«Muy altas» fianzas contra manifestantes arrestados en La Parguera

MAYAGÜEZ: La juez María del Pilar Vázquez Muñiz impuso una fianza global de $550 mil contra seis personas que fueron arrestadas el pasado 9 de julio mientras se manifestaban contra la destrucción de mangles y el daño provocado por las “casetas” enclavadas en la zona marítimo-terrestre y bienes de dominio público en el área de La Parguera, que culminó en un enfrentamiento con las autoridades que llegaron para dispersar a los manifestantes.

Los agentes Noel Mártir Arcelay, Leeza Rivera y Raddy De León, encabezados por el teniente Armando Morales Igartúa, director de la División Robos, Extorsiones, Delitos contra la Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del CIC de Mayagüez; y la fiscal Vanessa Rivera, sometieron las denuncias.

Los denunciados fueron identificados como:

  • Sheila Michelle Mejía Luciano, de 41 años, residente en San Sebastián, esposa del líder ambiental Eliezer Molina, a la que radicaron cargos por amenaza, obstrucción a la autoridad y el artículo 274 del Código Penal (justicia por sí mismo). A esta se le imputó que en medio de la manifestación, “arrojó agua contra los agentes y no desistió de sus acciones”. La juez Vázquez le impuso una fianza de $25 mil, que fue prestada a través de un fiador privado. 
  • Pedro Amengual Gutiérrez, de 54 años, vecino de Guaynabo, quien enfrenta cargos por amenaza, intimidación y violencia, agresión e infracción a la Ley de Armas. Contra este se alega que agredió al agente Vidal Vázquez, de la División de Arrestos Especiales. Se le impuso una fianza de $100 mil, que pagó a través de un fiador privado. 
  • Iona Fournier Gómez, de 20 años, de San Lorenzo, a la que le radicaron cargos por daños agravados, amenaza, intimidación y agresión. La Policía y el Ministerio Publico alega que esta joven presuntamente le causó daños a la caseta que aparece a nombre Irma Mercedes Llavona Rivera (suegra de la comisionada residente Jenniffer González) y alegan que agredió al agente Vidal Vázquez. A la joven Fournier Gómez se le impuso una fianza de $200 mil, que prestó con la ayuda de un fiador privado. 
  • Imalay Arroyo Surita, de 26 años, residente en Cabo Rojo, se le radicaron cargos por amenaza, intimidación e infracciones a la Ley de Armas. A esta se le atribuye haber agredido con una tabla al agente José Martínez Rivera, del cuartel de Lajas. Se le impuso una fianza de $100 mil, que prestó.
  • Juan Edil Rodríguez González, de 52 años, vecino de Mayagüez, enfrenta denuncias por amenaza, intimidación y daños agravados. A Rodríguez se le acusa de “causarle daños” a la caseta de Llavona Rivera y se le impuso una fianza de $50 mil, que también pagó. 
  • Franchesca Vélez Ramírez, de 34 años, de Lajas, a la que le sometieron denuncias por amenaza, intimidación, y agresión, por presuntamente agredir al agente Vidal Vázquez. Vélez tuvo que pagar a través de un fiador privado una fianza de $75 mil.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 3 de agosto en el Tribunal de Mayagüez.

Muy altas las fianzas

Tras la radicación de los cargos, el licenciado Gabriel Olivieri, uno de los abogados de los manifestantes, calificó como altas las fianzas impuestas por la juez Vázquez Muñiz, recordando que las fianzas son una garantía de comparecencia y que todos los que procesados han estado disponibles cada vez que se les ha citado por las autoridades.

“Entiendo que la fianza pudo haber sido menor. Más bajitas, porque estas personas fueron citadas a comparecer la semana pasada, el día 12, para que se viera la vista… Ellos vinieron y los fiscales suspendieron el caso, porque no estaban preparados la semana pasada. Luego de ese día 12, nos citaron para hoy (ayer), 20, y todos vinieron otra vez. Y esto es evidencia de que estas personas no van a fugarse… No van a ausentarse a los procedimientos. Ellos han venido voluntariamente y la jueza pudo haber puesto una fianza más bajita”, comentó el licenciado Olivieri durante una entrevista con el periodista Frank Gaud, que fueron reproducidas en el programa Con Base y Fundamento por WKJB 710.

