Hasta que empuñaron una pistola e iniciaron los tiroteos, James Holmes (Colorado) y Michael Page (Wisconsin) no eran sospechosos de sufrir problemas mentales y habían obtenido sus armas personales de manera legal.
No es sencillo esquivar una de las piedras angulares del sistema democrático estadounidense: la Constitución, cuya Segunda Enmienda (1791) garantiza el derecho a portar armas por la necesidad de “una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre”.
Este párrafo, como explicó el periodista de la VOA Jim Malone en su blog, cuando la polémica resurgió fue interpretado de dos maneras distintas durante décadas: por un lado, los simpatizantes del control de armas defendían que la definición se refería a las milicias propiamente organizadas, mientras que los partidarios de la libertad para portar armas de fuego consideraban que había que aplicar su significado literal.
En el año 2008, la Corte Suprema de los EE.UU. dio la razón a estos últimos, y dio vía libre a cualquier individuo para poseer armas sin que el gobierno interviniese.
Tras cuatro tiroteos consecutivos, políticos y expertos en Derecho vuelven a debatir en torno al problema del control de armas. Y hoy en día, sin modificaciones legales, parece haber una única manera de evitar otra catástrofe, según el profesor de Derecho Constitucional de la UCLA, Adam Winkler: reforzar los llamados background checks o la revisión de los antecedentes que se le hace a todo comprador de un arma.
“La constitución es muy importante para proteger los derechos de los individuos, pero no tiene por qué impedir que se adopten leyes públicas que refuercen la seguridad. Los padres fundadores tenían leyes de control de armas. No hay ninguna duda de que deberíamos crear leyes federales para protegernos de los perturbados mentales”, explicó Winkler a la Voz de América.
El especialista, autor del libro “La lucha de las armas: la batalla sobre el derecho de poseer armas en Estados Unidos”, considera que habría mejoras considerables si se tuviese “una mejor base de datos de problemas de salud. En la actualidad, el sistema de revisión no tiene toda la información que debería tener, por lo que una persona perturbada puede obtener una pistola ocasionalmente”.
Para Winkler, “no hay una ley perfecta”, pero está seguro de que reforzar el sistema de revisión ayudaría a evitar algunas de estas tragedias. Además, considera que existe un incentivo legal para hacerlo, ya que “la mayoría de las personas que poseen armas no quieren vendérselas a criminales, porque si esa persona comete un crimen posteriormente, serán multados con una gran cantidad de dinero”.
No vamos a conseguir eliminar las masacres, añadió el experto, «pero podemos hacer algunos progresos”.
Disposición política
Los remedios pasan siempre por la actitud de los políticos para llegar a un acuerdo legislativo; una esperanza endeble en la que entran en juego factores estratégicos.
Como Malone apuntaba hace unos días, el debate podría no tener ninguna dirección y quedarse estancado, como ocurrió en otras tantas ocasiones en las que se produjeron masacres similares.
“Muchos expertos políticos predicen que cuando el debate pasa al control de armas, poco se hace. En los últimos 20 años, parece haber habido un cambio radical cuando se trata del gran apetito por las leyes de control de armas, en gran parte gracias al políticamente astuto lobby de armas, liderado, por supuesto, por la National Rifle Association (Asociación Nacional del Rifle, NRA por sus siglas en inglés)”, escribió Malone.
A pesar de haberse vivido situaciones similares, el acuerdo nunca se ha alcanzado por diversas razones, entre las que se encuentran las electorales, como explica Israel Ortega, experto político de la Fundación Heritage.
“Si se miran las encuestas y la trayectoria de la opinión pública respecto a este tema, los americanos reconocen que controlar las armas no asegura que vaya a haber menos violencia o menos crímenes. Si el presidente Obama tratase de enfrentar este tema o lidiar con él, aunque esté a favor del control de armas, perdería el apoyo de muchos americanos”, aseguró a laVoz de América, y aclaró que las regulaciones en este tema son diferentes en cada estado.
En un país en el que, según Ortega, existe una posición “muy intensa” respecto al Estado de Derecho, modificar las leyes de control de armas pasa por cambiar la opinión pública. “Hasta que eso no cambie, hay poco margen para que se aprueben medidas a nivel federal”, y menos, agregó, en una campaña (electoral) en la que los temas principales son “la economía y el desempleo”.
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