Animalistas solicitan que federales reconsideren decisión de no actuar contra los que violaron la ley en el Zoológico de Mayagüez

MAYAGÜEZ: Al afirmar que el acuerdo entre la Fiscalía Federal y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) “refleja como la impunidad sigue siendo la norma cuando se trata de crueldad animal”, organizaciones protectoras de los derechos de los animales en Puerto Rico le solicitaron al fiscal federal W. Stephen Muldrow que reconsidere la decisión de no actuar contra las personas o entidades que provocaron las irregularidades y violaciones de ley que se documentaron en el cerrado Jardín Zoológico Dr. Juan A. Rivero de Mayagüez.

Esta semana la Fiscalía Federal junto al Departamento de Justicia y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) anunciaron un acuerdo para trasladar a santuarios a los animales cautivos en el Zoológico Dr. Juan A. Rivero. En resumen, el acuerdo reconoce el craso incumplimiento con la legislación de bienestar animal federal, enumera las múltiples violaciones cometidas por el DRNA por los pasados años y estipula que el Gobierno de Puerto Rico, en coordinación con The Wild Life Sanctuary, deberá realizar el traslado de los animales a santuarios en seis meses o menos. Finalmente, el acuerdo establece que el DRNA y sus oficiales, empleados y contratistas no serán investigados y, de haber causa, no serán procesados por violaciones a las leyes federales y estatales de protección animal”, comienzan diciendo los animalistas en un comunicado de prensa.

Destacaron que por años han denunciado la incapacidad del Estado para hacer valer la amplia legislación que protege a los animales.

“No solo lo hemos hecho con los animales que se encuentran en el Zoológico, sino que también hemos denunciado otras formas de inacción: la tenencia de animales exóticos y silvestres sin las debidas licencias, la falta de control de tráfico de animales, la dejadez institucional en atender querellas por maltrato y abandono de animales, la poca o ninguna intervención del Estado con las peleas de gallos -prohibidas desde 2018 por legislación federal-, y la falta de una política pública para atender la sobrepoblación de animales en las calles del país”, puntualizó el licenciado Christian O. Ríos Vallejo, presidente de Comisión Especial Sobre los Derechos de los Animales (CAAPR).

Por su parte, la profesora Sahir I. Pujols Vázquez, presidenta de Vínculo Animal PR, señaló que el acuerdo se establece un precedente nefasto para la efectiva implementación y ejecución de la legislación que vela por el bienestar de los animales.

“Cualquier efecto disuasivo o preventivo que la legislación protectora de animales pudiese tener para frenar la crueldad animal se desvanece y/o se menoscaba con este acuerdo. Esta impunidad también nos priva de una efectiva fiscalización en la manera en que el gobierno de Puerto Rico utilizó fondos públicos para administrar negligentemente el Zoológico”, argumentó la profesora Pujols.

“Justicia a medias no es justicia, es impunidad” ha sido un reclamo de diversos movimientos sociales para denunciar fallas estructurales en la que los gobiernos tratan a aquellos sectores que gozan de privilegio e impunidad.

“Hoy nos hacemos de este reclamo para exigirle a Fiscalía federal que reconsidere este acuerdo y que le estaremos exigiendo por escrito que proceda a investigar y a responsabilizar a las personas e instituciones que permitieron que el Zoológico se convirtiese en un almacén de animales expuestos a las peores violencias”, sentenció Raquel Viviana Braña Carrasquillo, portavoz de Puerto Rico sin Zoo.