MAYAGÜEZ: Con el fin de buscar detener la violencia de género y los aumentos en casos de feminicidios en el país a pesar de un sinnúmero de medidas convertidas en ley de su autoría, la senadora Migdalia González Arroyo (PPD/Distrito Mayagüez-Aguadilla), que preside la Comisión de Asuntos de las Mujeres, radicó el Proyecto del Senado 1467 que busca enmendar la Ley 25-1992, según enmendada, conocida como “Ley para el Egreso de Pacientes de SIDA y de otra enfermedades en su etapa terminal que están confinados en las Instituciones Penales o internados en las Instituciones Juveniles de Puerto Rico”.

La enmienda busca requerir que toda persona mayor de edad excarcelada al amparo de esta Ley, cuya sentencia esté siendo cumplida por violación a las disposiciones de la Ley 54 de Violencia Doméstica, tenga que cumplir su pase extendido utilizando un dispositivo de supervisión electrónica mediante el Sistema de Posicionamiento Global, (GPS en inglés) o cualquier otra tecnología que cumpla con esos fines.

“Al radicar esta medida buscamos que mediante esta Ley se imponga la obligación de que el egresado, cuya sentencia sea por violación a la Ley 54, o por asesinato, agresión sexual, pornografía infantil o maltrato de menores, tenga que utilizar durante el tiempo que reste su sentencia, aunque la esté cumpliendo mediante el pase extendido, un dispositivo de vigilancia electrónica ya sea mediante el sistema de posicionamiento global o cualquier otro similar. Esta medida, además de prever situaciones delictuales sirve como un disuasivo a aquellas personas que están disfrutando del privilegio que establece la Ley”, expresó la senadora González en comunicación escrita.

La enmienda sometida por la senadora del distrito occidental de la Isla dice que, “Si la persona egresada es mayor de edad, y está cumpliendo sentencia por violación a las disposiciones de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, o a los Artículos 92, 130, 131 y 133 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, o al Artículo 53 de la Ley 57-2023, según enmendada, conocida como “Ley para Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores”, tendrá que cumplir su pase extendido utilizando un dispositivo de supervisión electrónica mediante el Sistema de Posicionamiento Global conocido por sus siglas en inglés como GPS, o cualquier otra tecnología que cumpla con esos fines”.

La legisladora dijo que la violencia de género en Puerto Rico ha seguido en aumento.

“La crisis es real e insostenible, y presenta una situación de emergencia en el país que requiere la intervención inmediata y certera del Estado. Nuestro récord legislativo es claro, hemos trabajado para solucionar la situación, pero hace falta voluntad del gobierno. No podemos permitir que se pierda una vida más”, finalizó la senadora González.

MAYAGÜEZ: La Comisión de Asuntos de las Mujeres, que preside la senadora Migdalia González Arroyo, realizó una vista pública para analizar una medida que busca reducir a 24 horas el término para solicitar y celebrar una vista de causa probable en alzada en casos bajo la Ley Núm. 54. 

“Hay un compromiso de parte del Senado de Puerto Rico de trabajar con el asunto de la violencia de género y nuestro propósito [con esta medida] es reducir la vulnerabilidad de las víctimas”, afirmó González Arroyo. 

Durante la audiencia, el secretario del Departamento de Justicia (DJ), Domingo Emanuelli, endosó el Proyecto del Senado 1402 con algunas recomendaciones. 

“Puntualizamos que estamos a favor de toda propuesta legislativa que busque proveer más y mejores mecanismos de protección a favor de las víctimas de violencia doméstica en Puerto Rico. Así pues, concurrimos con la intención del proyecto de dirigir esfuerzos hacia ese objetivo”, expresó Emanuelli. 

Sin embargo, el funcionario sostuvo que “estimamos que la propuesta según presentada en el proyecto, estableciendo un término de 24 horas para solicitar y celebrar una vista de causa probable en alzada podría ser demasiado restrictivo en algunas instancias”. 

A modo de ejemplo, Jessica Correa, jefa de los Fiscales del DJ, mencionó que el término de 24 horas podría presentar una serie de retos y dificultades al momento de comunicarse con el testigo y poder citarlo para que comparezca a la vista en alzada a tiempo. “Si por alguna razón no se logra comunicación con el testigo adicional o el testigo no puede comparecer en tan corto tiempo, se podría frustrar la intención de agilizar los procesos criminales de violencia doméstica”, advirtió Emanuelli. 

Igualmente, Correa manifestó que “nos parece más adecuado que cuando se determine que no existe causa probable para arresto o se determine cusa probable para arresto por un delito inferior o distinto al imputado, la celebración de la vista en alzada sea en un término que no exceda de tres días laborables desde solicitada la vista. Asimismo, recomendamos que dicho término de tres días laborables aplique independientemente de si el Ministerio Público solicitó la vista en alzada en sala o mediante moción”. 

