CABO ROJO: La Asociación de Paradores y Pequeñas Hospederías Puertorriqueñas (APPHP) apoyó a la Administración Municipal de Isabela y a su alcalde, Miguel “Ricky” Méndez Pérez, por la iniciativa para implantar una ordenanza municipal para reglamentar sobre 700 alojamientos independientes de renta a corto plazo que están operando en la ciudad.
“Aplaudimos el que los municipios de alta actividad turística, como Dorado e Isabela, reconozcan que la gran mayoría de estos alojamientos independientes son negocios con decenas de unidades y ventas significativas, y deben cumplir con todos los requisitos, permisos, licencias, patentes, seguros, y estándares mínimos de convivencia comunitaria requeridos a otras empresas similares y hasta mucho más pequeñas”, indicó Xavier A. Ramírez, presidente de la APPHP.
“Definitivamente, esta ordenanza vendrá a complementar las leyes y reglamentos ya vigentes, y atiende las brechas más importantes con estos negocios, al establecer elementos que han sido exitosos en cientos de ciudades en los Estados Unidos. Además, creemos que, en adición a los municipios, los departamentos de Hacienda, Salud y Bomberos deben intervenir en este asunto”, añadió.
Indican que han estudiado este tema por los pasados 10 años y favorecen la economía compartida; mientras reconocen que el segmento de alojamientos independientes se ha expandido descontroladamente, y sobre el 80 por ciento de estas habitaciones son negocios, administrados por consolidadores operando como hoteles ilegales con 20, 30, y hasta 200 habitaciones.
“La evasión contributiva se ha institucionalizado mediante este modelo de negocios, y es imperativo hacer valer nuestras leyes. El Código Municipal faculta a los municipios para tomar las medidas más apropiadas para reglamentar todos los negocios en su jurisdicción; y la Compañía de Turismo tiene la Ley 272 – 2003, y los Reglamentos Núm. 8395 – 2013 y el Núm. 8856 – 2016, los cuales la facultan para imponer el registro y la reglamentación mínima de estos alojamientos; al igual que pueden imponer multas y sanciones de hasta $25,000 por incumplimiento”, señaló Ramírez.
Por su parte, Christian Rivera, vicepresidente de la Asociación, estos alojamientos se anuncian por siete modelos de negocios en la internet, por lo que identificarlos y comunicarse con sus dueños o sus operadores profesionales es relativamente sencillo, si hay voluntad.
Los dueños de paradores reconocen que estos 25 mil alojamientos independientes son necesarios para apoyar los esfuerzos del mercadeo del destino; y solo buscan su registro y fiscalización, ya que la gran mayoría no cumple con los requisitos básicos de calidad y seguridad requeridos por ley.
“Estimados conservadores reflejan que, durante los años 2019 al 2021, las estadías en estos alojamientos sobrepasaron los $966 millones, y la evasión de impuestos, contribuciones, permisos, patentes y cargos reglamentarios excedió los $260 millones”, señaló Xavier A. Ramírez.
La Asociación de Paradores apoya la vivienda compartida y el derecho de los propietarios de alquilar una habitación o parte de su hogar. Sin embargo, por años han abogado por la aplicación uniforme de las leyes y reglamentación actual en toda la isla, junto a la creación de ordenanzas municipales que registren oficialmente a estos alojamientos donde estén localizados, para que contribuyan equitativamente a mantener la infraestructura y los servicios públicos que utilizan para operar sus negocios, justo como se le exige a todo negocio y comercio, independientemente de su tamaño.
“Apoyamos la aprobación de esta ordenanza municipal en Isabela, e invitamos a otros municipios con alta actividad turística, como Carolina, Cabo Rojo, Humacao, Ponce, Rincón, Lajas, Fajardo, Vieques y Culebra, a considerar ordenanzas similares, y nos ponemos a su disposición para apoyarlos con nuestros datos y referencias”, concluyó Ramírez.
