Intentar amedrentar a un ciudadano para obligarle a pagar algún compromiso económico con el estado, es tan deplorable como las actuaciones de aquel funcionario corrupto acostumbrado a lograr lo que desea a fuerza de presionar la entrega de dinero para lucro personal. Ambos lados de la moneda son igual de censurables y deben ser castigados por las leyes. Ser empleado del gobierno responsable de gestionar el cobro de deudas fiscales, es un asunto tan delicado como llevar una copa de cristal sobre la cabeza en medio del tráfico.
Con sus contadas excepciones, Puerto Rico es uno de los lugares del mundo donde los funcionarios y empleados de Hacienda gozan de una bien ganada reputación de honestidad. Sin embargo, hay algunos empleados de agencias encargadas de tramitar el cobro de diferentes servicios y contribuciones que han adoptado el papel de «dioses del Olimpo».
Han llegado a creer que la palabra destemplada, las amenazas de acudir a los tribunales y una actitud arrogante son requisitos indispensables para llevar a cabo ese tipo de tarea. Nada más lejos de la realidad. Uno puede ser un excelente cobrador de impuestos sin recurrir a poner en tela de juicio el buen nombre de la persona a quien acude a visitar en su oficina o negocio.
Se dan casos de funcionarios gubernamentales que se presentan a los lugares portando armas de fuego y queriendo ostentar la misma autoridad de la Policía o el FBI. No sé cuando, ni quién los invistió con el poder de tratar a las personas como vulgares delincuentes. Entendemos que las agencias pertinentes deben orientar a sus empleados fiscalizadores sobre el rol que deben desempeñar cuando van a la calle. Es muy malo, que un funcionario público abuse del poder conferido, cuando el ciudadano a quien maltrata contribuye al salario que ese funcionario recibe.
