, sino también en otras partes de la isla. Sin embargo, esto no puede ser un estímulo para violar las leyes del país, ni para darle preferencias a unos sobre otros.

Muchos han dicho que los procesos de la Comisión son lentos, que ésta ya no cumple su función en el país, incluso de parte del gobierno se han criticado los procesos de la Comisión. Pero mientras estos procesos no sean cambiados mediante legislación, las empresas que vengan a establecerse en la isla tienen que cumplir con ellos.

No se trata de defender a Uber o a los taxistas, ese no es mi propósito. De lo que se trata es que si ya unos están regulados de una manera, se debe regular al que venga por igual, de lo contrario que se eliminen las regulaciones a todo el mundo y compitan en igualdad de condiciones.

Esta controversia ha sido innecesaria, si desde el principio se hubiera establecido que a Uber se le iba a tratar idéntico a cualquier otro porteador público autorizado por la Comisión y no darle un trato especial como se ha pretendido incluso desde la propia Fortaleza.