Desde épocas remotas y cuando los políticos solo dependían de los mitines en las esquinas para poder costear sus campañas a puestos electivos, han existido los llamados comités de recaudación de fondos y los grupos de simpatizantes que hacen rifas, venden bizcochos y hasta frien bacalaos y alcapurrias para generar dinero. En tiempos de antaño los candidatos a puestos electivos no podían soñar con los grandes contribuyentes del presente que invierten «hasta la camisa» para lograr la victoria de sus protegidos.
No hay nada malo ni ilegal que un alcalde o legislador dependa de un comité de amigos para levantar recursos muy necesarios para acceder a medios tan costosos como los diarios impresos, la televisión y más recientemente los sistemas de cable. Si esos llamados comités obran fuera de horas laborables y sin afectar su agenda de trabajo regular, nada tiene de pecaminoso vender boletos para un bingo, el sorteo de un plasma, donas azucaradas y un auto de último modelo, que por lo regular, pocos conocen quien se lo gana.
Ahora, resulta preocupante que en determinado municipio de la isla, un funcionario haya sido sorprendido-y grabado-mientras «aconsejaba» a sus compañeros de labores a adquirir boletos para un bingo y otros eventos, a cambio de no poner en peligro la evaluación de tareas, y por ende, el puesto de trabajo. Eso es ilegal a todas luces y no debe quedar como un chisme de barrio. Compete a las autoridades correspondientes iniciar la pesquisa de rigor, aparte de citar al primer ejecutivo municipal para que ofrezca su versión sobre el asunto.
Claro que no hay nada de malo que un funcionario público gestione de forma lícita recursos para pagar la campaña eleccionaria que se avecina. Lo insólito es que alguien trate de lograr ayuda económica bajo amenaza o coacción.
