Demanda federal exige se declare a Puerto Rico territorio incorporado y reclama que desista el discrimen contra los ciudadanos americanos.
San Juan- Miembros de la organización no partidista Generación 51, a través de los ciudadanos Ildelfonso Colón Jr. y Ernesto R. Rivera Gandía, radicaron una demanda contra el Gobierno Federal para que se declare a Puerto Rico un territorio incorporado y reclaman que el Congreso no discrimine contra los ciudadanos americanos residentes en el archipiélago puertorriqueño en cuanto a la creación de leyes por parte de la Rama Legislativa federal. Estos puntualizaron que toda medida aprobada por el cuerpo legislativo federal que no conceda igual protección de ley a los puertorriqueños debe ser declarada inconstitucional y enfatizaron en el cese de todo discrimen que establezca y promueva las leyes adoptadas por el Congreso.
De otra parte, el portavoz de Generación 51, Edwin Pagán manifestó: “Este es el momento de provocar la crisis legal por la vía judicial que contribuya a mover al Congreso, el Tribunal Federal y al Presidente a erradicar el discrimen y las injusticias sostenidas por decisiones como la de Harry versus Rosario y las leyes que mantienen el trato desigual a los ciudadanos americanos residentes en la isla.
Tras reconocer el condecorado servicio militar por parte de los puertorriqueños, que al igual que ellos han servido a la Nación, como la tropa 65 Infantería, los demandantes cuestionaron en su acción judicial los llamados Casos Insulares, por su clara doctrina discriminatoria en violación a la igual protección de leyes que surge de la Constitución Federal. Así mismo, Colón Jr. y Rivera rechazaron cualquier acción que el Presidente y el Congreso Federal puedan protagonizar que permita el discrimen económico y geográfico contra los 3.6 millones de ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico, mientras afirmaron el mandato electoral pleno del 6 de noviembre de 2012.
Por otro lado, el licenciado John Mudd, representante legal de los demandantes, sostuvo que “Ni el Presidente ni el Congreso tienen la autoridad de prender y apagar la Constitución Federal a su discreción, sino, que los poderes de los mismos están sujetos a la Carta Magna federal, según lo resuelto en el caso de Boumediene v. Bush, 533 U.S. 723 (2008)”. También refirió el letrado que “Cualquier acción del ejecutivo o el legislativo federal que pretenda determinar unilateralmente la aplicación de la Constitución representa una violación a la igual protección garantizada por la quinta enmienda de la Constitución.”
Al concluir, el licenciado Mudd sostuvo que los demandantes Colón Jr. y Rivera afirman en su demanda que “La incuestionada decisión del Juez Gelpí del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, en Consejo de Salud de Playa de Ponce v. Rullán, establece la evolución del territorio por las continuas y repetidas acciones congresionales de anexión lo que ha llevado, de facto, a Puerto Rico a ser un territorio incorporado lo que les permitiría recibir sus beneficios de Seguro Social Suplementario “SSI” y el “Earn Income Tax Credit” como cualquier otro ciudadano americano residente en cualquiera de los estados de la Unión.” Este pleito fue radicado el miércoles en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico.
