Veredicto: Engañoso

Por Valeria Santos Dávila | Centro de Periodismo Investigativo

Durante el turno de preguntas sobre el tema de corrupción en el debate de los candidatos a la gobernación de Puerto Rico transmitido el miércoles por Wapa TV, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, expresó que bajo su plan de Gobierno los funcionarios públicos deberán tomar cursos obligatorios con miras a combatir la corrupción.

La candidata por el Partido Nuevo Progresista (PNP) sostuvo que, similar a lo ya establecido en Estados Unidos, implementará un sistema de adiestramientos obligatorios anticorrupción para los funcionarios públicos del país.

“La realidad es que yo he tenido la experiencia en la capital federal, la tengo a nivel local. En Washington obligan a los funcionarios, en este caso a los miembros del Congreso, a tomar cursos cada rato, cada seis meses, sobre distintas áreas. Y es lo que voy a hacer en capacitación a todos los funcionarios que tengan interés en los recursos públicos”, dijo la comisionada.

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) ya exige el cumplimiento de adiestramientos a todo servidor público de la Rama Ejecutiva. El Artículo 3.3 de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico establece que: “Todo servidor público de la Rama Ejecutiva tiene que tomar cada dos años un mínimo de 20 horas de adiestramientos en materia de ética”.

Los cursos de la Oficina de Ética también incluyen otros temas relacionados al servicio público y la empatía con los ciudadanos.

El servidor que se niegue a cumplir con la cantidad de horas requeridas de talleres puede ser sancionado por la OEG.

La OEG implementó además el Centro para el Desarrollo del Pensamiento Ético, el cual busca “intensificar la política pública de prevención a través de la educación”. Como parte de los objetivos, el organismo debe: “proveer los adiestramientos que promuevan una adecuada formación académica y práctica sobre los valores, la ética gubernamental y la administración de los recursos públicos a los servidores públicos”.

Al cuestionar a González sobre si esta propuesta que hizo es necesaria, dado que la OEG ya establece ciertas capacitaciones y requisitos de educación continua, la comisionada residente dijo que: “Mientras los servidores públicos de la Rama Ejecutiva tienen la obligación bienal de 20 horas de educación continua, estas horas se cumplen con capacitación dentro de una gama de temas que incluyen violencia doméstica, suicidio, derechos civiles, etcétera. Además, muchos cursos son virtuales. Bajo nuestra propuesta, requeriremos que un número mínimo de 10 horas sean en la modalidad presencial y en cursos que tengan que ver con el manejo de fondos públicos, buen gobierno y sana administración”.

La candidata novoprogresista indicó al CPI luego del debate que su propuesta trae como novedad añadir a los empleados legislativos. “Nuestra propuesta requeriría que tanto los legisladores como los servidores públicos de la Rama Legislativa estén obligados a la capacitación continua sobre estos temas”, añadió en declaraciones escritas.

Los miembros de la Asamblea Legislativa, por ser funcionarios electos, ya tienen también el requisito de tomar un adiestramiento de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) sobre sana administración pública y principios de contabilidad gubernamental. El Código Electoral de Puerto Rico dispone que todo candidato electo antes de su juramentación tome dicho curso de una duración mínima de seis horas, una vez por cuatrienio.

Mientras las expresiones de la Comisionada Residente sugieren como novedosa una iniciativa anticorrupción que ya existe, la página digital con el plan de Gobierno del PNP, en lugar de establecer que obligará a todo servidor público a tomar adiestramientos anticorrupción, indica que González fortalecerá las “capacitaciones obligatorias de carácter continuo” a los funcionarios, pero no se detalla cómo gestionará tal fortalecimiento.

Ante el conglomerado de leyes y estrategias de política pública que explícitamente exigen la toma de talleres anticorrupción por parte de funcionarios públicos, las declaraciones de la comisionada residente, Jenniffer González, son engañosas, pues intenta hacer ver como una propuesta innovadora el que los servidores públicos tomen cursos anticorrupción cuando ya existen leyes que exigen esto para la mayoría de los empleados del Gobierno.