Arrestan ejecutivos por alegado fraude en cooperativa

SAN JUAN:  El Secretario de Justicia, Luis Sánchez Betances, anunció junto al Presidente de la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), señor Daniel Rodríguez Collazo, la radicación de cargos por violar la Ley de Sociedades Cooperativas, Ley de Etica, apropiación ilegal y fraude, contra varios ciudadanos implicados en un esquema de fraude por más de $16 millones en perjuicio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Sabana Grande.

Se alega que la situación surgió entre los años 2006 y 2008, cuando se descubrieron 22 irregularidades en la Cooperativa Sabaneña localizada en el municipio antes mencionado. El Fiscal Melvin Colón Bonet, de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor de Justicia, presentó cargos a Martín Martínez Pérez, Presidente Ejecutivo de dicha cooperativa, por presuntamente, obrar de común acuerdo con Ferdinand Torres Guzmán, para aprobar y otorgar préstamos en  violación de la Ley 255, que regula a las instituciones cooperativas de la isla.

Se indica que hubo la otorgación de 13 préstamos por $36 millones 385 mil, sin que mediaran las garantías de repago, documentos exigidos por ley, colaterales y capacidad económica de los solicitantes. Tal acción, de acuerdo a Justica, redundó en pérdidas de unos $16 millones 450 mil para los recursos de la Cooperativa Sabaneña.

Trascendió de las investigaciones, que los supuestos actos ilegales incurridos por los ejecutivos encausados, fueron encubiertos por los señores Iván del Peral Roche y Neris Rodríguez Batistini, ambos empleados de COSSEC. El Juez Emilio Mulero Arruza, del Tribunal de Mayagüez, halló causa de acción para ordenar el arresto por los delitos imputados contra Martínez Pérez, Torres Guzmán, del Peral Roche y Rodríguez Batistini.  El comunicado de Justicia, no establece qué acción posterior tomó el juez Mulero luego de determinar causa probable contra los ejecutivos.

Policía busca a sospechoso de fraude con tarjetas crédito

MAYAGUEZ:  Agentes de la División de Delitos Contra la Propiedad del CIC  en el Area Oeste, tratan de localizar al individuo que aparece en la foto y que figura como sospechoso de cometer delitos de fraude con tarjetas de crédito en comercios y  en perjuicio de ciudadanos domiciliados en esta parte del país.

Si usted ha visto o tiene conocimiento sobre la identidad de esta persona, favor llamar confidencialmente al Agente José Valentín adscrito la Unidad de Propiedad del Cuerpo de Investigación Criminal. El investigador puede ser contactado a través del teléfono (787) 832-9696, en las extensiones 4771 y 4995.

Arrestan a vecino del oeste por defraudar programa de ayuda

MAYAGUEZ:  Tras examinar la evidencia presentada por la Fiscal Marisol E. Bezares, de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, la juez Carmen Teresa Lugo, del Centro Judicial de esta ciudad, halló causa probable el miércoles para ordenar el arresto del ciudadano Andrés F. Ramírez Cappa, a quien se le achaca defraudar al Programa de Asistencia Nutricional (PAN) que administra en la isla el Departamento de la Familia.

Surge de las denuncias que el vecino de este litoral estuvo recibiendo ese beneficio desde el año 2006 al 2009, pero ocultando en la hoja de solicitud que es un beneficiario del Seguro Social Federal. Una llamada confidencial alertó a las autoridades sobre la práctica fraudulenta de Ramírez Cappa, quien llegó a recibir más de $18 mil en ayuda para la que no cualificaba.

A Ramírez Cappa se le determinó causa de acción por apropiación ilegal de fondos públicos, fraude y ofrecer información falsa. Deberá depositar la fianza de $8 mil que le impuso la magistrada de Mayagüez. El Departamento de Justicia dió a conocer lo anterior en comunicado de prensa.

Bhatia pide se detenga Código Penal por supuesto fraude legislativo

SAN JUAN: El senador Eduardo Bhatia, portavoz alterno del PPD en el Senado, exigió hoy que se detenga la implementación del nuevo Código Penal de 2012 hasta que se realice una investigación exhaustiva sobre las alegaciones de cambios fraudulentos que fueron realizadas a esta Ley durante el trámite legislativo, sin que hayan sido aprobados por la Legislatura del país.

«En el día de hoy, le estamos exigiendo al gobernador Fortuño Burset  que detenga la implantación del nuevo Código Penal hasta que una Comisión Independiente analice artículo por artículo lo aprobado por la Asamblea Legislativa versus el proyecto final convertido en ley por el gobernador» explicó el senador Bhatia.

«Ya hay evidencia de al menos una instancia donde el Gobernador y la Mayoría del PNP añadieron delitos no legislados. La Legislatura nunca aprobó como una modalidad de asesinato en primer grado, la muerte suscitada como  resultado directo de un robo y, por arte de magia, apareció en el proyecto firmado por Fortuño Burset. Precisamente, el Artículo 296 de este mismo Código tipifica como delito grave añadir y/o eliminar el texto de una Ley, sin que haya mediado la aprobación legislativa. Sin embargo, en el trámite entre el Capitolio y La Fortaleza, se aprobó un delito no incluido por la Asamblea Legislativa. Aquí Jennifer González, Tomás Rivera Schatz y Fortuño, tienen que aprender que el gobierno no es por capricho suyo», sentenció el también Portavoz Alterno del PPD en el Senado.

