En lo que fue descrito como un triunfo a favor de las libertades de Prensa y Expresión, el alcalde mayaguezano José Guillermo Rodríguez anunció hoy miércoles su decisión de retirar la controversial Ordenanza Número 102, que le otorgaba autorización de usar  fondos públicos  para  la contratación de técnicos especializados en el «rastreo» de redes cibernéticas. La medida que había sido presentada y aprobada por la mayoría del PPD en la Legislatura Municipal de la Sultana del Oeste, despertó una ola de críticas en los medios de comunicación y entre los adversarios políticos del alcalde Rodríguez.

Se dijo que la Ordenanza 102, constituía un grave atentado contra el derecho del pueblo a expresarse y  a criticar a sus funcionarios electos y representaba un ataque imperdonable contra derechos contemplados en la Constitución de Puerto Rico y la de Estados Unidos de América. Aunque sectores de la Prensa no fueron contundentes en su oposición a esta ordenanza municipal, le correspondió al conocido analista de noticias y abogado Luis Dávila Colón, exigirle públicamente al incumbente mayaguezano, el retiro de la medida antes de las 5:00 pm de hoy.

Trascendió, que el licenciado Dávila Colón ya estaba preparado para acudir a los tribunales si el alcalde José Guillermo ignoraba los reclamos de todos los sectores de la sociedad puertorriqueña. No se precisó, si  el «ultimátum» dado por Dávila Colón, medió en el retiro de la ordenanza.

Aparentemente asesorado por alguien poco amigo de las libertades de Prensa y Expresión, el lider del Partido Popular Democrático en Mayagüez, entendió prudente mandar a investigar de donde surgen algunas críticas contra funcionarios de la administración municipal, e incluso, ataques que ponen en tela de juicio su buen nombre y dignidad como persona.

Sin embargo, la situación se  le fue de las manos a José Guillermo, luego de que la pieza legislativa municipal fuera discutida y aprobada por los asambleistas afiliados a la «pava». Con señalamientos de que se trata de «espionaje y carpeteo cibernético»,  los enemigos de «Guillito» le cayeron encima como apagando fuego. Se desconoce si la ordenanza será devuelta a la Legislatura Municipal para engavetarla y si el alcalde desistirá de contratar el personal que aprobó la Asamblea.