Aunque el gobierno admite que hay alrededor de 30 mil vecinos de residenciales públicos que no están pagando las utilidades de agua y luz desde hace más de un año, el llevar a cabo un operativo para suspender dichos servicios, podría desatar serios enfrentamientos entre los abonados y el personal de la Autoridad de Energía Eléctrica y la AAA. Para hoy miércoles en horas de la tarde, está pautada una reunión interagencial, donde se discutirá el plan para gestionar el cobro de las facturas en atraso, escuchar los planteamientos de los clientes afectados o proceder a desconectar ambos servicios esenciales.

A la reunión asistirán funcionarios del Departamento de la Vivienda, AEE, Acueductos, administradores de residenciales y representantes de las agencias de seguridad pública. «Hacer un corte masivo de agua y energía eléctrica no es un situación fácil, si se toma en cuenta que estamos a solo meses de las elecciones y esto habrá de rebotar en contra del gobierno», arguyó un funcionario local de la AEE.

Si bien es cierto que los residentes en los proyectos de vivienda pública disfrutan de tarifas especiales en cuanto al pago de agua y luz, además de recibir un  subsidio federal de ayuda para  esos servicios, estos dejan de pagar por largos períodos sin que el  gobierno haga los trámites para cobrarles.

«En gran parte el gobierno es el primer responsable de que estas personas incumplan con la responsabilidad de honrar esos compromisos, mientras persigue a la clase media con tarifas de agua y luz abusivas, y suspendiendo los servicios al primer atraso», indicó uno de los ciudadanos entrevistados por La Calle.