DRNA pide al Gobernador que no firme proyecto que privatiza zona marítimo-terrestre de La Parguera

La secretaria del DRNA, Carmen Guerrero, le pidió al gobernador Alejandro García Padilla que no firme el proyecto que privatiza la zona marítimo-terrestre en La Parguera (Fotomontaje LA CALLE Digital).

La secretaria del DRNA, Carmen Guerrero, le pidió al gobernador Alejandro García Padilla que no firme el proyecto que privatiza la zona marítimo-terrestre en La Parguera (Fotomontaje LA CALLE Digital).

LA PARGUERA: La secretaria de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Carmen R. Guerrero Pérez, expresó que a pesar de que la agencia considera necesario que se encaminen soluciones para la controversia de las casas y muelles ilegales que sitúan en el agua y terrenos de dominio público de La Parguera, recomendará al gobernador Alejandro García Padilla que no firme el proyecto que privatizaría esa zona porque es inconstitucional.

La titular explicó que “el proyecto del Senado 1621, aprobado en la Cámara de Representantes durante los últimos días de la sesión, es incompatible con la Constitución de Puerto Rico y la naturaleza de los bienes de dominio público marítimo terrestre que pertenecen a todo el Pueblo de Puerto Rico”.

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Dijo que la legislatura no consultó al Departamento de Justicia sobre este proyecto ni les pidió comparecer a vistas públicas a pesar de que es la agencia que representa los bienes y los derechos del pueblo.

La planificadora indicó en un comunicado de prensa que este proyecto de ley atiende de forma exclusiva las residencias privadas de La Parguera, pero tendrá implicaciones en la posible privatización de los bienes de dominio público marítimo terrestres en las playas y las costas de todo Puerto Rico.

Durante las vistas legislativas, el DRNA se opuso a que solo se privilegie a propietarios de La Parguera, sino que recomendó que se apruebe una nueva Ley de Costas que nos permita trabajar de forma uniforme, consistente y balanceada con todas las ocupaciones legales e ilegales en la zona marítimo-terrestre en Puerto Rico.

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“Este asunto debe atenderse de forma integral y responsable y no con unas pequeñas enmiendas a la Ley orgánica del departamento. Las implicaciones de este proyecto de ley son serias y debieron ser atendidas con mayor tiempo y profundidad del provisto durante esta sesión legislativa.  Mientras en diversos países del planeta establecen retiros de la costa por los riesgos del cambio climático, el aumento en el nivel del mar y la erosión costera, con este proyecto de ley estaríamos legalizando lo ilegal encima de nuestras playas y costas”, manifestó la titular.

“Tanto el DRNA como el Plan Ambiental del gobernador Alejandro García Padilla han recomendado en los pasados años que se desarrolle una nueva Ley de Costas para Puerto Rico. Esta nueva Ley de Costas debe dar una directriz clara al DRNA sobre cómo atender todos los tipos de ocupaciones en la zona marítimo terrestre de cara al futuro y unirnos a los esfuerzos internacionales para proteger a la ciudadanía de riesgos costeros, al aumento del nivel del mar y la erosión costera”, señaló Guerrero Pérez.

Recordó que en nuestro ordenamiento jurídico no se puede impedir el derecho al libre acceso de nuestras costas y playas, las cuales además del gran valor natural y ecológico que albergan, son uno de los más grandes atractivos turísticos de nuestra Isla, permitir que los dueños de casas ocupen los bienes de dominio público es atentar contra ese derecho.

DRNA no recomienda proyecto de ley que privatiza zona marítimo-terrestre, playas y costas

El DRNA asegura que el proyecto es inconstitucional y que hay medios para trabajar con la situación de La Parguera (Archivo).

El DRNA asegura que el proyecto es inconstitucional y que hay medios para trabajar con la situación de La Parguera (Archivo).

LA PARGUERA: La secretaria de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la planificadora Carmen R. Guerrero Pérez, expresó que a pesar de que la agencia considera necesario que se encaminen soluciones para la controversia de las casas y muelles ilegales que sitúan en el agua y terrenos de dominio público de La Parguera, no favorece el proyecto de ley que privatizaría los bienes de dominio público en esa zona.

