MAYAGÜEZ: Aprobar una medida legislativa para hacer compulsorio que la señal de las televisoras del gobierno esté sintonizada de manera preferente en las oficinas de agencias y dependencias públicas, es un acto peligroso que pone en riesgo la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a seleccionar lo que desea ver y escuchar. Incluso, puede considerarse como una acción antidemocrática que coloca en desventaja a los medios de comunicación privados que no pueden invocar el mismo privilegio.
Si lo que se interesa es promover la programación de los canales de radio y televisión del Pueblo de Puerto Rico, lo primero que debió evaluarse es la calidad de lo que dichos medios, alegadamente educativos, difunden para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños.
No ponemos en duda las buenas intenciones del representante mayaguezano Charlie Hernández, de conceder trato preferencial a Puerto Rico TV sobre las demás televisoras comerciales que operan en la isla. Sin embargo, pretender atosigarle a la gente los programas de las emisoras del ELA, sin un estudio objetivo y alejado de los vaivenes políticos no tiene cabida en un país que se distingue por su respeto a las libertades de prensa y expresión.
Nuestra recomendación, que Puerto Rico TV, solicite de la Comisión Federal de Comunicaciones un cambio en su licencia para operar como entidad con fines de lucro y se enfrente de tú a tú con las demás teledifusoras de la isla.
Finalmente, de persistir como ley que en las oficinas del gobierno los televisores estén sintonizados en las frecuencias de Puerto Rico TV, creando así una audiencia cautiva y por ende, ficticia, las empresas a cargo de medir audiencia deben tomar en cuenta aspecto tan importante. Después de todo, las emisoras del Pueblo pudieran resultar más atractivas si se les permite competir en igualdad de condiciones con las comerciales. Recuerde, distinguido amigo Charlie Hernández, que lo bueno no necesita ser legislado.
