Ante la determinación del Departamento de Justicia de no recomendar acción criminal contra los funcionarios de la Policía que pudieron haber avalado la manipulación de estadísticas de delitos en esa agencia, ahora la ciudadanía tendrá que pensarlo dos veces si son confiables  las cifras sobre la incidencia de casos graves en Puerto Rico. Lo anterior es el resultado de las averiguaciones llevadas a cabo por fiscales de Justicia, luego de la serie investigativa que fuera publicada en mayo pasado por el diario «El Nuevo Día».

En los escritos se marcaba una notable diferencia entre las estadísticas que ofrecía a diario la Policía y los números reales en poder del periódico. De la investigación también trascendió, que delitos tipificados como graves aparecían en el renglón de menos graves. Incluso, surgieron serias discrepancias entre los casos de homicidio llegados a conocimiento de la Policía estatal y las muertes reportadas al Instituto de Ciencias Forenses.

No obstante la gravedad de los señalamientos, varios fiscales de Justicia concluyeron que no existe base legal para penalizar a persona alguna por este tipo de «traqueteo», por lo que todo puede reducirse a sanciones administrativas si es que el superintendente Emilio Díaz Colón, ordena investigar por cuenta propia.

Aunque se da por seguro que a la alta oficialidad de la Uniformada no le preocupa ofrecer al pueblo las estadísticas confiables en cuanto a la criminalidad en la isla, la situación no es tan sencilla como aparenta. La situación amenaza con repercutir en el foro federal, ya que Puerto Rico recibe cientos de millones de dólares anualmente para la lucha contra la criminalidad.