La funcionaria explicó que el proyecto del Senado 1621 ante la consideración del Senado, es incompatible con la Constitución de Puerto Rico y la naturaleza de los bienes de dominio público marítimo terrestre que pertenecen a todo el Pueblo. A esos efectos, recomendó que se solicitara una consulta formal al Departamento de Justicia por ser la agencia que representa los derechos y bienes del pueblo.

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Guerrero manifestó su disposición para reunirse con la Asamblea Legislativa, grupos técnicos, científicos, comunitarios y de interés para discutir más en detalle las estrategias de manejo que vayan dirigidas a reducir significativamente los impactos en el ambiente, la vida y la seguridad que ocasionan la construcción ilegal de estructuras en la zona marítimo-terrestre, así como a fomentar el turismo, en especial el de naturaleza.

Afirmó que en la actualidad ya existe una zonificación especial turística para La Parguera aprobada por la Junta de Planificación.

“Tanto el DRNA como el Plan Ambiental del gobernador Alejandro García Padilla han recomendado en los pasados años que se desarrolle una nueva Ley de Costas para Puerto Rico. Esta nueva Ley de Costas debe dar una directriz clara al DRNA sobre cómo atender todos los tipos de ocupaciones en la zona marítimo terrestre de cara al futuro y unirnos a los esfuerzos internacionales para proteger a la ciudadanía de riesgos costeros, al aumento del nivel del mar y la erosión costera”, señaló la titular.

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Recordó que en el ordenamiento jurídico puertorriqueño no se puede impedir el derecho al libre acceso de las costas y playas, las cuales además del gran valor natural y ecológico que albergan, son uno de los más grandes atractivos turísticos de la Isla.

El 13 de junio de 1978, el Gobierno de Puerto Rico y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos de Norteamérica (USACE, por sus siglas en inglés), suscribieron el Memorando de Entendimiento del Área Recreacional La Parguera (MOU) que dispone que el gobierno se comprometió a remover toda estructura abandonada, insegura o peligrosa de las aguas y manglares de La Parguera y, dentro de 12 años desde la firma del MOU, eliminar toda tenencia privada en la ribera.

El USACE, a su vez, se comprometió a no conceder permisos para residencias o muelles privados construidos luego del 9 de julio de 1977 en las aguas costeras navegables de La Parguera; tampoco se concederían para estructuras privadas construidas en las aguas navegables alrededor de las islas y cayos cercanos. Todos los permisos concedidos por el COE con antelación al MOU a dueños de muelles, casas y otras estructuras privadas serían nulos luego del 1 de enero de 1980.

Mencionó que hay preocupación con el hecho de que el proyecto dispone que puedan otorgarse concesiones por términos renovables de 40 años porque podría constituir una privatización de los bienes de dominio público marítimo terrestre, así como una desafectación de facto de los mismos y contraviene con la naturaleza pública de los mismos.

Otro de los elementos que genera preocupación al DRNA es que el proyecto presenta la posibilidad de que se hagan reparaciones de las estructuras actualmente construidas porque deja la puerta abierta para que se hagan restauraciones o reconstrucciones completas de las estructuras ilegales.

Guerrero Pérez recalcó que las estructuras ilegales en la zona marítimo-terrestre han representado un impacto sobre los derechos del pueblo al libre uso y disfrute de nuestras playas, y un riesgo a la seguridad pública del país. Algunos de esos problemas son: la reducción parcial o total de los accesos a la costa y las playas; el menoscabo de la integridad de los sistemas naturales típicos de la costa, reflejado por el vertido, sin autorización o de aguas residuales; el incremento en los riesgos a la seguridad pública y de la propiedad, resultantes de construcciones y desarrollos dentro de la zona marítimo terrestre que ocasionan la erosión y degradación del litoral, son algunos de los problemas que caracterizan este tipo de actividades. Estos riesgos se ven acrecentados hoy día por los efectos adversos del cambio climático, incluyendo el aumento en el nivel del mar y la intensidad y magnitud de eventos extremos del clima, los cuales aumentan la vulnerabilidad y los riesgos a la vida y la propiedad de las personas que se encuentran ocupando de manera ilegal la zona marítimo terrestre.