Por su parte, Giselle Rosa González y Danira Muñíz, de la Oficina de Legislación y Reglamento de la Administración de los Tribunales, aseguraron que el Poder Judicial cónsono a su política, ha adoptado medidas administrativas para uniformar los procesos aplicables a los casos en los que se imputa la comisión de delitos tipificados bajo la Ley 54. 

“Recientemente, los jueces administradores y las juezas administradoras de las 13 regiones judiciales implementaron de manera coordinada con la Oficina de Administración de los Tribunales, órdenes administrativas para uniformar los procesos administrativos aplicables a la celebración de las vistas de determinación de causa probable para arresto en alzada cuando se imputa la comisión de un delito al amparo de la Ley 54. Entre las directrices incluidas se dispone que, si el Ministerio Público solicita en sala una vista de causa probable para arresto en alzada bajo la Regla 6(c) de las de Procedimiento Criminal, el tribunal pautará Ia vista en alzada para una fecha que no exceda de tres días laborables”, dijeron las funcionarias durante su ponencia. 

Asimismo, explicó que se citará una audiencia para una fecha que no exceda los tres días laborables “en los casos en que el Ministerio Público solicite al tribunal una vista de Regla 6 en alzada mediante la presentación de una moción”. 

Según explicó Muñiz, “el plazo de tres días laborables establecido para realizar la audiencia en alzada toma en consideración la posibilidad de que cualquiera de las partes que comparece a esta audiencia pudiera requerir un espacio de tiempo razonable para prepararse, sobre todo ante el hecho de que el Ministerio Público podría optar por presentar prueba diferente a la utilizada en la vista original, para la cual podría necesitar entrevistar o citar testigos distintos a los que declararon durante la Regla 6”. 

Por último, la secretaria de Desarrollo Humano del Municipio de Caguas, Aida González, dijo que la Oficina de la Mujer trabaja entre 15 y 20 casos de violencia de género diariamente. “En la oficina, a las mujeres que llegan con alguna situación, les brindamos orientación y seguimiento. Igualmente, si deciden acudir al tribunal nuestro personal les brinda asistencia… Con nuestra experiencia, entendemos que el término de 24 horas es muy corto y no da el tiempo para la preparación. Recomendamos que el término de tres días se acoja, no como parte de una orden administrativa, sino que se considere como parte de la ley vigente”. 

Las senadoras Nitza Morán Trinidad y Ana Irma Rivera Lassén participaron de los trabajos de la comisión. 

MAYAGÜEZ: La senadora Migdalia González Arroyo (PPD/Mayagüez-Aguadilla) radicó una medida que busca enmendar a 24 horas el término para solicitar y celebrar una vista de causa probable en alzada en casos de Ley 54.

La acción se produce en medio del alza en casos de feminicidios en el País y a pesar de las medidas de su autoría que han sido convertidas en ley.

“La violencia de género en Puerto Rico ha alcanzado niveles dramáticos. La crisis es real y presenta una situación de emergencia en el país que requiere la intervención inmediata y certera del Estado. Hemos trabajado para convertir en ley varias iniciativas entre las que se destacan la ley del programa de prevención y seguridad para las víctimas de violencia de género; y la ley que establece el feminicidio y transfeminicidio como conductas que constituyen el delito de asesinato en primer grado”, mencionó en comunicación escrita la también presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado.

“La situación de emergencia continúa y los actos de violencia de género y doméstica siguen ascendiendo a un paso acelerado, incluyendo aquellos que culminan con la muerte de la víctima. En algunos casos, en donde se determina la inexistencia de causa probable, —por diferentes factores que inciden en la apreciación de la prueba en ese momento— la víctima tiene que esperar un máximo de sesenta (60) días para que la fiscalía le presente su denuncia nuevamente ante un tribunal de mayor jerarquía. Es en ese periodo donde la vida de la víctima peligra más. En ese contexto, hemos perdido vidas de mujeres esperando una segunda oportunidad de ser escuchadas”, reza parte de la pieza legislativa.

“La Ley 54 fue enmendada por la Ley 32-2021, de la autoría de esta servidora, para requerir que, en los casos por violación de esa ley, tuviera que estar presente en la vista de causa probable para arresto un representante del Ministerio Público. No obstante, los términos posteriores no están de acorde a la emergencia y prioridad que los casos de violencia doméstica y de género requieren. En ese aspecto, no solo necesitamos la presencia del Departamento de Justicia en esas vistas, sino que el término para acudir en alzada de la Regla 6 sea reducido de manera que podamos evitar más desgracias en el país y darles a esos casos la prominencia e importancia que las circunstancias actuales requieren. El Estado no puede cruzarse de brazos, sino que debe atajar esta epidemia de violencia empezando por los procesos judiciales cuyos términos no son afines a la emergencia actual”, añadió la senadora González Arroyo.

La legisladora concluyó diciendo que “la violencia de género no se está atendiendo correctamente en Puerto Rico. Al gobierno le falta voluntad. No podemos permitir que se pierda una vida más”.