«Emplazamos al Gobernador y a los Presidentes de Cámara y Senado a que establezcan una Comisión Independiente que incluya a todos los sectores para que investiguen el fraude legislativo ocurrido con el Nuevo Código Penal y haga los referidos correspondientes contra las personas responsables de dicho delito.» concluyó Bathia.

Alcalde de Lares justifica presencia empleados acusados

Tras alegar que estas personas no están imputadas de delito alguno en el foro local, el alcalde de Lares Roberto Pagán, justificó esta semana que continuen trabajando en el municipio lareño decenas de empleados acusados en la Corte Federal  por el fraude contra  la compañía aseguradora Aflac. No obstante la seriedad de los cargos y el escándolo que la situación provocó a nivel de toda la isla, el incumbente afiliado al PNP, entiende que eso no es motivo suficiente para despedir al grupo de imputados.

Un Gran Jurado Federal expidió acusaciones hace alrededor de dos años contra decenas de empleados del gobierno municipal de Lares, médicos y ciudadanos particulares, presuntamente vinculados a reclamaciones falsas en perjuicio de la empresa de seguros con oficinas centrales en los Estados Unidos. Aunque algunos de los arrestados aceptaron responsabilidad y otros están en espera de juicio, el alcalde Pagán ha permitido que sigan laborando en las diferentes dependencias municipales.

Aparte de los trabajadores del municipio presuntamente encausados por radicar reclamaciones fatulas contra Aflac, también figura como acusado un conocido médico de la región central del país, que supuestamente, hizo o autorizó alrededor de 40 mil reclamaciones que resultaron ser falsas.

Hasta ahora, el alto liderato del Partido Nuevo Progresista no se ha expresado en cuanto a la decisión del alcalde Pagán de permitir que empleados acusados de fraude sigan trabajando en el municipio como si nada hubiera ocurrido.

Federales cumplimentan 20 órdenes de arresto en la isla

SAN JUAN: Agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), ICE, Aduanas, Inmigración, Servicio Secreto y de la Oficina del Inspector General de Vivienda Federal, diligencian hoy jueves 20 órdenes de detención expedidas por un Gran Jurado, contra personas implicadas en fraude hipotecario, traspaso ilegal de documentos y otros delitos de naturaleza grave.

No se ofrecieron los nombres de los ciudadanos que están siendo buscados en los municipios de San Juan, Carolina, Trujillo Alto y Humacao.  Trascendió, que se trata de algunos profesionales, incluyendo, a un ex corredor de bienes raíces. Durante conferencia de prensa a efectuarse hoy en la mañana, las autoridades federales ofrecerán más detalles.

A tenor con datos preliminares, varios de los encausados incurrieron en robo de identidad, conspiración, declaración  falsa y traspaso ilegal de documentos para lograr la aprobación de dineros relacionados a la adquisición de viviendas. Esta pesquisa comenzó hace más de dos años y habrá de extenderse a otros sectores del país.

A prisión por fraude matrimonio que timó a decenas de clientes

HORMIGUEROS: Tras ser hallados culpables por decenas de casos de apropiación ilegal y fraude mediante treta y engaño, el juez superior Manuel Acevedo Hernández, del Centro Judicial de Aguadilla, sentenció el miércoles al sexagenario Abisaí Ramos Hernández y a su esposa Concepción Alemán Requenade, a cumplir penas individuales de seis años de reclusión y a restituir más de $680 mil obtenidos a través de numerosos timos cometidos en Aguada, Aguadilla y otros pueblos de la región noroeste. Se alega que la pareja residente en Hormigueros, ofrecía en venta vehículos, motoras y otras propiedades supuestamente negociadas durante subastas locales y federales, pero los autos nunca llegaron a manos de los perjudicados, quienes les entregaron cientos de miles de dólares por adelantado.

Aunque el matrimonio logró coger de incautos a numerosos clientes que confiaron en ellos, la situación llegó a conocimiento de las autoridades en el 2010, luego de que muchos de los afectados decidieran radicar querellas en los los cuarteles de Mayagüez, San Sebastián Moca, Hormigueros y Aguada. No se descarta, que surjan otras presentaciones de acusaciones en las áreas de Ponce y San Juan, donde la pareja también engaño a otros  compradores de autos con el misma esquema de hurtos.

La «ristra» de casos presentados por fiscales de Mayagüez y Aguadilla, contra Abisaí y su cónyuge, provocaron consternación en este pueblo donde los esposos gozan de general estimación.  Aparte de cumplir seis años de cárcel cada uno,  Ramos y Concepción deberán resarcir a los perjudicados con unos $300 mensuales hasta devolver hasta el último centavo obtenido de manera ilegal.

En vista de la gravedad de los delitos cometidos, el magistrado Acevedo Hernández descartó concederles la probatoria, a pesar de las expresiones de arrepentimiento vertidas en sala por el matrimonio.