A pesar del dictamen de la Comisión de Etica de la Cámara, donde se recomienda una sanción de 10 días en el pago de dietas a dicho legislador y que el político ofrezca disculpas públicamente, el gobernador Luis Fortuño, entiende prudente someter al Departamento de Justicia, el expediente de la reciente investigación contra el representante del PNP José Luis Rivera Guerra. Aunque fue cuidadoso en sus declaraciones, el primer mandatario deja en manos de Justicia el examen de los documentos a fin de establecer si hubo violaciones al Código Penal.
El gobernador declinó polemizar sobre la decisión de la comisión presidida por la legisladora Liza Fernández, quien concluyó que Rivera Guerra no violó ley alguna, aunque no fue diligente al tramitar los permisos de construcción y uso para dos residencias localizadas en Moca y Aguadilla. Al representante por el distrito 18, se le imputaba el uso ilegal de los servicios de agua y energía eléctrica, aparte de no pagar las contribuciones al CRIM por las estructuras edificadas sin los debidos permisos.
Surgió de la evidencia sometida por el querellado y los testimonios de funcionarios de la AAA y la AEE, que el señor Rivera Guerra vive en terrenos pertenecientes a un familiar, por lo que su condición de arrimado no constituye delito en Puerto Rico. Trascendió además de la pesquisa, que investigadores de ambas corporaciones públicas nunca detectaron pillos de luz y de agua, por lo que no se configuran violaciones a las leyes.
Aún con la decisión tomada por la Comisión de Etica, el gobernador cree necesario por la pureza del procedimiento, que sea el Departamento de Justicia, quien revise el expediente contra Rivera Guerra y proceda a emitir una opinión. En tanto, Rivera Guerra permanecerá en su escaño por los pueblos de Aguadilla y Moca.
