SAN JUAN: La Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia (OAM) anunció hoy la radicación de tres querellas ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) contra catorce corporaciones e individuos dedicados al transporte escolar, por violaciones a la Ley de Monopolios y Restricción del Comercio y al Reglamento sobre Competencia Justa Núm. VII.
Según informa el Secretario Auxiliar de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia, licenciado Jesús M. Alvarado Rivera, “los transportistas utilizaron los procedimientos administrativos de la Comisión de Servicio Público para controlar y limitar la entrada de nuevos competidores al mercado de la transportación escolar. En algunas instancias los querellados formalizaron acuerdos para que los transportistas tuvieran menos vehículos disponibles para dar sus servicios y que no solicitaran añadir más vehículos por espacio de un año. Otras veces acordaron reducir las zonas geográficas que recibirían sus servicios. Algunos de los transportistas, incluso llegaron a pactar que no se ofrecerían servicios a ninguna escuela de Puerto Rico y que no se presentarían ofertas en los procesos de subastas del Departamento de Educación”.
El grupo de transportistas se compone de: la Federación de Porteadores Escolares, Inc.; Transporte Rosado, Inc.; Servicios de Transportación Juan Carlos, Inc.; Luisito’s Ómnibus, Inc.; Glenda Bus Line, Inc.; Vázquez Bus Line, Inc.; Néstor González González; José M. Rosado Rolón; Juan Carlos Fuentes; Carlos A. Pérez Justiniano; Evelyn Ramírez Lugo; Luz D. Colón Cintrón; José R. Padilla Padilla y Félix R. Vázquez Serrano.
“Cuando en un mercado se producen o se ofrecen menos servicios, los precios tienden a ser más altos, lo cual perjudica al consumidor. Es por esta razón que las leyes de libre competencia estatal y federal, además de prohibir los acuerdos horizontales entre competidores en los que se manipulan los precios de los bienes y servicios, también prohíben acuerdos en los que se limita o fija la cantidad de bienes o servicios que los competidores producen u ofrecen”, indicó Alvarado Rivera.
El funcionario dijo además, que “el acuerdo de estos transportistas tuvo el efecto de sustituir el proceso natural de competencia en el libre mercado, por un esquema de oferta de servicios artificial desarrollado por la combinación de los intereses económicos del grupo de transportistas. En vez de permitir que cada transportista decidiera por cuenta propia cuán amplia deseaba que fuera su zona de servicios para presentar la correspondiente solicitud de autorización ante la CSP, el acuerdo ilegal creó un cartel de competidores que decidieron conjuntamente qué posibles clientes estarían dispuestos a servir. En ese proceso dejaron sin servicio al Departamento de Educación, lo cual representa un alza en los costos de esta agencia, y por lo tanto más gastos para todos los contribuyentes del País”.
A tono con las disposiciones de ley aplicables, la OAM solicita al DACO que emita una orden de cesa y desista contra los querellados e imponga multas ascendentes a $70 mil. Los querellados se presumen libres de responsabilidad hasta que se pruebe lo contrario en el proceso adjudicativo. La Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) continúa investigando otros incidentes similares.
