Por: Iván Vargas Muñiz, líder sindical del Oeste

Como líder sindical con 30 años de experiencia en estas luchas, he podido ver los años de gloria, así como los ataques hacia los trabajadores del país.

En todos estos años, los sindicatos han jugado un papel importante, no solo en la defensa del derecho de sus trabajadores, sino también en el beneficio del pueblo.

Puedo decir que vi la huelga de la Mayagüez Dairy, ya desaparecida; Fortunata (primer intento de privatización de la Telefónica); la huelga de la Telefónica y su eventual privatización; la privatización de la AAA y luego la huelga de 84 días. Fueron tiempos difíciles, pero había cierta apertura a dialogar de parte del gobierno-patrono.

Hoy estamos viviendo uno de esos momentos más álgidos y complicados en el ámbito laboral. No se trata simplemente de una privatización más. Ese es un proceso donde el único que gana es la compañía y pierde el pueblo y los trabajadores. Un proceso donde se les quita los derechos adquiridos, se les envía a trabajar a áreas que no tienen ni conocimientos ni experiencia, y en algunos casos áreas distantes provocando una renuncia o un despido tácito o constructivo.

Se perfila que los próximos en la lista de privatización somos los empleados de la AAA. Están esperando culminar el proceso de la AEE, conocer que finalmente pasa con los procesos judiciales, para entonces salir con un anuncio formal.

Siempre he estado en contra de la privatización de servicios básicos, no porque lo privado sea peor o mejor. Los servicios de agua y luz deben estar en manos públicas porque es la única manera que no se entre en la especulación de precios y que se le garantice que se le pueda llevar el servicio, en la medida posible, a lugares lejanos de las ciudades.

Los empleados públicos tenemos esa vocación de servir que no nos la quita ningún privatizador, ni gobierno antiobrero. Pero si nos quitan nuestro trabajo, obviamente el servicio al País que trae una empresa privada jamás será igual si no cuenta con los empleados existentes.

Esta es una ola que ha ido creciendo a través de los años y que me parece que resistir en momentos como los que estamos viviendo, en los que el gobierno muy hábilmente ha traído su gente a trabajar en las agencias y corporaciones públicas para ir debilitando el movimiento obrero. Esto nos debe poner a reflexionar que es lo que debemos hacer como sindicatos.

Tenemos que empezar a actuar con cabeza fría, tomar decisiones de manera sosegada, sin apasionamientos, sin agendas, sin juicios previos. Tenemos que poner sobre la mesa todas las alternativas, evaluar los pros y los contras de todas y cada una de ellas y mirar la que más beneficie al trabajador.

Llevamos en Acueductos sin negociar un nuevo convenio colectivo desde el 2015, por causa de las leyes 66, 3 y 26 aprobadas por los gobiernos García Padilla-Rosselló Nevares que además nos quitaron otros derechos y beneficios.

El 1 de julio se supone que empecemos a negociar un nuevo convenio, pero las condiciones impuestas son bajo la Ley 26 y Ley 3, quiere decir “nada económico”. Expiran 99 convenios colectivos el 30 de junio, lo que significa que hay una avalancha de negociaciones a partir de julio.

Bajo ese escenario, tenemos que reflexionar si podemos buscar algún tipo de negociación con la empresa privada manteniendo el estatus de empleados de gobierno, manteniendo nuestro sistema de Retiro, pero que los salarios los pague el privatizador, o si estamos dispuestos a irnos privados total, o simplemente nos vamos a tirar a la calle en contra de la privatización de Acueductos.

Tenemos que quitarnos las vendas de los ojos para poder decidir lo mejor para la clase trabajadora.

O surfeamos, o nos hundimos. Hay que decidir…