En aparente referencia al caso del representante novoprogresista José Luis Rivera Guerra, quien aceptó estar disfrutando de los servicios de luz y agua potable a través del método de arrimo, la Autoridad de Energía Eléctrica anunció esta semana, que habrá de intensificar la «guerra» contra el hurto de luz en Puerto Rico. Otoniel Cruz, Director Ejecutivo de la mencionada corporación pública, se limitó a reir cuando fue inquirido por un periodista sobre el término «guerra» y si el mismo aplica al legislador por Aguadilla-Moca.
Hasta ahora no existen pruebas de que Rivera Guerra haya incurrido en el robo de ambos servicios esenciales ya que suplirse de agua y energía desde otra propiedad no constituye delito, si la persona responsable del pago así lo autoriza. Luego de esto, tanto AAA como la AEE, piden a la Legislatura que el arrimo sea declarado delito; y de convertirse en ley, no podrá aplicársele retroactivamente a Rivera Guerra.
Son varios los casos de conocidas figuras del gobierno en cuyas propiedades se han detectado pillos o alteración de los contadores de agua y luz, pero al final el problema se dilucida antes de llegar a los tribunales. Sin embargo, en lo que concierne al representante Rivera Guerra, hay individuos en la actual administración que están «rebuscando» los reglamentos de la AAA y la AEE para ver como pueden encausarlo criminalmente.
El legislador mocano ha estado en medio de una tormenta política desde que un aspirante de su propio partido lo acusó mediante querellas de estar haciendo uso ilegal de los servicios antes mencionados, no obtener los permisos para construir dos casas y negarse a pagar el CRIM. Una investigación cameral solo recomendó que Rivera Guerra, fuese suspendido por 10 días del pago de dietas al no hallar evidencia de delitos.
Si bien es cierto que la AEE está en el deber de perseguir a quienes se «roban» la luz en la isla, algunos abonados sostienen, que es la propia agencia quien propicia el hurto de energía al facturarle abusivamente a sus clientes.